“Odio a ese hombre que esconde una cosa en su corazón y habla otra”: Homero, en La Ilíada

¿Cómo le diremos a Abelardo De La Espriella a partir del 7 de agosto, ya posesionado como presidente en una guarnición militar? ¿Mi General? No creo, porque los únicos soles que lo acompañan son los que recibe en la calurosa Barranquilla.

Un cementerio, una fosa común o los vestigios de un horno crematorio podrían ser el lugar ideal para una posesión presidencial en un país marcado por el sino trágico.

Tres milenios atrás, Homero, el célebre poeta ciego de la Antigua Grecia a quien debemos las inmortales epopeyas de La Ilíada y La Odisea, pronunció una sentencia lapidaria para repudiar la hipocresía, la simulación y la falsedad. Aquella máxima sintetiza el abismo imperdonable que existe entre la palabra pública y la auténtica intención del alma. En el convulso escenario de la política colombiana contemporánea, evocar a Homero se vuelve un imperativo ético para desentrañar los discursos pomposos y leer con rigor hermenéutico cada gesto del presidente electo, Abelardo de la Espriella.  

Su intención de realizar un acto de posesión inédito en el departamento del Cauca no constituye una anécdota folclórica ni un afán descentralizador; por el contrario, deja al descubierto un profundo e inequívoco desprecio hacia Bogotá y sus élites tradicionales.

No es la primera vez que Abelardo da muestras de tal desaire, habiendo renegado en el pasado de símbolos gastronómicos y culturales tan bogotanos como la changua y el ajiaco santafereño. Sin embargo, su pugna política va mucho más allá del plano cultural, y lo prueba incluso el hecho mismo de nombrar en el Ministerio de Cultura a una persona totalmente ajena a ese sector.

Ya dijo que promoverá una reforma constitucional para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. Lo que quiera que esto signifique —especialmente en términos mercantiles, aprovechando la cercanía geográfica, marítima y aérea con los Estados Unidos—, entraña un velado grito de independencia y el eventual germen de una fractura territorial: ¿asistimos, acaso, al primer choque de una soterrada guerra política entre el litoral costeño y el interior cachaco? Si se le permite hacer su voluntad, justificada o no, ¿después qué sigue? ¿Tentar al fantasma de la reelección, como ya lo hizo el empresario Nayib Bukele en El Salvador? ¿Acaso para cuántos periodos presidenciales está presupuestada “La Patria Milagro”?

En adelante, cada declaración del presidente electo se debería examinar con pinzas, a la luz de las leyes y principalmente, de la Constitución.

A mi modo de ver, este despliegue busca congraciarse con seis de los siete departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, y Sucre; el séptimo es San Andrés), pretendiendo no solo erigirla en una potencia económica regional, sino conformar nuevas élites políticas y financieras para garantizar la longevidad de su proyecto político denominado “Defensores de la Patria”. Valdría la pena preguntarse si los empalmes regionales y la batería de decretos anunciada no son más que piezas de esta misma arquitectura.

Dentro de la lógica de la costeñización del poder, resultaba estratégico para el presidente electo promover al congresista guajiro Alfredo Deluque como presidente del Congreso; no obstante, su frustrada elección representó el primer traspié formal de su ambición independentista.  

Ahora bien, el mandatario denota una preocupante falta de creatividad y, quizás, un craso desconocimiento de la trágica dinámica del conflicto armado interno colombiano, o peor aún, la negación de éste.

Conocedores de su carácter guerrerista —hasta ahora sostenido desde el plano retórico—, De la Espriella ha mostrado una obstinada insistencia en posesionarse en una guarnición militar. Resulta paradójico que un civil, que ni siquiera prestó el servicio militar, pretenda iniciar su mandato en un recinto castrense, desafiando el ordenamiento tradicional que exige tomar juramento ante el Congreso de la República en Bogotá, sede histórica de las tres ramas del poder. Solo falta que pretenda lucir de camuflado para estar a tono con la ocasión.

Con este afán belicista, De la Espriella no solo evoca una caricaturesca versión moderna de Napoleón Bonaparte o Simón Bolívar —a quienes apenas se asemeja en la estatura física—, sino que evidencia un desdén hacia los casi trece millones de colombianos que lo eligieron y que están legítimamente representados en el Congreso, casa de la democracia por excelencia. Valdría la pena recordarle al presidente electo —pero sobre todo a los propios legisladores—, el mandato vinculante del Artículo 3 de la Constitución Política de 1991, el cual consagra que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Es decir, ¿están las fuerzas militares por encima del pueblo? No, y tampoco lo está el presidente de turno.

Toda afrenta a la institucionalidad reitera la fragilidad de nuestra democracia. De ahí que no pocas voces le estén pidiendo al Congreso de la República hacer respetar su propia majestad, entre ellas el editorial de El Espectador, titulado El presidente electo no debe posesionarse en zona militar. Por su parte, el constitucionalista Rodrigo Uprimmy cuestionó el uso reiterado del saludo militar por parte del presidente y su círculo.

“Involucrar de manera activa a las fuerzas militares en un evento de naturaleza política envía un mensaje contrario a su requerida subordinación al poder civil”: Editorial de El Espectador.

El silencio de los inocentes

Si la intención del mandatario electo es realizar un acto de posesión cargado de simbolismo dramático, desde este blog le sugerimos muy respetuosamente una lista de escenarios infinitamente más acordes con la lamentable historia que ha teñido de rojo a Colombia desde el principio de los tiempos, allá donde reina el silencio de las víctimas inocentes de todas nuestras violencias.

Por ejemplo, podría acudir a las regiones donde la población civil campesina, afrodescendiente e indígena sufrió la ferocidad de las guerrillas, los paramilitares y el propio Estado, según la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Lugares como el Urabá (antioqueño y chocoano); Antioquia (el departamento con mayor número acumulado de víctimas en el Oriente, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio); el Catatumbo en Norte de Santander; los Montes de María (Sucre y Bolívar, desolados por más de cien masacres); el Pacífico Sur (Tumaco y el Norte del Cauca); o El Caguán y las Sabanas del Yarí en Caquetá y Meta.  

