Las emociones suelen imponerse sobre la reflexión, y el deseo de justicia puede transformarse fácilmente en sed de venganza. En ese sentido, la historia parece repetirse con un personaje que la tradición cristiana conoce muy bien: Barrabás.

De acuerdo con el relato bíblico, Barrabás no era simplemente un ladrón o un homicida condenado por las autoridades romanas. Para muchos judíos de su tiempo representaba algo más profundo: la esperanza de liberarse del dominio romano mediante la fuerza. Roma no solo era el poder ocupante; era también el símbolo de años de humillaciones, abusos, despojos, ejecuciones, persecuciones y violencia contra el pueblo de Israel.

En un contexto semejante, un hombre dispuesto a combatir al imperio con las armas podía convertirse fácilmente en un héroe para quienes habían acumulado décadas de sufrimiento.

Jesús, por el contrario, representaba un camino radicalmente distinto. Predicaba el Reino de Dios, llamaba al arrepentimiento, enseñaba el amor al prójimo y el perdón incluso hacia los enemigos. Su mensaje devolvía la esperanza espiritual a un pueblo desesperanzado, pero no respondía a las expectativas políticas de quienes anhelaban un libertador militar semejante a David. Muchos esperaban un mesías que derrotara a Roma con la espada; Jesús les hablaba de transformar el corazón. Mientras Barrabás prometía responder a la violencia con más violencia, Jesús proponía romper ese ciclo mediante el perdón y la reconciliación.

Por esa razón, cuando llegó el momento de escoger entre ambos, buena parte del pueblo prefirió a quien encarnaba su rabia antes que a quien representaba la misericordia. Eligieron al hombre que expresaba sus emociones más profundas y no al que les proponía una verdad más difícil de aceptar. El deseo de ver castigado al opresor terminó pesando más que el llamado a construir una sociedad distinta.

Algo parecido ocurre hoy en Colombia. Nuestro país ha acumulado durante décadas un inmenso dolor causado por asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos, despojo de tierras, violencia sexual y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por diferentes actores armados. Ese sufrimiento ha dejado heridas profundas que explican por qué muchos ciudadanos reciben con entusiasmo a quienes prometen mano dura, cárcel, exterminio del delincuente o incluso la eliminación física del adversario.

No se trata de negar el derecho de las víctimas a exigir justicia. La justicia es indispensable para la convivencia y para la reparación. El problema surge cuando el discurso político deja de buscar justicia y comienza a alimentar el resentimiento como principal herramienta para conquistar el poder. En ese momento, el dolor deja de ser un llamado a reconstruir el país y se convierte en un instrumento para movilizar emocionalmente a los ciudadanos.

Las palabras perdón, reconciliación, diálogo y entendimiento suelen perder fuerza frente a mensajes que ofrecen respuestas inmediatas al sufrimiento colectivo. Resulta paradójico que muchos de quienes se identifican como cristianos o católicos, que cada domingo proclaman su fe y oran diciendo: “Señor Jesús, ilumíname con tu verdad y guíame con tu Espíritu”, encuentren más atractivo un discurso centrado en el castigo que uno inspirado en el perdón que enseñó Cristo. Esa contradicción invita a una profunda reflexión sobre la distancia que puede existir entre profesar una fe y vivir de acuerdo con sus principios.

Mientras Colombia siga permitiendo que el miedo, el resentimiento y la indignación sean los principales motores de la política, siempre aparecerá un nuevo “Barrabás”: un líder dispuesto a prometer una patria redentora mediante la confrontación, explotando las heridas abiertas de la sociedad para alcanzar el poder. Y una vez instalado en la Casa de Nariño, ese mismo líder puede terminar olvidando las promesas que lo llevaron allí, mientras quienes votaron movidos por la emoción continúan padeciendo las mismas carencias en municipios, pueblos y veredas.

La gran lección del relato bíblico no consiste únicamente en recordar que un pueblo escogió a Barrabás en lugar de Jesús en medio de un arresto al hijo de Dios promovido por una conspiración de los líderes de la Iglesia de ese entonces. Consiste en reconocer que las sociedades, cuando son gobernadas por el miedo, el odio o el deseo de venganza, corren el riesgo de elegir siempre a quienes reflejan sus heridas antes que a quienes ofrecen el difícil camino de la reconciliación. La historia demuestra que la venganza puede producir satisfacción momentánea, pero rara vez construye una paz duradera. La reconciliación, aunque exige más sacrificio y paciencia, sigue siendo el único camino capaz de romper definitivamente el ciclo de la violencia.

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Si yo fuera Abelardo de la Espriella, volvería inmediatamente a Buga a darle gracias al Señor de los Milagros por haberme permitido ser elegido presidente de Colombia, y le pediría al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y la serenidad que deben tener los vencedores una vez terminada la batalla; que me llene de sobriedad, magnanimidad, generosidad y serenidad para con las personas que voy a gobernar y, muy especialmente, con quienes no votaron por mí. Pues la mayor de las grandezas en política es ser grande con los adversarios, manteniendo la simpatía de nuestros propios seguidores.

