¿Pluralismo deliberante o beligerante?

Es circunstancial y coyuntural que dichas consignas sean lanzadas desde la izquierda, el centro o la derecha del espectro político, cuando su contenido y alcance promueven la exclusión del contradictor e incluso su exilio del Campus. En esos casos se atenta contra la Autonomía y su existencia. Entonces el Campus, tanto en las aulas, las plazas, cafeterías y espacios recreativos deja de ser un campo abierto para la deliberación y la argumentación y tiende a convertirse en un campo para la beligerancia y la confrontación. El Poder del debate y los argumentos es desplazado por el de la Violencia y los llamados a la acción directa. Así, la primera víctima que cae es precisamente la autonomía para pensar, dudar y decidir, propias de toda universidad. Cae a manos del llamado a la intrépida acción violenta, que poco tolera el ejercicio de pensar y mucho menos el de dudar, pues se considera la poseedora de la verdad. Tal es el mayor desafío para la Autonomía desde el interior de las universidades públicas.

¿Las “U” Privadas de deliberación?

Un desafío que no se presenta en la mayoría de las universidades privadas, donde no hay lugar a esa intensidad de las controversias, pues sus estudiantes y la comunidad académica comparten en forma casi unánime y homogénea ciertas visones del mundo y la política. Literalmente, allí no se debaten ideas, sino que se comulgan y celebran, que es lo propio en las universidades confesionales políticas o religiosas. Todo lo contrario, sucede en las universidades públicas, donde lo que tiende a predominar es el pluralismo y la controversia, como expresión misma de los diversos intereses, conflictos y valores existentes en la sociedad. Por eso históricamente el Campus de las públicas siempre ha sido disputado por grupos políticos militantes y beligerantes que se autoproclaman voceros de la verdad, la libertad y la justicia, reivindicando cada uno ser la auténtica vanguardia del pueblo. Es lo propio de cierto canibalismo de izquierda, que luego se proyecta en las disputas interminables de sus líderes y seguidores, que muchos de ellos veneran como figuras sagradas en el ámbito internacional y nacional. Trotskistas contra Estalinistas, Leninistas contra Maoístas, Revolucionarios contra Mamertos y una historia de nunca acabar, para no especular sobre lo que sucede en la actualidad nacional.

¿Las “U” Públicas bloqueadas para la Deliberación?

Hasta llegar al presente, donde esa miríada de grupos hace del Campus y sus estudiantes no solo una cantera para la “revolución”, sino además una densa red de relaciones que combina desde el tráfico de estupefacientes con el adoctrinamiento fanático y sectario. En ese clima se bloquea el Poder estudiantil y académico para la deliberación de las mayorías, cada vez más inconformes, dispersas y atemorizadas, para imponerse el de la Violencia de minorías organizadas que, ante la falta de argumentos, apelan a la beligerancia explosiva de la acción directa con sus “papas bombas” y el vandalismo desbordado. A estos grupos se les responde en algunas universidades públicas con ironía corrosiva, propia del talento inolvidable de Jaime Garzón, con consignas y pintadas como la de: “No nací PARAmilitar”. De esta forma se repudia el ejercicio y el compromiso político asumido desde la beligerancia armada y se opta por la argumentada deliberación universitaria y ciudadana, sin la cual no hay Autonomía y menos posibilidades de una paz democrática. De allí que la Autonomía este amenazada tanto desde el interior como desde el exterior del Campus. Especialmente si el Tigre opta por ingresar a las universidades con la Fuerza pública, pues ella no bastará para generar más deliberación, sino todo lo contario, más confrontación violenta, que dejará probablemente más “estudiantes heroicos” caídos y también más policías incriminados y criminalizados por el uso excesivo de la fuerza.

 Desafíos a la Autonomía Universitaria

Así, desde el interior de las universidades desaparece el espacio propio para la Autonomía Universitaria, pues ya no hay lugar para argumentar y disentir, sino para estigmatizar y excluir. El debate es sustituido por el combate. Basta una consigna contundente y emotiva contra el adversario, acusándolo de mamerto, paraco, traidor o tira infiltrado, para acallarlo, chiflarlo y expulsarlo de la Asamblea y del Campus, si logra abandonarlo a tiempo. Recuerdo que, en mi fugaz paso de estudiante de filosofía por Univalle, la consigna imperante era “a la derecha duro y a la cabeza”. Las Asambleas Generales dejaban de ser, entonces, ágoras para tomar decisiones y se convertían en la antesala de un combate desbordado y generalizado sobre la avenida Pasoancho o la Panamericana. Ahora parece que, desde la presidencia de la República, la consigna es exactamente la contraria: “a la izquierda duro, a destriparla”, si cumple el Tigre con su “máxima coherencia”. Tales son los mayores desafíos contra la Autonomía Universitaria y la misma paz política, no solo en el Campus, sino especialmente en los campos de Colombia, por ausencia de autonomía para pensar y decidir democráticamente desde la cúpula del Estado y el interior de las universidades públicas.