Los cementerios oficiales convertidos en fosas comunes son otro escenario de nuestra lúgubre historia. Podría optar por tomar juramento en camposantos intervenidos por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), donde yacen miles de víctimas no identificadas (N.N.) de ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) y desaparición forzada. Entre ellos, el Cementerio de Nuestra Señora de La Macarena en el Meta (con más de 2.300 cuerpos enterrados de forma anónima), el Cementerio del Sur en Bogotá, el Cementerio Las Mercedes en Dabeiba, el Cementerio Central de Valledupar, o los de Puerto Berrío y Aguachica en el Magdalena Medio.  

En el inventario de nuestro horror también están las fosas comunes clandestinas y centros de exterminio: El país cuenta con más de 5.300 fosas comunes y cementerios ilegales registrados por la UBPD. Escenarios como La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín (la fosa urbana más grande del mundo), las fosas de San Onofre (Finca El Elbano), Puerto Torres en Casanare, o la Hacienda Villa Linda en Córdoba.  

Añádase a la lista los hornos crematorios y los ríos de sangre. En Juan Frío (Villa del Rosario, Norte de Santander), el Bloque Catatumbo de las AUC construyó hornos crematorios artesanales para desaparecer los cuerpos de sus víctimas; o a orillas del Río Cauca en Marsella (Risaralda).

La paz, siendo un mandato constitucional (artículo 22 de la Constitución de 1991), no se edifica con alardes militaristas, sino honrando la memoria irrebatible de los muertos.  

Señor presidente Abelardo: nuestra Constitución no está pintada en el papel. Jure el 7 de agosto que será el primero en respetarla y obedecerla.

Lo único que podría salvarnos de un (posible) gobierno autoritario, dispuesto a imponerse a punta de decretos, es que los otros dos poderes (las cortes y el legislativo, que deben servir de contrapeso), funcionen como un relojito. Porque el Congreso existe esencialmente para hacerle control político al gobierno y sus funcionarios, no para amangualarse con ellos.

A sabiendas que AEROLINEAS ARGENTINA la compañía firmó en la Feria Internacional de Farnborough acuerdos con lessors y avanza en un plan de renovación del 25% de su flota total y del 60% de su flota de largo alcance.23 de julio de 2026 Aerolíneas Argentinas anuncia la incorporación de 20 nuevos aviones como parte de su plan de flota 2027-2031, financiado íntegramente con recursos propios, orientado a fortalecer la operación doméstica, regional e internacional y a modernizar el producto de cabina ofrecido a sus pasajeros. Esta iniciativa representa la renovación del 25% de la flota de la compañía y del 60% de sus aeronaves de largo alcance, constituyendo un paso decisivo en la transformación de Aerolíneas Argentinas hacia una empresa más eficiente, competitiva y preparada para afrontar los desafíos del mercado.

El anuncio fue realizado en el marco de la Feria Internacional de Farnborough, uno de los eventos más importantes de la industria a nivel global, y materializa el plan de inversión presentado en noviembre pasado, en un nuevo paso para consolidar una estrategia de crecimiento con foco en la eficiencia y la rentabilidad.El programa contempla la incorporación de 20 aeronaves.

En Farnborough quedaron formalizados los contratos por 14 de ellas: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronograma de entrega definido. El plan se completa con seis Boeing 737 MAX 8, dos de ellos ya contratados y otros cuatro actualmente en proceso de incorporación. Las primerasaeronaves comenzarán a sumarse a la flota de Aerolíneas a partir del primer trimestre de 2027,con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8.

En la flota de largo alcance, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028. Estas primeras aeronaves tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir…

Cuando las AEROLÍNEAS reinvierten en post de la CALIDAD de TRASLADOS de sus PASAJEROS hacen que sus FIDELIDADES se aumenten CONSTRUYENDO las MARCAS & SERVICIOS tan diferenciadores en COSTOS & COMODIDADES buscados casi como un EJERCICIO funcional en todos los oredenes del BUEN VIVIR… nos vamos cantando bajito el…

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Del lado realista, cerca de 1.300 soldados de infantería y alrededor de 500 jinetes se preparaban para enfrentar al Ejército Libertador, que contaba con aproximadamente 2.000 hombres y 400 integrantes de caballería. Sin embargo, las cifras no reflejaban las condiciones reales de las tropas patriotas.

Los hombres comandados por Simón Bolívar se encontraban exhaustos después de atravesar el páramo de Pisba. El frío, el hambre, las enfermedades y las dificultades del terreno habían causado numerosas bajas. Al menos, una cuarta parte del ejército había muerto, desertado o quedado incapacitada durante aquella travesía.

En la mañana del combate, Bolívar ordenó que sus tropas cruzaran el río Chicamocha, cuyo caudal había aumentado como consecuencia de la temporada de lluvias. Después del esfuerzo que significó atravesarlo, los patriotas encontraron que, en la margen opuesta, las fuerzas españolas ya se organizaban para entrar en combate.

El coronel José María Barreiro, comandante del ejército realista, se adelantó y tomó una posición favorable para la defensa. Desde las alturas dominaba el terreno y obligaba a los patriotas a avanzar por un estrecho espacio ubicado entre los cerros y la zona pantanosa.

Durante varias horas, españoles y patriotas combatieron con enorme valentía. Los enfrentamientos llegaron, incluso, al combate cuerpo a cuerpo y a las cargas de bayoneta. Sin embargo, al final de la tarde, el resultado comenzaba a inclinarse claramente en favor de las tropas realistas.

Hacia las cinco de la tarde, Barreiro reorganizó sus fuerzas y lanzó un contraataque que consiguió hacer retroceder de manera desordenada a los patriotas. La situación parecía definitiva. Según la tradición, el comandante español habría exclamado: “¡Viva España! Ni Dios me quita la victoria”.

En ese momento quedaron en evidencia los errores de planificación del Ejército Libertador. Las tropas habían atravesado el páramo de Pisba en condiciones extremas, cruzado un río crecido y entrado en combate prácticamente sin descanso, mientras el enemigo controlaba las posiciones más favorables del terreno.

Al observar el avance de la caballería española, Bolívar habría reconocido la gravedad de la situación: “Se nos vino la caballería y se perdió la batalla”.

Fue entonces cuando apareció el teniente coronel Juan José Rondón, comandante de la caballería de reserva. Al escuchar las palabras de Bolívar, respondió: “¿Cómo se va a perder la batalla si ni yo ni mis hombres hemos peleado? Déjenos hacer una entrada”.