Me propondría, no ser un presidente más, sino ser el mejor presidente de la historia de Colombia. Con ese propósito en la mente y en el corazón, le informaría al país acerca de lo que, ya desde el gobierno, juzgo que se debe hacer por el bienestar de todos los colombianos.

0. No al espejo retrovisor: Los colombianos saben en que condiciones recibo el país, por lo tanto, no perderé tiempo haciendo alusión al gobierno anterior. Cuando sea preciso hacerlo me limitaré a decir: “ya ustedes saben lo que pasó por aquí”. Cuando me postulé como candidato sabía a que me iba a enfrentar como gobernante.
1. Compromiso con los más pobres: Comenzaría por informarle a los menos favorecidos del país, a los trabajadores, a los ancianos y a los beneficiarios de los programas sociales del anterior gobierno que haré todo lo posible por mantener sus beneficios, pero que a cambio, nos ayuden a restablecer el orden público y la armonía social perdidos.
2. Plazo perentorio a la criminalidad: Emplazaría a todas las personas que militan en los grupos armados a que se desmovilicen voluntariamente, entregándose con sus armas en el centro militar más cercano con el fin de someterse a la justicia. Este gobierno se comprometería a vincularlos a un programa de reinserción en el que se les dará prioridad a ellos y a sus familias en materia de educación, trabajo y vivienda. Este ofrecimiento tendrá una duración de 50 días; al día 51, llegaré con todos los desarrollos tecnológicos de nuestros nuevos aliados al corazón de todas esas bandas criminales e iré por ellos.
3. El Acuerdo sobre lo Fundamental: Realizaré el sueño que siempre tuvo el doctor Álvaro Gómez Hurtado, uno de los más grandes estadistas que ha tenido el país y fundador de la bien amada Universidad Sergio Arboleda: lograr un gran acuerdo nacional sobre lo fundamental. Para ello, les pediría diseñar el mecanismo de implementación a los doctores Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Iván Cepeda, Carolina Corcho, Enrique Gómez Martínez y Mauricio Cárdenas. Ellos formularían un método que le permita al Consejo Gremial, los partidos políticos, la Iglesia, los sindicatos y demás organizaciones sociales ser parte de ese gran acuerdo, el cual aspiraría a consolidar dentro del primer año de gobierno.
4. ⁠Alianza por la prosperidad: Le pediría a los medios de comunicación, a los influencers y a los medios alternativos que emprendamos una gran campaña por la unidad nacional. Tenemos un país demasiado rico y maravilloso para permitir tanta pobreza dentro de él. Debemos derrotar la pobreza y volver a Colombia una potencia mundial; no solo de la vida, como lo anunciaba el anterior gobierno, sino de los negocios, que son los que pueden producir los recursos necesarios para que todos podamos vivir bien en nuestra querida y tremenda patria.
5. Reordenamiento de partidos: Invitaría al Congreso a que, en breve tiempo, haga posible el reacomodo de los partidos políticos. Al Centro Democrático le pediría que se una al Partido Conservador, junto con Creemos y Salvación Nacional, para defender a una sola voz la primacía del orden; pero eso sí, sin armas distintas a los argumentos y a las buenas razones. Esa misma invitación se la haría a los partidos de centro y de izquierda democrática, buscando que se reúnan, ojalá, en un solo partido por cada vertiente, de tal manera que solo queden tres grandes fuerzas políticas: una de derecha, una de centro y una de izquierda. Esto fortalecería enormemente a los partidos y a nuestra democracia.

Hacia una novísima Constitución

Invitaría a todas las fuerzas vivas del país —al gobierno, a los partidos políticos, a los colombianos y, muy especialmente a las mujeres— a sacar adelante una gran reforma a la Carta Política, una novísima Constitución en la que se plasmen estos puntos mínimos:

• Cero corrupción: Buscaría implementar una reforma anticorrupción, considerando, así no me guste, la cadena perpetua para los condenados por este delito. Nombraría como zar anticorrupción al doctor Juan Lozano.
• Solidaridad constitucional: Que la solidaridad y la economía solidaria sean el fundamento de nuestra organización política, económica y social.
• Alternancia de género: Establecer la alternancia de género en el poder ejecutivo. Cuando un hombre sea presidente, debe ser sucedido por una mujer, y así sucesivamente; una regla aplicable también para gobernaciones y alcaldías.
• Justicia sin privilegios: Una reforma a la justicia en la que desaparezca cualquier fuero o privilegio para los gobernantes. Puesto que, según la Constitución, todos somos iguales ante la ley, las autoridades deben ser el primer ejemplo y asumir las mayores responsabilidades.
• Impuesto a la tierra improductiva: Crear el impuesto a la tierra improductiva, como lo soñó don Hernán Echavarría Olózaga. Él tenía razón: siempre debió ser así.
• Prohibición absoluta de la reelección: Prohibir la reelección en la presidencia, gobernaciones y alcaldías, incluso de manera intermitente o no consecutiva. Esto ayudaría a acabar con las hegemonías, promovería la renovación de los liderazgos y facilitaría el ingreso de los jóvenes a la política.
• Ley de Punto Aparte: Implementar una ley de amnistía condicionada. Una norma para que todas las personas que tengan cuentas pendientes con la justicia (incluidos los privados de la libertad) sean amnistiados a cambio de la VERDAD, la aceptación de cargos, la entrega de una parte significativa de sus fortunas y el compromiso solemne de no volver a delinquir en lo que les queda de vida. En caso de reincidencia, perderían el beneficio y tendrían que pagar por todos sus delitos, incluidos los amnistiados.