Autonomía territorial de Colombia en juego

Esa autonomía está puesta en cuestión, porque el Tigre y su manada están convencidos de que la autoridad reside fundamentalmente en su capacidad para imponerse por la fuerza y la violencia, contando para ello con el “Escudo de las Américas”, el apoyo de Donald Trump, convertido en el “Señor de las Guerras” y en los milagros de su “Cristo Rey”, que invoca como si fuera un aliado para contar con su poder de fuego celestial y la obediencia ciega de la tropa a sus designios salvíficos. Semejante fórmula de gobernabilidad necropolítica y belicista coincide, paradójicamente, con la de los grupos armados ilegales que cometen sus crímenes también convencidos de que “el poder nace de la punta del fusil” y con él liberarán al pueblo oprimido. Una fórmula que, peligrosa y temerariamente, ahora miles de ciudadanos emularán con el porte personal de armas de fuego, persuadidos de que su seguridad dependerá más de su capacidad para disparar primero que de la acción legal de la autoridad. Frente a esa pérdida acelerada de autonomía de nuestro poder secular, ciudadano y democrático, el horizonte de la “Patria Milagro” puede diluirse en el control y la disposición de la autonomía territorial y la riqueza de toda Colombia a favor de terceros Estados y minorías corporativas empresariales, interesadas en la extracción y depredación de los minerales críticos y las tierras raras de Pachamama. Para intentar contenerlo y evitarlo, solo contamos con la autonomía de nuestra capacidad para pensar, deliberar y actuar concertada y civilizadamente, que es lo propio del poder democrático frente al autocrático, teocrático y tecno cibernético del Tigre. De lo contrario, nos llevará y comerá el Tigre, con su tridente de la Espada, Cristo Rey y Donald Trump, reforzados ahora con la asesoría exitosa del NUBANK de David Vélez para el desarrollo de la IA y próximamente las megacárceles y criptomonedas que le recomendará Nayib Bukele. Pero, no me tomen en serio, estos son los delirios de un nostálgico que reclama extrema autonomía para pensar, expresarse y actuar porque añora un mundo que nunca existió, pues creyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Estado Social de derecho y, por supuesto, la Autonomía Universitaria.

Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.

“Paz Total” y “Patria Milagro”, tan lejanas y cercanas.

Ese principio de realidad hobbesiano no lo tuvo en cuenta desde el comienzo de su gobierno el expresidente Gustavo Petro y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde y la “Paz Total” terminó siendo un horror fatal que dejó al menos 65 menores de edad muertos en bombardeos contra campamentos guerrilleros, según reporte de Medicina Legal[i]. Paradójicamente, esa “Paz Total” tan bien intencionada, que partía de un supuesto falso, la buena voluntad de numerosos grupos armados interesados en hacer tránsito a la vida civil y dejar la guerra, terminó engendrando su antítesis, la “Patria Milagro” y una especie de presidente teratológico-converso, que se cree un Tigre enviado por Cristo Rey para salvar a Colombia del narcoterrorismo. Por eso la “Paz total” está tan cercana de la “Patria Milagro”, pero también tan lejana. Así lo ha anunciado el Tigre desde el día de su posesión, en medio de una ceremonia que fusionó la fe con la fuerza, recordándonos esa alianza sangrienta entre la Cruz y la Espada, que se rompió transitoriamente con el nacimiento de la República, pero que luego se prolongó durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días. Solo que ahora lo hace bajo formas más discretas y complejas, pero no menos sangrientas, mezclando los intereses legales e ilegales con los valores más excelsos, como la codicia con la fe y la violencia con la seguridad.

Una santidad felina y belicosa

De la Espriella lo reafirmó con fe y fuerza ante las tropas en el campo de maniobras del Cantón Pichincha en Cali: “Quien está de rodillas ante Dios, nunca será vencido”. Pero la verdad, es que el Tigre bien sabe que con la fe no solo se gana la guerra, aunque la utilice para ello, si antes no se postra de rodillas ante Trump, como Señor supremo de la Guerra, con toda la parafernalia de su complejo industrial militar y modernas tecnologías para derrotar el narcoterrorismo. Por eso, como un César triunfante y pleno de buena conciencia, ahora recorre como un Tigre depredador los cuerpos exhibidos de bandidos dados de baja, entre los cuales ya figuran por lo menos 4 menores de edad. A ese ritmo, en pocos meses superará el número de bajas de la “paz Total”. Ese exhibicionismo tanático lo complementa con la figura paternal de un presidente que auxilia a niños enfermos y prodiga ayudas generosas a familias damnificadas del terremoto, proyectando así una síntesis perfecta de vengador y salvador. Para asegurarse esa aureola de converso y hombre piadoso, realiza actos de consagración de su gobierno a la virgen de Fátima en la plaza de Bolívar y entrega “la Nación a Cristo” [ii]. Todas estas puestas en escena, cotidiana e intensamente difundidas por los noticieros y la gran prensa, difuminan por completo su pasado de pagano y de sibarita hedonista, exhibido en forma orgullosa y ostentosa en su entrevista con María Elvira Arango en su programa “Los Informantes”, realizado hace siete años, que puede verse en el enlace[iii] que aparece al final.

Una conversión milagrosa

Para completar esa conversión milagrosa, el penalista que ayer defendía delincuentes de cuello blanco y criminales de guerra en tránsito a la vida civil a través de la Fundación Iniciativas para la Paz (FIP)[iv], cuyo bufete en Miami además está siendo investigado por presunto lavado de fortunas ilegales[v], ahora se convierte en un perseguidor implacable del crimen con la ayuda de los dos Estados más belicosos y sus respectivos gobernantes, incursos en procesos por corrupción, crímenes de guerra y genocidio, como lo son Trump y Netanyahu. Estamos, pues, a punto de un milagro extraordinario, más que fantástico, ahora los gobergánsteres que presiden Estados genocidas se embarcan en guerras hibridas contra narcoterroristas en nombre de la seguridad, la libertad, la defensa de la democracia y hasta los más sagrados valores y creencias cristianas. Desdicen de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consideran la matriz de una decadente cultura Woke que debe ser erradicada, mediante una batalla cultural implacable contra quienes reivindican fantasmagorías como el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, junto a la igual dignidad de todos los seres humanos.