Bolívar le habría contestado con la frase que pasaría a la historia: “Coronel, salve usted la patria”.

Rondón regresó hacia sus hombres y les dijo: “¡Camaradas, los que sean valientes síganme, porque en este momento triunfamos!”.

Sin esperar una nueva orden, lanzó su caballo al galope y atravesó las filas de los patriotas que comenzaban a retirarse. Inicialmente lo siguieron catorce lanceros, quienes escucharon y respondieron inmediatamente a su llamado. Así comenzó la célebre carga de los quince lanceros.

Los jinetes avanzaron contra los dragones y las reservas de infantería realista. Aunque enfrentaban una fuerza muy superior, consiguieron penetrar sus líneas, frenar la ofensiva y generar suficiente confusión para que las tropas patriotas se reorganizaran.

La carga de Rondón transformó el curso de la batalla. Otros escuadrones de caballería se sumaron al ataque y el ejército que minutos antes se retiraba recuperó la iniciativa. La acción de aquellos hombres demostró que, en ocasiones, la valentía y la capacidad de decisión pueden modificar el resultado de una contienda que parece perdida.

Durante el enfrentamiento también se produjo uno de los episodios más recordados de la batalla. El sargento segundo José Inocencio Chincá se enfrentó al capitán realista Ramón Bedoya en un intenso duelo de caballería. Bedoya logró herir gravemente a Chincá. Sin embargo, pese a la herida, el lancero patriota continuó combatiendo y consiguió atravesar con su lanza al oficial español, causándole la muerte y derribándolo de su caballo. Chincá fallecería días después como consecuencia de las heridas sufridas en el combate.

Después de la carga de los lanceros, de la reorganización de las fuerzas patriotas y del desorden ocasionado entre las tropas españolas, un fuerte aguacero cayó sobre el campo de batalla. La lluvia y la llegada de la noche dificultaron la continuación de las operaciones y llevaron a ambos ejércitos a replegarse.

La batalla del Pantano de Vargas suele reconocerse como una victoria estratégica del Ejército Libertador. No obstante, es necesario recordar que el desenlace estuvo determinado, en buena medida, por la iniciativa de Rondón y sus lanceros. Fueron ellos quienes, en el momento más crítico, impidieron la derrota de las fuerzas independentistas.

Algunos historiadores sostienen que, de no haberse presentado el aguacero y la posterior oscuridad, los patriotas habrían podido obtener una victoria mucho más contundente. Otros consideran que las fuerzas realistas también conservaron capacidad de combate. En cualquier caso, la batalla resultó decisiva para mantener con vida la Campaña Libertadora.

Días después, el 7 de agosto de 1819, se libró la batalla de Boyacá, que permitió cortar la retirada del ejército realista y abrió el camino hacia Santa Fe. En esta batalla nuevamente relució la falta de pericia militar de Simón Bolívar.

Juan José Rondón continuó participando en las campañas de Independencia. Murió en 1822, en la ciudad de Valencia, como consecuencia de las heridas sufridas durante un enfrentamiento. Su legado permaneció estrechamente ligado al nacimiento de la República y a la historia de la caballería colombiana. La expresión “Salve usted la patria” se convirtió en el lema del arma de Caballería del Ejército Nacional. También, Bolívar en cada día previo al aniversario de la Batalla afirmaba que “Mañana es el día de San Rondón”.

Sin embargo, la enseñanza de esta historia trasciende el proceso de Independencia. Rondón no se limitó a contemplar cómo se perdía la batalla. Sabía que todavía tenía hombres disponibles, entendió que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos y tuvo el valor de alzar la voz cuando los demás comenzaban a aceptar la derrota.

Su liderazgo no surgió de una orden detallada ni de un plan previamente diseñado. Nació de la capacidad de reconocer una oportunidad en medio del caos, asumir la responsabilidad y actuar cuando otros retrocedían.

En nuestra vida cotidiana y en los grandes asuntos nacionales también enfrentamos momentos semejantes. Situaciones en las que advertimos que algo está mal, sabemos que todavía podemos intervenir, pero preferimos guardar silencio o esperar a que otro actúe.

La pregunta que nos deja Rondón, más de dos siglos después, continúa vigente: ¿Cuántas veces pudimos ayudar a salvar una causa, una institución o incluso al país, pero no tuvimos el valor de dar un paso al frente?

Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

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“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, «si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

«Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

*Imagen principal: Caoba es una yaguarundí (‘Herpailurus yagouaroundi’) que se contagió de leucemia felina, una enfermedad propia de gatos domésticos, por lo que deberá permanecer en cautiverio en un centro de rescate de Costa Rica. Foto: cortesía Centro de Rescate Las Pumas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En febrero de 2026, en plena campaña electoral, las inundaciones que golpearon a ocho departamentos le costaron al Estado $8,68 billones de pesos. Para todo el año, el país tenía destinados apenas $668.000 millones para atender emergencias, es decir, menos de una décima parte de lo que costó un solo evento.

El Gobierno saliente financió el gasto por vía extraordinaria. Un decreto de excepción creó un nuevo impuesto de emergencia sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo.

La nueva realidad climática de Colombia significa que habrá inundaciones, incendios y otros eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esto se traduce en mayor carga fiscal para el Estado, que debe financiarse con emisión de deuda o nuevos impuestos.

Para proteger las finanzas del país y a las empresas, el Gobierno entrante debe cambiar la forma en la que se financian las emergencias en el país. El modelo actual está desfinanciado, es reactivo y fragmentario, y no integra al sector privado.

A través de la reconstrucción de lo ocurrido en Córdoba, evidenciamos la manera en la que opera el sistema de financiamiento de desastres del país y las principales falencias que el nuevo Gobierno deberá solucionar, si quiere cumplir sus promesas de campaña.

La tragedia de febrero

En febrero de 2026, Córdoba vivió una tragedia sin precedentes. En plena temporada seca, un frente frío descargó sobre el departamento más de 145 milímetros de lluvia en menos de un día, el volumen típico de un mes entero. Esto multiplicó el caudal del río Sinú entre 15 y 20 veces respecto a su promedio histórico. La magnitud del daño fue enorme: 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba y más de 236.000 en la región Caribe, equivalente a más del doble del área de Bogotá; más de 170.000 damnificados, casi el 9% de la población del departamento; 450.564 bovinos afectados, uno de cada cinco animales; y 30.225 hectáreas de cultivos perdidos, más de la mitad del área sembrada del departamento.