Por último, invitaría al Consejo Gremial y a los grandes, medianos y pequeños empresarios a promover la Ley de la Generosidad: una iniciativa tendiente a legalizar, mediante una reforma tributaria, el aporte del 10% de sus utilidades netas durante los próximos 25 años en favor de la paz y la restauración del país. De este país que nos lo ha dado todo y merece todo de nosotros. Sería un legado maravilloso para las próximas generaciones.

Si yo fuera el presidente electo de Colombia, me propondría como objetivo fundamental unir a los colombianos como una sola familia, buscando sanar sus heridas y, como lo dije en campaña y lo haré, hacer de Colombia un verdadero milagro.

Y tú, amigo lector, ¿ qué harías si fueras el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030?

Siyofuera777@gmail.com

La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

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Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Así mismo, la inteligencia artificial se nos ofrece como una tecnología limpia, sin rastro: uno escribe una pregunta, espera unos segundos y recibe un texto, una imagen o una tabla, establece una conversación que más tarde puede arrojar a la papelera; una papelera que nadie recoge, que podemos limpiar con un click para que quede vacía, como al principio, sin consecuencia visible. No hay papeles en la papelera; no hay procesos industriales que los produzcan o que los desaparezcan, no hay fábrica o humo a la vista. Sin embargo, esta es una imagen equívoca: la nube, en realidad, sí está en la tierra, sí ocupa un espacio, que consume recursos: está almacenada en edificios, y funciona gracias a cables, microchips y minerales que les dan forma a servidores, y estos requieren redes eléctricas, sistemas de refrigeración y agua, mucha agua, para funcionar. También, personas que las supervisen.

La IA es, pues, un software, pero no solamente un software; debe ser comprendida también como una infraestructura material. Según la ONU, un informe del 2026 la IA consumirá, para 2030, tanta agua como 1.300 millones de personas, y la electricidad que consumen 650 millones. El mismo reporte habla de una demanda proyectada de 945 teravatios-hora de electricidad, 9,3 billones de litros de agua y una huella territorial superior a los 14.500 kilómetros cuadrados. Esto significa que la IA no solamente no está en la nube, sino que es un vecino, colaborador y obsecuente, si se quiere, pero también quisquilloso y muy exigente. El espacio que ocupa no está en las nubes, pues, sino que está muy claramente ubicado en la tierra, deja una huella de carbono y de residuos electrónicos, e impactos críticos en el uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la IA es un recurso más. Muy rápidamente ha pasado de ser una curiosidad para iniciados a una herramienta imprescindible, como el carbón o el petróleo, para casi que cualquier tipo de actividad. Sus costos parecen muy bajos si se compara con los resultados que permite obtener, y está al alcance de casi todos: automatiza tareas, facilita actividades e incluso crea contenidos; de hecho, ha revolucionado la manera en la que las personas nos relacionamos en sociedad y con la realidad. No se trata, pues, de mirarla como un problema, sino, como en los casos de otros recursos, de medir sus consecuencias.

La IA puede parecer casi gratuita, pero no lo es. Una consulta trivial sobre cualquier tema, una receta para el pollo al curry, una pregunta sobre la capital de un país que va a jugar el mundial de fútbol, parece intrascendente en términos de uso de recursos naturales, pero no lo es. Millones de consultas como estas, a diario, requieren de centros de datos encendidos, permanentemente. Estos consumen electricidad, requieren ser conectados a redes energéticas, dependientes muchas de ellas de combustibles fósiles, y, por supuesto, necesitan también ser refrigerados.

No es pura teoría, sin consecuencias en la práctica. No es un problema que esté en las nubes. Según el diario británico The Guardian (2023), un proyecto de centro de datos de Google en Canelones, Uruguay, generó un fuerte rechazo en la comunidad rechazo porque su diseño inicial requería cerca de 7,6 millones de litros de agua diarios para refrigeración, tomados del sistema público de agua potable, en un periodo de fuerte sequía. Algo parecido ocurrió en Santiago de Chile, donde se revisó el permiso de otro centro de datos en un momento de sequía prolongada, según Reuters.

Respecto al caso colombiano, nuestro país no es, en la actualidad, relevante como centro de infraestructura para IA. Puede hablarse de que hay en el país, efectivamente, algunos avances al respecto, pero no los suficientes para aparecer en el mapa de centros tecnológicos globales. Si en Colombia se pretende trabajar seriamente con IA, en educación, empresas, salud, gobierno, justicia, investigación y servicios, sin perder soberanía tecnológica y reducir la dependencia de los grandes proveedores, el país debería crear espacios de almacenamiento, procesamiento y manejo de datos. Pero deberían surgir, con la necesidad, varias preguntas: ¿dónde, en qué lugar de la geografía nacional se instalarían? ¿Con qué recursos? Esto debe ser mirado con atención, pues no serían nuevos conflictos entre las empresas y las comunidades por la administración de recursos que son, según la legislación colombiana, públicos.

