“… que carajo, si al fin y al cabo cuando yo me muera volverán los políticos a repartirse esta vaina como en los tiempos de los godos, ya lo verán, decía, se volverán a repartir todo entre los cura, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, por supuesto, porque ésos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo…”: Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca.

Napoleón Bonaparte medía 1,68… pero era Napoleón.

El devastador reportaje “El exilio nos alcanza” —publicado por el diario salvadoreño El Faro y galardonado con el Premio Gabo 2026— no es solo un retrato del horror local; es el libro de las revelaciones de un futuro sombrío que amenaza con extenderse por América Latina. La historia documenta la embestida de regímenes de extrema derecha que, para colmo, cuentan con la complacencia de Donald Trump, el poco carismático líder global que gestiona la política con caja registradora en mano. Otros usan, además, la Biblia; así, dinero y religión configuran las nuevas armas.

La galardonada historia de El Faro está llena de advertencias, leerla se hace necesario. 

Tan obsesionados con el poder empresarial como Trump resultan ser Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina y Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, quien ya nombró gerente para Bogotá, una ciudad con alcalde elegido por voto popular, como las demás.

Nuestra nación está obligada a mirarse en el espejo salvadoreño, esa pequeña nación cuya población cabría dos veces en Bogotá. El reflejo es alarmante: en nuestro continente se incuba una nueva camada de “napoleoncitos tropicales”, acaso idénticos al decrépito y despótico gobernante que inmortalizó Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca.

Son caudillos dispuestos a descarrilar el Estado de derecho y barrer con las libertades civiles con tal de silenciar o “quitar del medio” a cualquiera que ose cuestionarlos. En este Apocalipsis moderno, la impunidad es la norma y la prensa libre -esa incomodísima costumbre de hacer preguntas incómodas al poder- se convierte en la mayor alergia del régimen.  

Napoleón Bonaparte concentró todo el poder en su figura: amordazó a la prensa, persiguió ferozmente a la oposición, desplegó una temible policía secreta y en 1804 se autocoronó emperador. En nuestros días, la táctica es peligrosamente similar y más cínica: basta con manipular arbitrariamente los articulitos de la Constitución para perpetuarse en el cargo, tal como lo ejecutó Bukele para garantizar su reelección.  

Por lo pronto, De La Espriella anunció que tiene lista la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia; más nadie sabe si existe un plan de largo plazo para que la Puerta de Oro sea la nueva sede oficial del Ejecutivo.

El minucioso relato de El Faro, firmado por los hermanos Óscar y Carlos Martínez, desnuda la crudeza de un régimen que estrangula las garantías básicas y fuerza el éxodo masivo de periodistas y defensores de derechos humanos:  

«Con los días, más colegas de El Faro y de otros medios llegaron a Guatemala. Algunos, calculando que si no habían podido agarrar a los del vuelo 638 quizá la dictadura intentaría con ellos; otros, porque vieron patrullas merodear sus casas o policías tocar sus puertas con preguntas inverosímiles: “Tenemos reporte de que se han robado un carro, ¿quiénes viven aquí?”; otros, porque directamente recibieron la llamada de una fuente de confianza: “salga de su casa, esta noche van por usted”».

El reportaje expone la brutalidad cotidiana del aparato estatal, donde la agresión física contra la prensa es celebrada por bodegas digitales:  

«Jorge Beltrán Luna fue el primer periodista salvadoreño en experimentar en la propia piel —en concreto la piel que rodea la cara— el sentido de impunidad de la Policía de Bukele frente a la prensa: un subinspector de la Policía, molesto por la presencia de Jorge en una escena del crimen, le metió una cachetada con el propósito simple y pedestre de que se fuera, de que no viera, de que no estuviera. (…) Ocurrió, así que el golpe quedó registrado en video y luego denunciado en las redes sociales de El Diario de Hoy. No pasó nada. Nadie se disculpó y más bien un enjambre de troles aplaudieron y celebraron el hecho, pidiendo más».

La persecución no solo utiliza la fuerza bruta, sino el acoso judicial para asfixiar la labor informativa y censurar contenidos mediante fallos hechos a la medida:  

«En enero de 2022, Jorge retomó un reportaje publicado en la revista mexicana Proceso, en la que se vinculaba a Jacobo Fauster como parte de un entramado de empresas israelíes que habían vendido a gobiernos mexicanos equipos para espiar a periodistas y opositores. Fauster es padrastro del director de inteligencia de El Salvador, Peter Dumas. Un año después de la publicación, Fauster demandó a Jorge y a su medio, El Diario de Hoy, y exigió 5 millones de dólares de cada uno, alegando “daños morales”… Una jueza desestimó la solicitud económica, pero exigió al periódico bajar la nota de su sitio de internet y de sus redes sociales. Otra raya para el tigre».

El miedo constante redibuja la vida cotidiana de quienes insisten en informar, transformando la rutina periodística en un estado permanente de fuga:  

«El Nuevo es un veterano periodista y sujeto meticuloso y ordenado. Previsor. El 15 de septiembre de 2021 Nayib Bukele se felicitó a sí mismo por no haber usado gas lacrimógeno contra una marcha de protesta y agregó “…por ahora”. Entonces El Nuevo, buen entendedor, hizo una maleta básica de la que no se despegaba nunca por si el dictador padecía un súbito brote psicótico y ese brote lo pillaba a él en la calle… El sábado 7 de junio la olvidó y la echó de menos cuando alguien le avisó que había patrullas policiales merodeando su casa. Desde entonces anduvo a salto de mata, entre lugares de amigos, con el teléfono apagado. No era el primer susto, pero el momento no era el mejor para hacerse el loco con esas patrullas sospechosas, o con esa Cherokee sin placas y vidrios oscuros parqueada frente a su vivienda».

Las advertencias sobre las réplicas de este modelo en la región no son infundadas. El presidente electo Abelardo De La Espriella ya ha dado luces sobre el inicio de contactos con la administración de Bukele. Ojalá esas alianzas se limiten estrictamente al plano comercial y no trasciendan hacia el intercambio de tácticas autoritarias.