Imagen 1. Huella de inundaciones en Córdoba en febrero del 2026

Los impactos económicos reportados para la región fueron severos. Según datos de la Cámara de Comercio de Montería, las inundaciones comprometieron cerca del 12,6% del PIB departamental, con pérdidas en activos por 3,85 billones de pesos. Solo la restauración de pasturas para el sector ganadero costará al menos 900.000 millones de pesos, cerca del 3% del PIB departamental. Aun cuando los datos se centran en los negocios del sector real, es razonable pensar que el sistema financiero también se vio afectado: productores y empresas que perdieron cultivos, ganado o infraestructura difícilmente pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que presiona los balances de bancos con portafolios agropecuarios en la región. Las aseguradoras, por su parte, enfrentaron reclamaciones que podrían llevarlas a recalibrar primas o a retirarse de territorios cada vez más expuestos a inundaciones y otros eventos extremos.

La respuesta fiscal

Al momento del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía $668.421 millones de pesos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la principal bolsa de recursos del país para atender emergencias.

El costo estimado de atender la emergencia por lluvias extremas de febrero de este año, que además de Córdoba afectó a siete departamentos más, ascendió a un total de $8,68 billones de pesos, trece veces el tamaño del fondo. En otras palabras, la provisión anual del país entero para todas las contingencias y desastres equivalía a apenas el 7,7% de lo que costaría atender una sola emergencia.

Sin presupuesto listo para responder, los recursos tuvieron que movilizarse por una vía extraordinaria. El 11 de febrero, una semana después de las inundaciones, el Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150, que habilitó al Estado para legislar transitoriamente en materia tributaria y presupuestal, una facultad que la Constitución reserva para circunstancias en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

 Trece días después, el Decreto 0173 creó un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de grandes empresas, mediante el cual las sociedades con activos netos superiores a $10.474 millones de pesos pagarían entre el 0,5% y el 1,6% de ese patrimonio, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo. El 12 de marzo, el Decreto 0240 amplió el paquete en tres frentes: fijó un impuesto al consumo del 16% sobre apuestas en línea, incluyó en el impuesto al patrimonio a sucursales extranjeras que operan en el país, y ofreció a las empresas con activos no declarados la posibilidad de declararlos voluntariamente con una tarifa del 19%. Ese mismo día, el Decreto 0241 formalizó la adición de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026, con lo que cerró la brecha de recursos identificada para atender la emergencia.

Imagen 2. Cronología de la respuesta fiscal a la emergencia de febrero de 2026

Los recursos captados por el Estado se destinaron en su totalidad al manejo del desastre, bajo un enfoque sectorial: cerca de tres cuartas partes se canalizaron a través de la UNGRD hacia los frentes más afectados (agricultura, vivienda, educación y transporte), mientras que el monto restante se dirigió a agua y saneamiento, salud y prosperidad social, entre otros sectores. Así, por ejemplo, los recursos de agricultura financiaron el alivio de las deudas de los productores que perdieron cultivos y ganado; los de vivienda, la reparación de las viviendas y el reasentamiento de las familias afectadas; y los de agua y saneamiento, el restablecimiento del acceso a agua potable en los municipios cuyos acueductos resultaron dañados por las inundaciones. La Imagen 3 muestra el flujo completo, desde el origen tributario hasta los destinos sectoriales priorizados.

Imagen 3. Flujo de recursos de la emergencia climática 2026, desde las fuentes tributarias hasta los destinos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia con base en Decretos 0173, 0240 y 0241 de 2026

Las fallas del modelo de financiamiento de gestión de riesgos 

La magnitud del evento dejó al descubierto las fallas estructurales del modelo con que Colombia financia su gestión del riesgo de desastres. La primera, y la más evidente, es la falta de recursos: los costos para atender un solo evento excedieron el presupuesto anual del país para emergencias. Sin embargo, hay tres fallas adicionales que el nuevo Gobierno deberá solucionar: una arquitectura financiera reactiva, un sistema de fondos sumamente centralizado y con poca coordinación, y un sector privado que permanece al margen de la gestión del riesgo.

Aun cuando la gestión integral del riesgo de desastres tiene tres etapas (conocer el riesgo, reducirlo y manejar el desastre), Colombia destina la mayor parte de sus recursos a la tercera. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país destina en promedio 3,3 billones de pesos al año a la gestión del riesgo, y cerca del 70% se destina al manejo de desastres. Apenas un tercio se destina a conocer y reducir el riesgo, es decir, a las dos etapas anticipatorias, las únicas que pueden evitar o atenuar el próximo evento. Esto se explica, en parte, porque el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la mayor bolsa de recursos del país, puede financiar las tres etapas, pero en la práctica se usa casi exclusivamente para responder al desastre. Que la respuesta sea prioritaria es indiscutible, pero priorizar lo urgente sin atender lo importante tiene un costo medible. Estudios del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han demostrado que cada peso invertido en prevención evita entre cuatro y siete de pérdidas posteriores. Colombia sigue operando con un modelo de financiamiento reactivo: trapea la casa en lugar de cerrar el grifo.

La segunda falla proviene de un sistema de fondos desarticulado y con una dependencia alta del Gobierno Nacional. Además del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Colombia cuenta con una multiplicidad de fondos que pueden ser utilizados para gestionar el riesgo de desastres en el país: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial (FOMINTEDER) y varias asignaciones del Sistema General de Regalías: Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiental, y 20% del Mayor Recaudo. A pesar de esa disponibilidad de recursos, estos fondos operan en paralelo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin criterios compartidos de asignación presupuestal y sin priorizar los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el principal instrumento de política del país en la materia.

A esto se suma que los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, creados para que los municipios y departamentos financien sus propias acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, todavía no operan. Entre un sistema de fondos complejo de navegar y fondos territoriales que no operan, los municipios y departamentos quedan sin capacidad de invertir y dependen del Gobierno Nacional.