El Armagedón de la “Patria Milagro”

Y en el vórtice de este Armagedón en que miden sus fuerzas Estados y gobernantes cacocráticos contra maléficos izquierdistas y terroristas, se encuentra la “Patria Milagro”, convertida en un laboratorio de guerra híbrida y de batalla cultural mediática campal, atrapada en una estrategia que combina el fanatismo religioso con el extremismo antidemocrático de una manada de fanáticos, convencidos de encarnar la batalla final donde el bien derrotará para siempre el mal. Poco importa que entonces sobrevivan solo los asesinos victoriosos y sus numerosos cómplices. Esa manada es continuamente animada por piadosos pastores y rabinos, que celebran una conversión monstruosa, la fusión de un Tigre con un profeta armado, que invoca a Cristo-Rey para ganar la “guerra contra las drogas” y el crimen. Esa guerra tras la cual está la adicción incontenible de Trump con su doctrina Donroe y su cohorte de asociados y cómplices para expoliar todas las riquezas y recursos que necesita para su amada MAGA y America First, como ya empezó a hacerlo con el petróleo de Venezuela. Por todo ello, Colombia debería situarse mucho más allá de la “Paz Total”, que ya sabemos es inalcanzable mientras persistan las economías ilegales en simbiosis con las legales, en un complejo entramado de Cambalache nacional e internacional donde “resulta que es lo mismo ser derecho que traidor¡¡ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! ¡Todo es igual!”. Basta verlo en la ejemplar sociedad de Trump con Alejandro Betancourt[vi] en Venezuela.

Más allá de la “Patria Milagro”

Pero, con mayor razón, Colombia debería estar mucho más allá de la “Patria Milagro”, que puede terminar siendo una especie de “Patria Maga”, totalmente malograda y abusada por quien solo aspira a “perforar, perforar y perforar” sus intimidades, además de fumigar, fumigar y fumigar sus bosques tropicales y sumarla a sus conquistas como depredador insaciable de sus riquezas, bellezas, población y soberanía. Así lo está haciendo con éxito en Venezuela, contando con la valiosa e incondicional colaboración de Delcy Rodríguez, su hermano y demás cómplices. Y espera continuar su saga extractivista en la “PATRIA MILAGRO”, pues cuenta con la ambición y fiereza del Tigre, otra más de sus mascotas del Sur, respaldado por un establecimiento impaciente para volver a realizar “Business as usual” con el concurso entusiasta de un contingente de “Defensores de la Patria”, cuya idea de soberanía se agota en la seguridad para sus negocios y el aumento sostenido de sus ganancias, que evoca los tres huevitos empollados por Uribe. Huevitos que podrían terminar siendo los empollados por la víbora de la guerra, como lo advierte Isaías 59.5: “Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y si uno los aplasta sale una víbora”.

[i] https://caracol.com.co/2026/07/01/medlegal-revelo-que-65-menores-murieron-durante-gobierno-petro-en-bombardeos-contra-grupos-armados/

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2026-08-29/de-la-espriella-preside-un-evento-religioso-por-las-victimas-del-terremoto-el-presidente-entrego-la-nacion-a-cristo.html

[iii] https://co.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrFYCaUeJ1qNgIAakarcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=los+informantes+caracol&fr=mcafee#id=24&vid=ea7000da913b1c70eb4835805f59c9e2&action=view

[iv] https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/7/abelardo-gestor-de-paz-archivos-ineditos-su-papel-ralito

[v] https://eldiariony.com/2026/07/27/el-pasado-de-abelardo-de-la-espriella-de-defender-a-acusados-de-narcotrafico-en-miami-a-ser-el-presidente-electo-de-colombia/

[vi] https://www.elespectador.com/mundo/quien-es-alejandro-betancourt-el-poderoso-empresario-que-conecto-a-trump-con-delcy/

El campesinado ganó derechos, pero no poder. La reforma del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia en el año 2023 marcó un hito al reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Esta reforma incorpora, entre otras, la dimensión ambiental como un elemento esencial de esos derechos. Aun así, esta reforma es, por ahora, un avance principalmente normativo, que está lejos de garantizar una distribución más democrática del poder sobre los bienes naturales, los territorios y las decisiones que determinan la protección y uso. 

Se habla de derechos sin poder porque, como ha señalado el constitucionalista Roberto Gargarella (2011), gran parte de las reformas constitucionales en América Latina ampliaron de manera generosa el catálogo con “nuevos” derechos, pero no tocaron la estructura donde se toman las decisiones; no le prestaron la misma importancia a la organización de poder, que la cual tiene como función principal lograr activar los derechos. El resultado es conocido: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. Y aquí surge una pregunta: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y quién tiene el poder para decidir sobre estos?

Esto muestra el verdadero desafío de este debate: transformar la arquitectura del Estado para democratizar la toma de decisiones sobre el territorio y hacer efectiva la dimensión ambiental del campesinado a través de instrumentos concretos. Pasar del “reconocimiento” al “poder”. Fortalecer el papel del campesinado significa reconocer su importancia en la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la reducción de los conflictos socioambientales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Un camino que apenas comienza

En esta dirección empiezan a aparecer instrumentos institucionales que buscan hacer efectivos los derechos ambientales de estas comunidades. Vistos en conjunto, estos revelan las luces y sombras alrededor de las medidas orientadas a transferir el poder durante los últimos cuatros años de gobierno en Colombia.