No en vano, análisis internacionales como los de la BBC cuestionan la adopción del “modelo Bukele” en países como Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa. A pesar de la militarización, la construcción de megacárceles y los prolongados estados de excepción, la violencia no ha cedido y las violaciones a los derechos humanos se multiplican sin entregar soluciones verdaderas de seguridad.  

Ahora bien, según El País de España, Abelardo de la Espriella delegará a Washington su estrategia frente a Venezuela, donde hoy se gobierna bajo las órdenes de Donald Trump. Entonces, es válido preguntarse si Marco Rubio, el secretario de Estado que supervisa las decisiones claves del vecino país, ejercerá también algún tipo de control sobre Colombia o, mejor, qué otras tareas le dejará a cargo el presidente electo a Estados Unidos.

Lo que está pasando en El Salvador nos pone en preaviso: sabemos con precisión cuándo y cómo comienzan los regímenes autoritarios, pero nadie puede predecir su fecha de caducidad. Frente a este panorama, a Colombia solo le queda confiar en que sus altas instituciones —la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado— actúen como un muro inquebrantable que blinde nuestra maltrecha democracia.

¿Seremos capaces de impedir que emerjan megalómanos dispuestos a destripar la Constitución, pisotear las libertades fundamentales y condenarnos a la larga noche de la dictadura? Ningún adivino puede saberlo pero, en todo caso, la prensa está advertida. 

Hay una escena que se repite con una puntualidad admirable: alguien convencido de que un libro es demasiado peligroso para circular libremente. Cambian los imperios, las sotanas, los uniformes y los algoritmos. Cambia incluso el vocabulario. Ya casi nadie habla de herejías; ahora se habla de contenidos sensibles. Pero el impulso sigue siendo exactamente el mismo: administrar la imaginación ajena.

El poder siempre ha sospechado de las bibliotecas. Y con razón. Una biblioteca es un lugar donde la autoridad pierde el monopolio de la conversación.

La historia de la censura es, en el fondo, la historia de gobernantes que sobreestimaron el poder de prohibir y subestimaron el de la curiosidad.

En 213 a. C., el primer emperador de China, Qin Shi Huang, ordenó quemar libros y enterrar vivos a centenares de eruditos confucianos. El objetivo era elegante en su brutalidad: si desaparecía el pasado, el presente sería incuestionable. Dos mil doscientos años después seguimos leyendo a Confucio. Del emperador apenas recordamos que le tenía miedo a los libros.

En 1559, la Iglesia publicó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de obras cuya lectura podía costarle a un católico algo más que una discusión familiar. Allí terminaron Copérnico, Galileo, Descartes, Voltaire, Rousseau, Kant y decenas de autores cuya mayor insolencia había sido pensar por cuenta propia. El índice sobrevivió más de cuatro siglos. Fue abolido en 1966. Los libros sobrevivieron bastante mejor.

La obsesión nunca fue únicamente religiosa. Las llamadas brujas no sólo fueron víctimas del delirio sobrenatural. Muchas eran mujeres que conservaban conocimientos sobre medicina, botánica, partos o anticoncepción fuera del control de las universidades, casi exclusivamente masculinas, y fuera del monopolio eclesiástico. El problema no era la escoba; era la autonomía. Toda autoridad desconfía de quien sabe algo que ella no certificó.

Después llegó la Revolución Francesa y el miedo cruzó el Atlántico hablando francés.

La Corona española comprendió muy temprano que una imprenta podía ser más subversiva que un cuartel. En la Nueva Granada, los funcionarios revisaban baúles, inspeccionaban cargamentos y perseguían traducciones. No era paranoia: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Paine y los enciclopedistas estaban enseñando algo insoportable para cualquier imperio: que la autoridad también podía discutirse.

Mientras los barcos transportaban cacao, tabaco y oro, entre sus tablas viajaban ejemplares clandestinos de El contrato social o de Los derechos del hombre. La independencia latinoamericana no empezó con un grito. Empezó con una lectura.

Hay una ironía deliciosa en todo esto: España logró controlar puertos, aduanas y periódicos, pero nunca consiguió controlar el acto más peligroso de todos. Un lector solo con una vela encendida.

La censura tiene además una virtud extraordinaria: envejece peor que aquello que intenta destruir.

Madame Bovary fue llevada a juicio por inmoral. Ulises fue declarado obsceno. Lolita fue prohibida en varios países. 1984 ha sido censurada tanto por gobiernos comunistas como por gobiernos anticomunistas, un privilegio reservado únicamente para los grandes libros: incomodar a bandos enemigos al mismo tiempo.

Quizá por eso desconfío de quienes imaginan la censura como una reliquia del siglo XX.

Hoy casi nadie necesita una hoguera. Es mucho más eficiente fabricar consenso. No hace falta prohibir un libro si puede convencerse a una editorial de no reeditarlo, a una universidad de no enseñarlo, a una plataforma de no recomendarlo o a miles de personas de que leerlo constituye una falta moral.

Es una censura infinitamente más sofisticada porque, además, consigue que quienes la ejercen crean estar ampliando libertades.

Las últimas dos décadas han perfeccionado una forma particularmente moderna de inquisición. Ya no siempre se queman libros; se queman reputaciones. Autores como J. K. Rowling, Woody Allen o Junot Díaz han terminado atrapados, por razones muy distintas entre sí, en un tribunal permanente donde el veredicto suele anteceder al juicio y la condena casi nunca admite apelación. No estoy diciendo que las críticas sean ilegítimas. Al contrario: toda figura pública debe poder ser cuestionada. Lo inquietante es otra cosa. Que cada vez con más frecuencia el objetivo no sea debatir una obra, sino volverla ilegible; no sea refutar una idea, sino convertirla en un objeto tóxico.