Este mismo año, hace apenas unos meses, la Corporación Autónoma Regional (CAR) limitó en La Calera, Cundinamarca, la captación de agua de manantiales por parte de Indega, una empresa privada filial de Coca-Cola FEMSA; esto significa que redujo de siete a cuatro las fuentes autorizadas, bajó el caudal de 3,2 a 1,9 litros por segundo y renovó la concesión por cinco años. Esto con el propósito de dar prioridad al consumo de agua sobre el industrial como se puede leer en el diario español El País.  Del mismo modo,en La Guajira, la Corte Constitucional protegió los derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas frente al proyecto de desviación parcial del Arroyo Bruno, relacionado con Cerrejón.

Así pues, resultaría inocente simplemente celebrar una potencial llegada de centros de datos al país con el argumento llano de que estos atraen inversión. Es determinante preguntarse primero por la viabilidad tanto financiera como ambiental y social del proyecto que se emprenda, tal y como lo establece el Código Nacional de Recursos Naturales: los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación y deben usarse de acuerdo con el interés general.

En lo particular…

La IA parece haber pasado, en nuestro entorno, de ser una curiosidad y un lujo, a convertirse en un artículo de primera necesidad, a la que todos deberíamos tener derecho.  Esto implica garantizar su creciente demanda, tanto en el ámbito productivo como en el personal. Pero ¿cuál es el uso particular que estamos haciendo de ella?

¿Es en realidad imprescindible usar la IA para solucionar todos y cada uno de nuestros asuntos cotidianos? ¿Todo correo debe ser escrito con un LLM? En la universidad, cuando los estudiantes están tratando de dar cuenta de una idea, de una conclusión, ¿es imprescindible recurrir a la IA para diseñar una presentación de 2 o 3 diapositivas? Es posible que, con todo ello, nos estemos comportando como niños malcriados en una sociedad demasiado indulgente, como quien vive solo en una casona y deja a su paso todas las luces encendidas y todas las llaves de agua abierta.

No se trata de poner frenos a su demanda, al creciente uso o de los recursos que se requieren para su apropiado funcionamiento, por supuesto: está demasiado inscrita ya en la forma en la que planeamos lo que viene. Pero sí podemos, los usuarios, tener una postura crítica para su uso, y racionalizar su uso.

Muy a menudo, más de lo que quisiéramos reconocer, tratamos de evadir con el uso de la IA actividades cotidianas a través de instrucciones que resultan más extensas de escribir que la tarea misma, o apelamos a lo que diga la máquina por mera pereza de pensar, de llevar a que nuestro cerebro produzca una nueva idea. ¿En realidad necesitamos de activar un inmenso sistema industrial para llevar a cabo algo que nuestro cerebro tiene el don de hacer en un parpadeo?

De nuevo, la IA no está en las nubes: funciona en el mismo planeta del que nos alimentamos más de 8.000 millones de personas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

El proyecto, llamado Identificación de patrones de movimiento en entornos laborales y deportivos, analiza al detalle cada movimiento de quienes realizan actividades físicas exigentes y busca atender un problema frecuente: según un estudio de la Universidad Nacional, las lesiones afectan al 60 % de los deportistas universitarios en Colombia. Durante años, la tecnología capaz de analizar con detalle el movimiento del cuerpo estuvo reservada a los grandes centros de alto rendimiento del mundo; hoy empieza a llegar a las universidades y las empresas del país.

La herramienta más novedosa es un traje inteligente llamado Teslasuit, que se ajusta al cuerpo y mide en tiempo real cómo responde el organismo a cada esfuerzo físico. Según la institución, no se había usado antes en ninguna otra universidad del país. A este traje se suman cámaras especiales, capaces de seguir el movimiento al milímetro, y una sala de observación, conocida como cámara Gesell, que permite analizar el comportamiento y las emociones del deportista sin interrumpir su entrenamiento.

Usadas en conjunto, estas herramientas permiten seguir en detalle cómo se mueve cada parte del cuerpo y corregir errores de técnica antes de que terminen en una lesión.

Uno de los casos que ha impulsado esta investigación es el de Isis Ladino, una deportista de 19 años que practica levantamiento de pesas y entrena en la escuela de formación Cundeportes Funza. Gracias al traje y a los sensores, el equipo ha podido ver detalles que pasan desapercibidos a simple vista, como el leve giro de un pie, el movimiento de una rodilla o una pérdida de equilibrio en pleno levantamiento.

“Muchas veces como entrenadores no alcanzamos a visualizar ciertos momentos biomecánicos que son muy específicos. Estas ayudas permiten detectar con claridad esos errores no forzados y evitar que el deportista los repita”, afirmó Viviana Espejo Romero, entrenadora de la deportista.