El primer terreno donde esto se juega es el judicial. La idea de una Jurisdicción Agraria y Rural estaría llamada a facilitar y expandir la “legitimidad jurídica” de las resoluciones de conflictos agrarios y rurales en Colombia. De ser aprobada, esta Jurisdicción enfrentará discusiones importantes cuando entren en disputa los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales frente a las áreas de especial importancia ambiental, por ejemplo.

Se espera que haya jueces que conozcan los asuntos agrarios y, por consiguiente, la interpretaciónque hacen de la Constitución. Resulta importante entender el papel que podrían adoptar los jueces como guardianes de las reglas del procedimiento democratico, pero especialmente la población campesina en la interpretación de cómo se deben entender los derechos y compromisos constitucionales, principalmente del artículo 64 de la Constitución Política. La jurisdicción agraria, como reconoce Rodrigo Uprimny “es entonces una gran oportunidad para darle contenido a la reforma constitucional del 2023”. 

Sin embargo, durante los períodos legislativos de los últimos cuatro años, el proyecto de ley que tenía como objetivo reglamentar la Jurisdicción Agraria no fue aprobada en el Congreso. Martha Carvajalino, Ministra de Agricultura del Gobierno Petro reconoció que, con el hundimiento de la iniciativa, no fue posible “fortalecer las herramientas para la distribución, administración y resolución de conflictos sobre la tierra en Colombia”. 

Si el litigio es un terreno, el ordenamiento territorial es otro. La importancia de que las comunidades puedan definir el uso y manejo de sus territorios bajo las normatividad ambiental, implica reafirmar el rol de las figuras de territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Además de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZAPPA).

Esto resulta significativo, pues, como señala Noriega, Ortega, & Duarte(2025), las figuras jurídicas que son comprendidas como territorialidades campesinas representan un “progreso institucional”. Sin embargo, las posibilidades que ofrecían estas figuras se encuentran hoy en un escenario de incertidumbre, tras el anuncio del presidente electo de iniciar la derogatoria de las resoluciones que declaran las APPA. De concretarse esta decisión, estarían en riesgo cerca de un millón de hectáreas declaradas en 55 municipios del país, además de seguir comprometiendo 20 millones de hectáreas que necesitan procesos para contrarrestar las afectaciones y degradaciones del suelo.

Más allá de las figuras reconocidas (ZRC, TECAM, APPA y ZAPPA) los territorios campesinos son espacios donde las comunidades han desarrollado modos de vida (productivos y comunitarios) sin necesidad de estar amparados bajo una figura.  

Un paso importante para otorgarle poder al campesinado se produjo durante el cierre de la Cumbre Campesina, realizada en el marco preparatorio de la COP16 Colombia en 2024. Allí se anunció la modificación del Decreto 1777 de 1996. Esta modificación permite fortalecer las ZRC ya que habilita la oportunidad de constituirlas al interior de las Zonas de Reserva Forestal de la Ley Segunda. En este caso, se puede incorporar la agricultura campesina, familiar y comunitaria dentro de las áreas reconocidas en la frontera agrícola. Destacando las prácticas y modos de vida campesina como formas estratégicas de protección ambiental. 

Queda un tercer frente, quizás el más determinante: la voz del campesinado en las decisiones que lo afectan. Es un avance importante si se consagra constitucionalmente los derechos ambientales del campesinado; sin embargo, aún más importante resulta, en línea con lo que se expresa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), su derecho a ser escuchados y consultados de forma obligatoria cada vez que se pretendan tomar decisiones que puedan impactar su vida, su territorio y sus derechos. 

En relación con lo anterior, la Consulta Popular Campesina representa un “mecanismo específico de participación diferenciada” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). El cual permitirá que esta población pueda ver materializado su reconocimiento constitucional como sujeto de especial protección y de derechos a través de “garantías efectivas de incidencia en las decisiones que afectan los territorios rurales” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). Esto permite ampliar el espectro de participación de comunidades históricamente excluidas, y entender la existencia de una herramienta real que da condiciones materiales de igualdad. 

Todo esto parte de una idea clara, pero aún pendiente de materializar: el campesinado es un aliado fundamental en la protección del ambiente, y no debe ser visto solamente como beneficiario de las políticas ambientales, sino como un actor que ha tenido capacidad real para decidir sobre los territorios que históricamente ha contribuido a conservar.

El verdadero desafío apenas comienza. 

Se han presentado tres ejemplos de cómo la dimensión ambiental del campesinado ha comenzado a traducirse en instrumentos concretos. A la par con el reconocimiento de los derechos ambientales del campesinado, el debate público debe concentrarse en una pregunta más profunda: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y, sobre todo, quién tiene el poder para decidir sobre ellos? 

La gobernanza real de los territorios sigue en manos de actores externos, como gremios agroindustriales, empresas extractivas y grupos armados, cuyos intereses responden a lógicas e intereses económicos, en algunos casos ilegales. Darle vida a la dimensión ambiental y, por consiguiente, a los derechos exige redistribuir el poder para fortalecer la participación y transformar las instituciones. El verdadero desafío no es seguir reconociendo derechos, sino garantizar que las comunidades campesinas tengan una capacidad real de incidir en las decisiones sobre sus territorios.