La tercera falla que reveló el desastre es la escasa participación del sector privado en la gestión del riesgo. La mayoría de las empresas no sabe cómo el cambio climático puede golpear sus finanzas ni lo incluye en su matriz de riesgos corporativos. Tampoco invierte en reducir su vulnerabilidad, en hacer más resilientes sus cadenas de suministro, ni en protegerse con instrumentos financieros como los seguros paramétricos. Las juntas directivas siguen viendo la sostenibilidad como un tema de responsabilidad social corporativa y no como algo estratégico para asegurar su estabilidad financiera. Aun cuando las empresas asumieron buena parte de las pérdidas en Córdoba, persiste la percepción de que gestionar el riesgo de desastres es obligación exclusiva del Estado. Esta creencia limita el rol que pueden llegar a tener las empresas en la resiliencia de los territorios en los que operan.  

Las oportunidades para el nuevo Gobierno

El Presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido proteger las finanzas públicas y reducir los impuestos al sector privado. La nueva realidad climática hará que cumplir ambas promesas sea difícil. Las inundaciones en Córdoba ilustran las falencias del modelo actual de financiamiento de la gestión del riesgo de desastres del país y cómo estas se traducen en pérdidas para las empresas, nuevos impuestos y gasto adicional del Estado. Para cumplir con sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno deberá reformar el modelo de financiamiento: dotarlo de recursos, hacer que anticipe en lugar de reaccionar, descentralizarlo, coordinar sus fondos y darle al sector privado un rol más activo. Todo eso empieza por reconocer el cambio climático por lo que es: una prioridad fiscal.

Autores:

Artículo producido por el equipo de Strata Advisors, consultora colombiana especializada en la gestión fiscal y corporativa de riesgos financieros derivados del cambio climático (www.strata-advisors.com).

María Camila Jaramillo. Consultora Sr; Mateo Prada Quintero, Director; Juan José Guzmán Ayala, Director; y Juan Sebastián Moreno, Consultor Sr.

Padilla fue un hombre de mar. Nació en Riohacha, La Guajira, en 1778. Era hijo de un carpintero dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones y de una mujer de ascendencia wayuu. Su vida estuvo marcada por la discriminación y la exclusión derivadas de su origen racial y social.

A los 19 años se enlistó en la Real Armada Española y llegó a combatir en la batalla de Trafalgar, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia moderna. Aquella experiencia le permitió adquirir los conocimientos marítimos y militares que, años más tarde, pondría al servicio de la causa independentista.

En 1811 fue nombrado contramaestre en Cartagena de Indias, donde rápidamente se destacó por su liderazgo. Durante 1812 participó en los movimientos políticos y militares que buscaban consolidar un Estado autónomo frente a la crisis de la monarquía española provocada por la ocupación napoleónica. En los años siguientes obtuvo importantes victorias en Tolú, Santa Marta y Riohacha. Sin embargo, también fue enviado a prisión tras ser acusado injustamente de traición.

Mientras permanecía encarcelado, en 1815 comenzó la reconquista española. Padilla fue liberado para apoyar la defensa de Cartagena, que resistió durante 106 días de asedio. Aunque la ciudad finalmente se rindió, logró escapar hacia las islas del Caribe, donde tuvo contacto con gobiernos y movimientos independentistas liderados por negros y mulatos.

Durante los años siguientes estrechó su relación con Simón Bolívar y participó en diferentes acciones militares al servicio de la Independencia. En el marco de la Campaña Libertadora, intervino en la campaña de Casanare y tuvo bajo su responsabilidad el transporte de tropas, armamento y material de guerra.

Posteriormente participó, como segundo al mando, en las operaciones para liberar ciudades costeras como Riohacha y Cartagena. Por sus acciones, el Gobierno de la Gran Colombia lo ascendió al grado de general de brigada y lo nombró comandante general del Tercer Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones del Río Zulia.

Su popularidad aumentaba, pero también crecía el número de sus adversarios. En 1822 ganó las elecciones y fue elegido senador de la República.

La vida de Padilla, sin embargo, parecía estar más destinada a la carrera militar que a la política. Después de su elección se intensificaron sus dificultades. La división entre Bolívar y Santander, así como la confrontación entre centralistas y federalistas, lo convirtió en blanco de ataques provenientes de ambos sectores.

Padilla se sentía más cercano al federalismo, tanto por convicción como por la decepción que le produjo el progresivo distanciamiento de Bolívar frente a los negros, mulatos y pardos que habían combatido por la Independencia, pero que posteriormente fueron excluidos de los principales espacios de poder.

En 1823, Francisco de Paula Santander lo designó para dirigir la defensa del lago de Maracaibo ante la amenaza de las tropas españolas. El 24 de julio de ese año, Padilla obtuvo una victoria definitiva en la batalla naval del lago de Maracaibo. Su escuadra derrotó a las fuerzas realistas y aseguró el control del lago, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de la Independencia.

Como reconocimiento, fue ascendido a general de división, recibió una medalla de oro y una pensión anual de 3.000 pesos. No obstante, la compensación y los honores fueron inferiores a los recibidos por otros jefes militares de la Campaña Libertadora, muchos de los cuales fueron nombrados en altos cargos públicos. Esta diferencia difícilmente puede separarse de los prejuicios raciales que enfrentó Padilla por su origen pardo.

A pesar de los reveses políticos y de los desplantes sufridos durante su carrera militar, fue reelegido senador en 1825. Desde entonces, sus adversarios intensificaron los ataques en su contra, acusándolo de pretender promover una guerra de razas y de querer dividir la naciente República.

En 1828, las diferencias entre Padilla y el general Mariano Montilla llegaron a su punto máximo. Montilla había ordenado su encarcelamiento en 1815 y ambos habían competido durante años por el poder político y militar en Cartagena. En medio de esa confrontación, Padilla y algunos de sus seguidores desconocieron temporalmente la autoridad de Montilla, circunstancia que fue utilizada para presentarlo ante Bolívar como un instigador y una amenaza para el orden público.

Ese mismo año ocurrió la Conspiración Septembrina, el intento de asesinato contra Simón Bolívar. Aunque no existían pruebas concluyentes que vincularan a Padilla con el atentado, fue acusado de participar en la conspiración y condenado a muerte.

La sentencia fue ejecutada el 2 de octubre de 1828 en Santa Fe de Bogotá.

