Colombia busca aplicar una vieja práctica para combatir los cultivos ilícitos en el país: fumigar de forma terrestre, aérea o con drones las zonas donde se produce hoja de coca, amapola o marihuana. El gobierno encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella quiere retomar esta actividad utilizando el glufosinato de amonio.

Se trata de un herbicida con capacidad de inhibir no sólo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino de cualquier tipo de planta. Aunque las autoridades nacionales han ordenado realizar un programa piloto para “generar evidencia técnica y científica” sobre el uso de esta sustancia, especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que en realidad hay más evidencias y señales de los daños que puede generar el agrotóxico en la biodiversidad.

Si bien no hay antecedentes ni estudios suficientes del uso de glufosinato de amonio en cultivos de Colombia, el país cuenta con una larga historia con la aspersión de glifosato, otro herbicida utilizado contra los cultivos ilícitos a partir de 1992, cuyos impactos en la salud y el ambiente no solo fueron documentados, sino que derivaron en sentencias judiciales que ordenaron suspender esta técnica.

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Glufosinato, un herbicida aún en estudio pero peligroso

El herbicida está diseñado para eliminar malezas sobre la superficie del suelo y, con ello, la competencia que le hacen a los cultivos por los nutrientes de la tierra, sin embargo no está pensado para utilizarse en plantíos ilícitos.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que los arbustos como los de la hoja de coca crecen de uno a dos metros, por lo que se requieren varias aplicaciones del herbicida para realmente eliminar la planta.

“El glufosinato no llega hasta la raíz de la planta, lo cual sí hace el glifosato”, precisa el ingeniero agrícola, quien cuestiona la efectividad del uso del herbicida contra cultivos ilícitos. “El glufosinato puede acabar con el tejido verde de las hojas, pero como no llega hasta las raíces, la hoja de coca o el arbusto se puede reproducir más rápidamente”, dice a Mongabay Latam.

Un análisis a la toxicidad del glufosinato, realizado por el ingeniero químico y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, describe los efectos de ambos agrotóxicos sobre las plantas y sostiene que si bien hay diferencias en los mecanismos de daño a la vegetación, ambos pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El glifosato —considerado como probable carcinogénico para la salud humana por la Organización Mundial para la Salud (OMS)— entra a la planta, mata de raíz en un periodo de 15 a 20 días con un efecto duradero. Mientras, el glufosinato de amonio quema la zona de las hojas al contacto en entre tres y cinco días, pero permite el rebrote de las plantas y es utilizado en malezas que desarrollan cierta resistencia al glifosato, de acuerdo con el análisis citado.

Ambos especialistas coinciden en que no hay estudios concluyentes sobre los daños ambientales y a la salud que provoca el glufosinato de amonio, pues consideran que se requieren evaluaciones específicas para los contextos de Colombia. Además, el impacto dependerá también de su concentración, del método que se utilice y del uso de otras sustancias que acompañan a la aspersión para potenciar los efectos del herbicida.

Sin embargo, sostienen que hay más evidencias que señalan los riesgos para la salud humana, que pueden ir desde quemaduras químicas en la piel y ojos hasta afectaciones en el sistema reproductivo, intoxicaciones graves y acumulación de amoniaco en el cuerpo.

“Hay aspectos neurológicos, también desde el punto de vista genético, de la salud reproductiva, de vías respiratorias. Todo depende de la dosis, de las formas de aplicación y de las mezclas que se utilizan, pero los análisis clínicos y toxicológicos muestran que no es inocuo, eso es algo elemental, si no no se utilizaría para esos propósitos”, explica González a Mongabay Latam.

Estos análisis, de acuerdo con el especialista, señalan que el herbicida puede ser extremadamente tóxico para peces y plantas marinas, así como para polinizadores, como las abejas, e incluso acelerar la erosión del suelo.

Tobón menciona que aunque no hay estudios de campo que hayan analizado en laboratorio la toxicidad del glufosinato de amonio, la Organización Mundial de la Salud sí lo identifica como un sustancia de “un grado mediano de toxicidad y que es incluso mucho más perjudicial que el glifosato”.

El profesor advierte también que pese a los pocos estudios que hay sobre la sustancia, sí es posible identificar potenciales impactos socioambientales.

“El impacto ambiental es por los altos niveles de deforestación que puede causar, debido a la toxicidad que tiene ese herbicida en cualquier clase de tejido vegetal: árboles de la selva húmeda tropical, de los sistemas boscosos xerófitos, con las plantas de maíz, frutas, el pasto. Es un nivel de impacto muy alto”, sostiene Tobón.

Además, el especialista considera que las aguas superficiales, subterráneas y los suelos pueden ser afectados o contaminados al entrar en contacto con el herbicida.

González insiste en que hay una alta complejidad técnica para medir los impactos del uso de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca, especialmente en regiones montañosas con presencia de grupos armados. Agrega que los riesgos dependen de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales en que se hagan las fumigaciones.

Por ejemplo, ante la posibilidad de utilizar drones en la aspersión, González señala que los movimientos y las condiciones de viento pueden dispersar completamente el herbicida a otras zonas.

“Los drones generan una serie de dinámicas de movimiento que a su vez generan dispersión. Es decir que el efecto que se pueda producir es incontrolable. Queda una suspensión de partículas que puede ser movilizada por los vientos horas después”, explica el especialista.

Tobón agrega que si bien estos tipos de herbicidas están legalizados y comercializados, el grado de concentración que suele usarse para aspersiones es lo que puede implicar un daño a la salud humana y ambiental.

“No es lo mismo el grado de concentración que requiere una mezcla de herbicida preparada para jardín que para acabar las matas de coca”, precisa el profesor. “Esa diferencia fundamentalmente está en que para las plantas de coca se utilizan los aditivos o surfactantes que aumentan el poder tóxico del herbicida y por tanto aumentan el poder de destrucción”, añade.

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Glifosato, el antecedente del glufosinato de amonio que alerta en Colombia

El uso de herbicidas para la destrucción de cultivos ilícitos no es un tema nuevo en Colombia, donde durante casi 30 años se debatió legalmente su implementación, especialmente con el uso de glifosato, ante los impactos en la salud humana.

En 2020, la Universidad de Córdoba entregó al Instituto Nacional de Salud una evaluación de riesgos para la salud humana derivados por la aspersión aérea con glifosato en Meta, Vichada y Guaviare.