Con esa información, los investigadores analizan y reconstruyen cada movimiento para darle a Isis indicaciones precisas, con el fin de mejorar su rendimiento y alargar su carrera deportiva. “El gesto técnico que Isis realiza en cada levantamiento ha sido descompuesto, analizado y reconstruido por los investigadores para entregarle retroalimentación detallada. Así, no solo se optimiza su rendimiento deportivo, sino que se extiende su vida competitiva como atleta. Este enfoque, que combina ciencia aplicada con vocación pedagógica, es también un ejemplo de cómo la tecnología puede estar al servicio del cuerpo humano, sin reemplazarlo”, explicó Paola Andrea Mejía, líder del programa de Ingeniería Biomédica de UCompensar.

El alcance del proyecto no se limita al deporte. En paralelo, el equipo trabaja con un consorcio de servicios empresariales, donde ha hecho seguimiento a operarios de bodega durante sus jornadas. Con visitas al lugar de trabajo, grabaciones y el uso del traje inteligente, ha identificado movimientos repetitivos que, con el paso del tiempo, podrían causar lesiones en músculos y articulaciones. Esa información servirá para diseñar programas de prevención, capacitaciones, herramientas de inteligencia artificial y mejoras en los puestos de trabajo para cuidar el cuerpo de los trabajadores.

Queremos que la tecnología que hoy usamos con un deportista también se aplique para cuidar a quienes, en sus trabajos, levantan peso a diario y están expuestos a lesiones. explicó Jeysson Riaño, docente de Ciencia de Datos de UCompensar.

De cara al futuro, el equipo explora nuevas posibilidades, como simuladores para entrenar en condiciones controladas, indicaciones inmediatas a través de pequeños estímulos eléctricos en los músculos y herramientas de inteligencia artificial que registren y comparen los avances de cada persona con el tiempo. El proyecto está pensado como un servicio, con la idea de abrir estos espacios a deportistas de ligas y clubes, y a cualquier persona interesada en conocer y mejorar su técnica.

Iniciativas como esta reflejan el modelo universidad-empresa de UCompensar, que no se queda en producir conocimiento, sino que busca llevarlo a la práctica para generar bienestar y responder a los retos reales del deporte y del mundo laboral.

Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

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Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

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La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

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Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

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Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• “Paula Gómez Meza no nació mala. La violencia la parió en un rincón olvidado del sur del Cesar, al norte de Colombia, donde ser pobre ya es una sentencia, y ser mujer un castigo adicional”: De la novela La diabla del clan.  

• “Su nombre comenzaba a sonar al lado de leyendas criminales como Griselda Blanco o personajes de ficción como Rosario Tijeras”.

Mezcla de vallenato y guajiro, el escritor Jacobo Solano está emparentado con el Nobel Gabriel García Márquez por línea paterna, ya que su abuela Rosa Solano Cotes, nacida en Barrancas, La Guajira, era prima segunda de Luisa Santiaga Iguarán Cotes, la mamá de Gabo.

Solano ha escrito su propia crónica de una muerte anunciada: la de alias La diabla, cuyo nombre real era Zaida Andrea Sánchez Polanco. En “La Diabla del Clan” se llama Paula Gómez Meza o Karla Fonseca, su identidad falsa tras el crimen de una familia de cristianos en Aguachica, Cesar, en 2024.

Por este thriller de suspenso, se mueven impunes coroneles, fiscales, comandantes de policía y agentes de la DIJIN. Ocurren extorsiones, testaferrato, ajuste de cuentas, sicariato, abigeato, fleteos, sobornos…

Al principio, La Diabla se gana la vida en un hotel de mala muerte. “… la mayoría de los clientes eran hombres sucios, de mirada lasciva. Algunos la miraban como si fuera parte del menú”. Con la llegada de su único hijo, le toca vivir en una funeraria, “rodeada de espíritus y sonidos extraños”.

Pronto se convierte “en una figura de peso en los alto círculos de Aguachica”. De cobrar a los deudores del gota a gota, pasa a amedrentar camioneros que cruzan por la Ruta del Sol y termina asaltando bancos, carros de Valores, casas, bodegas arroceras… No se le olvida que quiere vengarse del médico que la violó.

Su madre se pierde entre la bebida y los hombres. Su abuela hechicera, en cuya casa tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús colgado al revés, reza a Paula para protegerla de todo mal “mientras le lavaba el cabello con chirrinchi bendito traído de la Sierra Nevada”, porque así, le dice, ninguna bala la atravesará.

Dueña de una camioneta blindada de 700 millones, viaja en jet privado por el Caribe, alardeando de su riqueza. La mujer que antes dormía en el piso ahora viste prendas de diseñador. Crecen su prontuario y su amor por el dinero fácil.

• “La política es la peor mafia que hay”: Jacobo Solano, escritor.

Fiestas, amigos nuevos y prostitución de lujo conforman su nuevo mundo. La que empezó siendo prestamista, anhela ser comandante del Clan del Golfo y al mezclarse con los clanes políticos cambia de ambición: quiere ser alcaldesa de Gamarra, su pueblo natal.