El pasado gobierno trató de dotar de contenido la dimensión ambiental del campesinado. Ahora, consolidar esos avances, o impedir su progreso, representará uno de los grandes desafíos del actual gobierno (2026-2030): decidir si la reforma constitucional que reconoce nuevos derechos al campesinado termina despertando y activando escenarios de cambios sociales e institucionales o si, una vez más, acaban sufriendo la misma suerte de promesa como ha sucedido en otros procesos reformistas: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. 

Referencias bibliográficas

Gargarella, R. (2011). Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina. En C. Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en América Latina: Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. xx–xx). Siglo Veintiuno Editores. 

Noriega, J., Ortega, J. C., & Duarte, C. (2025). Consulta campesina en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2025-07/Consulta%20campesina.pdf

Noriega, J. (2025). El territorio campesino: Un derecho en constante construcción. Semillas, 82, 15–20. 

La participación ciudadana llegaba entonces hasta la elección de concejales, que debían buscar acuerdos, muchas veces viciados, con alcaldes nombrados por los gobernadores, a su vez escogidos por el presidente de la república. Cada alcalde, de libre nombramiento y remoción, se dedicaba en medio de la incertidumbre de la duración de su mandato a improvisar acciones, y en batalla política desordenada trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera. Los ciudadanos observaban y, cuando más, se dedicaban a la intriga, directamente o a través de agentes políticos, para tramitar sus aspiraciones. 

La elección popular de alcaldes abrió las compuertas de la democracia en ese escenario de la vida cotidiana que es donde cada habitante del territorio se ubica respecto del Estado. Allí donde su voluntad se puede ver reflejada en decisiones concretas que tienen consecuencias inmediatas en materia de obras y servicios. Allí donde se ha de ejercer control directo sobre gobernantes que deben proponer y cumplir proyectos específicos de manejo de los asuntos locales en busca del bienestar de la comunidad. 

Cinco años más tarde, la Constitución de 1991 mantuvo esa conquista democrática y consagró además al municipio como la unidad fundamental de la organización política y territorial del Estado. Como tenemos un territorio enorme y además alojamos una geografía variada como ninguna, portadora de diversidad cultural incomparable, el asunto del manejo territorial ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestra trayectoria, desde antes de la disolución de la Gran Colombia. 

Las variaciones del reparto territorial, que se advierten en los mapas desde la primera fundación del Estado colombiano, reflejan el interés permanente por conciliar la extensión y variedad del territorio con las necesidades de su gobierno. De manera que allí se puede advertir una larga secuencia de altibajos, aciertos y equivocaciones, que demuestra a la vez la importancia de la materia y su condición de tarea inconclusa.  

Los Constituyentes de 1991, al ocuparse de la división institucional del territorio, establecieron cuatro tipos de entidades territoriales que son: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Conocedores de la conveniencia de agrupar algunas de esas entidades para mejorar la planeación, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente, el uso de los recursos y la prestación de servicios, abrieron la posibilidad de que, sin necesidad de reforma constitucional, pudiesen existir regiones y provincias. 

La región, como entidad territorial, comprendería los espacios de varios departamentos. La provincia comprendería varios municipios o territorios indígenas al interior de un departamento. En ambos casos, las reglas para la creación y funcionamiento de las nuevas entidades territoriales serían establecidas por la ley. 

Para desatar ese proceso se dedicó un artículo, el 306, a propiciar un paso inicial con la constitución de “regiones administrativas y de planeación” (RAP) con personería, para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. No serían todavía entidades territoriales, pero constituirían una instancia previa para llegar a serlo, cuando se expidiese la ley orgánica correspondiente, y luego, en cada caso, la ley de creación de la respectiva región. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definió las competencias de las RAP, y una ley de 2019, la 1962, vino a establecer las pautas administrativas y financieras que faciliten su transición hacia entidades territoriales. Todo estaría listo para dar ese paso.

En cuanto a las provincias, la Constitución no estableció un precepto equivalente al del Artículo 306, sino que dejó todo el tema a lo que prescribiere la ley. De manera que no se ha expedido una “Ley de Provincias”, equivalente a la de regiones de 2019.

Los avances en esta materia son menores y han tomado un camino diferente. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que tardó veinte años en ser expedida, abordó el tema de las provincias, pero lo incluyó dentro de un concepto amplio, denominado Esquemas de Asociación Territorial, con la idea de promover procesos asociativos entre entidades territoriales mediante alianzas estratégicas en favor de un desarrollo autónomo y sostenible. Dichos esquemas incluirían regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, “provincias administrativas y de planificación”, y asociaciones de municipios.

Fue esta la primera mención legal a las provincias, tema al que dedicó un artículo en el que repite la definición constitucional sobre las provincias y señala como objeto de ellas, todavía no entidades territoriales, el de coordinar la prestación de servicios, la ejecución de obras, y proyectos de desarrollo y gestión ambiental. Con la advertencia de que su financiamiento no genera cargos al presupuesto general de la nación, al sistema general de participaciones, ni al Sistema General de Regalías. 

Son numerosos los municipios del país que, al interior de uno u otro departamento, han decidido aprovechar los Esquemas de Asociación Territorial, en algunos casos bajo la denominación de “provincias administrativas y de planeación”. A pesar de todos esos avances, queda pendiente una discusión que aborde la manera en la que se ha de desarrollar la previsión constitucional de que haya provincias que sean de verdad entidades territoriales, objeto de descentralización, esto es de transferencia efectiva de poder político y autonomía fiscal y administrativa. 