En el documento se alertaron los niveles de riesgos, los cuales dependiendo de las condiciones de exposición, la cantidad, la fórmula, el contacto y otras variables podrían generar “afectaciones de mayor complejidad para los seres humanos, asociadas a daños en diferentes sistemas orgánicos tales como el endocrino, respiratorio, renal y neurológico”.

Para 2022, la Corte Constitucional de Colombia rechazó los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA) con los cuales el gobierno del expresidente Iván Duque buscó reanudar la aspersión aérea en el país.

La decisión del alto tribunal argumentó en su momento que la medida vulneraba el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, sostuvo que el proceso no tuvo en cuenta que en muchas zonas se requería de una consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El pasado 18 de agosto de 2026 el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, expidió una resolución que deroga el establecimiento de un procedimiento para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ordenó, como una “fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, crear un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio a realizarse únicamente en un área del país y sin que eso implique la reanudación de todo el programa.

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Piloto detenido, pero listo para fumigar

El pasado 22 de septiembre, un juzgado otorgó una acción de tutela, un mecanismo constitucional para la protección de derechos, y frenó de manera provisional el piloto programado por las autoridades para comenzar en octubre, mientras no se acredite “el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa exigidas” por la Constitución.

Jonathan Meneses Valencia, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Tiempo de Cambios, una de las promotoras de la tutela, cuenta que se vieron sorprendidos por la ubicación donde el programa piloto sería realizado en el departamento de Putumayo, al sureste del país.

“Recogimos un total de 10 a 12 acciones de tutelas acumuladas y esto llevó a que en primera instancia el juez fallara a nuestro favor y ordenara tener la aspersión parada hasta que no se cumplan dos cosas”, cuenta Meneses a Mongabay Latam.

La medida mantiene suspendida esta acción piloto hasta que las autoridades acrediten “el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales exigidas para cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas”, que incluye permisos y planes de manejo ambiental, así como ejercicios de consulta a las zonas impactadas por el ejercicio.

El presidente De la Espriella sostuvo, en respuesta a las acciones de tutela, que “todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno [narcotráfico] se extienda” y debe “ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.

Aunque aseguró que respetaría el fallo judicial, su Gobierno explora los canales legales para reanudar la aspersión. En tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha asegurado que eventualmente se harán las fumigaciones “protegiendo a la ciudadanía y al ambiente”.

“Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pida que ajustemos algo, lo acataremos. Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del ambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”, dijo en entrevista a la revista Semana.

Mongabay Latam buscó al funcionario para conocer el tipo de evidencia con la que cuenta el Gobierno sobre los impactos socioambientales del glufosinato de amonio, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

*Imagen principal: la Justicia colombiana frenó el pan de De la Espriella para comenzar a probar la fumigación con glufosinato de amonio. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los Derechos Humanos como Fe

El padre Javier Giraldo asumió ese desafío y contradicción teológica desde su dimensión más secular, articulando la promoción y defensa de los Derechos Humanos con la vida y dignidad de todas las personas y comunidades, especialmente de aquellas que sufren la vulneración violenta de sus derechos fundamentales. Por eso, su obra es también un legado inmortal y pertenece a todas las comunidades y personas que afirman su dignidad y rechazan radical y civilmente a quienes vulneran sus derechos e identidades. Vulneración que suele perpetrarse en defensa de un orden político sin justicia y en aras de mayor seguridad para la prosperidad de minorías o, peor aún, que es violentamente ejecutada por aquellos que reivindican y luchan por la justicia social sin respetar la vida, libertad y dignidad de las personas y comunidades que dicen representar. Con radicalidad, entonces, se consagró el padre Giraldo a defender los cuerpos de todas las víctimas para así también conservar y quizá salvar sus almas. De allí su compromiso vital con la Comunidad campesina de San José de Apartadó, asediada, atacada y ultrajada violentamente por todos los actores armados del conflicto, precisamente por su empeño pacífico y civilista de no dejarse arrastrar por esa vorágine de violencias aniquiladoras y consolidar su autonomía. Autonomía que no debe confundirse con neutralidad, pues la Comunidad siempre afirmó y defendió sus derechos, como continúa haciéndolo hasta hoy. Derechos inclaudicables a una vida libre, digna y justa, es decir, disfrutada con plena vigencia de los Derechos Humanos en su dimensión integral: civil, política, social, económica, cultural y ecológica.

Derechos Humanos como Paz y Democracia

Así los asumió y promovió siempre el padre Giraldo, más allá de las incomprensiones y descalificaciones maniqueas de gobernantes y políticos de extrema derecha, que lo tildaban de solo defender los “izquierdos humanos”. Una sindicación completamente absurda, pues la misma Constitución en su artículo 95, numeral 4, nos señala como un deber de todos los colombianos: “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”, en consonancia con el artículo 22, complemento imprescindible para la existencia de la democracia: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Porque mientras persista la violencia política, más allá de las motivaciones o intereses de sus perpetradores, sean estos la pura codicia, la rebelión o ambas juntas, y a ella se le sume la respuesta militar y represiva del Estado como la única solución milagrosa para contener o eliminar a los “terroristas”, incluso con la ayuda de Cristo Rey, los derechos humanos inevitablemente seguirán siendo violados y conculcados. Ya sucedió con los exitosos miles de “falsos positivos” de la “seguridad democrática”, cuando se nos anunciaba que faltaba poco para “matar la culebra”. Así llevamos más de medio siglo y continuará sucediendo, como ya lo empezamos a ver con los eficaces bombardeos de las Fuerzas Militares, que en estas tres semanas de la “Patria Milagro” dejan al menos 4 menores de edad sin vida. Y la cifra seguirá creciendo, pues se calcula que han sido reclutados más de mil menores de edad por organizaciones cuyos comandantes no solo son criminales de guerra, sino que carecen del más mínimo honor y valor militar, pues los utilizan como escudos y carne de cañón para salvaguardar sus vidas.