Las tribus contemporáneas han heredado un viejo reflejo inquisitorial: ya no preguntan qué escribió alguien, sino si todavía está permitido leerlo. Cambian los dogmas, pero permanece intacto el placer de confeccionar listas de autores permitidos y autores prohibidos. Toda época fabrica su propio Index; la nuestra tiene mejor diseño gráfico y conexión a internet.

Pienso en Woody Allen. Recomendar Cassandra’s Dream no equivale a emitir un fallo judicial sobre su director. Del mismo modo que leer a Céline no convierte a nadie en antisemita ni admirar a Caravaggio obliga a defender que asesinara a un hombre. Si sólo aceptáramos obras producidas por seres moralmente impecables, nuestras bibliotecas cabrían en una servilleta.

Y, sin embargo, tampoco me convence esa consigna tan repetida de “separemos la obra del autor”. Nunca he sabido muy bien qué significa. Las obras no caen del cielo; las escriben personas, con todas sus contradicciones, miserias, virtudes y zonas oscuras. Quizá la propuesta deba ser otra: no separar la obra del sujeto, sino dejar de exigir sujetos perfectos para poder acercarnos a una obra. La literatura, el cine y el arte son, entre muchas cosas, registros de la complejidad humana. Si esperamos impecabilidad moral como requisito para leer, terminaremos leyendo muy poco y entendiendo todavía menos.

Sujetos perfectos, hasta donde sé, sólo los ángeles.

Y todavía no conozco al primero.

Hablando de política, siempre me ha parecido que nos preocupan demasiado los individuos y demasiado poco las ideas. Discutimos nombres propios como si fueran el centro de la historia, cuando casi siempre son las ideas las que sobreviven a quienes las encarnan. Los caudillos pasan. Las ideologías mutan. Los partidos cambian de color. Pero las ideas permanecen.

Y hay ideas que vale la pena defender incluso cuando resultan incómodas. No porque sean de izquierda o de derecha, sino porque hacen posible que existan todas las demás. La libertad de pensar. La libertad de leer. La libertad de amar. La libertad de sentir. La libertad de decir “no estoy de acuerdo”. Son ideas frágiles. La historia demuestra que nunca desaparecen de golpe; se erosionan lentamente, una concesión a la vez, una prohibición razonable a la vez, una excepción bien intencionada a la vez. Quizá por eso merecen ser defendidas con tanta convicción como se defendieron alguna vez las plazas o las fronteras.

Roberto Bolaño desconfiaba de las personas demasiado buenas. Siempre me pareció una intuición brillante. Los monstruos rara vez se presentan como monstruos; suelen llegar convencidos de ser la gente más decente de la habitación. Lo demasiado bueno termina siendo peligrosamente lejano de lo humano. Y cuando alguien cree representar el bien absoluto, la conversación deja de tener sentido. Sólo queda la pedagogía de la prohibición.

Por eso me resulta tan sugerente que Dua Lipa haya impulsado una biblioteca dedicada exclusivamente a libros censurados. El gesto importa porque recuerda algo elemental: una democracia no se mide por los libros que celebra, sino por los libros que tolera aunque le resulten incómodos.

Así que quisiera proponer un pequeño acto de desobediencia intelectual.

Leamos a los censurados. Leamos a los condenados.

Leamos a quienes una iglesia quiso esconder, a quienes un emperador quiso borrar, a quienes una dictadura prohibió y también a quienes una multitud decidió cancelar.

No para darles la razón. No para absolverlos. Sino para conservar intacto el derecho más importante que tiene un lector: decidir por sí mismo.

Después de todo, la mejor reseña de un libro nunca ha sido una faja editorial ni un premio literario.

Es descubrir que, en algún momento de la historia, alguien con suficiente poder sintió la necesidad de esconderlo.

Porque toda censura termina siendo una confesión involuntaria.

No habla de la peligrosidad de un libro.

Habla de la fragilidad de quien necesita prohibirlo.

La organización habla de posibles irregularidades en contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todos estos hechos fueron puestos al conocimiento de los órganos de control para que investiguen y emitan los fallos correspondientes, en el caso de encontrar mérito, otorgando el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.

“No puede ser que en plena Ley de Garantías a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares, eso no tiene presentación”, dijo Luis Miguel Marimon, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

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Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La neutralidad en política y la responsabilidad ética

Es indudable que las formas del presidente Gustavo Petro se alejan de la diplomacia tradicional. A muchos analistas les habría complacido que, en lugar de calificar de «fascistas» a quienes disienten de sus reformas, el mandatario recurriera a una pedagogía más persuasiva y rigurosa. Habría sido más eficaz argumentar ante las Cortes, por ejemplo, los elevados costos sociales de ciertos fallos judiciales. Sin embargo, el presidente no opta por la moderación verbal, y sus opositores —el establecimiento tradicional— tampoco se caracterizan por una actitud puramente altruista. Ante posturas rígidamente dogmáticas, el debate político suele perder su altura.

Con todo, conviene analizar los hechos con objetividad: más allá de una vehemencia que a menudo tensiona el ambiente, el Gobierno ha operado dentro de los límites de la arquitectura institucional. Las Cortes, el Congreso, el Banco de la República y los medios de comunicación ejercen sus funciones y posturas con plena independencia. Existe una evidente tensión democrática, pero las instituciones republicanas permanecen sólidas.

Si se contrastan los datos y la retórica se podrá hacer una mejor valoración.

Se afirma con frecuencia que la política de «paz total» es un fracaso absoluto, soslayando que la búsqueda de la paz no es un capricho gubernamental, sino un mandato constitucional explícito. Por otro lado, los indicadores económicos recientes sugieren un panorama que merece un análisis desapasionado:

• Inflación: Mostró una senda de descenso del 11% a niveles cercanos al 5.1%.

• Empleo: El desempleo retornó a un dígito.

• Tasa de cambio: Se observa una estabilización significativa del peso frente al dólar.

Estas variables convivieron con medidas de redistribución social, como el ajuste del salario mínimo, incluido el muy merecido y que tantos ignorábamos de la fuerza pública, la restauración de garantías laborales en materia de horas extras, festivos y dominicales; la remuneración a los practicantes del Sena y el fortalecimiento de subsidios a sectores vulnerables. Más allá de las naturales discrepancias entre tecnócratas y reformistas, estas decisiones no han quebrado la estabilidad de la República.

El dilema del centro político que despierta mayor preocupación ética es su inclinación hacia el voto en blanco o la neutralidad.

En la ciencia la neutralidad es una virtud metodológica; en la deliberación democrática, cuando los modelos de país en disputa son diametralmente opuestos, la neutralidad puede convertirse en una omisión de responsabilidad.

La elección actual no se da entre dos opciones equivalentes. Por un lado, se presenta la continuidad de un proyecto reformista institucional; por el otro, una alternativa de corte populista e histriónico, cuyo discurso carece de rigor técnico y coquetea con la desinstitucionalización.

Mantenerse al margen ante este escenario no constituye una postura intelectualmente superior; es, más bien, una abdicación del juicio crítico.

El recordado magistrado Andrés Nanclares Arango solía señalar, con su lucidez característica, los riesgos éticos de alinearse con el retroceso social por mera conveniencia. No parece razonable que un sector de la intelectualidad del país, por simple fatiga o rechazo estético hacia las formas del presidente, termine pavimentando el camino a opciones que debilitan el Estado Social de Derecho.

Siempre hay que invitar a la ponderación, y es evidente que el Pacto Histórico enfrenta serios desafíos y contradicciones, particularmente en la gestión pública y en la lucha contra la corrupción, un mal estructural que el país no ha logrado eliminar. No obstante, en materia de garantías civiles hay un dato de gran valor ético: la directriz presidencial de evitar la represión violenta de la protesta social. Este hecho, evaluado desde una perspectiva humanista, ha salvado vidas y debería ser valorado por la comunidad académica y científica.

No es momento para la indiferencia. Cuando los ciudadanos nos enfrentamos a dilemas de esta magnitud, la neutralidad puede operar como una forma pasiva de complicidad con el retroceso. Es necesario invitar a líderes de opinión y referentes políticos como nuestro Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Angélica Lozano, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Alejandro Gaviria a deponer el cálculo estratégico y asumir una postura clara en favor de la estabilidad social y democrática. Al final, la viabilidad de una sociedad se mide por su capacidad de priorizar el bienestar de sus miembros más vulnerables.

La construcción de un país más justo requiere de compromisos firmes, no de silencios elocuentes. Esa frase traída a cuento por uno de los candidatos desde Mexico no solo es bella, sino también verdadera, “Por el bien de todos, ¡primero los pobres!”

Y tu amigo lector, qué artículo le propondrías a alguno de tus columnistas preferidos.

siyofuera777@gmail.com

Aunque es pertinente señalar que este marchitamiento institucional no es exclusivo de los escenarios diplomáticos —pues hemos visto cómo otras carteras han sufrido una alarmante fuga de capacidades técnicas, una realidad de la que me ocuparé en futuras entradas—, hoy resulta imperativo poner la lupa exclusivamente sobre el Palacio de San Carlos. Allí ha primado una diplomacia de micrófono, dominada por discursos altamente ideologizados que se agotan en su propia retórica y han dejado a la deriva a una de las instituciones más críticas para la proyección y la seguridad de la nación.

La política exterior colombiana ha caído en la trampa del activismo gubernamental, sacrificando en el camino la institucionalidad y la visión de Estado y el respeto por el mérito. Allí, hemos visto cómo, de manera sistemática, embajadas y consulados se han convertido en moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos, ignorando la necesidad de privilegiar trayectorias diplomáticas y capacidades técnicas y profesionales. Esta es, particularmente,  una realidad que ha encendido las alarmas de los propios expertos y de quienes sostienen el ministerio por dentro.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), su dirigencia ha tenido que salir al paso no solo para rechazar los proyectos que buscan reducir los requisitos para nombrar diplomáticos, sino para exigir que se detengan las insubsistencias masivas de personal capacitado. Como bien lo ha señalado el sindicato ante las afirmaciones estigmatizantes del Ejecutivo: la carrera diplomática no se hereda ni es de una rosca, se gana por concurso público. A esto se suman los constantes y vergonzosos fallos del Consejo de Estado, que ha tenido que anular un sinnúmero de nombramientos por la flagrante ausencia de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Cuando la dirección de una entidad se enfoca casi exclusivamente en sostener una narrativa ideológica, la base operativa, por supuesto, colapsa. Uno de los ejemplos de esta parálisis administrativa ha sido la crisis de los pasaportes. Más allá de si la expedición de las libretas logra estabilizarse a tropezones, lo que durante años operó como un modelo de eficiencia estatal fue sometido a un nudo ciego de improvisación jurídica, advertido repetidamente por la Contraloría y la Procuraduría. El país presenció una escena, a todas luces, preocupante: la enorme exposición a demandas millonarias derivadas de la accidentada salida de Thomas Greg & Sons, el letargo de la Imprenta Nacional para asumir un proceso técnico complejo y la limitada capacidad de maniobra internacional en la coyuntura. Esta debacle es la radiografía perfecta de lo que ocurre cuando se subordina el rigor técnico y la planeación al capricho político de turno.

A nivel internacional, el costo de esta improvisación es incalculable. Al supeditar nuestras relaciones internacionales a las afinidades ideológicas de turno, Colombia ha ido cediendo aceleradamente en su estatus histórico de país serio y líder en los escenarios multilaterales. Una Cancillería desprovista de su cuerpo técnico pierde la memoria institucional necesaria para navegar crisis complejas. Por ello, el diagnóstico del desastre debe dar paso urgente a la hoja de ruta de la reconstrucción. El próximo presidente heredará un ministerio profundamente golpeado y la política exterior del próximo cuatrienio requerirá una agenda de choque, contundente y audaz, para devolverle a la diplomacia su carácter de Estado.

El pilar fundacional de esta hoja de ruta debe ser la consagración de la política exterior colombiana como una verdadera política de Estado, completamente blindada ante los ánimos y vaivenes del gobierno de turno. Aunque la Cancillería cuenta en su base con un cuerpo de planta sumamente capaz, riguroso y preparado, la ausencia histórica de un marco inviolable a largo plazo fue la grieta que permitió el preocupante escenario actual. Fue precisamente esa falta de lineamientos estrictos lo que permitió que la diplomacia cediera en su operatividad técnica y tomara cada vez más espacio la legitimación ideológica de las erráticas decisiones internacionales del Ejecutivo. Esa vulnerabilidad institucional debe cerrarse definitivamente. Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo con cada ciclo electoral; se requiere un consenso que fije líneas rojas que ningún mandatario pueda cruzar.

Con ese blindaje institucional como base, la primera tarea es rectificar de inmediato del rumbo geopolítico, empezando por recomponer y madurar nuestra relación con los Estados Unidos. La próxima administración debe desterrar la retórica anacrónica que reduce nuestro vínculo con Washington a un antagonismo ideológico. Necesitamos una diplomacia pragmática que reconozca a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, elevando la agenda a temas de transición energética real, transferencia tecnológica y seguridad transnacional, sin complejos, pero, a la vez,  sin sumisiones. En esa misma línea, Colombia debe recuperar su vocación de liderazgo en América Latina. En este contexto, el próximo gobierno tendrá que retomar un rol de estabilización que impulse una integración basada en intereses comerciales, de infraestructura y de defensa democrática, y no en clubes políticos que se desmoronan con cada elección vecinal.

Pero la transformación más profunda debe darse, será, seguramente, de puertas para adentro: la política exterior colombiana tiene que dejar de ser un monopolio exclusivo de los pasillos diplomáticos en Bogotá. El próximo presidente debe apostar por una verdadera descentralización de la cooperación internacional y la interacción diplomática, instalando capacidades de base en los territorios. No se trata de permitir una diplomacia fragmentada, sino de dotar a las regiones de herramientas técnicas y de negociación para que asuman un rol protagónico en la diplomacia pública. Los territorios deben ser capaces de salir al mundo para gestionar recursos, buscar mercados y forjar alianzas directas.

Ya existen ejemplos tangibles de esta visión que demuestran que no es una utopía académica. Un caso verdaderamente emblemático y cercano es el de la Universidad del Quindío, que ha asumido con éxito un rol inédito como agencia de diplomacia pública. Al conectar el conocimiento con las necesidades de su entorno territorial, la institución se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión entre el mundo y la región. A través de la gestión de proyectos de cooperación internacional, dicha institución ha demostrado que cuando se instalan capacidades técnicas a nivel local, se abren puertas de desarrollo que la burocracia centralizada suele ignorar. Este modelo de articulación, en el que la academia se convierte en el motor de la internacionalización regional, es una fórmula que el Estado podría replicar en todo el país.

El desafío que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño es enorme, pero la reconstrucción es posible porque no se parte de cero. En la Cancillería permanece una base profesional seria, rigurosa y comprometida: diplomáticos de carrera que, incluso en medio de la incertidumbre institucional, han contribuido a sostener la continuidad del servicio exterior colombiano. Ese capital humano debe ser el punto de partida para reconstruir la entidad. Recomponer la Cancillería no significa únicamente restituir el valor de la carrera diplomática y consular —aunque ello es indispensable y debe contar con garantías estatutarias sólidas—. También implica recuperar una visión de Estado que entienda la diplomacia como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, capaz de proyectar al país con coherencia, previsibilidad y sentido territorial. Solo sobre la base del mérito, de la experiencia técnica y de una orientación internacional seria, Colombia podrá dejar atrás la improvisación y recuperar una voz respetada, confiable y protagónica en el escenario global.

El Caribe colombiano es, no por casualidad, una de las regiones con más problemas en la prestación del servicio de salud del país. Pacientes sin cita. Hospitales sin giros. Ciudadanos esperando autorizaciones que nunca llegan. Gente enferma, gente muriendo, en la región más vulnerable de Colombia.

Coosalud EPS no le pertenece a Jaime González. La EPS es propiedad de una cooperativa cuyos dueños reales son miles de colombianos que aportaron sus ahorros confiando en el modelo solidario. Un macroinforme radicado en marzo de 2026 ante la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales lo describe con precisión. Y para entenderlo no hace falta ser abogado.

Imagínelo así. Usted tiene una deuda con el banco. En lugar de pagarla, la convierte mediante un documento contable en una inversión. En el papel ya no debe nada. La deuda desapareció. Pero la plata real, no. Eso es lo que describe el macroinforme: deudas de la EPS fueron transformadas contablemente en inversiones, obligaciones de la empresa terminaron en los hombros de los cooperados, y un Fondo de Aportes Sociales que debía contener quince mil millones apareció con apenas quinientos cincuenta millones. La plata de los socios. Esfumada. Sin que nadie les pidiera autorización.

En 2025 el Gobierno Nacional actuó. La Supersolidaria intervino la Cooperativa. Supersalud intervino la EPS. Entonces ocurrió algo difícil de explicar. Un tribunal de Bolívar ordenó levantar la intervención sobre la EPS y se la entregó con nombre propio a Jaime González. Con nombre propio.

Esa expresión no es retórica: en el fallo aparece su nombre escrito, lo cual deja, como mínimo, una sospecha legítima sobre el juez que decidió hacerlo. Volvió al cargo. Y durante semanas bloqueó sistemáticamente la convocatoria de una asamblea de accionistas, a pesar de que el Estado colombiano controla el 94% de las acciones. Fue necesaria una orden expresa de la Superintendencia de Sociedades para que esa asamblea finalmente ocurriera. Ocurrió esta semana. Hay nueva junta. El miércoles se elige nuevo gerente.

Por eso esta columna termina siendo un llamado directo. Al tribunal de Bolívar. A los jueces del Caribe colombiano. Porque hay que decirlo con todas las letras: Jaime González, con su riqueza acumulada, puede contratar grandes bufetes de abogados que en la práctica terminan enredando los procesos, y porque no, colocando las decisiones a su favor. Esa es una realidad que el país conoce y que la región Caribe ha vivido más que cualquier otra.

El llamado es simple. No se presten para sostener monopolios privados disfrazados de gestión cooperativa. No se presten para devolverle la corona a quien ya demostró que el sistema de salud del Caribe, bajo su administración, no funciona para los enfermos sino para sus propios intereses. Porque mientras los abogados litigan en oficinas refrigeradas, en los pueblos del Bolívar profundo, en los corregimientos del Magdalena, en las veredas de córdoba y sincelejo y en los barrios populares de Cartagena y Barranquilla, hay gente esperando una cita que no llega. Hay gente muriendo por una autorización que nunca firmaron. Esa gente merece que las instituciones del país, todas, incluida la justicia regional, estén de su lado.

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Los delitos de cuello blanco en Colombia, no ocurren por falta de leyes. De hecho, suelen aparecer en sectores altamente regulados, donde existen manuales, auditorías y protocolos de cumplimiento.

El verdadero problema está en otro lugar: la falsa sensación de control.

Muchas organizaciones cumplen formalmente con los requisitos del regulador, pero no transforman su cultura interna de prevención de riesgos. El compliance existe en el papel, pero no en la toma real de decisiones.

Por eso, entender el derecho penal económico exige ir más allá del Código Penal. También implica analizar cómo se construyen las decisiones empresariales que terminan generando responsabilidad penal.

Caso InterBolsa

El caso de InterBolsa no fue solamente una manipulación del mercado financiero.

En esencia, fue una falla grave en la gestión del riesgo de liquidez disfrazada de sofisticación financiera.

Las operaciones repo sobre acciones de Fabricato no eran ilegales por sí mismas. El problema fue su uso repetitivo para sostener artificialmente el precio del activo y alterar el mercado.

Aquí entraron en juego delitos como:

• Manipulación fraudulenta de especies inscritas (artículo 317 del Código Penal)
• Abuso de confianza calificado (artículo 250 del Código Penal)

Sin embargo, el verdadero fallo estuvo en la gobernanza interna. Los órganos de control no detectaron a tiempo cuándo una práctica aparentemente legal estaba cruzando el límite penal.

Muchos comités de riesgo existen, pero no tienen independencia real ni capacidad efectiva de frenar decisiones peligrosas.

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Saludcoop: cuando lo legal se usa para ocultar lo irregular

Uno de los delitos de cuello blanco más sonado, fue el de Saludcoop, presentó una situación aún más compleja.

Se trató de la apropiación de recursos públicos destinados a la salud mediante estructuras empresariales que aparentaban total legalidad.

Contratos entre empresas del mismo grupo, reasignaciones presupuestales y decisiones financieras dificultaron distinguir entre una gestión administrativa legítima y un posible peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal).

El problema no fue solamente quién tomó la decisión, sino que el sistema permitió que esa apropiación pareciera una simple decisión gerencial.

Cuando no existe trazabilidad real sobre el destino de los recursos públicos, el control siempre llega tarde.

Caso Odebrecht

Reducir Odebrecht a un simple caso de cohecho sería simplificar demasiado el problema.

Sí existieron delitos como:

• Cohecho (artículos 405 y siguientes)
• Celebración indebida de contratos (artículo 410)

Pero la falla estructural estuvo antes: en la debida diligencia insuficiente tanto del sector público como del privado.

Durante años, la discusión se concentró en funcionarios públicos, pero poco se analizó el papel de intermediarios financieros, estructuradores y asesores que hicieron posible la operación.

El delito no siempre nace en la firma del contrato. Muchas veces comienza en el diseño mismo del negocio.

El verdadero riesgo penal está en las pequeñas decisiones

Nadie se levanta un día diciendo: “voy a delinquir”.

En la mayoría de los casos, el delito aparece como resultado de múltiples pequeñas decisiones toleradas, justificadas o simplemente ignoradas.

Ese es uno de los grandes retos del derecho penal económico moderno: la responsabilidad no siempre está en una sola persona, sino en estructuras completas de decisión empresarial.

Por eso, el análisis penal no puede limitarse a buscar culpables individuales. También debe revisar cómo funciona la organización.

El compliance no sirve si solo está en el manual

La principal lección es clara: el cumplimiento formal no previene delitos de cuello blanco. En muchos casos, incluso los encubre.

Tener manuales, políticas internas o protocolos no basta si no existe una verdadera cultura de prevención.

El compliance no debe ser un requisito para mostrar al regulador, sino una herramienta real para tomar mejores decisiones.

Ahí está el verdadero valor del abogado penalista económico: no solo defender cuando el problema ya explotó, sino anticipar los riesgos antes de que se conviertan en un proceso penal.

Porque cuando llega el derecho penal, normalmente ya es demasiado tarde.

¿Su empresa tiene un verdadero sistema de prevención penal o solo un manual de cumplimiento? La diferencia puede definir el futuro patrimonial y reputacional de toda la organización.

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Una señal de alerta comienza a tomar forma en el océano Pacífico. Modelos climáticos internacionales apuntan a la posible formación de un evento El Niño en 2026, con escenarios que incluso contemplan una intensificación extrema, lo que algunos científicos describen —con cautela— como un posible “súper El Niño”.

Sin embargo, la comunidad científica advierte que, aunque las señales existen, la incertidumbre sigue siendo elevada. La evolución del fenómeno dependerá de la interacción entre el océano y la atmósfera en los próximos meses, en un periodo del año en el que los modelos climáticos pierden capacidad predictiva.

“El problema no es solo si va a ocurrir El Niño, sino qué tan fuerte puede llegar a ser”, dice Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Estamos todavía en una etapa con alta incertidumbre”.