Padilla murió frente a un pelotón de fusilamiento sin que se hubiera demostrado plenamente su responsabilidad. Su mayor desgracia fue haber servido a Bolívar, un líder tirano que no correspondía al sacrificio que tenían a su mando.
A pesar de sus servicios a la patria, su familia no recibió oportunamente todos los honores que correspondían a su trayectoria. Tampoco ostentó formalmente en vida el título de almirante, reconocimiento que le fue concedido de manera póstuma. Sin embargo, su vida, sus victorias y su legado constituyen uno de los pilares históricos sobre los cuales se construyó la Armada de la República de Colombia.

La historia de José Prudencio Padilla debería ocupar un lugar mucho más importante en los colegios, las universidades y las academias de historia del país. Su trayectoria demuestra que un hombre de origen humilde, enfrentado a la exclusión y al prejuicio racial, pudo convertirse en uno de los principales líderes militares de la Independencia. Pero, también nos obliga a revisar críticamente la historia que nos enseñaron. Padilla permite observar una faceta autoritaria de Simón Bolívar que con frecuencia ha sido omitida en los relatos oficiales.

En Colombia necesitamos dejar de presentar a los héroes de la independencia, especialmente a Bolívar, como figuras perfectas. Exaltar a Padilla significa comprender que la Independencia no fue obra de un solo hombre y que muchos de quienes entregaron su vida por la República terminaron siendo perseguidos, olvidados o condenados por aquellos mismos líderes a quienes ayudaron a llevar al poder.

No puede negarse que el desprestigio de la actividad política tiene responsables. Durante décadas, numerosos dirigentes públicos abusaron de la confianza ciudadana y protagonizaron escándalos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Esa historia explica, aunque no justifica, la profunda desconfianza que hoy despierta cualquier servidor público investigado.

El problema surge cuando esa desconfianza deja de ser una actitud crítica para convertirse en un prejuicio. En ese momento desaparece la diferencia entre investigar y condenar. La apertura de un proceso judicial deja de entenderse como un mecanismo para esclarecer los hechos y pasa a interpretarse como la prueba definitiva de culpabilidad. Así, el proceso penal pierde su razón de ser, porque la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública.

El caso del excongresista Carlos Trujillo ilustra nuevamente esa realidad. Independientemente de las opiniones que cada ciudadano tenga sobre su trayectoria política, lo cierto es que durante años su nombre estuvo asociado a sospechas que alimentaron titulares, comentarios y juicios apresurados. Hoy, cuando la justicia ha descartado responsabilidades en su contra, el eco de esa decisión resulta mucho más débil que el ruido que produjo la investigación.

Y ese es uno de los mayores problemas de nuestra cultura pública: las absoluciones rara vez reciben la misma atención que las acusaciones. El escándalo vende; la rectificación apenas ocupa unas cuantas líneas. El daño reputacional, entretanto, ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

No es un fenómeno nuevo. Ocurrió durante los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y otros grandes expedientes judiciales que marcaron la historia reciente del país. Muchos de los investigados fueron finalmente absueltos o nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlos penalmente. Sin embargo, el juicio social permaneció intacto. Para una parte de la opinión pública, la investigación bastó para convertirlos en culpables de manera definitiva.

Ese comportamiento revela una preocupante incapacidad para distinguir entre la sospecha y la prueba, entre la imputación y la condena, entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Son categorías distintas que cumplen funciones diferentes en una democracia. Confundirlas no fortalece la lucha contra la corrupción; por el contrario, debilita las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

La misma lógica aparece cuando se pretende estigmatizar a cualquier persona que haya trabajado en una entidad pública donde posteriormente se descubren hechos de corrupción.

En los últimos meses he escuchado a colegas escandalizarse simplemente porque alguien prestó sus servicios profesionales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como si pertenecer a esa institución constituyera, por sí solo, un indicio de deshonestidad.

La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo trabajar para una entidad del Estado equivale a compartir las conductas ilegales de algunos de sus funcionarios? Aceptar semejante razonamiento conduciría al absurdo de afirmar que todos los empleados del Congreso de la República son corruptos o que cada integrante del INPEC responde por los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Las responsabilidades penales son individuales, nunca colectivas.

Como periodista, esa tendencia me preocupa especialmente. El periodismo existe para verificar hechos, contextualizar la información y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos, no para amplificar prejuicios ni para sustituir a los jueces.

Cuando la profesión abandona el rigor y convierte la sospecha en noticia definitiva, deja de cumplir su función democrática y termina alimentando la polarización que dice combatir.

No conozco personalmente al excongresista Carlos Trujillo ni escribo estas líneas para reivindicar su carrera política. Cada lector tendrá su propia opinión sobre ella. Lo que sí considero digno de celebración es que la justicia haya podido cumplir su función y establecer, tras el debido proceso, que no existían responsabilidades penales en su contra.

Porque una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad para condenar a los culpables. Se mide, sobre todo, por su disposición a reconocer la inocencia de quienes fueron investigados cuando las pruebas así lo demuestran. Mientras sigamos confundiendo una investigación con una sentencia y el escándalo con la verdad, continuaremos debilitando el Estado de derecho que decimos defender y reemplazando la justicia por el tribunal, siempre implacable, de la opinión pública.

Nota recomendada: El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

El que amenazó con destripar, resultó destripado en el primer asalto. Lo que pudo ser una luna de miel rápidamente se transformó en luna de hiel. Porque donde mandan congresistas, no manda presidente.

La izquierda y la derecha se unieron en una noche histórica para mandarle un mensaje contundente a Abelardo de la Espriella: En Colombia no hay espacio fácil para la extrema derecha. El Tigre llegó al poder sin más mérito que el de ser una figura mediática y los políticos saben que darle alas a un recién aparecido implica asegurarle perpetuidad a su proyecto político. Porque las pretensiones del abelardismo, bajo la sombrilla de un partido que se llame “Defensores de la patria”, es llegar fuerte a las elecciones de 2030 para seguir de largo.

Con 47 años, Abelardo tiene a su favor el hecho de ser más joven que todos. O al menos más joven que Petro y Uribe. El asunto es que para un Uribe abeja se necesita una avispa, y ese lugar ya lo ocupa Gustavo Petro, siguiendo el juego de palabras que planteó el primero.