Estado y Derechos Humanos

Por eso el padre Giraldo siempre sostuvo que el primer responsable de la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos es el Estado[iii], pues éste históricamente surgió precisamente para proclamarlos y garantizarlos, como aparece ya en la Declaración del 26 de agosto de 1789 de la Asamblea Nacional Francesa, en su artículo 2: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Esa Asociación Política hoy la conocemos, en nuestra Constitución, con el nombre de Estado Social de derecho. De otra parte, sustentado también en la declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, en donde se reafirma que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, el padre Giraldo consideró que históricamente se podía explicar, lo que no significa justificar y menos legitimar, el surgimiento de las guerrillas en Colombia hacia 1964. Lo hizo en su ensayo: Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos (páginas 423 a 467) en el libro: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, más conocido como Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Pero su rechazo radical a la legitimación o justificación de la violencia armada, independiente de la identidad del actor responsable de la misma y de sus razones, motivaciones o intereses, fue demostrada con su compromiso, acompañamiento y defensa permanente de la comunidad campesina de San José de Apartadó. Ese compromiso lo realizó sin escatimar los riesgos para su propia vida, denunciando los crímenes y llevando ante la justicia a sus presuntos responsables. Así sucedió con el general (r) Rito Alejo del Rio, condenado en 2012 a 25 años y 10 meses de prisión por el caso del asesinato del líder social chocoano Marino López en 1997. “En el fallo se sostiene que la operación “Génesis” y las actuaciones paramilitares fueron una única unidad de propósitos entre la brigada 17 y los paramilitares de las AUC y que formaba parte de una estrategia de consolidación paramilitar, toma de territorios y sometimiento de un enemigo común”[iv]. En contraste con esta decisión judicial, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, consideraba que “nadie mejor que el general Del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, y a fe que avanzó notablemente”, siendo por ello condecorado y llamado “el pacificador de Urabá”.

San José de Apartado, enclave de espiritualidad terrenal

Ese legado inmortal como defensor inclaudicable de los derechos humanos, lo forjó el padre Giraldo junto a la Comunidad de San José de Apartadó, resistiendo con el poder de la organización, la palabra y la espiritualidad los embates de todos los actores armado, junto a la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. Lo hicieron con eficacia mediante la denuncia pública y judicial veraz de todas las agresiones y violaciones perpetradas por los distintos actores armados contra la vida, bienes y autonomía civil de sus pobladores, campesinos y campesinas. Comunidad que hasta el día de hoy persiste con valor en ese empeño, convertida en un enclave de espiritualidad terrenal. Para comprender mejor ese alcance de civilidad y las profundidades de esa espiritualidad telúrica, arraigada en San José de Apartado y sustentada en la secularidad de los derechos humanos a través de la defensa de la paz y la democracia, nada mejor que consultar y leer los escritos del padre Javier Giraldo en su portal Desde los Márgenes: https://www.javiergiraldo.org/ y la gesta de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: https://www.cdpsanjose.org/ .

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Giraldo

[ii] https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/javier-giraldo-padre-homenaje-buscador-humanitario-agosto-2026/

[iii] https://www.elespectador.com/colombia-20/javier-giraldo-cuando-el-aparato-de-estado-es-rechazado-por-su-corrupcion-o-injusticia/

[iv] https://www.justiciaypazcolombia.com/26-anos-de-condena-al-general-r-rito-alejo-del-rio/

“… que carajo, si al fin y al cabo cuando yo me muera volverán los políticos a repartirse esta vaina como en los tiempos de los godos, ya lo verán, decía, se volverán a repartir todo entre los cura, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, por supuesto, porque ésos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo…”: Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca.

Napoleón Bonaparte medía 1,68… pero era Napoleón.

El devastador reportaje “El exilio nos alcanza” —publicado por el diario salvadoreño El Faro y galardonado con el Premio Gabo 2026— no es solo un retrato del horror local; es el libro de las revelaciones de un futuro sombrío que amenaza con extenderse por América Latina. La historia documenta la embestida de regímenes de extrema derecha que, para colmo, cuentan con la complacencia de Donald Trump, el poco carismático líder global que gestiona la política con caja registradora en mano. Otros usan, además, la Biblia; así, dinero y religión configuran las nuevas armas.

La galardonada historia de El Faro está llena de advertencias, leerla se hace necesario. 

Tan obsesionados con el poder empresarial como Trump resultan ser Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina y Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, quien ya nombró gerente para Bogotá, una ciudad con alcalde elegido por voto popular, como las demás.

Nuestra nación está obligada a mirarse en el espejo salvadoreño, esa pequeña nación cuya población cabría dos veces en Bogotá. El reflejo es alarmante: en nuestro continente se incuba una nueva camada de “napoleoncitos tropicales”, acaso idénticos al decrépito y despótico gobernante que inmortalizó Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca.

Son caudillos dispuestos a descarrilar el Estado de derecho y barrer con las libertades civiles con tal de silenciar o “quitar del medio” a cualquiera que ose cuestionarlos. En este Apocalipsis moderno, la impunidad es la norma y la prensa libre -esa incomodísima costumbre de hacer preguntas incómodas al poder- se convierte en la mayor alergia del régimen.  

Napoleón Bonaparte concentró todo el poder en su figura: amordazó a la prensa, persiguió ferozmente a la oposición, desplegó una temible policía secreta y en 1804 se autocoronó emperador. En nuestros días, la táctica es peligrosamente similar y más cínica: basta con manipular arbitrariamente los articulitos de la Constitución para perpetuarse en el cargo, tal como lo ejecutó Bukele para garantizar su reelección.  

Por lo pronto, De La Espriella anunció que tiene lista la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia; más nadie sabe si existe un plan de largo plazo para que la Puerta de Oro sea la nueva sede oficial del Ejecutivo.

El minucioso relato de El Faro, firmado por los hermanos Óscar y Carlos Martínez, desnuda la crudeza de un régimen que estrangula las garantías básicas y fuerza el éxodo masivo de periodistas y defensores de derechos humanos:  

«Con los días, más colegas de El Faro y de otros medios llegaron a Guatemala. Algunos, calculando que si no habían podido agarrar a los del vuelo 638 quizá la dictadura intentaría con ellos; otros, porque vieron patrullas merodear sus casas o policías tocar sus puertas con preguntas inverosímiles: “Tenemos reporte de que se han robado un carro, ¿quiénes viven aquí?”; otros, porque directamente recibieron la llamada de una fuente de confianza: “salga de su casa, esta noche van por usted”».