Si se quiere fortalecer institucionalmente a la provincia, para que no dependa de la voluntad paternalista o del desprecio de uno u otro gobierno, es necesario producir una “ley de provincias”, que no es otra que ese estatuto básico que ordena el Artículo 321 de la Constitución Política.

El tema, por supuesto, es difícil y dispendioso de abordar. Pero no por ello se debe rehuir el diseño de un modelo adecuado de provincia como entidad territorial integrada por diferentes municipios, con sus complejidades y su riqueza urbano – rural, o territorios indígenas. El modelo ha de servir para dotar de recursos y adecuada dosis de autonomía administrativa y fiscal a pequeñas zonas del territorio que tengan características y necesidades comunes, como las de catastro y ordenamiento territorial.  

Será indispensable que esas nuevas entidades territoriales se integren adecuadamente al conjunto de nuestra organización territorial y que funcionen de manera armónica con municipios y departamentos. Su organización deberá ser sencilla y las exigencias de profesionalismo de sus contados funcionarios tendrán que ser elevadas. Podría haber un consejo provincial integrado por alcaldes ya elegidos y un gerente encargado de coordinar la ejecución de las decisiones que se tomen. El control de sus actividades ha de ser refinado para que no se conviertan en nuevos nidos de burocracia, corrupción y politiquería, sino en gestoras de un desarrollo sostenible, con participación ciudadana. 

En las campañas en busca del poder legislativo o ejecutivo no figuran temas como este, de vital importancia para el desarrollo democrático del país y la profundización de una descentralización del poder que nos libere del modelo clientelista de la vida política. Por lo cual sigue pendiente la deuda de introducir esos temas en la discusión política, y evitar que quede como letra muerta una más de tantas prescripciones constitucionales que, si se desarrollaran adecuadamente, darían como resultado la configuración de un país con una democracia cada vez más consolidada y profunda. 

El avance en el ordenamiento territorial, la coordinación de los procesos de desarrollo y protección ambiental, e inclusive la atención de necesidades como las derivadas de la reconstrucción de regiones enteras del territorio cuando se presentan catástrofes, encontrarían en la provincia, como entidad territorial, el complemento de la fuerza que proviene de la identidad colectiva de municipios vecinos, que ya en otras épocas de la vida nacional fortalecieron sentimientos de pertenencia y comunidad de propósitos de muchas generaciones. 

El pasado 6 de agosto, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, el CNMH presentó su rendición pública de cuentas. La frase que resumió estos cuatro años fue sencilla: “El territorio habla, el centro escucha”. Me parece una buena manera de entender no solamente lo que hizo la institución, sino también lo que debería significar una política pública de memoria en Colombia: que el Estado no llegue siempre a explicarles a las comunidades lo que pasó, sino que sea capaz de sentarse a escucharlas.

Y escuchar en Colombia no es un verbo menor. Durante décadas, demasiadas personas tuvieron que gritar para que alguien reconociera que habían sido víctimas. Otras aprendieron a guardar silencio porque hablar podía costarles la vida. Hay comunidades enteras cuya historia quedó por fuera de los grandes relatos nacionales. Hay archivos que estuvieron a punto de desaparecer, testimonios que permanecieron en la memoria familiar y lugares donde todavía una placa, una fotografía o un nombre son la única forma de decir: aquí ocurrió algo y nosotros seguimos aquí.

Por eso, detrás de las cifras presentadas por el Centro hay una historia mucho más grande. El CNMH logró tener presencia en 30 de los 32 departamentos, acompañar procesos en 356 municipios y trabajar con organizaciones de víctimas dentro y fuera del país. Son números importantes, pero no son la historia completa. La verdadera pregunta es qué significa que una institución nacional haya podido volver a esos territorios y, sobre todo, qué significa que las comunidades hayan decidido abrirle nuevamente la puerta.

Porque la memoria no se decreta desde Bogotá.

Se construye en una plaza, en una escuela, en una biblioteca, en una vereda, en una conversación familiar. Se construye cuando una mujer decide contar por primera vez lo que le ocurrió a su hijo. Cuando una comunidad rescata un documento que llevaba años guardado. Cuando un joven pregunta por qué en su municipio existe un monumento que nadie le ha explicado. Cuando alguien descubre que la historia que le contaron durante toda su vida tenía silencios, ausencias y responsabilidades que nunca fueron nombradas.

Eso explica buena parte del sentido de las caravanas por la memoria realizadas en regiones como el Oriente antioqueño, Montes de María, el Canal del Dique, Caquetá, el Eje Cafetero y Cundinamarca. No fueron simplemente actividades de una entidad pública. Fueron ejercicios de presencia. Y en un país donde durante décadas la presencia del Estado llegó muchas veces después de la violencia, estar, escuchar y permanecer también constituye una forma de reparación.

Hay algo más que me interesa especialmente: la recuperación de la investigación. Colombia necesita seguir investigando su conflicto armado no para quedarse atrapada en el pasado, sino precisamente para poder salir de él. Entender cómo funcionaron las estructuras armadas, quiénes se beneficiaron de la guerra, cómo operaron las violencias en cada región, qué papel tuvieron terceros actores y cuáles fueron las causas profundas de nuestros conflictos no es un ejercicio académico distante. Es una condición para que la democracia pueda mirarse al espejo.

La memoria, además, no puede convertirse en una sola versión oficial de Colombia. Esa sería justamente su negación. Colombia está hecha de memorias que a veces chocan, se contradicen y se incomodan. Están las memorias de las víctimas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de quienes resistieron, de quienes tuvieron que desplazarse y también de quienes vivieron los acontecimientos desde lugares distintos. Una democracia madura no necesita que todas esas voces digan lo mismo. Necesita que puedan ser escuchadas sin que una de ellas tenga el poder de borrar a las demás.