Así que se equivocan quienes afirman, como el diario El País de España, que la derrota del presidente electo en el Senado “es más simbólica que práctica”, porque, según el editor de ese medio, De la Espriella se dedicará a expedir decretos desde el día cero. Desconoce el enorme poder que se ejerce desde el Capitolio Nacional y el aparato burocrático que lo sostiene. Y desconoce también que en el sitio donde se confeccionan las leyes, una reforma política podría hacerse a la medida de los políticos y no de quienes dicen despreciar a los políticos, Ese primer pecado lo está pagando caro Abelardo… y lo que falta.

A su pupilo, el congresista guajiro Alfredo de Luque, no le alcanzaron los votos para ser ungido como presidente del Senado. Queda claro que ser amigo íntimo del hombre más fuerte del país no siempre es garantía de nada. La no elección de su protegido significa la primera derrota de la élite caribeña, y así debe interpretarse.

A eso súmele que en la misma semana, la Corte Suprema confirmó que Arturo Char, miembro de la Casa Char, cercana al nuevo presidente, irá a juicio por presunta compra de votos.

Abelardo está probando un poco de su propia medicina. Quien ayer despreciaba públicamente a la clase política, a la medianoche del 20 de julio era tratado con desdén durante la instalación del nuevo Congreso de la República.

Esta bofetada admite diversas lecturas. Por un lado, es el mensaje contundente del Poder Legislativo marcando territorio frente al Ejecutivo que está por entrar a la Casa de Nariño… o al edificio de la Aduana en Barranquilla, o desde Medellín o Cali, cualquiera sea el sitio donde finalmente ubique su despacho alterno.

«Señor presidente, mande allá que acá mandamos nosotros», parecen decirle en términos coloquiales. O mejor dicho: «Sus deseos no siempre serán órdenes».

Y sí. Porque nadie está pintado en el Capitolio Nacional.

El nuevo mandatario quería imponer a un amigo entrañable en un cargo codiciado, arrebatándole ese derecho que por acuerdo tácito le corresponde al partido con las mayorías en el Congreso, que en este caso es el Centro Democrático. Así, pues, la elección del senador Honorio Henríquez como presidente del Senado era un hecho cantado. Subvertir ese orden era algo que el Congreso no iba a permitir, porque ceder ante ello implicaba abrir un boquete para que el presidente electo diera órdenes directas en el lugar equivocado, sin aún vestir la banda presidencial.

En segundo lugar, se trata de un mensaje claro para su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. No la tendrá fácil y quizás deba moderar su tono, puesto que durante las últimas semanas ha ofrecido declaraciones displicentes. En este trino quedó retratado su tono altivo, con tufillo amenazante contra el (todavía) presidente Gustavo Petro, en las horas previas a la elección de Honorio Henríquez: “Todo el país conoce que su propósito no es otro que el de sabotear por intereses mezquinos el inicio del gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Créame que no se los vamos a permitir”, dijo Lara, y lo cierto es que el petrismo con sus votos al final se salió con la suya, dejando al senador Deluque vestido y alborotado,

Habiendo empezado la relación Legislativo-Ejecutivo con el pie izquierdo, hay quienes apuestan —yo entre ellos— a que los días de Lara como ministro podrían estar contados. Resucitado por el abelardismo después de una larga sequía política y burocrática, Lara Restrepo se estrena, sin haber arrancado del todo, reponiéndose como su jefe de la primera muñequera, y ahora está obligado a entrenar mejor su olfato. Se le olvidó de entrada que en la orilla contraria hay unos perdedores resentidos pero con suficiente astucia para aguarle la fiesta.

No hablemos ya del senador Enrique Gómez, nieto del expresidente Laureano Gómez, a quien dejaron con el credo en la boca y las ganas de brillar. Creyó que por ser bancada oficialista del nuevo gobierno podría saltarse las reglas y hablar en calidad de opositor a Petro, luego del discurso presidencial. Muy temprano le quedó clara al senador de Salvación Nacional que son minoría (con cuatro senadores), frente a un aplastante Pacto Histórico (con 26) y el Centro Democrático (con 17)

Por otro lado, el Congreso de la República ha dado una muestra de genuina independencia frente al Ejecutivo, muy distinta de la colaboración armónica que puede y debe existir entre poderes. Con esto queda en suspenso si los congresistas aprobarán o no que el mandatario electo cumpla su sueño de posesionarse en una guarnición militar. Este capricho no debe leerse simplemente como un respaldo a las Fuerzas Militares, como él pregona, sino como otra muestra del desprecio de De la Espriella —desde Barranquilla— hacia toda la clase política y las élites que representan, distintas a la suya.

Los congresistas deben entender que congraciarse con él es vaciar de contenido al Poder Legislativo, una institución con más de 200 años de historia (nacida en 1821 con el Congreso de Cúcuta, que ese mismo año dio origen a la primera de nuestras Constituciones). Implica abrirle la puerta para que haga lo mismo que presidentes como Nayib Bukele en El Salvador, quien descuadernó la Constitución de su pequeño país para reelegirse. Colombia ya probó esa manzana envenenada con Álvaro Uribe y dudo que esta vez tengan ganas de capar al perro dos veces, aunque todavía sea muy temprano para decirlo.

Por último, el país político está aterrado porque el petrismo ayudó a elegir a un uribista en la Cámara Alta. Bien dicen que «el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta», y eso fue exactamente lo que pasó. Dos fuerzas históricas y antagónicas se unieron de manera conveniente (y lícita por lo demás), para cerrarle el paso a un tigre envalentonado, aplicando una máxima que en momentos decisivos derriba a todas las demás: «El enemigo de tu enemigo es mi amigo».

Abelardo convirtió en enemigo a Uribe, y Petro convirtió a su enemigo Uribe en su amigo. Abelardo tendrá que lidiar cuatro años con una realidad: gobernar no significa chasquear los dedos. 

Pero, ojo, porque a partir del 7 de agosto tendrá el poder y nadie sabe cómo lo usará o si lo usará de manera calculada para comprar afectos y lealtades políticas. El propósito de Abelardo de tener sedes alternas en Medellín y Cali podría ser, por si no lo han olido, socavar a la vieja clase política para juntar nuevos talentos en su propio partido. En cuatro años sabremos si el destripador, termina o no con sus sueños destripados.