El reportaje expone la brutalidad cotidiana del aparato estatal, donde la agresión física contra la prensa es celebrada por bodegas digitales:  

«Jorge Beltrán Luna fue el primer periodista salvadoreño en experimentar en la propia piel —en concreto la piel que rodea la cara— el sentido de impunidad de la Policía de Bukele frente a la prensa: un subinspector de la Policía, molesto por la presencia de Jorge en una escena del crimen, le metió una cachetada con el propósito simple y pedestre de que se fuera, de que no viera, de que no estuviera. (…) Ocurrió, así que el golpe quedó registrado en video y luego denunciado en las redes sociales de El Diario de Hoy. No pasó nada. Nadie se disculpó y más bien un enjambre de troles aplaudieron y celebraron el hecho, pidiendo más».

La persecución no solo utiliza la fuerza bruta, sino el acoso judicial para asfixiar la labor informativa y censurar contenidos mediante fallos hechos a la medida:  

«En enero de 2022, Jorge retomó un reportaje publicado en la revista mexicana Proceso, en la que se vinculaba a Jacobo Fauster como parte de un entramado de empresas israelíes que habían vendido a gobiernos mexicanos equipos para espiar a periodistas y opositores. Fauster es padrastro del director de inteligencia de El Salvador, Peter Dumas. Un año después de la publicación, Fauster demandó a Jorge y a su medio, El Diario de Hoy, y exigió 5 millones de dólares de cada uno, alegando “daños morales”… Una jueza desestimó la solicitud económica, pero exigió al periódico bajar la nota de su sitio de internet y de sus redes sociales. Otra raya para el tigre».

El miedo constante redibuja la vida cotidiana de quienes insisten en informar, transformando la rutina periodística en un estado permanente de fuga:  

«El Nuevo es un veterano periodista y sujeto meticuloso y ordenado. Previsor. El 15 de septiembre de 2021 Nayib Bukele se felicitó a sí mismo por no haber usado gas lacrimógeno contra una marcha de protesta y agregó “…por ahora”. Entonces El Nuevo, buen entendedor, hizo una maleta básica de la que no se despegaba nunca por si el dictador padecía un súbito brote psicótico y ese brote lo pillaba a él en la calle… El sábado 7 de junio la olvidó y la echó de menos cuando alguien le avisó que había patrullas policiales merodeando su casa. Desde entonces anduvo a salto de mata, entre lugares de amigos, con el teléfono apagado. No era el primer susto, pero el momento no era el mejor para hacerse el loco con esas patrullas sospechosas, o con esa Cherokee sin placas y vidrios oscuros parqueada frente a su vivienda».

Las advertencias sobre las réplicas de este modelo en la región no son infundadas. El presidente electo Abelardo De La Espriella ya ha dado luces sobre el inicio de contactos con la administración de Bukele. Ojalá esas alianzas se limiten estrictamente al plano comercial y no trasciendan hacia el intercambio de tácticas autoritarias.

No en vano, análisis internacionales como los de la BBC cuestionan la adopción del “modelo Bukele” en países como Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa. A pesar de la militarización, la construcción de megacárceles y los prolongados estados de excepción, la violencia no ha cedido y las violaciones a los derechos humanos se multiplican sin entregar soluciones verdaderas de seguridad.  

Ahora bien, según El País de España, Abelardo de la Espriella delegará a Washington su estrategia frente a Venezuela, donde hoy se gobierna bajo las órdenes de Donald Trump. Entonces, es válido preguntarse si Marco Rubio, el secretario de Estado que supervisa las decisiones claves del vecino país, ejercerá también algún tipo de control sobre Colombia o, mejor, qué otras tareas le dejará a cargo el presidente electo a Estados Unidos.

Lo que está pasando en El Salvador nos pone en preaviso: sabemos con precisión cuándo y cómo comienzan los regímenes autoritarios, pero nadie puede predecir su fecha de caducidad. Frente a este panorama, a Colombia solo le queda confiar en que sus altas instituciones —la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado— actúen como un muro inquebrantable que blinde nuestra maltrecha democracia.

¿Seremos capaces de impedir que emerjan megalómanos dispuestos a destripar la Constitución, pisotear las libertades fundamentales y condenarnos a la larga noche de la dictadura? Ningún adivino puede saberlo pero, en todo caso, la prensa está advertida. 

Hay una escena que se repite con una puntualidad admirable: alguien convencido de que un libro es demasiado peligroso para circular libremente. Cambian los imperios, las sotanas, los uniformes y los algoritmos. Cambia incluso el vocabulario. Ya casi nadie habla de herejías; ahora se habla de contenidos sensibles. Pero el impulso sigue siendo exactamente el mismo: administrar la imaginación ajena.

El poder siempre ha sospechado de las bibliotecas. Y con razón. Una biblioteca es un lugar donde la autoridad pierde el monopolio de la conversación.

La historia de la censura es, en el fondo, la historia de gobernantes que sobreestimaron el poder de prohibir y subestimaron el de la curiosidad.

En 213 a. C., el primer emperador de China, Qin Shi Huang, ordenó quemar libros y enterrar vivos a centenares de eruditos confucianos. El objetivo era elegante en su brutalidad: si desaparecía el pasado, el presente sería incuestionable. Dos mil doscientos años después seguimos leyendo a Confucio. Del emperador apenas recordamos que le tenía miedo a los libros.

En 1559, la Iglesia publicó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de obras cuya lectura podía costarle a un católico algo más que una discusión familiar. Allí terminaron Copérnico, Galileo, Descartes, Voltaire, Rousseau, Kant y decenas de autores cuya mayor insolencia había sido pensar por cuenta propia. El índice sobrevivió más de cuatro siglos. Fue abolido en 1966. Los libros sobrevivieron bastante mejor.

La obsesión nunca fue únicamente religiosa. Las llamadas brujas no sólo fueron víctimas del delirio sobrenatural. Muchas eran mujeres que conservaban conocimientos sobre medicina, botánica, partos o anticoncepción fuera del control de las universidades, casi exclusivamente masculinas, y fuera del monopolio eclesiástico. El problema no era la escoba; era la autonomía. Toda autoridad desconfía de quien sabe algo que ella no certificó.

Después llegó la Revolución Francesa y el miedo cruzó el Atlántico hablando francés.

La Corona española comprendió muy temprano que una imprenta podía ser más subversiva que un cuartel. En la Nueva Granada, los funcionarios revisaban baúles, inspeccionaban cargamentos y perseguían traducciones. No era paranoia: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Paine y los enciclopedistas estaban enseñando algo insoportable para cualquier imperio: que la autoridad también podía discutirse.

Mientras los barcos transportaban cacao, tabaco y oro, entre sus tablas viajaban ejemplares clandestinos de El contrato social o de Los derechos del hombre. La independencia latinoamericana no empezó con un grito. Empezó con una lectura.

Hay una ironía deliciosa en todo esto: España logró controlar puertos, aduanas y periódicos, pero nunca consiguió controlar el acto más peligroso de todos. Un lector solo con una vela encendida.

La censura tiene además una virtud extraordinaria: envejece peor que aquello que intenta destruir.

Madame Bovary fue llevada a juicio por inmoral. Ulises fue declarado obsceno. Lolita fue prohibida en varios países. 1984 ha sido censurada tanto por gobiernos comunistas como por gobiernos anticomunistas, un privilegio reservado únicamente para los grandes libros: incomodar a bandos enemigos al mismo tiempo.

Quizá por eso desconfío de quienes imaginan la censura como una reliquia del siglo XX.

Hoy casi nadie necesita una hoguera. Es mucho más eficiente fabricar consenso. No hace falta prohibir un libro si puede convencerse a una editorial de no reeditarlo, a una universidad de no enseñarlo, a una plataforma de no recomendarlo o a miles de personas de que leerlo constituye una falta moral.

Es una censura infinitamente más sofisticada porque, además, consigue que quienes la ejercen crean estar ampliando libertades.

Las últimas dos décadas han perfeccionado una forma particularmente moderna de inquisición. Ya no siempre se queman libros; se queman reputaciones. Autores como J. K. Rowling, Woody Allen o Junot Díaz han terminado atrapados, por razones muy distintas entre sí, en un tribunal permanente donde el veredicto suele anteceder al juicio y la condena casi nunca admite apelación. No estoy diciendo que las críticas sean ilegítimas. Al contrario: toda figura pública debe poder ser cuestionada. Lo inquietante es otra cosa. Que cada vez con más frecuencia el objetivo no sea debatir una obra, sino volverla ilegible; no sea refutar una idea, sino convertirla en un objeto tóxico.

Las tribus contemporáneas han heredado un viejo reflejo inquisitorial: ya no preguntan qué escribió alguien, sino si todavía está permitido leerlo. Cambian los dogmas, pero permanece intacto el placer de confeccionar listas de autores permitidos y autores prohibidos. Toda época fabrica su propio Index; la nuestra tiene mejor diseño gráfico y conexión a internet.

Pienso en Woody Allen. Recomendar Cassandra’s Dream no equivale a emitir un fallo judicial sobre su director. Del mismo modo que leer a Céline no convierte a nadie en antisemita ni admirar a Caravaggio obliga a defender que asesinara a un hombre. Si sólo aceptáramos obras producidas por seres moralmente impecables, nuestras bibliotecas cabrían en una servilleta.

Y, sin embargo, tampoco me convence esa consigna tan repetida de “separemos la obra del autor”. Nunca he sabido muy bien qué significa. Las obras no caen del cielo; las escriben personas, con todas sus contradicciones, miserias, virtudes y zonas oscuras. Quizá la propuesta deba ser otra: no separar la obra del sujeto, sino dejar de exigir sujetos perfectos para poder acercarnos a una obra. La literatura, el cine y el arte son, entre muchas cosas, registros de la complejidad humana. Si esperamos impecabilidad moral como requisito para leer, terminaremos leyendo muy poco y entendiendo todavía menos.

Sujetos perfectos, hasta donde sé, sólo los ángeles.

Y todavía no conozco al primero.

Hablando de política, siempre me ha parecido que nos preocupan demasiado los individuos y demasiado poco las ideas. Discutimos nombres propios como si fueran el centro de la historia, cuando casi siempre son las ideas las que sobreviven a quienes las encarnan. Los caudillos pasan. Las ideologías mutan. Los partidos cambian de color. Pero las ideas permanecen.

Y hay ideas que vale la pena defender incluso cuando resultan incómodas. No porque sean de izquierda o de derecha, sino porque hacen posible que existan todas las demás. La libertad de pensar. La libertad de leer. La libertad de amar. La libertad de sentir. La libertad de decir “no estoy de acuerdo”. Son ideas frágiles. La historia demuestra que nunca desaparecen de golpe; se erosionan lentamente, una concesión a la vez, una prohibición razonable a la vez, una excepción bien intencionada a la vez. Quizá por eso merecen ser defendidas con tanta convicción como se defendieron alguna vez las plazas o las fronteras.

Roberto Bolaño desconfiaba de las personas demasiado buenas. Siempre me pareció una intuición brillante. Los monstruos rara vez se presentan como monstruos; suelen llegar convencidos de ser la gente más decente de la habitación. Lo demasiado bueno termina siendo peligrosamente lejano de lo humano. Y cuando alguien cree representar el bien absoluto, la conversación deja de tener sentido. Sólo queda la pedagogía de la prohibición.

Por eso me resulta tan sugerente que Dua Lipa haya impulsado una biblioteca dedicada exclusivamente a libros censurados. El gesto importa porque recuerda algo elemental: una democracia no se mide por los libros que celebra, sino por los libros que tolera aunque le resulten incómodos.

Así que quisiera proponer un pequeño acto de desobediencia intelectual.

Leamos a los censurados. Leamos a los condenados.

Leamos a quienes una iglesia quiso esconder, a quienes un emperador quiso borrar, a quienes una dictadura prohibió y también a quienes una multitud decidió cancelar.

No para darles la razón. No para absolverlos. Sino para conservar intacto el derecho más importante que tiene un lector: decidir por sí mismo.

Después de todo, la mejor reseña de un libro nunca ha sido una faja editorial ni un premio literario.

Es descubrir que, en algún momento de la historia, alguien con suficiente poder sintió la necesidad de esconderlo.

Porque toda censura termina siendo una confesión involuntaria.

No habla de la peligrosidad de un libro.

Habla de la fragilidad de quien necesita prohibirlo.

La organización habla de posibles irregularidades en contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todos estos hechos fueron puestos al conocimiento de los órganos de control para que investiguen y emitan los fallos correspondientes, en el caso de encontrar mérito, otorgando el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.

“No puede ser que en plena Ley de Garantías a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares, eso no tiene presentación”, dijo Luis Miguel Marimon, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

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Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La neutralidad en política y la responsabilidad ética

Es indudable que las formas del presidente Gustavo Petro se alejan de la diplomacia tradicional. A muchos analistas les habría complacido que, en lugar de calificar de «fascistas» a quienes disienten de sus reformas, el mandatario recurriera a una pedagogía más persuasiva y rigurosa. Habría sido más eficaz argumentar ante las Cortes, por ejemplo, los elevados costos sociales de ciertos fallos judiciales. Sin embargo, el presidente no opta por la moderación verbal, y sus opositores —el establecimiento tradicional— tampoco se caracterizan por una actitud puramente altruista. Ante posturas rígidamente dogmáticas, el debate político suele perder su altura.

Con todo, conviene analizar los hechos con objetividad: más allá de una vehemencia que a menudo tensiona el ambiente, el Gobierno ha operado dentro de los límites de la arquitectura institucional. Las Cortes, el Congreso, el Banco de la República y los medios de comunicación ejercen sus funciones y posturas con plena independencia. Existe una evidente tensión democrática, pero las instituciones republicanas permanecen sólidas.

Si se contrastan los datos y la retórica se podrá hacer una mejor valoración.

Se afirma con frecuencia que la política de «paz total» es un fracaso absoluto, soslayando que la búsqueda de la paz no es un capricho gubernamental, sino un mandato constitucional explícito. Por otro lado, los indicadores económicos recientes sugieren un panorama que merece un análisis desapasionado:

• Inflación: Mostró una senda de descenso del 11% a niveles cercanos al 5.1%.

• Empleo: El desempleo retornó a un dígito.

• Tasa de cambio: Se observa una estabilización significativa del peso frente al dólar.

Estas variables convivieron con medidas de redistribución social, como el ajuste del salario mínimo, incluido el muy merecido y que tantos ignorábamos de la fuerza pública, la restauración de garantías laborales en materia de horas extras, festivos y dominicales; la remuneración a los practicantes del Sena y el fortalecimiento de subsidios a sectores vulnerables. Más allá de las naturales discrepancias entre tecnócratas y reformistas, estas decisiones no han quebrado la estabilidad de la República.

El dilema del centro político que despierta mayor preocupación ética es su inclinación hacia el voto en blanco o la neutralidad.

En la ciencia la neutralidad es una virtud metodológica; en la deliberación democrática, cuando los modelos de país en disputa son diametralmente opuestos, la neutralidad puede convertirse en una omisión de responsabilidad.

La elección actual no se da entre dos opciones equivalentes. Por un lado, se presenta la continuidad de un proyecto reformista institucional; por el otro, una alternativa de corte populista e histriónico, cuyo discurso carece de rigor técnico y coquetea con la desinstitucionalización.

Mantenerse al margen ante este escenario no constituye una postura intelectualmente superior; es, más bien, una abdicación del juicio crítico.

El recordado magistrado Andrés Nanclares Arango solía señalar, con su lucidez característica, los riesgos éticos de alinearse con el retroceso social por mera conveniencia. No parece razonable que un sector de la intelectualidad del país, por simple fatiga o rechazo estético hacia las formas del presidente, termine pavimentando el camino a opciones que debilitan el Estado Social de Derecho.

Siempre hay que invitar a la ponderación, y es evidente que el Pacto Histórico enfrenta serios desafíos y contradicciones, particularmente en la gestión pública y en la lucha contra la corrupción, un mal estructural que el país no ha logrado eliminar. No obstante, en materia de garantías civiles hay un dato de gran valor ético: la directriz presidencial de evitar la represión violenta de la protesta social. Este hecho, evaluado desde una perspectiva humanista, ha salvado vidas y debería ser valorado por la comunidad académica y científica.

No es momento para la indiferencia. Cuando los ciudadanos nos enfrentamos a dilemas de esta magnitud, la neutralidad puede operar como una forma pasiva de complicidad con el retroceso. Es necesario invitar a líderes de opinión y referentes políticos como nuestro Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Angélica Lozano, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Alejandro Gaviria a deponer el cálculo estratégico y asumir una postura clara en favor de la estabilidad social y democrática. Al final, la viabilidad de una sociedad se mide por su capacidad de priorizar el bienestar de sus miembros más vulnerables.

La construcción de un país más justo requiere de compromisos firmes, no de silencios elocuentes. Esa frase traída a cuento por uno de los candidatos desde Mexico no solo es bella, sino también verdadera, “Por el bien de todos, ¡primero los pobres!”

Y tu amigo lector, qué artículo le propondrías a alguno de tus columnistas preferidos.

siyofuera777@gmail.com

Aunque es pertinente señalar que este marchitamiento institucional no es exclusivo de los escenarios diplomáticos —pues hemos visto cómo otras carteras han sufrido una alarmante fuga de capacidades técnicas, una realidad de la que me ocuparé en futuras entradas—, hoy resulta imperativo poner la lupa exclusivamente sobre el Palacio de San Carlos. Allí ha primado una diplomacia de micrófono, dominada por discursos altamente ideologizados que se agotan en su propia retórica y han dejado a la deriva a una de las instituciones más críticas para la proyección y la seguridad de la nación.

La política exterior colombiana ha caído en la trampa del activismo gubernamental, sacrificando en el camino la institucionalidad y la visión de Estado y el respeto por el mérito. Allí, hemos visto cómo, de manera sistemática, embajadas y consulados se han convertido en moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos, ignorando la necesidad de privilegiar trayectorias diplomáticas y capacidades técnicas y profesionales. Esta es, particularmente,  una realidad que ha encendido las alarmas de los propios expertos y de quienes sostienen el ministerio por dentro.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), su dirigencia ha tenido que salir al paso no solo para rechazar los proyectos que buscan reducir los requisitos para nombrar diplomáticos, sino para exigir que se detengan las insubsistencias masivas de personal capacitado. Como bien lo ha señalado el sindicato ante las afirmaciones estigmatizantes del Ejecutivo: la carrera diplomática no se hereda ni es de una rosca, se gana por concurso público. A esto se suman los constantes y vergonzosos fallos del Consejo de Estado, que ha tenido que anular un sinnúmero de nombramientos por la flagrante ausencia de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Cuando la dirección de una entidad se enfoca casi exclusivamente en sostener una narrativa ideológica, la base operativa, por supuesto, colapsa. Uno de los ejemplos de esta parálisis administrativa ha sido la crisis de los pasaportes. Más allá de si la expedición de las libretas logra estabilizarse a tropezones, lo que durante años operó como un modelo de eficiencia estatal fue sometido a un nudo ciego de improvisación jurídica, advertido repetidamente por la Contraloría y la Procuraduría. El país presenció una escena, a todas luces, preocupante: la enorme exposición a demandas millonarias derivadas de la accidentada salida de Thomas Greg & Sons, el letargo de la Imprenta Nacional para asumir un proceso técnico complejo y la limitada capacidad de maniobra internacional en la coyuntura. Esta debacle es la radiografía perfecta de lo que ocurre cuando se subordina el rigor técnico y la planeación al capricho político de turno.

A nivel internacional, el costo de esta improvisación es incalculable. Al supeditar nuestras relaciones internacionales a las afinidades ideológicas de turno, Colombia ha ido cediendo aceleradamente en su estatus histórico de país serio y líder en los escenarios multilaterales. Una Cancillería desprovista de su cuerpo técnico pierde la memoria institucional necesaria para navegar crisis complejas. Por ello, el diagnóstico del desastre debe dar paso urgente a la hoja de ruta de la reconstrucción. El próximo presidente heredará un ministerio profundamente golpeado y la política exterior del próximo cuatrienio requerirá una agenda de choque, contundente y audaz, para devolverle a la diplomacia su carácter de Estado.

El pilar fundacional de esta hoja de ruta debe ser la consagración de la política exterior colombiana como una verdadera política de Estado, completamente blindada ante los ánimos y vaivenes del gobierno de turno. Aunque la Cancillería cuenta en su base con un cuerpo de planta sumamente capaz, riguroso y preparado, la ausencia histórica de un marco inviolable a largo plazo fue la grieta que permitió el preocupante escenario actual. Fue precisamente esa falta de lineamientos estrictos lo que permitió que la diplomacia cediera en su operatividad técnica y tomara cada vez más espacio la legitimación ideológica de las erráticas decisiones internacionales del Ejecutivo. Esa vulnerabilidad institucional debe cerrarse definitivamente. Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo con cada ciclo electoral; se requiere un consenso que fije líneas rojas que ningún mandatario pueda cruzar.

Con ese blindaje institucional como base, la primera tarea es rectificar de inmediato del rumbo geopolítico, empezando por recomponer y madurar nuestra relación con los Estados Unidos. La próxima administración debe desterrar la retórica anacrónica que reduce nuestro vínculo con Washington a un antagonismo ideológico. Necesitamos una diplomacia pragmática que reconozca a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, elevando la agenda a temas de transición energética real, transferencia tecnológica y seguridad transnacional, sin complejos, pero, a la vez,  sin sumisiones. En esa misma línea, Colombia debe recuperar su vocación de liderazgo en América Latina. En este contexto, el próximo gobierno tendrá que retomar un rol de estabilización que impulse una integración basada en intereses comerciales, de infraestructura y de defensa democrática, y no en clubes políticos que se desmoronan con cada elección vecinal.

Pero la transformación más profunda debe darse, será, seguramente, de puertas para adentro: la política exterior colombiana tiene que dejar de ser un monopolio exclusivo de los pasillos diplomáticos en Bogotá. El próximo presidente debe apostar por una verdadera descentralización de la cooperación internacional y la interacción diplomática, instalando capacidades de base en los territorios. No se trata de permitir una diplomacia fragmentada, sino de dotar a las regiones de herramientas técnicas y de negociación para que asuman un rol protagónico en la diplomacia pública. Los territorios deben ser capaces de salir al mundo para gestionar recursos, buscar mercados y forjar alianzas directas.

Ya existen ejemplos tangibles de esta visión que demuestran que no es una utopía académica. Un caso verdaderamente emblemático y cercano es el de la Universidad del Quindío, que ha asumido con éxito un rol inédito como agencia de diplomacia pública. Al conectar el conocimiento con las necesidades de su entorno territorial, la institución se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión entre el mundo y la región. A través de la gestión de proyectos de cooperación internacional, dicha institución ha demostrado que cuando se instalan capacidades técnicas a nivel local, se abren puertas de desarrollo que la burocracia centralizada suele ignorar. Este modelo de articulación, en el que la academia se convierte en el motor de la internacionalización regional, es una fórmula que el Estado podría replicar en todo el país.

El desafío que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño es enorme, pero la reconstrucción es posible porque no se parte de cero. En la Cancillería permanece una base profesional seria, rigurosa y comprometida: diplomáticos de carrera que, incluso en medio de la incertidumbre institucional, han contribuido a sostener la continuidad del servicio exterior colombiano. Ese capital humano debe ser el punto de partida para reconstruir la entidad. Recomponer la Cancillería no significa únicamente restituir el valor de la carrera diplomática y consular —aunque ello es indispensable y debe contar con garantías estatutarias sólidas—. También implica recuperar una visión de Estado que entienda la diplomacia como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, capaz de proyectar al país con coherencia, previsibilidad y sentido territorial. Solo sobre la base del mérito, de la experiencia técnica y de una orientación internacional seria, Colombia podrá dejar atrás la improvisación y recuperar una voz respetada, confiable y protagónica en el escenario global.

El Caribe colombiano es, no por casualidad, una de las regiones con más problemas en la prestación del servicio de salud del país. Pacientes sin cita. Hospitales sin giros. Ciudadanos esperando autorizaciones que nunca llegan. Gente enferma, gente muriendo, en la región más vulnerable de Colombia.

Coosalud EPS no le pertenece a Jaime González. La EPS es propiedad de una cooperativa cuyos dueños reales son miles de colombianos que aportaron sus ahorros confiando en el modelo solidario. Un macroinforme radicado en marzo de 2026 ante la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales lo describe con precisión. Y para entenderlo no hace falta ser abogado.

Imagínelo así. Usted tiene una deuda con el banco. En lugar de pagarla, la convierte mediante un documento contable en una inversión. En el papel ya no debe nada. La deuda desapareció. Pero la plata real, no. Eso es lo que describe el macroinforme: deudas de la EPS fueron transformadas contablemente en inversiones, obligaciones de la empresa terminaron en los hombros de los cooperados, y un Fondo de Aportes Sociales que debía contener quince mil millones apareció con apenas quinientos cincuenta millones. La plata de los socios. Esfumada. Sin que nadie les pidiera autorización.

En 2025 el Gobierno Nacional actuó. La Supersolidaria intervino la Cooperativa. Supersalud intervino la EPS. Entonces ocurrió algo difícil de explicar. Un tribunal de Bolívar ordenó levantar la intervención sobre la EPS y se la entregó con nombre propio a Jaime González. Con nombre propio.

Esa expresión no es retórica: en el fallo aparece su nombre escrito, lo cual deja, como mínimo, una sospecha legítima sobre el juez que decidió hacerlo. Volvió al cargo. Y durante semanas bloqueó sistemáticamente la convocatoria de una asamblea de accionistas, a pesar de que el Estado colombiano controla el 94% de las acciones. Fue necesaria una orden expresa de la Superintendencia de Sociedades para que esa asamblea finalmente ocurriera. Ocurrió esta semana. Hay nueva junta. El miércoles se elige nuevo gerente.

Por eso esta columna termina siendo un llamado directo. Al tribunal de Bolívar. A los jueces del Caribe colombiano. Porque hay que decirlo con todas las letras: Jaime González, con su riqueza acumulada, puede contratar grandes bufetes de abogados que en la práctica terminan enredando los procesos, y porque no, colocando las decisiones a su favor. Esa es una realidad que el país conoce y que la región Caribe ha vivido más que cualquier otra.

El llamado es simple. No se presten para sostener monopolios privados disfrazados de gestión cooperativa. No se presten para devolverle la corona a quien ya demostró que el sistema de salud del Caribe, bajo su administración, no funciona para los enfermos sino para sus propios intereses. Porque mientras los abogados litigan en oficinas refrigeradas, en los pueblos del Bolívar profundo, en los corregimientos del Magdalena, en las veredas de córdoba y sincelejo y en los barrios populares de Cartagena y Barranquilla, hay gente esperando una cita que no llega. Hay gente muriendo por una autorización que nunca firmaron. Esa gente merece que las instituciones del país, todas, incluida la justicia regional, estén de su lado.

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Los delitos de cuello blanco en Colombia, no ocurren por falta de leyes. De hecho, suelen aparecer en sectores altamente regulados, donde existen manuales, auditorías y protocolos de cumplimiento.

El verdadero problema está en otro lugar: la falsa sensación de control.

Muchas organizaciones cumplen formalmente con los requisitos del regulador, pero no transforman su cultura interna de prevención de riesgos. El compliance existe en el papel, pero no en la toma real de decisiones.

Por eso, entender el derecho penal económico exige ir más allá del Código Penal. También implica analizar cómo se construyen las decisiones empresariales que terminan generando responsabilidad penal.

Caso InterBolsa

El caso de InterBolsa no fue solamente una manipulación del mercado financiero.

En esencia, fue una falla grave en la gestión del riesgo de liquidez disfrazada de sofisticación financiera.

Las operaciones repo sobre acciones de Fabricato no eran ilegales por sí mismas. El problema fue su uso repetitivo para sostener artificialmente el precio del activo y alterar el mercado.

Aquí entraron en juego delitos como:

• Manipulación fraudulenta de especies inscritas (artículo 317 del Código Penal)
• Abuso de confianza calificado (artículo 250 del Código Penal)

Sin embargo, el verdadero fallo estuvo en la gobernanza interna. Los órganos de control no detectaron a tiempo cuándo una práctica aparentemente legal estaba cruzando el límite penal.

Muchos comités de riesgo existen, pero no tienen independencia real ni capacidad efectiva de frenar decisiones peligrosas.

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Saludcoop: cuando lo legal se usa para ocultar lo irregular

Uno de los delitos de cuello blanco más sonado, fue el de Saludcoop, presentó una situación aún más compleja.

Se trató de la apropiación de recursos públicos destinados a la salud mediante estructuras empresariales que aparentaban total legalidad.

Contratos entre empresas del mismo grupo, reasignaciones presupuestales y decisiones financieras dificultaron distinguir entre una gestión administrativa legítima y un posible peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal).

El problema no fue solamente quién tomó la decisión, sino que el sistema permitió que esa apropiación pareciera una simple decisión gerencial.

Cuando no existe trazabilidad real sobre el destino de los recursos públicos, el control siempre llega tarde.

Caso Odebrecht

Reducir Odebrecht a un simple caso de cohecho sería simplificar demasiado el problema.

Sí existieron delitos como:

• Cohecho (artículos 405 y siguientes)
• Celebración indebida de contratos (artículo 410)

Pero la falla estructural estuvo antes: en la debida diligencia insuficiente tanto del sector público como del privado.

Durante años, la discusión se concentró en funcionarios públicos, pero poco se analizó el papel de intermediarios financieros, estructuradores y asesores que hicieron posible la operación.

El delito no siempre nace en la firma del contrato. Muchas veces comienza en el diseño mismo del negocio.

El verdadero riesgo penal está en las pequeñas decisiones

Nadie se levanta un día diciendo: “voy a delinquir”.

En la mayoría de los casos, el delito aparece como resultado de múltiples pequeñas decisiones toleradas, justificadas o simplemente ignoradas.

Ese es uno de los grandes retos del derecho penal económico moderno: la responsabilidad no siempre está en una sola persona, sino en estructuras completas de decisión empresarial.

Por eso, el análisis penal no puede limitarse a buscar culpables individuales. También debe revisar cómo funciona la organización.

El compliance no sirve si solo está en el manual

La principal lección es clara: el cumplimiento formal no previene delitos de cuello blanco. En muchos casos, incluso los encubre.

Tener manuales, políticas internas o protocolos no basta si no existe una verdadera cultura de prevención.

El compliance no debe ser un requisito para mostrar al regulador, sino una herramienta real para tomar mejores decisiones.

Ahí está el verdadero valor del abogado penalista económico: no solo defender cuando el problema ya explotó, sino anticipar los riesgos antes de que se conviertan en un proceso penal.

Porque cuando llega el derecho penal, normalmente ya es demasiado tarde.

¿Su empresa tiene un verdadero sistema de prevención penal o solo un manual de cumplimiento? La diferencia puede definir el futuro patrimonial y reputacional de toda la organización.

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