Por eso me parece tan poderoso que el balance hable de 150 iniciativas de memoria histórica y más de un centenar de medidas de reparación simbólica. No porque las cifras sean impresionantes por sí mismas, sino porque detrás de cada iniciativa existe una comunidad tratando de convertir el dolor en algo que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones.

Hay una frase del balance institucional que, para mí, resume buena parte de esa tarea: “La memoria cobra sentido cuando regresa a las comunidades”. Esa debería ser una regla de oro. Investigar para publicar un informe que termina en una biblioteca es insuficiente. Investigar para que una comunidad pueda reconocerse en esa historia, para que un estudiante pueda preguntarse por ella y para que una sociedad pueda discutirla, es otra cosa.

También por eso son tan importantes los archivos. A veces hablamos de memoria como si fuera solamente un asunto de relatos, pero la memoria necesita pruebas. Necesita fotografías, cartas, expedientes, grabaciones, testimonios, documentos. Necesita preservar aquello que el tiempo, el abandono o la violencia pueden destruir. El trabajo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en ese sentido, tiene una importancia que quizá no siempre alcanzamos a dimensionar: conservar los documentos de la guerra es conservar parte de la evidencia de lo que fuimos capaces de hacernos.

Y hay una escena que debería importarnos especialmente: un país que intenta construir democracia mientras todavía conserva millones de fragmentos de su propia historia sin ordenar.

Por eso también resulta trascendental la reactivación del Museo de Memoria de Colombia. Un museo de memoria no debería ser un mausoleo del dolor ni un templo de una determinada interpretación política. Debería ser un lugar donde Colombia pueda mirarse completa. Donde una víctima pueda reconocerse, pero donde también un ciudadano que nunca vivió directamente la guerra pueda entrar y preguntarse qué tiene que ver con él. Porque esa es la verdadera dimensión democrática de la memoria: convertir una experiencia particular en una pregunta colectiva.

El gran desafío ahora es que todo esto sobreviva a los gobiernos.

La memoria histórica no puede pertenecer a una administración, a un director, a un sector político ni siquiera a una institución. El propio balance del CNMH lo dice con una claridad que vale la pena conservar: “la verdad y la memoria no pertenecen a los gobiernos ni a las instituciones, sino a la sociedad que las construye y las protege”.

Esa frase debería estar presente cada vez que discutamos sobre memoria en Colombia.

Porque un país democrático no es solamente aquel que celebra elecciones. También es aquel que es capaz de recordar a sus muertos, escuchar a sus víctimas, reconocer sus responsabilidades y aceptar que su historia es más compleja que cualquier relato partidista. La memoria no debería servir para alimentar nuevas trincheras. Debería servir para comprender por qué las construimos.

Quizás por eso la rendición de cuentas del 6 de agosto fue algo más que un informe de gestión. Fue, en cierto sentido, el cierre de un relato y la apertura de una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo lo que hemos escuchado?

El territorio habló. Eso parece claro.

La verdadera tarea de Colombia es conseguir que siga escuchando.

Porque cuidar la memoria es cuidar la democracia. Defender la verdad es defender la posibilidad de que la vida tenga un lugar después de la violencia. Y escuchar a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a callar quizá sea una de las formas más profundas que tenemos de construir un país que todavía no existe del todo, pero que podemos aprender a reconocer cuando aparece.

Hernando Llano Ángel.

Como es sabido, un sultanato es una forma de gobierno en donde prevalece la voluntad de un Sultán que logra fusionar su poder político con la fe musulmana y la lealtad absoluta de sus ejércitos. El poder militar le permite ejercer control sobre su territorio y además obtiene la obediencia de sus súbditos, sin mucho esfuerzo, por ser reconocido también como una autoridad religiosa. Tal parece ser el mayor sueño de Abelardo, erigirse como un profeta armado de su “Patria Milagro” con el respaldo y la obediencia ciega de los militares, pero también con la fe sumisa de la mayoría de colombianos. Así se comprende plenamente esa ceremonia sincrética y pintoresca de su posesión presidencial en la Arena USC y en el Cantón Militar Pichincha, con la presencia de tres autoridades religiosas que se supone representan las creencias de la mayoría de colombianos: un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico, en el orden de intervención de sus oraciones en la ceremonia de investidura. Para lograr ese magno efecto entre los caleños, donde perdió por 239.119 votos frente a Iván Cepeda[i], contó no solo con la entusiasta colaboración de los mandatarios locales, sino también con el corifeo de los medios de comunicación y la adulación generalizada de los principales líderes de los gremios empresariales y agrícolas de la región. Todos a una proclamaban que deberíamos sentirnos orgullosos por un acto de posesión presidencial histórico, desconociendo que para 682.166 ciudadanos y ciudadanas caleñas, equivalentes al 59.64 %, de los votos válidos que votaron por Cepeda, no pasaba de ser una ceremonia provocadora y desafiante. Así, Cali dejó de ser la altiva sultana del Valle para convertirse en una sumisa sierva de un Sultán que se identifica con un Tigre y llama “manada” a sus seguidores, eligiendo la Arena USC para tomar posesión presidencial, cuando debió hacerlo en el zoológico de Cali, un lugar más acorde con su bestial simbología y adecuado para sus invitados internacionales, entre ellos un espécimen aún más peligroso, un tal león Milei, depredador del Estado argentino y el sentido de lo público en nombre de la “libertad”.