 “El control político era esencial. Tenían que entregar el dinero acordado a alias El Aborigen y a Lizardo Cure, dos operadores políticos que andaban desesperados por financiar la maquinaria electoral: pagar líderes, comparar votos, asegurar la logística y, sobre todo, sobornar a la Registraduría”.

“… se movía en camionetas de lujo, manejaba préstamos con intereses del 15%, lavaba dinero a través de comerciantes de restaurantes y textiles, empeñaba casas y autos, y representaba a El Calvo en proyectos inmobiliarios”.

Alías El Calvo, personaje clave en la trama, la conecta con la industria del microtráfico y La Oficina, la estructura criminal heredera de la guerra contra Pablo Escobar. Ante los políticos, El Calvo es un exitoso empresario, no un mafioso.

La lista de alías es amplía: El Gordo Elías, El Alacrán, Soldado, La Baby, alias Miller La Loba, Los Gatos. El Socio, La Barbi John Mechas, de las disidencias de las FARC; El Duende, El Ranas, emisario del cartel de Sinaloa en pugna con el Cártel de Jalisco, El Aborigen, Fresita y Chirrete Malo, máximo comandante del clan del Golfo. La novela atraviesa escenarios de la región Caribe para mostrarnos cómo operan las bandas criminales y su lucrativo negocio.

El autor me cuenta: “Muchos hechos son reveladores. Por ejemplo, en estas páginas cuento cómo es la relación de los protagonistas con la brujería y la santería, el modus operandi de las bandas del narcotráfico en conexión con estamentos políticos, militares y judiciales. Cómo funciona el clan del Golfo por dentro y quiénes son sus aliados en el exterior. Las rutas del narcotráfico y su salida desde Colombia, y cómo opera la logística desde el laboratorio hasta el puerto de embarque, incluyendo los métodos violentos que usan para alcanzar sus objetivos”. 

Para La Diabla “los hombres parecían juguetes, de los cuales se aburría y los tiraba”. Sus palabras son las de una mujer ruda. “Yo no amo. Yo sobrevivo. Y en esta vida, el que ama se muere, por eso, mejor no amar, sino vivir”. Con visos cinematográficos, la novela narra cómo se deshace de uno sus amantes para reemplazarlo en la cama por su guardaespaldas. “Lo besó por todo el cuerpo, recorriéndolo con la lengua como si quisiera memorizarlo a ciegas”.

A lo largo de las 209 páginas, el lector conocerá el idioma cifrado del hampa: Un fleteo es una consignación, y así otros ejemplos: Yo le doy piso, el celular ya está en su caja, una ropita para lavar, mover panelas, ya el pez está en el agua, entregar los dulces, cargar la piñata…

“Como artista, —dice Solano— quiero dejarle un mensaje a las nuevas generaciones: en el bajo mundo no hay nada bueno para ustedes”.

La novela La diabla del clan puede adquirirse a través de Amazon. https://amzn.eu/d/09RTsB5E

Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

Siete becarios que obtuvieron puntajes superiores a 400 en Saber 11, incluyendo uno de 500 sobre 500, que conforman “La banda de los 400+”, y siete becarios con puntajes superiores a 340, que son los coequiperos, constituyen el equipo del Tour Saber 11 Buenaventura 2026, una muestra de compromiso con la ciudad.

El Tour cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital para los permisos académicos, mediante una Circular a los rectores de instituciones educativas oficiales y privadas, y es organizado por la Fundación Color de Colombia y el Semillero Alpha Phi Alpha de la Universidad Icesi (de Cali).

Seis de los 14 becarios estudian en Icesi (con becas Nutresa, institucionales y de Fundación Valle del Lili), dos en la Javeriana Cali, dos en la Universidad Autónoma de Occidente, una en la Universidad de los Andes, una en la Universidad del Valle, y dos (con puntajes superiores a 450 en Saber 11) están aspirando a Medicina en varias universidades. De los 14, cuatro son egresados de colegios privados y 10 de colegios oficiales. La mayoría exintegrantes del Semillero de Becarios U.

Servicios del Tour Saber 11

El Tour Saber 11 ofrecerá a los estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios que se interesen y se inscriban (en este formulario), lo siguiente:

• Masterclass sobre Saber 11 para grado 11: estrategias de preparación, 10 tips para prueba, preguntas típicas. Gratuita.
• Clases semi-personalizadas por cada una de las cinco subpruebas de Saber 11 (para 8 estudiantes).
• Clases semi-personalizadas de orientación vocacional de Derecho, Psicología e Ingeniería de sistemas.
• Inducción sobre distintos tipos de becas.
• Postulación a viaje a Cali para inmersión en Universidad Icesi, el 30 de julio.

Los estudiantes podrán postularse individualmente en el siguiente formulario: https://forms.gle/hhoXSYuzc3eVMf539

Quiénes son los de “La banda de los 400+”

Comenzando con su puntaje en Saber 11, el pregrado que cursan, la universidad y finalizando con el colegio del que son egresados.