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Los especialistas coinciden en que anticipar la magnitud del evento es particularmente difícil en esta fase. Entre marzo y mayo se presenta la llamada “barrera de predictibilidad”, un periodo en el que la transición estacional hace que el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical no estén bien acoplados, lo que reduce la precisión de los modelos y provoca que las proyecciones puedan cambiar con rapidez. Por ello, advierten, los pronósticos más confiables podrían consolidarse recién hacia mediados de año.

En paralelo, la comunidad científica ya analiza los posibles efectos de este fenómeno en distintas regiones del planeta, especialmente en el Pacífico oriental, donde sus impactos suelen ser más directos.

Mongabay Latam conversó con especialistas en Ecuador, Perú, Colombia y México para entender cómo podría manifestarse El Niño en cada país y qué implicaciones tendría para las lluvias, las sequías, la actividad ciclónica y sectores clave como la pesca y la gestión del riesgo.

Perú: un Niño que ya está en marcha

En Perú, el fenómeno no es una proyección futura, sino una condición ya en curso. Desde inicios de año, el país enfrenta un evento activo de calentamiento oceánico frente a su litoral. “El mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal”, explica Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP). “Esto nos ubica dentro del rango de un Niño costero”.

Este calentamiento en el Pacífico oriental responde, según el especialista, a una combinación de factores: el debilitamiento de los vientos alisios —corrientes de aire constantes que soplan de este a oeste entre las zonas subtropicales y la región ecuatorial— y la llegada de ondas Kelvin —pulsos de calor que se desplazan bajo la superficie del océano— que elevan la temperatura del mar en la franja cercana a Sudamérica.

A diferencia del fenómeno global más conocido, El Niño costero tiene una escala regional y efectos más inmediatos. En Perú, el seguimiento se concentra en la región Niño 1+2, un sector clave del Pacífico donde el aumento de la temperatura marina suele traducirse en lluvias intensas en la costa, especialmente durante el verano austral.

Sin embargo, el comportamiento del sistema no es uniforme. Mosquera subraya que el Pacífico tropical funciona como un engranaje dividido en dos zonas principales: el sector oriental, próximo a Sudamérica, y el central, más alejado. La interacción entre ambas define los impactos en tierra.

“Si el calentamiento se concentra frente a la costa peruana, aumenta la probabilidad de lluvias intensas en el litoral. Pero si ocurre en el Pacífico central, el efecto puede ser opuesto en los Andes, con déficit de precipitaciones en el sur y centro del país”, explica. Esta diferencia ayuda a entender por qué los eventos de El Niño no producen consecuencias idénticas, ni siquiera dentro de un mismo territorio.

La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el análisis. “Los modelos pueden anticipar el desarrollo de un evento, pero no su magnitud”, advierte Mosquera. A esto se suma la llamada barrera de predictibilidad, que reduce la confiabilidad de los pronósticos en esta época del año. “Más allá de abril, no son muy confiables; estaremos más confiados en los modelos con los pronósticos que se den en a partir de junio aproximadamente”.

Por ahora, los escenarios más extremos —como un evento comparable a los de 1982-1983 o 1997-1998— no pueden confirmarse. Aun así, los especialistas observan señales que ameritan atención, como cambios recientes en los vientos del Pacífico occidental que podrían generar nuevas ondas cálidas y reforzar el calentamiento en los próximos meses.

Si estas condiciones persisten hacia el verano austral, el principal riesgo en Perú será un aumento de las lluvias intensas en la costa, con efectos en cadena sobre el territorio. “Podríamos ver inundaciones, desbordes de ríos, huaicos [flujos de lodo y piedras] y deslizamientos”, señala Mosquera. A ello se suman impactos menos visibles pero recurrentes, como problemas de salud asociados al estancamiento de agua tras eventos extremos.

Actualmente, el país ya se encuentra en nivel de alerta dentro de su sistema oficial de monitoreo. Esto implica un seguimiento continuo y la emisión de reportes periódicos dirigidos a autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, el especialista reconoce que la vulnerabilidad estructural sigue siendo un desafío pendiente.

“El fenómeno siempre nos ha impactado de la misma manera y todavía no vemos cambios suficientes para reducir esos daños”, sostiene.

En ese contexto, la recomendación es anticiparse. Con varios meses por delante antes de la temporada de lluvias, Mosquera insiste en la necesidad de actuar ahora. “Este es el momento para ejecutar medidas de prevención. Si no ocurre este año, ocurrirá después. El Niño es un fenómeno recurrente”, concluye.

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Ecuador: el calor oculto bajo el océano

Si en Perú el calentamiento ya es visible en la superficie, en Ecuador las señales más relevantes aún se desarrollan bajo el mar. “El océano no solo se observa en la superficie. También estamos viendo lo que ocurre hasta unos 300 metros de profundidad”, explica Felipe Costa, oceanógrafo y director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).

En esas capas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial se está acumulando una anomalía cálida, derivada también de los pulsos de calor u ondas Kelvin.“Este calentamiento subsuperficial es una señal importante. Nos indica que el sistema está acumulando energía”, señala Costa. “Pero para que se configure un evento El Niño, no basta con el océano: la atmósfera también tiene que responder”.

Por ahora, el sistema muestra un comportamiento desigual: el Pacífico central se mantiene neutral, mientras el sector oriental —frente a Sudamérica— ya está más cálido. Ese contraste ya tiene efectos en tierra. “Estamos experimentando olas de calor asociadas a este calentamiento oceánico”, dice Costa. “El mar más cálido transfiere calor al aire y eso incrementa la temperatura en tierra”.

En las ciudades costeras, esto se traduce en altas temperaturas combinadas con humedad, una sensación térmica persistente que impacta la vida cotidiana. “El uso de aire acondicionado aumenta, las facturas de electricidad suben y la sensación de calor se vuelve constante”, añade.

La intensidad del fenómeno dependerá de su persistencia. “Podemos imaginarlo como pulsos de calor que viajan por el océano. Ahora vemos uno, pero para un evento intenso deben repetirse durante varios meses”, explica. Los impactos, además, no son uniformes.

“Históricamente, en Ecuador El Niño se asocia a más lluvias en la costa, mientras que en Colombia suele traer condiciones más secas”, señala. Esto puede traducirse en inundaciones o sequías, según la región.

El calentamiento también altera los ecosistemas marinos. Muchas especies migran hacia aguas más frías, afectando la pesca, aunque también hay otras que se benefician de aguas más cálidas, como los camarones. “Se puede tener más o menos productividad pesquera, pero en general el balance es negativo”, afirma Costa.

Ante la creciente atención sobre un posible evento extremo, insiste en consumir información confiable. “El alarmismo genera ansiedad, pero no ayuda a prepararse con anticipación”, concluye.

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Colombia: la sequía como impacto dominante

En Colombia, El Niño se entiende menos por lo que ocurre en el océano y más por sus efectos en tierra: sequías prolongadas, presión sobre el agua y consecuencias económicas. “El más intenso que hemos registrado fue el de 1982-1983”, recuerda Max Enriquez Daza, meteorólogo y divulgador científico.

“Las anomalías de temperatura superaron los 2.5 grados centígrados y provocaron impactos severos en Colombia y Ecuador”. A ese episodio le siguieron otros eventos fuertes, como los de 1997-1998 y 2015-2016, en una secuencia que —según el especialista— sugiere una intensificación progresiva.

A diferencia de Perú o Ecuador, donde el fenómeno suele asociarse a lluvias, en Colombia predomina el déficit hídrico. “El fenómeno afecta principalmente a las regiones Caribe y Andina, donde vive cerca del 80 % de la población”, explica.

Los efectos son amplios: disminución de los caudales en los ríos Magdalena y Cauca, afectaciones a cultivos como café, maíz o yuca, problemas en el suministro de agua potable y un aumento de incendios forestales durante los periodos secos.

El sistema energético también es especialmente sensible. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, la reducción de niveles en los embalses obliga a recurrir a plantas térmicas, con mayores costos económicos y ambientales. Un antecedente clave ocurrió entre 1991 y 1992, cuando un evento intenso provocó racionamientos eléctricos prolongados y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, este sector ha fortalecido su capacidad de respuesta, describe el meteorólogo.

En este escenario, el país entra en una fase de preparación desigual. Mientras algunos sectores comienzan a anticiparse —precisamente como el hidroeléctrico—, otros como el agrícola siguen siendo altamente vulnerables por falta de organización. “La agricultura en Colombia no siempre cuenta con directrices claras del Ministerio de Agricultura para anticiparse a estos eventos”, advierte.

Henríquez Daza coincide en que la posibilidad de un evento más intenso hacia 2026 está vinculada al calentamiento de los océanos. “Las tendencias de los eventos intensos han sido crecientes”, señala. “Eso es coherente con el aumento de la temperatura global del océano”. Aun así, insiste en que es prematuro confirmar la magnitud del próximo evento.

Más allá del ámbito nacional, el especialista recuerda que los efectos de El Niño se extienden a otras regiones, alterando patrones como los monzones en Asia o las lluvias en el océano Índico.

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México: sequías, ciclones y un sistema en tensión

En México, El Niño suele manifestarse como una combinación compleja: menos lluvias en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, mayor actividad ciclónica en el Pacífico. “Lo que sugieren los modelos es una probabilidad de un El Niño fuerte, pero con alta incertidumbre”, señala Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la UNAM. “Estamos en una fase donde los modelos tienen más dificultad para predecir”.

Durante estos eventos, el verano —que en el centro y sur de México corresponde a la temporada de lluvias— tiende a ser más seco, una etapa clave para la recarga de presas y acuíferos. “El agua que cae en verano es la que se usa durante la temporada seca”, explica. Es decir, si llueve menos, el impacto se siente meses después. Esa reducción se traduce en menor disponibilidad para consumo humano, presión sobre la agricultura y niveles más bajos en los sistemas de almacenamiento.

El escenario es especialmente delicado en grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, donde la demanda de agua ya supera la oferta en condiciones normales.

A la par, el riesgo no desaparece en las costas. “En años de El Niño, la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico tiende a incrementarse, mientras que en el Atlántico disminuye”, explica Jaramillo. Esto implica una mayor probabilidad de impactos en el litoral pacífico, donde estos sistemas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

El resultado es un escenario dual: mientras hay sequía a escala nacional y eventos extremos localizados, se genera una combinación que complica la gestión del riesgo.

“Cuando se desarrolla El Niño, las temperaturas globales tienden a subir”, señala. “Si además se combina con el calentamiento global, es probable que estemos ante uno de los años más calientes de la última década”. En México, esto se traduce en olas de calor más frecuentes e intensas, sobre todo en regiones ya expuestas a altas temperaturas, como en el norte del país.

Pese a la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el llamado es a anticiparse y empezar a planificar, advierte el investigador. La prioridad, apunta, es fortalecer la gestión del agua, mejorar el monitoreo de ciclones y prepararse para escenarios de sequía.

También insiste en moderar el tono del debate público. “Súper Niño suena muy catastrófico, pero es un proceso natural. Lo importante es prepararse para las consecuencias de este fenómeno y cuidar los recursos hídricos en particular”, sostiene.

Más allá de si se confirma o no un evento extremo, el desafío para México será su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, aunque incierto, ya empieza a perfilar sus posibles impactos.

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Todo está conectado

En los cuatro países analizados, el mensaje coincide: más allá de si el evento resulta moderado o extremo, los impactos dependerán de la capacidad de preparación y adaptación.

Las próximas semanas serán decisivas para confirmar la evolución del sistema en el Pacífico. Mientras tanto, la vigilancia científica se intensifica frente a un fenómeno que, como recuerdan los expertos, trasciende fronteras.

“Todo está conectado”, resume Max Henríquez. “Lo que ocurre en el Pacífico tiene repercusiones globales”.

*Imagen principal: Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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