En resumidas cuentas, el DIH se creó para ponerle límites a la guerra. Guerra como la que tenemos en Colombia hace más de 60 años. Estas normas deberían ser cumplidas por todos los actores armados, incluida la fuerza pública, pero muy pocas veces se tiene en cuenta. Es más, aunque en Colombia llevemos más de medio siglo en guerra, solo hace 32 años se aprobó el protocolo II de los Convenios de Ginebra en el Gobierno del expresidente Ernesto Samper  y  son los que obligan al país a cumplir las normas de conflicto armado interno.

Aunque aprobado, muy pocas veces se cumple. Por ejemplo según el último Reporte Humanitario de la ONG Vivamos Humanos, especializada en trabajar por la aplicación DIH dice que solo en 2026 han ocurrido 402 eventos violentos asociados al conflicto armado. Entre las principales afectaciones 179 hechos contra la vida 67 por uso de minas antipersonal, 47 restricciones a la movilidad. A estos hechos se le suman los nuevos desafíos del conflicto armado con los ataques con drones, ( que ya van 60  solo entre mayo y julio. según el mismo reporte) el reclutamiento forzado de menores por redes sociales y la prohibición del ingreso de la ayuda humanitaria por parte de los actores armados. 

Estas cifras parecen pocas cuando se vive en un país en guerra que mide la vida en números y el éxito de las políticas de seguridad en bajas. Pero pocas veces se piensa que detrás de cada número hay familias que se rompen, jóvenes que no alcanzan a cumplir sus sueños, colegios que son ocupados por actores armados en lugar de estudiantes, carreteras que solo pueden ser transitadas con el permiso de quienes no tienen autoridad para otorgarlo y, sobre todo, en el daño emocional de las infancias que crecen atravesadas por el miedo, porque nunca han podido sentirse seguras en el lugar que debería protegerlas y que, en cambio, les ha dado más guerra que vida: su casa.

Por eso, después de escuchar al nuevo presidente, me pregunto: ¿qué es realmente lo largo? ¿El nombre de la norma que podría ayudar a mitigar estos daños, o la lista interminable de horrores que produce ignorarla?

No podemos olvidar que más de 10 millones de personas viven en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Basta una sola infracción al Derecho Internacional Humanitario para que comunidades enteras paguen las consecuencias: minas antipersonal sembradas cerca de escuelas; drones cargados con explosivos que detonan en cascos urbanos; personas heridas por artefactos explosivos que llevan meses sin recibir atención porque los actores armados impiden el ingreso de la ayuda humanitaria; familias que padecen escasez de alimentos porque también se controla qué pueden comprar, cómo pueden hacerlo e incluso qué moneda o método de pago pueden utilizar.

Y, en medio de todo ello, queda una pregunta que rara vez se hace: ¿dónde queda la salud mental de quienes viven confinados en sus casas por el miedo permanente a que la violencia vuelva a arrebatarles lo poco que han logrado construir o, peor aún, les quite la vida?

Podría seguir escribiendo más daños, pero eso sí es una vaina larga y dura de narrar,  que además no le alcanzaría al nuevo presidente para contar en sus lives y videos de inteligencia artificial. Entonces, larga va a ser la vaina cuando otra vez tengamos que contar centenas de muertos (actores armados o civiles) que caen por estar en la guerra o sólo por vivir cerca a ella. Y, esto pasa cuando solo le quiere gobernar con política militar y sin tener un enfoque de humanización del conflicto – respeto del DIH-, derechos humanos, o políticas sociales. Y eso es lo que nos avisan que va a pasar. Ojalá me equivoque, pero con el anuncio del Plan Patriota 2.0 lo dudo.

Así pues, si Laureano Gómez fue una copia soez del intelectual ultramontano Miguel Antonio Caro, y Uribe un reencauche antioqueño del Monstruo, De La Espriella es, a su vez, una parodia de Uribe — una caricatura de tercer orden, hecha a la medida de nuestros tiempos.

No es usual que me decante por este tipo de análisis, pero quisiera señalar algunas peculiaridades estéticas de la campaña de quien será el presidente de Colombia por los siguientes cuatro años (suponiendo que sólo sean cuatro; pero no se sorprendan si, a mitad de mandato, los enemigos de la constituyente de antaño se terminan convirtiendo en sus más ardientes defensores).

Consideren, por ejemplo, la apropiación abusiva de la camiseta de la selección. Este gesto no sólo buscó excluir de la participación en una fiesta que, por definición, es nacional, a quienes no comulgamos con el ideario de los abelardistas — y así reducir implícitamente la extensión de “Colombia” a, bueno, ellos mismos. Fue también una ocasión para que el abelardismo realizara el performance de su colombianidad — para exaltarse como la causa que sí se “pone la camiseta”. Otro caso llamativo es la gestual y semántica pseudo-militar que adoptó la campaña de De La Espriella: el saludo marcial de ¾, las coloridas alusiones a destripamientos, la invocación a la autoridad, a una “contrarrevolución” — incluso la imagen frívola del tigre, el depredador por excelencia.

Todo este bombástico imaginario debería hacernos pausar. ¿Quiénes, pregúntense, sienten la necesidad de disfrazarse de colombianos o de militares?

En la medida en que fueron empleados para promover a un señor que usa peluquín, se extasía ante cualquier chuchería si es gringa o europea, desprecia todo lo que le recuerde sus modestos y mestizos orígenes, y ni siquiera prestó servicio militar, todos estos recursos lucen todavía más desteñidos, más impostados. Aquí no estamos ante ningún admirador de Epaminondas, de la sobria virtud militar; en boca de este tipo de personas, “amor por Colombia” o “firmeza por la patria” son, cuando mucho, slogans, hashtags, clickbait.

Llegados a este punto, la pregunta no es qué les vendieron a los colombianos — esto ya lo sabemos: un crudo simulacro pop de los viejos tropos ultramontanos de la Regeneración. La pregunta es qué terminaron comprando. Si las formas de un candidato y la historia pueden servirnos de guía, el próximo será un gobierno de formas, no de sustancia; un gobierno efectista, más preocupado por la representación de la eficacia que por la eficacia misma. De probarse así, el de De La Espriella será un gobierno a su medida: grandilocuente, teatral, cortoplacista y, en última instancia, incapaz de resolver los problemas que promete resolver en cien días, aunque dispusiera de mil.

@pater_doloroso