• 500: Diego Fernando Castaño M. Medicina. Icesi (egresado de Colegio Termarit)
• 473: María José Rivas del Castillo. 2027-1 (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 457: Laura Lorena Celorio Valencia. 2027-1 (IE San Vicente)
• 455: Eyleen Johely Murillo M. Medicina. UniValle (IE Incodelpa)
• 433: Jean Carlos Riascos Palacios. Ingeniería de sistemas. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 415: Mariana del Río Ramírez. Ingeniería.Industrial. Javeriana. (CE Bahía de Buenaventura)
• 411: Denisse Aylin Lorza H. Arquitectura. UniAndes (Normal Superior Juan Ladrilleros)

Quiénes son los coequiperos

Con el mismo orden:

• 384: María Del Mar Mosquera C. Ingeniería Informática. Universidad Autónoma de Occidente, UAO. (Colegio Patricio Symes)
• 377: Juan Yessid Garcés H. Ingeniería de Sistemas. Javeriana Cali (CE Bahía de Buenaventura)
• 362: Andrés Felipe Díaz Montoya. Ingeniería de Sistemas. Icesi (IE Icoterpo)
• 361: Lauren Sofía Valencia Contreras. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 343: Iliana Samara Córdoba Lozano. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 316: Dinka Isabela Cabezas Arboleda. Psicología. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 341: Juan Sebastian Mina Quintero. Ingeniería Informática. UAO (IE Icoterpo).

Conocedor experimentado de los bálsamos que mantienen satisfecho el ego del presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron se inventó la idea de invitarlo a un banquete en el Palacio de Versalles. Al tiempo que hacerle mantenimiento al ánimo de quien se cree presidente del mundo, le hizo notar, sin decir una palabra, la inigualable magnificencia de Versalles, y sus abismales diferencias respecto de Mar a Lago y del salón de baile con el que Donald Trump pretende inmortalizar su paso por la Casa Blanca. 

Abrumado por las nebulosas del conflicto con Irán, y en busca de arreglo urgente a ese lío al que lo empujaron y del cual no hay salida clara, Trump firmó en una mesa de Versalles un Memorando de Entendimiento que le pone un poco de orden a unas discusiones de futuro incierto. 

A pesar de las apariencias, el documento firmado es apenas un ejercicio de aproximación entre dos Estados que se ponen de acuerdo sobre la forma como podrían llegar a solucionar sus diferencias por la vía del diálogo. Se trata de una hoja de ruta que, si bien demuestra la voluntad de las partes de discutir en vez de darse cañonazos, no genera compromiso jurídico entre sus signatarios. En otras palabras: nos vamos a sentar a hablar, para ver si en un tiempo determinado podemos llegar a algún acuerdo. 

El 21 de junio, a pesar de ciertas dudas sobre la efectiva realización del encuentro, y arreglados problemas de protocolo, como que los iraníes no querían ser vistos junto a los americanos, comenzaron las nuevas conversaciones. El vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado de un socio de negocios inmobiliarios y del yerno del presidente, se sentaron en Buergenstock frente al ministro de relaciones exteriores de Irán. Con Pakistán como intermediario. 

A pesar de que Washington trató de vender el memorando, y las conversaciones, como un trofeo diplomático, queda por delante una agenda en la que ya no pueden figurar asuntos como el “cambio inmediato de régimen”, la “intervención en la escogencia de nuevo líder supremo de la revolución islámica”, la “rendición inmediata e incondicional”, y el “total desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán”, que al principio se plantearon con mucho ruido y jamás se pudieron conseguir. 

Excluidos esos fracasos, que se ocultan como si jamás hubieran existido, la idea es ahora ocuparse de las sanciones contra Irán, la situación en El Líbano con la presencia de Hezbollah, el apoyo a Hamas en Gaza y a los hutíes de Yemen, la navegación por el Estrecho de Ormuz, y los límites al armamentismo iraní, además de la distensión en todo el Golfo Pérsico. 

El hecho de emprender ahora conversaciones demuestra que Irán soportó la política de máxima presión, que combinaba las tradicionales sanciones en su contra con un inclemente ataque militar en asocio de Israel, y que, además, tuvo manera de responder con misiles y drones, y desacomodar la situación de los socios de Estados Unidos en la región. Además de golpear bases americanas, que sirvieron de muy poco a la hora de defender a sus propios aliados.

En materia nuclear, Irán ha anunciado la suspensión de actividades de enriquecimiento de material nuclear mientras duren las conversaciones. Quedó claro que no era cierto que sus stocks de material nuclear serían entregados a los Estados Unidos. Además, se reiteró la “inexactitud” del pomposo anuncio de que las instalaciones nucleares iraníes habían sido “obliteradas” en junio del año pasado. Y no está para nada claro qué sucedería en esa materia si las conversaciones llegan a colapsar.  

Quedaron liberados, de entrada, 300 billones de dólares iraníes que estaban retenidos en el sistema bancario internacional. Su liberación constituye un triunfo para el gobierno islámico, que puede destinar esos fondos a la reconstrucción de su infraestructura, el restablecimiento de sus líneas de suministro, el alivio de las condiciones de vida de la gente, afectadas por años de aislamiento, y el fortalecimiento del esquema de sus alianzas en la región. Los Estados Unidos no reciben nada específico a cambio de esta concesión. 

Todo lo anterior se convierte en componente de fortalecimiento político del régimen, y pospone su desprestigio y su decadencia, que eran evidentes a raíz de la brutal represión del año pasado, pero vinieron a quedar eclipsados en febrero con el ataque americano-israelí. Al asesinar brutalmente a un anciano, que era el padre de la nación para millones de iraníes, se acalló de paso la protesta y se facilitó automáticamente un nuevo aire a los ayatolas. 

El asunto del Estrecho de Ormuz es, y seguirá siendo, un elemento de dificultad que no existía antes del ataque a Irán. Los antecesores de Trump aceptaron el consejo de sus estrategas en el sentido de no lanzarse a la aventura de emprender una guerra contra la República Islámica, entre otras cosas para no darle a ésta última motivo para cerrar el estrecho, con las consecuencias de todo tipo que el cierre conlleva. Y para no establecer un precedente difícil de erradicar. 

Si bien el memorando habla del paso seguro y la contención mutua en cuanto al cierre del Estrecho, no existe un manual para la observación de ese compromiso. Tampoco existe un mecanismo y mucho menos un órgano de supervisión, ni definición alguna sobre aquello que puede constituir una infracción de la libre navegación por el sector. De manera que las mismas partes quedan al tiempo obligadas a cumplir el arreglo provisional, pero pueden salirse del mismo con cualquier disculpa. 

La situación del Líbano, que Irán insiste en incluir en cualquier acuerdo, y que figura en el memorando de manera ambigua, es tan difícil de arreglar como la del Estrecho. Y es que en ese ítem aparecen Israel y Hezbollah. El primero, que no ha firmado nada y muy difícilmente va a dejar de empujar dentro del territorio libanés para destruir a un enemigo a muerte que se refugia allí. El segundo porque es una prolongación del poder político, militar y religioso de Irán, que no está dispuesto a abandonar. 

El factor israelí afecta severamente cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los israelíes no aceptarán arreglo alguno firmado por otras partes pasando por encima de sus intereses. Israel es de los muy pocos países que se puede dar el lujo de sostener un desacuerdo cordial con los Estados Unidos, sin que estos se atrevan a tomar decisiones que afecten a su más importante aliado en la región. Y ya es bien claro que Israel se reserva el derecho de actuar de manera independiente, sin sentirse obligado por lo que negociadores estadounidenses e iraníes lleguen a convenir.

Si a lo anterior se suma una situación cada vez más tensa, por decir lo menos, al interior de los Estados Unidos, como consecuencia de la aventura imprevista de una guerra de agresión en el medio oriente, por parte de un presidente que había gritado a los cuatro vientos que no cometería la estupidez de comprometer al país en guerras ajenas y lejanas, el cuadro en general no resulta favorable para Trump. 

Avanza el tiempo y se acercan las elecciones de noviembre, que renovarán parcialmente el congreso. Los porcentajes de rechazo a la guerra crecen, no necesariamente por motivos políticos o estratégicos, que a la gente no le importan o no entiende. Se trata del bolsillo. Se trata del costo de la vida cotidiana, que se suma a un estado de ánimo afectado por una actitud errática, en lo de la guerra y en otros aspectos, que si bien produce euforia entre fanáticos “trumpistas” genera exasperación no solo entre los más liberales sino entre los mejor educados. 

Lo peor, para el presidente, es que por más que consiga, a un costo altísimo, de pronto con el sacrificio político de su vicepresidente, un arreglo con Irán, el acuerdo al que se llegue será en el mejor de los casos parecido al que hace once años consiguió el presidente Obama. Acuerdo cuidadosamente negociado y suscrito por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea; refrendado además mediante resolución por el Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con funcionarios de carrera experimentados en el seguimiento analítico de los procesos más variados de la vida internacional. También cuenta con negociadores profesionales que conocen el “art of the deal” en un contexto muy distinto del de los negocios inmobiliarios y la ley de la selva de Manhattan, donde se suele mentir, amenazar, dar la espalda, y cambiar súbitamente de opinión, como elementos de “negociación”, con la opción, siempre abierta, de que el negocio no se llegue a hacer. Con lo cual todo lo que se pierde es alguna oportunidad de enriquecimiento.

Negociar con Irán bajo la guía de un vicepresidente inexperto y dos empresarios de finca raíz, acostumbrados a defender sus intereses individuales, se aleja de lo requerido en negociaciones diplomáticas, en las que están de por medio los intereses públicos. 

La suerte de millones de personas depende otra vez de un documento firmado, sin contraparte presente, por un presidente estadounidense exhausto, en el Palacio de Versalles, donde hace poco más de un siglo se firmó alegremente un tratado que solo sirvió para posponer los arreglos de cuentas entre las potencias europeas de la época. 

El presidente iraní firmó desde Teherán, a sabiendas de que las cosas van a marchar al ritmo que a su país más le convenga, pues se trata de su vecindario, está acostumbrado a la dureza de sanciones ahora un poco aliviadas y no tiene el afán de unas elecciones prontas, de una opinión pública cada vez más molesta. Tampoco a la presión de aliados que no se someten a lo que otros pretendan pensar por ellos.