Cali sitiada y confinada

Seguramente por ello, durante toda la semana estuvimos sometidos al sobrevuelo de aeronaves militares, como una señal de inminentes bombardeos contra violentos narcoterroristas que podrían tomarse la ciudad y sabotear su posesión. Y, como si fuera poco, el viernes 7 de agosto quedamos confinados en nuestras casas, por sabia y autónoma decisión del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ya que así el Tigre y todos sus invitados internacionales y nacionales podría asistir a la posesión presidencial sin correr peligro alguno. Cali, entonces, quedó bajo un toque de queda preventivo, negándonos a los ciudadanos el derecho constitucional a circular libremente por nuestra ciudad. ¿Podrá haber una prueba más contundente de la negación de la democracia y la violación de la Constitución en nombre de una posesión presidencial? Esa posesión y la forma como se realizó sienta un precedente, ese sí verdaderamente histórico, pues marcó el inicio de una gobernanza cuya esencia es la fusión de tres poderes profundamente antidemocráticos: el militar, el pastoral y el tutelaje imperial de Maga. Todo ello, bajo la mascarada de rituales democráticos en el esperpéntico escenario de la Arena USC, semejando un Hollywood tropical, pero con alfombra azul por la que desfilaron las vanidades de personajes dispares y patéticos, representativos de un entramado de poderes internacionales y regionales decadentes y excluyentes. Por ella ingresaron a la Arena USC desde el encumbrado rey de España, Felipe VI, antecedido por el depredador de lo público, el león Javier Milei, hasta el ambicioso presidente de la FIFA, Gianni Infantino, casi siempre fuera de lugar. Pero, en verdad, en esa ceremonia nadie estaba fuera de lugar, pues todos se encontraban allí para validar y legitimar el primer acto de prestidigitación del Tigre mediante la invocación de los tres poderes con los que pretende construir la “Patria Milagro”: el pastoral, el militar y el corporativo internacional. Este último con el respaldo de su padrino, Donald Trump, el mayor depredador de riquezas naturales y demoledor del derecho internacional público.

La ubicuidad de un taumaturgo del poder

Lo hizo de una manera fantástica, como un consumado taumaturgo del poder. Para ello, comenzó con la piadosa puesta en escena del poder religioso, en la propia Arena USC, invitando a tres religiosos que considera representativos de las creencias y la fe de la mayoría de colombianos para así contar con su apoyo en la difícil tarea de gobernar. Pues nada resulta más útil que la persuasión de pastores evangélicos, sacerdotes católicos y rabinos judíos sobre miles de feligreses, la mayoría de ellos muy deVotos, como lo demostraron en las urnas dándole el triunfo al Tigre. Luego abandonó rápidamente ese escenario piadoso de la Arena USC para trasladarse en cuestión de minutos al rudo campo de maniobras militares del Cantón Pichincha y pronunciar allí su discurso de posesión. En realidad, no se puede llamar discurso a una arenga dirigida a los militares más que a sus invitados internacionales y los congresistas presentes en la Arena que lo escucharon por más de una hora. Allí convocó de nuevo a los militares para que aportarán más “héroes de la Patria”, pero esta vez llevando el “Escudo de las Américas”, sacrificándose en una guerra que se ha prolongado de derrota en derrota, por más de medio siglo, la llamada “Guerra contra las drogas”. Una guerra decretada por Nixon en 1971, hace 55 años, como globo distractor de la guerra de Vietnam que ya sabía pérdida. Tampoco fue una pieza oratoria para todos los colombianos que lo vimos por televisión y esperábamos el discurso de un presidente, no esa arenga más propia de un agitador en pie de guerra. Pero, en el caso de Abelardo, resulta comprensible, pues se trata de alguien que personifica un tigre, una peligrosa y temible fiera para quienes no forman parte de su manada y no obedezcan inmediatamente sus temibles rugidos. Esa es una muestra de su “máxima coherencia” autocrática. De esta forma demostró la ubicuidad y el sincretismo de su poder, que pretende abarcar desde la fe hasta las armas, lo que históricamente ha terminado en monstruosas guerras, en lugar de milagrosas patrias. Por eso imploró “Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, ilumine nuestro entendimiento, afine nuestro carácter y guíe nuestras decisiones” y afirmó “el que está de rodillas delante de Dios, jamás será vencido”, como si estuviera anunciando el comienzo de una guerra santa. Por eso terminó su arenga gritando: “¡Firmes por la Patria, que viva Cristo Rey!”. La mayor ironía es que en ese instante un leve incendio recorría las laderas del cerro en donde se encuentra el monumento tutelar de Cristo Rey, quizá por ello no pudo proteger piadosamente a Cali de los destrozos y sufrimientos causados por el terremoto de 7.4 grados Richter, tres días después de haberlo invocado Abelardo en su arenga con fines tan lejanos de su doctrina. Vale la pena recordar que Jesús de Nazareth no solo predicó que “mi reino no es de este mundo”, sino que además expulsó a los mercaderes del Templo y la esencia de su legado para la humanidad fue la paz, la reconciliación y el perdón, todo lo contrario de lo anunciado por Abelardo en su discurso de posesión presidencial. ¿De cuál “Patria Milagro” nos hablará y quiénes serán los beneficiarios de ella?

[i]https://caliescribe.com/2026/06/26/votaciones-por-puesto-2a-vuelta-presidencial-cali/

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría