1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Roy Barreras habla de Colombia como si fuera un paciente crónico: un cuerpo que ha aprendido a convivir con el dolor sin resolver del todo sus causas. Después de meses recorriendo el país -de las periferias a los centros de poder— repite un diagnóstico que, aunque familiar, insiste en ser ignorado: las heridas siguen abiertas. En su relato aparecen las constantes conocidas : corrupción, desigualdad, violencia, pero también una preocupación menos evidente: la manera en que el país parece haberse acostumbrado a ellas.

Su posición actual es, en cierto sentido, incómoda. Ha estado cerca del poder —en el acuerdo de paz, en el arranque del gobierno Petro—, pero hoy se ubica en un lugar intermedio que él mismo defiende y que, en la práctica, tiene poca tracción política. Desde ahí, cuestiona tanto a la derecha como a la izquierda, y plantea una salida basada en la moderación y los acuerdos. Es una apuesta que contrasta con el clima predominante, donde los extremos no solo dominan la conversación, sino que parecen definir sus reglas.

Diego Aretz: Roy, muchas gracias por esta entrevista. Empiezo con una pregunta abierta, casi como una versión libre: después de todos estos meses recorriendo el país —no solo en la política sino también desde su libro, desde múltiples espacios, hablando con personas completamente distintas—, ¿cómo se siente hoy? Usted ha hablado con todo el país en los últimos meses. Si tuviera que apelar a su oficio y hacer una radiografía del país, ¿qué ve como médico?

Roy Barreras: Más que una radiografía, es una escanografía. Porque volví a recorrer Colombia en profundidad. Desde el sur de Nariño, Tumaco, hasta La Guajira; desde el Chocó hasta la Orinoquía. Y es un país profundamente bello, pero también profundamente adolorido.

Es un país que no ha podido superar ni sus violencias ni sus miserias. Y eso es doloroso. Yo soy, ante todo, médico, y mi oficio es sanar heridas. Y lo que veo son heridas profundas en el alma nacional, heridas viejas, crónicas.

Si usamos la metáfora médica, hay enfermedades crónicas: el narcotráfico, que es una tragedia histórica; la corrupción, que es endémica. Y esas enfermedades tienen solución, especialmente la corrupción, que depende de reformas estructurales que no se han hecho.

Pero, más allá del diagnóstico estructural, lo que escucho en la gente es angustia. Angustia por la inseguridad, miedo porque nadie responde por su salud, incertidumbre profunda en los jóvenes: dos millones de jóvenes que no saben qué va a pasar con su futuro, que no tienen garantizada ni la educación ni el empleo.

En el sector productivo ocurre algo similar. Desde el tendero del barrio —que también es empresario— hasta el gran inversionista, hay miedo. Miedo a la extorsión, a la inestabilidad, a no saber hacia dónde va el país.

Y todo esto está atravesado por una polarización extrema. Dos polos que se alimentan del miedo y del odio. De un lado, el miedo al comunismo; del otro, el miedo a una derecha represiva. Y cuando eso ocurre, el centro desaparece del escenario político.

Pero no desaparece de la realidad de la gente. Porque los problemas siguen ahí. Y hay un riesgo mayor: cualquiera de los dos extremos que gane puede profundizar la fractura nacional.

Un país fracturado, dividido por el odio, no puede resolver sus problemas. Si gana una derecha radical, habrá reacción social masiva. Si gana una izquierda radical sin moderación, habrá parálisis económica por falta de confianza.

Y sin economía activa, ¿con qué recursos se resuelven los problemas sociales? No se puede gobernar solo repartiendo subsidios. Hay que generar riqueza.

Por eso insisto: el país necesita un relato de confianza y de unidad. Ese es mi propósito. Y aún estamos a tiempo. Hoy hay cinco millones de colombianos indecisos. Son más que los votos de varias candidaturas. Si esos cinco millones se movilizan, pueden cambiar la historia electoral.

Usted decía hace unos meses, incluso en una portada de revista, que puede unir al país. Pero se lo pregunto como médico: si un paciente no quiere la cura, ¿qué hace el médico?

Depende del estado del paciente. Pero aquí hay algo clave: Colombia sí tiene cura. Yo sé lo que hay que hacer.

Sé que hay que reactivar la economía, por ejemplo, con un plan masivo de vivienda que puede generar millones de empleos. Sé que hay que impulsar la agroindustria, pero también profundizar la reforma agraria con titulación de tierras, porque hoy la mitad de los campesinos no tienen títulos y no pueden acceder al crédito.

Sé que hay que desarrollar el turismo, infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes. Sé que hay que atraer inversión nacional y extranjera. Y sé que hay que recuperar sectores estratégicos que generan ingresos para financiar la deuda social.

También sé cómo hacer la paz, porque ya lo hice. La paz no es improvisación. Requiere un marco jurídico claro. Lo que ha fallado en la llamada “paz total” es precisamente eso: no hubo un marco legal sólido, y eso permitió que los grupos ilegales se fortalecieran.

La paz necesita primero seguridad, luego negociación con reglas claras.

Cuando habla de paz y la contrasta con la de 2016, en la que usted tuvo un papel muy relevante, surge otra pregunta: usted también es reconocido como uno de los grandes legisladores del país. Entonces, ¿quién tiene hoy el Congreso?

El Pacto Histórico es la minoría más grande, pero no tiene mayorías. Y eso es clave.

Hace cuatro años logramos algo distinto: construir una gran coalición de 74 senadores basada en confianza, diálogo y respeto. Eso permitió aprobar reformas importantes.

Hoy no existe esa gobernabilidad. Y cualquier presidente la va a necesitar. Para aprobar la reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma laboral, o una ley de sometimiento a la justicia.

La reforma a la salud es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. El método fue equivocado, hubo terquedad, y el resultado es que no hay reforma y el sistema está en crisis.

Hablemos del centro. De Fajardo, de Claudia López. ¿Cómo los interpreta hoy?

El centro ha sido débil y fragmentado. En la consulta reciente, entre todos apenas representamos cerca de dos millones de votos. Es muy poco.

Y me preocupa que algunos sectores del centro se estén dejando atraer por la derecha. Yo me mantengo en el centro, incluso si eso significa estar solo.

Porque moverse hacia los extremos implica retrocesos en derechos, en libertades, en la convivencia democrática.

Diego Aretz: Ese primer año del gobierno Petro, en el que usted jugó un papel importante, parecía un gran acuerdo nacional. ¿Por qué fracasa?

Porque ese acuerdo era, en esencia, un pacto liberal amplio. Pero tras la ruptura de la coalición, el gobierno se radicalizó.

Yo siempre fui claro: soy liberal socialdemócrata, no petrista. Apoyé ese proyecto por convicción, pero sin renunciar a mi independencia. Y esa independencia no fue bien recibida.

Hay una paradoja histórica: los grandes avances del país han sido producto de acuerdos —la Constitución del 91, la paz del 2016—, pero hoy esos acuerdos parecen negarse. ¿Por qué?

Porque los extremos desprecian el centro. Y sin centro no hay acuerdos posibles.

Hoy se alimenta el odio desde ambos lados. Y el odio es una fuerza política poderosa, pero destructiva.

Usted ha tenido poder, pero hoy está en una posición más solitaria. ¿Es un buen lugar para construir?

Es un buen lugar para la vida personal, pero difícil para la política. Colombia hoy está atrapada en los extremos.

Pero hay cinco millones de personas que no están ahí. Y esas personas pueden definir el rumbo del país.

Usted habló del odio como motor político. ¿Cómo se enfrenta eso?

Reconociendo que existe en ambos lados. Hay odio en la derecha, pero también en la izquierda.

Y hay algo importante: Colombia sigue siendo un país excluyente. Mi historia personal no es la regla, es la excepción. El poder sigue concentrado en élites.

Por eso mi apuesta es que más personas tengan oportunidades reales: educación, empleo, movilidad social.

Usted que ha logrado unir sectores diversos, le pregunto directamente: ¿se puede unir el centro en Colombia?

No se ha podido por los egos. Pero más importante que unir líderes es que voten los ciudadanos.

Si los indecisos votan masivamente, incluso en blanco, pueden generar un cambio político enorme.

Hay algo que me interesa profundizar, y es el papel de las emociones en la política actual. Usted ha hablado del miedo y del odio como motores. ¿Qué espacio le queda a la esperanza en un escenario así?

La esperanza siempre existe, pero hoy está debilitada. Las emociones negativas son más fáciles de movilizar. El miedo y el odio generan respuestas inmediatas, instintivas. La esperanza, en cambio, exige un ejercicio más racional, más paciente.

Sin embargo, cuando uno recorre el país, también encuentra esa esperanza. Está en la gente que sigue trabajando a pesar de todo, en los jóvenes que quieren estudiar, en los emprendedores que no se rinden, en las mujeres que sostienen a sus familias en condiciones muy difíciles.

Lo que pasa es que esa esperanza no tiene hoy una narrativa dominante. No está organizada políticamente. Y ahí hay una tarea enorme: convertir esa esperanza dispersa en una fuerza colectiva.

En ese sentido, ¿cree que las redes sociales han amplificado más el conflicto que las soluciones?

Sin duda. Las redes sociales han acelerado la polarización. Funcionan con algoritmos que premian el escándalo, la confrontación, el mensaje extremo.

Eso no quiere decir que sean malas en sí mismas, pero sí han cambiado la forma en que se construye la opinión pública. Hoy es más difícil sostener posiciones matizadas, porque lo matizado no genera viralidad.

Y la política necesita matices. Necesita deliberación, necesita escucha. Cuando todo se reduce a consignas, el debate se empobrece.

Usted ha mencionado varias veces la palabra “confianza”. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un país que lleva décadas de fracturas?

Con hechos, no con discursos. La confianza no se decreta, se construye.

Se construye cumpliendo lo que se promete, generando reglas claras, respetando las instituciones, garantizando seguridad jurídica. Pero también se construye desde lo simbólico: reconociendo al otro, bajando el tono, evitando la descalificación permanente.

Un país donde todos se ven como enemigos no puede avanzar. Hay que volver a una cultura del respeto, incluso en la diferencia.

Usted ha hablado de ejecución, de hacer. ¿Cree que ese es hoy el principal déficit de la política colombiana?

Sí. Hay un exceso de discurso y un déficit de ejecución.

Colombia no necesita más diagnósticos, porque ya los tenemos. Sabemos cuáles son los problemas. Lo que falta es capacidad de gestión, de implementación, de llevar las ideas a la realidad.

Y eso implica equipos sólidos, experiencia, conocimiento del Estado. Gobernar no es improvisar. Gobernar es saber hacer.

Finalmente, le hago una pregunta más personal. Después de todo este recorrido, de los cargos que ha tenido, de las tensiones políticas, ¿qué lo sigue motivando a insistir?

Me motiva la convicción de que este país puede ser mejor. Me motiva la historia personal que tengo, que me recuerda todos los días de dónde vengo.

Y me motiva la responsabilidad. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer el Estado, de entender cómo funcionan las cosas, también tiene el deber de intentar mejorarlas.

No se trata solo de una aspiración política. Se trata de una responsabilidad con el país. Y mientras tenga esa convicción, voy a seguir insistiendo.

Quisiera llevarlo a un terreno más concreto. Cuando usted habla de reactivar la economía y generar confianza, ¿cuál sería la primera señal que daría un eventual gobierno suyo en los primeros cien días?

La primera señal tiene que ser de estabilidad y de reglas claras. Un mensaje inequívoco a los inversionistas, nacionales e internacionales, de que Colombia es un país confiable, donde se respetan los contratos y las instituciones.

Pero esa señal no puede quedarse en lo económico. Tiene que ser también social. Los primeros cien días deben mostrar resultados en empleo, en reactivación de sectores clave como la construcción, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Y hay un tema fundamental: la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Por eso, recuperar el control territorial del Estado es una prioridad inmediata.

Usted ha sido crítico del manejo de la seguridad en los últimos años. ¿Qué haría distinto?

Lo primero es entender que la seguridad y la paz no son opuestas. Son complementarias.

No puede haber negociación sin autoridad del Estado. Y no puede haber autoridad sin legitimidad. Eso implica fortalecer la Fuerza Pública, pero también garantizar que actúe dentro de la ley.

Y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para cualquier proceso de sometimiento o negociación. No puede haber zonas grises. La ambigüedad solo beneficia a los grupos ilegales.

Hay un tema que atraviesa todo esto y es la desigualdad. Usted ha insistido en la inclusión social, pero también en la necesidad de crecimiento económico. ¿Cómo se equilibran esas dos dimensiones?

Esa es la clave del desarrollo. No hay contradicción entre crecimiento e inclusión. Al contrario, se necesitan mutuamente.

Sin crecimiento no hay recursos para financiar políticas sociales. Pero sin inclusión, el crecimiento no es sostenible.

Por eso hablo de un modelo de desarrollo equilibrado: que genere riqueza, pero que también la distribuya de manera más justa. Que promueva la iniciativa privada, pero que garantice oportunidades para todos.

En ese equilibrio, ¿qué papel juega el Estado?

Un Estado fuerte, pero no asfixiante. Un Estado que regule, que garantice derechos, que corrija desigualdades, pero que no sustituya la iniciativa de la sociedad.

El Estado no puede hacerlo todo, pero tampoco puede abandonar a la gente. Tiene que encontrar ese punto de equilibrio.

Última pregunta. Más allá de gobernar, un estadista propone un relato. ¿Cuál es el suyo?

Confianza y unidad.

Confianza para que la economía funcione, para que haya inversión y empleo. Unidad para cerrar la fractura nacional.

Coincido con la necesidad de justicia social, pero no basta con el discurso. Hay que ejecutar.

Mi mensaje es claro: que los colombianos participen, que no dejen que los extremos decidan por ellos. Todavía estamos a tiempo.

Si bien el Día de la Tierra, al igual que otras fechas como el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), forma parte de una agenda ambiental global, resulta fundamental recuperar la memoria de los pueblos ancestrales.

Es necesario hacer memoria de nuestras raíces y ancestros que dentro de su propia cosmovisión o como diríamos hoy metafóricamente, dentro de su propio ADN tenían como práctica social permanente la conexión profunda con la Madre Tierra o mejor con la Pachamama, es decir, que en el sentido profundo de la palabra el día de la Tierra ya existía desde tiempos milenarios y los más importante era permanente. 

Los antepasados del pueblo U’wa, que fueron los primeros pobladores de la Sierra Nevada de Güicán, Cocuy y Chita, que hoy como área de conservación natural abarca zonas de los Departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare, adoraban a la Madre Naturaleza, que guardaba los misterios de su propio origen y por esa razón era un ser sagrado, un ser vivo como ellos, que merecía todo el respeto.

Según esta cultura milenaria el petróleo no es un recurso explotable, sino la “sangre de la Madre Tierra”. Su extracción representa una alteración profunda del equilibrio de la vida.

Este posicionamiento cuestiona el paradigma extractivista del capitalismo moderno que instrumentalizó la democracia para sus propios intereses estableciendo promesas fallidas de justicia, libertad y bienestar social en el desarrollo económico dependiente desde la revolución industrial de carbono y desde el siglo XX de petróleo.

La crisis climática actual tiene sus raíces en una crisis civilizatoria más amplia: la crisis de la propia sociedad occidental que estableció la naturaleza como un objeto de control y explotación, huérfana de derechos y despojada de su propia grandeza que alberga y sustenta todas las formas de vida existentes.

La raíz de la crisis climática expresa el antropocentrismo exacerbado, que desconoce a los seres humanos como parte de la naturaleza y, por esta razón, atenta contra la propia Madre Tierra que ostenta la vida, el crecimiento desbordado de ciudades y metrópolis con sistemas de transportes dependientes de fuentes fósiles como carbón y petróleo genera progresivamente gases efecto invernadero que ya produjeron el calentamiento global del planeta.

La temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 °C respecto a niveles preindustriales y en varias regiones del mundo ya sobrepaso el 1,5 ^oC que se estableció en el acuerdo de Paris en 2015 como la línea roja que no se debería superar para conservar los equilibrios dinámicos de la naturaleza.

La crisis climática impacta los sistemas humanos y los ecosistemas de forma contundente, El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en su informe de 2023, documenta impactos generalizados que evidencia los impactos observados en todas las regiones del mundo en cuanto disponibilidad de agua potable, producción de alimentos, salud y bienestar, infraestructura de ciudades, afectaciones a la estructura de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce, daños irreparables a la biodiversidad, cambios profundos en los ciclos biológicos como migración, floración, hibernación, entre otros.

Crisis climática en Colombia

El profesor Juan Carlos Alarcón Hincapié de la Universidad Distrital José Francisco Caldas de Bogotá en el 2019, publicó un libro sobre el cambio climático en el territorio colombiano, en el cual presenta un análisis de este fenómeno para el periodo 2011-2040 y prevé diferentes escenarios que resultan preocupantes.

Alarcón toma como referencia los registros existentes sobre temperatura media, humedad relativa y precipitación anual del periodo 1971-2000 para establecer previsiones a mediano plazo. Sus análisis concluyen que la temperatura promedio del país puede amentar alrededor de los 2 ^oC por encima de lo observado en el periodo de referencia con aumento hasta de 4°C en diferentes regiones al finalizar el 2040. El calentamiento será más alto en el Valle de Magdalena, la Orinoquia, una considerable área de la Amazonia, el sector del Caribe y el sur de la costa pacífica. En un escenario más dramático se podría registrar un aumento de temperatura hasta de 6 °C.

Si las previsiones de este estudio se hicieran realidad las formaciones vegetales de nieve y páramos en Colombia desaparecerán, ya que se trata de ecosistemas muy frágiles y no existen otras áreas de mayor latitud o de condiciones favorables para su adaptación. Los bosques altoandinos correrán con la misma suerte y los bosques bajos húmedos se reducirán significativamente. Las zonas de los bosques tropicales secos de la Guajira, Huila y Atlántico serán más propensas a los incendios forestales.

El ciclo hidrológico del país se vería gravemente alterado disminuyendo la disponibilidad de agua para el consumo humano y la agricultura, gran parte del líquido preciado que consumimos proviene de procesos de escorrentía que varía en promedio de 1644mm y específicamente se encuentra el rango mínimo de 100mm en la península de la Guajira hasta escorrentías mayores de 6000mm en el Pacífico, estos valores cambiarían drásticamente registrándose los valores más bajos en los altiplanos cundiboyacenses y nariñense, el departamento del Valle del Cauca, la cuenca del río Patía y el bosque seco de la Tatacoa.

Paradójicamente la reducción en un 11% del agua para actividades domésticas e industriales y un 20% para actividades agrícolas, se alternará con el aumento de inundaciones, en por lo menos el 21% del territorio colombiano que presenta una alta vulnerabilidad de padecer este problema. 

Además de afectar la vocación agrícola del país para la seguridad alimentaria, el aumento progresivo promedio de la temperatura impactará la salud pública con mayor severidad, las enfermedades infecciosas como la Malaria, Dengue, Chikunguña puede proliferar por lo menos en el 60% y el cuadro sanitario puede empeorar por las condiciones sanitarias habitacionales de una buena parte de la población ubicada en zonas de riesgo.

Muere el Glacial de la Plaza

En Colombia la Madre Tierra experimentó la triste pérdida de uno de sus hijos de la Sierra Nevada más grande que tiene nuestro país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó en abril de este año la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza ubicado en la Sierra Nevada de Güicán, Cocuy y Chita. El cambio climático acelerará la pérdida de más glaciares hasta el punto de que desaparezcan en menos del tiempo previsto, a menos que actuemos de forma decidida tanto desde el ámbito político nacional como desde el contexto local de las comunidades.

¿Es posible superar la crisis climática? La respuesta es afirmativa, siempre y cuando actuemos rápidamente con firmeza. El camino por seguir está en las experiencias y luchas que las propias comunidades están construyendo en sus territorios.

Conferencia por territorios libres de combustibles fósiles

Mientras que el Norte Global liderado por el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos de América, se empeña en construir una geopolítica basada en la explotación petrolera, a través de prácticas neocoloniales de guerra y abandono del ordenamiento internacional basado en los derechos humanos, organizaciones sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, niños(as), jóvenes, mujeres y ciudadanía en general se reunieron en Santa Marta Colombia entre el 24 y el 26 de abril para proponer una hoja de ruta que decididamente pugne por abandonar el uso de fuentes fósiles.

Esta conferencia de las organizaciones sociales transcurrió al mismo tiempo que la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, presidida por la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia: Irene Vélez Torres y la ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos Stientje van Veldhoven.

Las comunidades que luchan por un futuro justo, solidario y responsable con la naturaleza, afianzaron su compromiso por la defensa de sus territorios y exhortaron a los gobiernos del mundo a construir una transición energética justa basada en los derechos de la naturaleza y no en el derecho liberal que también permea la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ha mostrado insuficiente para revertir el cuadro crítico de la crisis ambiental.

Exigieron detener el financiamiento que sostiene el extractivismo impulsado por empresas, especialmente multinacionales, bancos e inversionistas, siendo necesario la puesta en marcha de políticas, programas y planes concretos de reparación y restauración integral de los ecosistemas que se han visto impactados por la explotación de fuentes fósiles.

Es necesario reconocer la Amazonía, mares, océanos, páramos, glaciares y todos los territorios naturales como sujetos de derecho, garantizando que sean libres de explotación. También exigieron la autodeterminación de los pueblos, su autonomía y su derecho a defender la soberanía alimentaria y energética.

Afirmaron que no hay transición energética sin justicia ambiental, no es posible negociar la vida y por lo tanto la naturaleza.

La mejor manera de recobrar nuestra identidad, de reencontrarnos con nuestras raíces y de volver a la Madre Tierra es sumarnos con profundidad y claridad a las luchas de las comunidades en sus territorios que reclaman justicia y reparación frente a la explotación petrolera. Ya tenemos un claro ejemplo de esta lucha librada por el pueblo U’wa, que incluso en 1995 manifestó su disposición a un suicidio colectivo antes de entregar su territorio a la explotación petrolera que haría un gran consorcio de dos empresas multinacionales la OXY y la SHELL en una franja ortogonal de 209.000 hectáreas en las faldas y el piedemonte llanero de la cordillera oriental conocida como Las Selvas del Sarare. Esta área afectaba lo que hoy es área de conservación natural conocido como Parque Nacional Güicán, Cocuy – Chita. 

Descolonizar nuestra mente dejando atrás el pensamiento blanco para dar paso al pensamiento ancestral, hace parte de las acciones individuales y colectivas que podemos emprender con firmeza y convicción, tal como lo hicieron los U´wa en la audiencia por la vida del 20 de julio de 1996 y que fue registrada y documentada por Margarita Serje en el Bulletin de l’Institut français d’études andines (2003, p. 107)^[1]:

Nosotros, el pueblo U’wa, somos y vivimos en un mundo diferente al del blanco. Tal vez no lo sea desde el punto de vista físico, del sol, la luna, las montañas y los ríos. Pero nuestra forma de entenderlo, concebirlo y estudiarlo si es diferente (…) Nosotros los U’wa concebimos el territorio como la esencia de la vida; tenemos una forma muy especial de controlar el medio ambiente, nuestro comportamiento con respecto a éste se explica en los mitos, creencias, usos y costumbres, cuya antigüedad es la misma del origen de nuestro mundo, de nuestra población y de nuestra cultura; nuestra misión en esta tierra ha sido la de mantener el equilibrio de origen” (U’wichita, 1996).

^[1] Margarita Serje, (2003) ONGs, indios y petróleo: El caso U’wa a través de los mapas del territorio en disputa, Bulletin de l’Institut français d’études andines, 32 (1), p. 101-131. http://journals.openedition.org/bifea/6398; DOI: https://doi.org/10.4000/bifea.6398.

Citados a las siete de la mañana del domingo por el Icfes, muchos tuvieron que viajar el día anterior con acudientes y hospedarse en casas de familiares o en hoteles económicos.

Además de pagarle $72.000 al Icfes por concepto de inscripción, las familias asumen (con mucho esfuerzo y en algunos casos con apoyo de los colegios) gastos de transporte intermunicipal y urbano, almuerzos y hasta dos noches de hotel.

¿Por qué hacen todo esto si no es obligatorio? Porque son estudiantes que quieren ingresar a la universidad y se esfuerzan en la preparación de Saber 11, que les espera el 26 de julio.

Presentar PreSaber del Icfes es realizar el simulacro más real posible de Saber 11, un ejercicio habitual en colegios de alto rendimiento en las ciudades.

Estos estudiantes pilos, determinados y esforzados, hacen parte desde grado octavo del programa de Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia.

Muchos otros pilos de los semilleros no lograron inscribirse en diciembre y enero ante el Icfes, pero harán simulacro virtual en la plataforma Puntaje Nacional, luchando contra los problemas de conectividad.

Algunos lograron inscribirse ante el Icfes (vendiendo boletas de una rifa colectiva), pero no reunir las condiciones para viajar, con lágrimas de frustración.

Otros viajaron solos para ser recogidos por familiares. Múltiples pequeñas historias de formación del carácter y la determinación de buscar un futuro mejor.

Y muchas muestras de amor filial y compromiso de padres y madres con sus hijos, esperanza de la familia.

• De los municipios de El Paso, Tamalameque, Chimichagua y Chiriguaná viajaron a Valledupar, Cesar.

• De Zona Bananera y El Retén viajaron a Santa Marta, Magdalena.

• De Santiago de Tolú y San Onofre viajaron a Sincelejo, Sucre.

• De Moñitos y San Bernardo del Viento viajaron a Montería, Córdoba.

• De María La Baja y Mahates viajaron a Cartagena, Bolívar.

• De corregimientos de la ciudad a Riohacha, La Guajira.

• De corregimientos y colegios de la ciudad a Cartagena, Bolívar.

Pilos del Magdalena

Del municipio de Zona Bananera:

• Sheiry Roxana Cantillo Velásquez, IE de Tucurinca
• Luis Santiago Villar Montero, IED Ciudad Perdida
• Felipe Hereira Pinto, IED Ciudad Perdida
• Jhon Jairo Noel Mercado, IED Humberto Velásquez García
• Branis Yasuri Aparicio Berrío, IE Soplador.

Del municipio de El Retén:

• Silvana Tocora Borrero, IED Roque de los Ríos Valle
• Sonia Sofía Mercado Rodríguez, IED San Juan Bautista
• Alexis Manuel Sánchez Barrios, IED San Juan Bautista
• Clara Michell de Orta Moreno, IED Roque De Los Ríos Valle

Pilos de Bolívar

Del municipio de María La Baja:

• Taliana Sofía Terán Vanegas, IE Rafael Uribe Uribe
• Isaac David Rocha Carrillo, IE San Luis Beltrán
• Ramón Andrés Julio González, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• María Camila Chiquillo Flórez, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• Johandry Carolina Cantillo Santos, IE Rafael Uribe Uribe
• Nailin Carolina Gutiérrez Fernández, IET Acuícola San Francisco de Asís
• Isabel Sofia Herrera Noreña, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• Jesús David Soto Moreno, IE Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural

Del municipio de Mahates:

• Quiliar Daniel Herrera Pimientel, IE de Evitar
• Cristiana de Jesús Atencio Orozco, IE Camilo Torres
• Yarlis Cecilia Calderón Yepes, IET Agropecuaria Ezequiel Martelo
• Lindys Neleidys Julio Herrera, IE Camilo Torres
• Lina Marcela Arrieta Polo, IE de Evitar

De Cartagena:

• Noelis María Babilonia Martínez, IE de Bayunca
• Sandy Fonseca, Liceo Bolívar
• Cristina Arellano, I.E nuestra Señora del Carmen

Pilos del Cesar

• Nataly Castro Avendaño, IE Técnica Agroindustrial Octavio Mendoza Durán, El Paso
• Sharik Nicolle Córdoba Castilla, IE Conalpa, El Paso
• Yuranis Andrea Rivera Nevado, IE El Carmen, El Paso
• María José Suárez Guerra, IE Conalpa, El Paso
• Rosalba María Camacho Álvarez, IE San José Soledad, Chimichagua
• Amir Julian Porras Trespalacios, IE Octavio Mendoza Duran, El Paso
• Leamis Patricia Palomino Rangel, IE San José Soledad, Chimichagua
• Nataly Bustos Bonet, IE Agropecuaria Luis Felipe Centeno, Chiriguaná
• Jesús David Sánchez Sánchez, IE Aníbal Martínez Zuleta, Tamalameque
• Esteban David Robles Castro, IE Aníbal Martínez Zuleta, Tamalameque
• José Eduardo Vanegas Castilla, IE Técnico José Celestino Mutis, Guacoche, Valledupar
• Miguel Ángel Rodríguez, IE Benito Ramos Trespalacios, de El Paso
• Andrea li Villarreal Tejeda, IE la Inmaculada, Chimichagua

Pilos de Sucre

Del municipio de Santiago de Tolú:

• Gabriela Padilla Ríos, IE Técnica José Yemail Tous
• Isaura Sofia Berrío Cermeño, IE Técnica José Yemail Tous
• Emmanuel Martínez Barragán, IE Técnica José Yemail Tous
• Luisa Fernanda Solar Bohórquez, Liceo Pedagógico Los Ángeles
• Antero Tomás Arias Mendoza, Liceo pedagógico los ángeles

Del municipio de San Onofre:

• Ronaldo Bello Álvarez, IE Aguas Negras

Pilos de Córdoba

• Natalia Doria Castro, IE Obdulio Mayo Carpeta, Moñitos
• Aliska Carielys Corredor Silgado, IE José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento.
• Johelys Paola Padilla Palencia, IE Perpetuo Socorro, Moñitos

Pilos de La Guajira

• Luz Elisa Quintero Amaya, IE San Juan Bautista de Cotoprix, Riohacha
• Zaide Carolina Godoy Martínez, IE Luis Antonio Robles, Camarones
• Elisaray Pinedo Amaya, IE San Juan Bautista de Cotoprix, Riohacha
• Jhon Mario Redondo Morales, IE Rural Miguel Pinedo Barros, Dibulla

Trazador misional de esta publicación:

En su línea estratégica, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grado octavo para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

Memoria, conflicto y fotolibro desde Manizales

En Manizales, una ciudad de montañas empinadas y neblinas persistentes, lejos del vértigo editorial de Bogotá o Medellín, Santiago Escobar Jaramillo decidió trazar una línea. Una raya como gesto mínimo y fundacional. Pensar el país de otra manera. Pensar la producción de textos y de sentido desde el libro como objeto vivo. Así nació Raya Editorial en 2019.

Hace unos años lo conocí en un evento que moderé en la Feria Internacional del Libro de Bogotá sobre memoria en el mundo editorial. Me impresionó por su trabajo, por la minucia y el sentido que le imprime a cada proyecto. Hablaba del libro no como mercancía sino como postura; no como objeto decorativo sino como espacio de pensamiento. Desde entonces entendí que lo suyo no era solo editar, sino construir una ética alrededor del papel.

En Colombia existía una tradición del libro de fotografía y del libro de artista, pero no necesariamente del fotolibro entendido como lenguaje propio. Para Santiago, el fotolibro combina el ritmo de las películas con la narrativa de las novelas; la materialidad de la arquitectura con la reproducción industrializada de las rotativas. Es soporte y es experiencia. Es objeto, secuencia, respiración. Desde el libro como soporte y como lenguaje.

La fotografía en el país ha tenido maestría y fondo por la pulsión de los temas y la urgencia para expresarse. Décadas de conflicto armado, desplazamientos forzados, desigualdad estructural y tensiones políticas han producido una generación de fotógrafos que entienden la cámara como herramienta ética. Sin embargo, la edición —entendida como ejercicio de selección y secuencia, no de posproducción— estaba limitada a los medios tradicionales: periódicos, agencias de publicidad, registros institucionales del arte. Las imágenes quedaban subordinadas a formatos que no les permitían desplegar su potencia narrativa.

Santiago comenzó autoeditando su trabajo y el de otros autores. Hasta que el artista visual boliviano River Claure le pidió publicar el suyo con una condición: debía salir bajo un sello editorial. Esa exigencia formalizó una intuición. Así apareció el nombre y la poética:

Una raya es una idea.
Del papel salta un tigre.
De las tintas, un enigma.
De la historia, un fotolibro.

Desde entonces, Raya se enfoca en investigar, conceptualizar, editar, diseñar, publicar y presentar fotolibros de autores latinoamericanos. El libro es objeto-libro-experiencia: material, textura, formas y capas que componen una unidad coherente con el universo de cada proyecto. En pocos años han publicado 40 fotolibros y trabajan en siete más.

El arte —dice Santiago— logra lo que lo racional no alcanza. Está en los sentidos y en la experiencia conectar emociones. Allí afloran la empatía y el compromiso. Darle el peso a las fotografías abre un espacio de interpretación que cuestiona al lector en sus recuerdos e imaginarios. No todo debe estar explicado; deben quedar preguntas por resolver. En un país acostumbrado a discursos cerrados y versiones oficiales, el silencio también puede ser político.

Raya ha construido lo que él llama “una narratología sobre el conflicto armado en Colombia”: una serie de libros que cuentan vivencias y consecuencias de la guerra, documentan testimonios de víctimas y responsables, presentan hechos desde diferentes puntos de vista lejos del lugar común, resaltan la voz autoral y el compromiso con la memoria, enfatizan el derecho a la verdad y destacan actos simbólicos de reparación, acciones participativas y procesos colectivos. Un relato visual del conflicto y del posconflicto, en una nación que aún negocia las heridas abiertas tras los acuerdos de paz con las FARC y en medio de diálogos intermitentes con otros actores armados.

Colombia está atravesada por múltiples violencias, pero también por múltiples formas de resistencia: mingas indígenas, procesos comunitarios afrodescendientes en el Pacífico, redes de mujeres buscadoras, colectivos de memoria en barrios periféricos. En los libros de Raya esas tensiones se expresan materialmente: contraste de papeles; volumen y temperaturas; ruido y silencios; peso y gramaje; color y vacío; punto y línea. Si ante las atrocidades y la ausencia de justicia parece poco lo que pueden hacer las comunidades, la resistencia también se juega en lo cotidiano, en actos simples que aspiran a un porvenir.

La nacionalidad no es el centro. Lo esencial es el compromiso con la historia y el respeto por la gente. Menciona a Nadège Mazars, quien lleva más de 16 años viviendo en el país y cuyo conocimiento del Cauca —dice— supera al de muchos nacionales. La tinta impresa en el pasaporte no define la profundidad de la mirada.

La relación con las comunidades se construye desde la apertura y la claridad: ¿qué se quiere contar?, ¿cómo se debe hacer?, ¿cuál es el propósito?, ¿qué consecuencias puede traer? Si la situación excede esas preguntas, hay que volver a sentarse y replantear. En contextos de conflicto, donde toda representación es política, la dignidad está por encima del espectáculo. Cuando es inevitable retratar el horror porque es deber registrarlo, el compromiso implica regresar, seguir las historias o esperar pacientes otras formas de redención.

Cita el trabajo de Federico Rios en “Darién”, quien pasó años fotografiando a migrantes que cruzaban la selva y mantuvo contacto con muchos hasta que alcanzaron su meta; el epílogo muestra esos sueños cumplidos. O el de Alejandro Cegarra, que caminó con migrantes venezolanos por Centroamérica, incluso sobre el tren conocido como La Bestia, hasta el muro con Estados Unidos. En su propio trabajo ha explorado metodologías participativas como en “El pez muere por la boca”. En “Colombia, Tierra de Luz”, los actos simbólicos de reparación se alejan del sino trágico y se enfocan en la esperanza.

Ser una editorial independiente en Colombia significa libertad. Publicar lo que se quiera. Un acto revolucionario, comparable al pintor frente al lienzo en blanco o a los papalotes del maestro Francisco Toledo desplegándose en el viento. Muchos de sus libros parecen objetos de memoria más que productos comerciales. Para Santiago, el fotolibro es contenedor de memoria y nave hacia el futuro. Su condición física lo hace perenne, no depende de energía para activarse. Incluso imagina un escenario apocalíptico, un gran “black-out”: cuando despertemos, los libros seguirán allí.

Durante años —dice con ironía— Colombia guardó el mejor secreto de Latinoamérica. Desde Nueva York o México volaban hacia São Paulo o Buenos Aires sin “ver pistas de aterrizaje” en la ventana del avión. Creían que aquí todo era selva y bala —aunque también—, mientras se cocinaban recetas poderosas e invenciones colectivas. Y claro, “¡Shakira, Shakira!”, exclama, invocando a Shakira como símbolo inesperado de identidad compartida.

Mirando al futuro, quiere seguir publicando historias de resistencias frente a la violencia y al atropello de multinacionales. Menciona “Yoluja”, de Fernanda Pineda y Hanz Rippe, sobre el impacto de la extracción de carbón en comunidades Wayuú de La Guajira; “Jaidë”, de Santiago Mesa, sobre la alta tasa de suicidio en comunidades Emberá del Chocó; y el esperado “Transputamierda” de Federico Ríos, un viaje por ríos, carreteras, trochas, cielos y planicies para narrar la identidad contradictoria del país.

Este año lanzaron “El Caballero del Páramo” de Tatiana Aristizábal, sobre el secuestro de su hermano por el ELN; “Jarupia” del Chino Romero, un relato fantástico en la ciénaga de Ayapel; y “Antología 2025 – Palabras mayores” de las Vecinas del Cuento, mujeres jubiladas que decidieron narrar sus propias experiencias. Además, Santiago trabaja en un proyecto sobre la vigencia contemporánea de la Gran Colombia, explorando los lazos históricos y culturales entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Porque tal vez el conflicto —los conflictos— no pueden seguir contándose únicamente desde el parte oficial, la cifra o el titular urgente. Nuestra realidad no cabe en un solo formato, ni en una sola voz, ni en una sola imagen. Necesitamos narrativas que respiren, que se detengan, que permitan la duda. Contar de otras maneras es también una forma de justicia: desplazar el centro, abrir el encuadre, escuchar lo que quedó fuera del marco. En un país donde la violencia ha intentado imponer versiones únicas, insistir en la multiplicidad de relatos es una forma de resistencia cultural.

Y en esa apuesta el papel tiene un lugar irreemplazable. No como nostalgia, sino como territorio de permanencia. El libro se toca, se hereda, se subraya, se guarda debajo de la cama o en la biblioteca familiar. Se convierte en archivo íntimo y colectivo al mismo tiempo. Frente a la fugacidad de las pantallas, el papel sostiene la memoria con su peso y su textura. Cada página es una evidencia de que estuvimos aquí, de que alguien miró, editó y decidió que esa historia merecía permanecer. Todo empezó con una raya. Pero en esa línea —trazada sobre papel— cabe todavía la posibilidad de recordar distinto y, quizá, de imaginar un país diferente.

Es irónico que cada 6 y 7 de agosto se superpongan la fundación de la ciudad y la Batalla de Boyacá. La primera representa el comienzo del poder colonial español en estas tierras; la segunda, el principio de su final. En esa contradicción hay algo profundamente bogotano: somos una ciudad construida sobre capas de contradicción, sobre memorias en conflicto. Una ciudad fundada por un conquistador y libertada por campesinos, por llaneros, por mulatos que probablemente nunca habían pisado la Plaza de Bolívar, pero también por los hijos mestizos de esos españoles, mamados de pagar impuestos injustos. Quizá por eso Bogotá nunca ha terminado de saberse su propio cuento (y nos sigue emputando pagar demasiados impuestos).

Este año algunos decidieron invitar a cancelar la celebración del cumpleaños de la ciudad, como si fuera un acto innecesario y colonial, que ignorancia y que error. Como si una ciudad no necesitara celebrarse a sí misma para creer en su porvenir. Cancelar la fiesta no es un acto de austeridad o sabiduria: es un error profundo de comprensión histórica y emocional. Celebramos porque necesitamos esperanza, porque en medio de la inseguridad, del trancón, de las desigualdades brutales entre el sur y el norte, necesitamos un instante de comunión, una excusa para recordar que este lugar es también una casa.

Y qué casa tan inmensa. Bogotá creció a empujones, con oleadas humanas que llegaron desde todas partes: desde Pasto, desde Bucaramanga, desde la Guajira, desde Venezuela, desde el Putumayo y desde Europa. Hay en esta ciudad acentos y formas de vida que nunca se reconocen en los noticieros. Suena a rap y a carranga, a vallenato y a pasillo, a orquestas filarmónicas, músicas andinas,  músicas negras y sigo…. Cada migración fue sembrando una esperanza. Los que vinieron en los años 40 huyendo del machete. Los que llegaron en los 80 buscando empleo. Los que llegaron en los 2000 escapando del abandono estatal. Los que cruzaron la frontera recientemente huyendo del hambre de una revolución fallida.

A todos los acogió Bogotá. Tal vez mal, tal vez tarde, pero los acogió. Y en su forma áspera, burocrática y torpe, la ciudad ha sido generosa. Bogotá produce cerca del 25% del PIB del país. Es motor económico, centro cultural, corazón político. Pero más allá de los datos, es un lugar donde cada día millones de personas se levantan para inventarse el futuro. Eso también merece celebración.

Yo nací aquí (y no me arrepiento nunca). Aunque a veces quiera irme. Aunque a veces me duela. Porque amar esta ciudad, con todas sus grietas, es también una forma de resistencia. Amar algo hoy en nuestro país es la más grande de las revoluciones, con tantas voces invitando a odiar, a destruir, a borrar. Y sin embargo, elegimos quedarnos. O volver. O sembrar.

No lo digo con ingenuidad. Hay cosas muy jodidas. La desigualdad en Bogotá es una topografía: se ve desde cualquier cerro. El transporte público mejora a cuenta gotas y la seguridad es, para muchas mujeres, jóvenes y habitantes de barrios populares, un dolor cotidiano. Pero hay un reto más silencioso, uno del que no hablamos tanto: el reto de querer esta ciudad. De aprender a verla no solo como un lugar de paso o de guerra política, sino como un territorio de afecto. De sembrarla, literalmente, de árboles. De entender que la casa no se abandona porque esté rota. Que el amor también se construye con actos mínimos: recoger una basura que no es nuestra, cuidar un jardín comunal, defender un humedal.

Y sí, también con palabras. Porque la memoria no se hereda, se construye. Y esa construcción necesita poesía. Me acuerdo de *Antepasados*, el poema de Jotamario Arbeláez, que parece escrito para recordarnos que incluso en medio del cemento todavía somos herederos de algo contradictorio y sagrado:

_

**Antepasados*

*Jotamario Arbeláez*

Mis antepasados entraron a sangre y fuego en América conquistando y arrasando

Mis antepasados se defendieron con los dientes de esta invasión de bárbaros

Mis antepasados buscaban el oro para cuadrar las arcas de sus monarcas y saciar sus propias sedes

Mis antepasados ocultaron el oro de sus ritos al sol bajo tierra y bajo las aguas

Mis antepasados nos robaron la tierra

Mis antepasados no pudieron recuperarla

Cómo siento en el alma no haber estado en el cuerpo de mis antepasados

¿De parte de cuáles de mis antepasados me pondré contra cuáles?

—

Tal vez somos una ciudad que puede volver a mirar el horizonte, tal vez tenemos una oportunidad. Solo necesitamos tiempo, árboles, memoria y voluntad.

Y sobre todo, el deseo de querernos más. De querernos mejor.

Feliz cumpleaños, Bogotá.

Luis Misael Socarras Ipuana es líder Wayúu, el grupo indígena más numeroso de Colombia, que históricamente ha vivido en la norteña Península de La Guajira. Sus territorios han sido constantemente amenazados por los conflictos armados, la degradación ambiental y la emergencia climática. Su testimonio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y servirá para que por primera vez un tribunal internacional se pronuncie por el impacto de esta crisis en la vida de las personas más vulnerables.

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“Hoy estamos en riesgo de ser extinguidos, de quedar siendo un pueblo indígena que pasa a la historia”, dice el representante de comunidades de La Gran Parada, cuyo testimonio fue uno de decenas presentados ante la Corte IDH. Este 3 de julio, el tribunal emitirá una opinión consultiva, una interpretación legal que ayuda a los países a cumplir sus obligaciones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta Opinión Consultiva, solicitada por los gobiernos de Colombia y Chile, se ha realizado con un nivel de participación inédito, señala la Liliana Ávila, directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), pues más de 280 organizaciones, comunidades indígenas, colectivos feministas, académicos y defensores ambientales participaron en siete audiencias regionales para compartir evidencia de cómo la crisis climática ya afecta derechos básicos como la salud, el agua, el territorio y la alimentación.

“La Corte Interamericana es un tribunal muy importante en la región. Lo que diga será vinculante y fortalecerá el marco jurídico que tiene que ver con las obligaciones de adaptación, mitigación, pérdidas y daños”, afirma Ávila ante la consulta de Mongabay Latam.

La especialista plantea que el nivel de participación histórico de este proceso es ya en sí mismo una victoria para las comunidades de Colombia, Chile y el mundo que ya enfrentan los impactos de la crisis climática, pues la opinión consultiva les dará herramientas legales para exigir derechos y mejorar los compromisos de sus respectivos países.

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De Colombia y Chile para el continente

Si bien este proceso legal fue solicitado por Colombia y Chile, la opinión consultiva que genera la Corte IDH tendrá alcance para todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además de representar obligaciones internacionales claras para los gobiernos, establecer estándares legales y guiar las resoluciones judiciales, también reconocerá que la emergencia climática afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres e infancias.

“Cuando hablamos de cambio climático no hablamos sólo de reducir emisiones, sino de un impacto en vidas concretas, en comunidades que están perdiendo la capacidad de sembrar, donde las temporadas de huracanes son más complicadas y el mar entra en sus casas”, señala Ávila sobre los impactos reales que suceden desde hace años en países de América Latina.

Entre las voces en los territorios que llegaron hasta la Corte IDH está Fuerza de Mujeres Wayúu, un colectivo de mujeres indígenas que se ha organizado en defensa de su territorio y autodeterminación ante los megaproyectos de mineras de carbón, el desplazamiento forzado y los conflictos armados en La Guajira, al norte de Colombia.

Angélica Ortiz, integrante de esta agrupación sostiene que a su pueblo actualmente se le está borrando del mapa.

“Han desaparecido más de 27 comunidades étnicas y campesinas, más de 19 cuerpos de agua, pero también se han desviado y se han secado otros afluentes como son El Cequión, Arroyo la Chercha, fuentes de agua importante para los pueblos étnicos en La Guajira”, advierte.

Ortiz señala que las mujeres del pueblo Wayúu llegan a este proceso con afectaciones en la salud y hasta en la educación.

“Estamos defendiendo una pervivencia cultural, el derecho a permanecer en nuestro territorios, pero también con garantías para la vida”, sostiene.

A esta instancia también llegaron representantes del pueblo Kankuamo, al norte de Colombia, quienes habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y Wiwa.

Jaime Luis Arias, integrante del Cabildo del pueblo Kankuamo, advierte la destrucción de su hogar ancestral conocido como la Línea Negra, ante conflictos armados y socioambientales.

“Esto rompe el equilibrio natural y cultural afectando ríos, desapareciendo los nevados, desapareciendo manglares, desapareciendo los bosques secos tropicales y los corales marinos”, señala.

Para Arias, este proceso legal debe implicar medidas que vean al territorio como “un cuerpo vivo, como una madre” y que contribuyan a preservar los conocimientos de los pueblos que ahí habitan.

En la opinión consultiva no solo están las voces de pueblos indígenas, también de sectores históricamente invisibilizados. Yoko Ruiz, integrante de la Liga de Salud Trans, advierte que los efectos de la crisis climática, como las olas de calor o la sequía, impactan de forma diferenciada a este sector de la población en Colombia, principalmente en zonas rurales.

“Cuando pasan catástrofes climáticas, la carestía de los alimentos es exagerada, la falta de agua potable, la falta de trabajo y la exposición a los elementos hace que nos enfermemos muchísimo más y que estemos más vulnerables”, señala.

Ruiz advierte que los efectos de la emergencia climática se ven reflejados en la violencia contra la comunidad trans y no binaria, principalmente en el derecho a la salud.

“Solemos ser maltratadas por los equipos médicos en hospitales, clínicas y centros de salud y la atención de las personas trans es precaria todo el tiempo”, afirma.

En el caso de Chile, plataformas de litigio climático también han acompañado a comunidades impactadas por la degradación ambiental. Un ejemplo es el del Movimiento de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), un agrupación en defensa del territorio y la salud de las personas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, que actuó ante la contaminación industrial en esta zona costera ubicada en la provincia de Valparaíso.

“Nosotros somos una de las zonas de sacrificio más emblemáticas de mi país. Eso quiere decir que tenemos contaminados los suelos, el agua salada y dulce, el aire y el fondo marino”, sostiene Katta Alonso, fundadora de Muzosare, que también se integró al acompañamiento por una opinión consultiva de la Corte IDH.

Para Alonso, este proceso es importante para lograr que el Estado chileno se haga cargo de terminar con las llamadas zonas de sacrificio, en donde los territorios son utilizados por industrias para el beneficio económico, pese a los impactos ambientales que puedan generar.

“Para saber qué respiramos, para que nuestros niños puedan nacer sanos tienen que fiscalizar a cada una de las empresas, saber qué emiten, hacer la sinergia y de ahí tomar las medidas pertinentes”, señala Alonso.

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El papel de las empresas

Las voces de estas comunidades también quedaron registradas en la Declaración de Manaos, un documento entregado a la Corte IDH en agosto de 2024 como parte de las audiencia para la opinión consultiva que no solo pide aclarar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, sino también en reforzar la vigilancia y regulación en empresas y actores financieros mayormente responsables de los efectos de la crisis climática.

Ávila explica que la opinión consultiva de la Corte IDH establecerá criterios jurídicos obligatorios para que los gobiernos regulen las acciones tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.

“El efecto más importante que van a tener estas decisiones tienen que ver con la forma en la que el Estado debe empezar a regular a los agentes públicos y privados para que no generen impactos en derechos humanos”, sostiene.

Sin embargo, también advierte que la Corte puede aclarar y fortalecer los deberes de empresas e industria ya establecidas en el derecho internacional.

“Las empresas de combustibles fósiles, las altas contaminantes, las empresas mismas que desarrollan extracción de minerales de transición tienen que adecuar sus comportamientos, normativas y regulaciones a los parámetros que establecen las leyes que también involucran al derecho internacional”, explica.

Ávila sostiene que la opinión consultiva de la Corte IDH va a propiciar nuevos escenarios de litigio en el mundo sobre emergencia climática y advierte que esto implica fortalecer las obligaciones de los países sustentadas en tratados internacionales.

“Nosotros trabajamos en litigio climático con comunidades ante organismos multilaterales y en todos estos escenarios vamos a utilizar la opinión consultiva para fortalecer nuestra capacidad de abogar por el clima estable, la protección de los derechos humanos y por un futuro sostenible”, aclara la abogada.

En esto coincide el representante del pueblo Wayúu Misael Socarras, quien sostiene que su movilización seguirá y se articulará con los grupos más perjudicados en la emergencia climática.

“Nuestra lucha es ambiental para que podamos dejarle a la nueva generación algo mejor de lo que hoy estamos viviendo”, afirma.

Imagen principal: ante el planteo de pueblos indígenas y colectivos de la sociedad civil, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática y regulaciones a privados. Foto: Francisco Pinilla / AIDA

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Primero que todo, cuéntenos ¿Quién es Jefferson Mena?; ¿Qué lo motiva en la vida? Y sobre todo, ¿cómo llega a escribir un libro con una propuesta que más parece de un candidato que de una persona que se interesa por el servicio público?

Jefferson Mena Sánchez: Pues Oscar, la verdad es que a mí siempre me ha costado hablar de mí mismo. Entonces, si yo le pudiera resumir quién soy, se lo diría de la siguiente manera: un devoto cristiano; un esposo enamorado; un padre que busca ser ejemplo y soy un servidor público.

El objetivo de mi vida es servirle a la gente, es lo que he hecho en los últimos 30 años de mi vida. Y a pesar de que el libro parezca como una plataforma de lanzamiento, que no lo es porque nunca he sido candidato y nunca seré candidato a absolutamente nada, no me llama la atención eso a pesar de las ofertas que me han hecho.

Una nueva estrategia para el Pacífico colombiano es un libro que busca aportarle al país en el sentido de darle respuesta a uno de los grandes problemas que tiene una de las regiones que es el Pacífico colombiano. Y lo hago con toda convicción y compromiso porque esa es mi tierra, esa es mi gente, esa es mi raza. Eso me identifica, me define y creo que flaco favor yo haría si no aprovechar escenarios que Dios me da para tratar de aportar a que la gente en el Pacífico viva mejor.

¿Cómo hará para que eso que usted plantea puede llevarse a la práctica? Porque hacer un libro, por difícil que suene, es fácil, lo realmente complicado es hacer esas propuestas realidad, mucho si no se es el ejecutor o no se hace parte del poder que debe concretarlas.

Jefferson Mena Sánchez: Tenemos que entender varias cosas sobre lo que pasa con regiones como el Pacífico y la primera es que Colombia tiene seis regiones. De las seis regiones, el Producto Interno Bruto es aportado por tres de ellas. Bogotá, que pone algo así como el 25% del PIB nacional. La región Caribe, que aporta algo así como el 20% del PIB nacional. Y la región Andina, que aporta otro tanto. Y el Pacífico, de acuerdo a lo que se encuentra en el Departamento Nacional de Planeación, aporta algo así como el 17%. Entonces, una mirada cercana lo que dice es, bueno, pero no está tan mal el Pacífico. Sí, pero es que usted, cuando ve ese 17%, está calculando también Cali. Y Cali no es Pacífico. Pero cuando usted saca Cali de la ecuación, usted encuentra una región que aporta menos del 1% al PIB nacional.

El Pacífico es una región donde se ven reflejadas todos los vejámenes de este país. La violencia, la pobreza, la pobreza extrema, las necesidades básicas insatisfechas, la falta de infraestructura, etc. Yo creo que lo que a Colombia le ha faltado, que han tenido otros países como Chile, Ecuador y Perú, que lo establezco también en el libro, es una falta de visión, ambición. Ambición de crecer más para que la gente viva mejor, para que la gente tenga más platica en el bolsillo.

Esa falta de ambición ha llevado a que tengamos a un país de espaldas a las regiones con tantas potencialidades como el Pacífico donde está la mayor tasa de desempleo de este país, la mayor tasa de pobreza y la mayor tasa de miseria. Y eso no se soluciona como lo hemos venido solucionando en los últimos 70 años o en los últimos 100 años, a punto de subsidios. Se soluciona con desarrollo económico para que se dé el crecimiento económico.

Cuando usted tiene desarrollo económico, usted tiene empleo, usted tiene mejores tasas de recursos para pagarle a la gente; usted tiene mejores condiciones de vida. Y cuando usted tiene crecimiento económico, usted ya tiene una región industrializada.

Llevamos más de 50 años tratando de hacerlo y no lo hemos logrado ¿cómo hacer para que esto suceda sin que suene a fórmula mágica?

Jefferson Mena Sánchez: Lo que yo estoy planteando en el libro son proyectos realizables, que necesitan de una visión inteligente de un Gobierno y la decisión inteligente de un presidente o presidenta de la república, que mire en el Pacífico un potencial para que el país crezca más.

Sí Jefferson no está en el poder que toma las decisiones -bien sea en lo local o nacional-, estas ideas se van a quedar en la biblioteca de algún colegio, de alguna universidad o de alguna institución del Estado. Insisto en mi pregunta, ¿cómo va a ser Jefferson para que eso no se quede en el papel?

Jefferson Mena Sánchez: En primer lugar, socializándolo con todos los que serán actores políticos en las próximas elecciones, buscando que se comprometan con esta visión de desarrollo económico del Pacífico colombiano, sin distinción de colores, sin distinción de ideologías, simplemente con la convicción de que tenemos que ser responsables con una región que es la más pobre del país.

En segundo lugar, no por el hecho de que yo no vaya a ser candidato, quiere decir que no esté interesado en aportar y en ayudar desde un cargo público. He sido funcionario público toda la vida, me encanta ser funcionario público, me encanta trabajar por la gente, yo soy un servidor público, yo le sirvo a la gente y yo aspiro que, con la socialización de estas ideas, haciéndole caer en cuenta a todos los candidatos de lo importante que es y de las ventajas que puede representar para el gobierno que ellos van a ejercer y para el país, se puede llevar a la práctica todo lo que en el libro se dice.

¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con los presidenciables y ¿ellos sí lo están escuchando?

Jefferson Mena Sánchez: Me he reunido con la gran mayoría y les gusta la idea. Ahora, el reto es que lo pongan en letras mayúsculas en sus programas y se pongan como meta, desarrollarlo.

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¿Cómo hacemos para que se industrialice el Pacífico y que ese desarrollo económico llegue, sin que acabe con la selva, por ejemplo, del Chocó, donde hay especies únicas?

Jefferson Mena Sánchez: Colombia tiene una visión equivocada de lo que significa el desarrollo porque cree o considera que no puede ir de la mano de la conservación del medio ambiente. Esa es una teoría que está reevaluada hace muchos años en el mundo.

Le pongo un ejemplo, Vancouver, Canadá. Vancouver, Canadá, tiene el puerto más importante de todo este país, que es el segundo más extenso del mundo en el Pacífico. Lo maneja una empresa que se llama Port Canada. Maneja 3 millones de containers al día. Imagínense, 3 millones de containers al día. Y es totalmente amigable con el medio ambiente.

No necesariamente tiene que ser o desarrollo o conservacionismo, que es lo que ha matado al Pacífico colombiano. Eso de decir: no, no desarrollemos nada en el Pacífico porque es más importante el medio ambiente. No señor, es más importante la gente. Es más importante que los niños no se nos mueran de hambre. Es más importante que la gente pueda comer 3 veces al día. Es más importante que la gente pueda vivir bien. Pero también es importante que, desarrollando esas potencialidades, nosotros podamos conservar y aprovecharnos de ese medio ambiente para generar riqueza.

Desde hace muchos años, se han venido presentando una serie de enfermedades que el mundo pensaba que ya estaban superadas. Y esas enfermedades casi todas se están presentando por el calentamiento global. Son enfermedades tropicales. Imagínense ustedes que nosotros, teniendo la segunda zona más biodiversa del mundo, que está en el Pacífico colombiano, hagamos de ese Pacífico colombiano un laboratorio y hagamos convenios con las universidades del mundo que hacen investigación. Y esa investigación nos debe llevar a encontrar soluciones a las enfermedades que hoy están despertando.

Esa es una forma con la que podemos integrar el desarrollo con el conservacionismo. Eso no es antagónico. Lo que no podemos seguir haciendo es poniendo la conservación del medio ambiente como la excusa para que la gente se nos siga muriendo de hambre en el Pacífico, para que la gente siga siendo miserable, para que la gente siga viviendo como se vive en el Pacífico, para que el Pacífico siga siendo la zona violenta que es. No se puede aceptar que los ambientalistas nos vengan a decir que es preferible que la gente siga viviendo en la miseria antes de mirar cuál es ese punto de equilibrio.

¿Esta propuesta trae fórmulas para el tema minero?, porque estamos hablando de una zona riquísima en oro.

Jefferson Mena Sánchez: Debemos darnos a la tarea de explorar caminos para desarrollar una minería amigable. Nuestros antepasados negros, nuestros antepasados indígenas siempre han explotado el oro, siempre han trabajado con el oro, siempre lo han hecho, pero en esas épocas de la historia no generaban la contaminación que hoy se genera. ¿Por qué? Por la ambición, por la corrupción que hay. Pero si lográramos mirar al pasado, extraer lo positivo, que era el ejercicio de nuestras comunidades en la explotación de esos minerales sin causar contaminación, se puede hacer de esta actividad algo sano.

Hay un asunto que creo que Colombia debería repensar e implementarlo nuevamente, y es que sea únicamente el Banco de la República el único con la facultad de comprar el oro. Creo que así podríamos tener una extracción limpia y una extracción legal. Bueno.

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Las comunidades afrodescendientes, tanto en Chocó como en el Valle, cauca y Nariño, lo primero que le pelean es por los títulos mineros. Las familias dicen, “denos los títulos a nosotros, nosotros explotamos el oro en lugar de dárselos a las grandes empresas para que vengan aquí a destruir la selva y a destruir el medio ambiente”.

Jefferson Mena Sánchez: Hay que llegar a acuerdos con ellos y capacitarlos para que hagan una extracción limpia de ese mineral, permitiéndoles que vivan de eso, acompañando la agremiación para que los resultados de su trabajo no se queden en una cantina o en los burdeles y que les genere riqueza y mejoren sus condiciones de vida.

El Estado debe acompañar a las comunidades y no es acompañar individualidades, sino es tratando de que estas trabajen en conjunto por el bienestar de todos. Yo creo que, si logramos poner en práctica eso, lograríamos avanzar mucho en quitarle el tabú que tiene el tema de la minería en Colombia.

En el pasado, alcaldías y gobernaciones se dedicaron a cambiar el uso del suelo trayendo problemas en temas agrícolas y ambientales, ¿cómo hacer para que esas mismas alcaldías y gobernaciones colaboren con la solución?

Jefferson Mena Sánchez: En Colombia, elñ 68% del territorio nacional tiene alguna especie de restricción para la utilización de la tierra porque o son resguardos indígenas; o son consejos comunitarios; o están en ley segunda, o son baldíos. ¡Esto es una cosa loca!

Soy un convencido de que la única forma de lograr eso es titulando esas tierras y titulándolas con la visión de que se conviertan en propiedades privadas para que el dueño las pueda explotar sanamente. Pero no solamente para eso, también para que el Gobierno Nacional tenga un registro exacto que le diga de quién es la tierra y qué está haciendo con la tierra.

Cuando uno está en Tumaco y pasa a Ecuador, se da cuenta que en Ecuador saben quién es el dueño de la tierra. Saben quién es el dueño de la tierra y saben qué se está cultivando en la tierra. En Colombia no. Lo que tenemos es una cantidad de monte que nadie sabe quién es. Y lógicamente, en aquellos lugares que no se desarrolla productividad, se convierten en el pan de abono para los ilegales.

¿Usted cree que haya constructores que tengan esa visión de ancestralidad y que estén dispuestos a invertir cuidando de esas costumbres ancestrales de la gente del Pacífico que viven en casas de madera construidas sobre un planchón, muchas de estas en la ribera del rio?

Jefferson Mena Sánchez: La ancestralidad hace parte del ADN de las comunidades étnicas, que les ha acompañado durante muchos años. Yo creo que es posible conservar la ancestralidad de estos habitantes acompañado de una habitabilidad, unas construcciones de vivienda mucho más dignas. No creo que, por el hecho de respetar los usos y las costumbres de las comunidades étnicas, sea una excusa para que las comunidades étnicas en la Guajira vivan en los ranchos que viven, por ejemplo, y que la respuesta del Gobierno deba ser:  “es que es por respetar sus usos y sus costumbres”.

Esa es una visión totalmente equivocada, es una visión racista, es una visión clasista. Esa es una visión pobre de los gobiernos. Yo creo que uno puede tranquilamente utilizar los usos y las costumbres de las comunidades étnicas, pero dándole una vida de dignidad, dándole un trato digno.

Jefferson Mena Sánchez es profesional en Relaciones Internacionales y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, habiéndose graduado con título Cum laude. Tiene una especialización en Desarrollo, Gobierno y Gestión Pública y otra en Diseño y evaluación de Política Pública. También posee una Maestría de Gobierno y Política Pública de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (España).

se ha desempeñado como coordinador del despacho del Ministerio de Defensa, coordinador de Consejos de Seguridad Presidencial; encargado de Funciones Consulares del Consulado de Colombia en Vancouver, director del despacho del Ministerio de Agricultura, director territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y actualmente es asesor de la Presidencia de la República como coordinador del Plan de Reacción Integral de la Estrategia Zona Futuro en el Pacífico nariñense.

Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nunca le creí a la Vicky Dávila periodista, menos le creo a la Vicky Dávila que hace política, a quien siento como gallina en corral ajeno desde el primer día de su aspiración presidencial, lanzando globos al aire sin propuestas serias para los problemas reales de un país con dificultades que no son de ahora. Pero es apenas lógico: los periodistas sólo sabemos hacer preguntas, y no siempre.  

Por ahí la vimos bailando en TikTok y sentí vergüenza ajena. Debe ser, pensé, que la política, tan dinámica, se hace ahora con los pies, no con la cabeza. “No soy una encopetada. Me gusta lo popular, no soy pretenciosa”, se justifica.

Pero ella está en todo su derecho –o en toda su Derecha- de usar la demagogia, el populismo y su temprano desespero para hacerse con las llaves de la Casa de Nariño. Se muere de ganas por redecorarla, supongo.

Con una Vicky preocupada por la baja tasa de nacimientos en Colombia, empezó oficialmente la temporada de promesas. “Aquí cada niño que nazca recibirá un millón de pesos del gobierno”, trinó, haciendo cuentas alegres con nuestros impuestos, porque no veo de dónde más saldrán esos recursos como no sea de una reforma tributaria que nos grabe y agrave a todos para ayudar a engordar las cuentas bancarias de los hijos ajenos.

Según ella, “así, todos los niños del futuro pueden ser dueños y pensarán como capitalistas”. Pues mejor darles un millón pero de dólares para que piensen como magnates, ¿no?; de pronto, hasta se vuelven insensibles como los señores Donald Trump y Elon Musk, personajes asquerosamente ricos pero escasos de corazón, que esa es la parte vergonzante de los ultrarricos.

Vicky, recién aparecida en el ruedo político, habla mucho y estudia poco. No fue a Harvard como Claudia. Debería invertir los factores para alterar el resultado. A ella y a los demás candidatos les recomiendo una lectura juiciosa del libro “País posible”, del analista y ex catedrático Ernesto Rojas Morales, tres veces director del DANE. Página 110: “… el crecimiento de la población ha sido cada vez menor debido al advenimiento de la llamada transición demográfica, un fenómeno sociocultural según el cual las mujeres tienen un número menor de hijos. Por esta circunstancia se estima que América Latina y el Caribe alcanzarán una población máxima en el año 2058, y luego decrecerá. Colombia, de acuerdo con esas proyecciones de población, estará llegando a su máximo de 55,4 millones de personas en el año 2050, y a partir de entonces empezará a tener un decrecimiento poblacional”.

Creo que es la primera vez que un candidato utiliza a los niños como mercancía electoral.

Dice la ex periodista: “Los papás podrían aportar hasta 5 millones de pesos al año, 100% deducibles de impuestos, el dinero podría invertirse en acciones de la bolsa de valores en Colombia. Ese hijo o hija tendría acceso a estos recursos sólo después de los 18 años. (…) Con el efecto de interés compuesto, tendrán ahorros por cientos de millones de pesos en el futuro. Podrán chequear en sus teléfonos cuánto va creciendo su ahorro”.

Creo que es la primera vez que un candidato utiliza a los niños –y específicamente a los todavía no nacidos —como mercancía electoral. Para creer en sus buenas intenciones, podría empezar repartiendo —de su bolsillo o el de sus benefactores— el primer milloncito a los miles de niños que hoy no tienen con qué comer. El sueño de muchos es llenar sus estómagos de comida, no sus mentes de ideas mercantilistas. Porque antes del derecho a ser ricos, está el derecho a las personas a crecer en unas condiciones sanas, lo más dignas posibles.  

La política contemporánea requiere de personas que sepan interpretar la Constitución de su país, no de furibundos católicos que siguen creyendo que el mundo debe gobernarse con Biblia en mano: “Sean fructíferos y multiplíquense”: (Génesis 1:28). Ojalá que la candidata, tan profusa y confusa de ideas, nos revele su fórmula mágica para multiplicar los panes y los peces, es decir para acabar con la pobreza, la actual, no la futura.  Es urgente resolver la miseria de la inmensa mayoría de pobres que ya existen, y que muchas veces deben arreglárselas con un plato de comida al día. Todavía llamamos bendición al pocillo de agua de panela con pan.

Me gusta la idea de darle dinero a quienes no tienen. Me disgusta que el dinero se lo quieran dar a la gente a cambio de que traigan muchachitos al mundo.

Viendo que el palo no está para cucharas, encuentro lógica la postura del escritor antinatalista David Benatar (Sudáfrica, 1966), quien nos propone el cierre definitivo de la fábrica de hacer hijos, en línea con el pensamiento, también fatalista, del escritor colombiano Fernando Vallejo: “No hagan con otros lo que hicieron con ustedes, no paguen con la misma moneda, el mal con el mal, que imponer la vida es el crimen máximo. Dejen tranquilo al que no existe, ni está pidiendo venir, en la paz de la nada”.

En este reportaje, la revista The New Yorker recoge las ideas del filósofo sudafricano, algunas incluidas en su libro “Mejor nunca haber existido: el daño de venir a la existencia” (2006): “Si bien las personas buenas hacen todo lo posible para evitar que sus hijos sufran, pocos de ellos parecen notar que la única (y única) forma garantizada de prevenir todo el sufrimiento de sus hijos es no traerlos a la existencia en primer lugar”, dice David Benatar.

Es verdad: los papás hacemos todo lo que humanamente podemos pero no es suficiente. El mundo se ha vuelto un lugar horrible y hasta ahora, ya viejos, nos damos cuenta. Nos aterra pensar que será de nuestros hijos cuando nos vayamos; a mí por lo menos sí.

Si fuera candidato —¡que Buda me libre!—  propondría que los ricos se metan la mano al dril y compartan con los pobres un poco de su fortuna, sin pedir nada cambio, menos un Baby boom a la colombiana. Total: ni en cinco vidas, por más derrochones que sean, acabarían con sus fortunas.

“Todo lo que he gastado en mi vida entera es menos de un 1%. El otro 99% será para otros, porque no tiene utilidad para mí. Así que es ridículo, en mi opinión, no transferir esas utilidades a gente que pueda usarlas”, dijo Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, cuando donó la mayor parte de su fortuna a fundaciones que trabajan por hacer del mundo un lugar más llevadero para paliar tantas calamidades humanas. Su historia, hasta cierto punto inspiradora, puede verse en el documental Cómo ser Warren Buffett, por HBO.

La obesidad va en aumento en el mundo por culpa de los ultraprocesados, advierte la FAO.

Vicky Dávila también propone eliminar el impuesto del 20% a la comida ultraprocesada, que son esos productos empaquetados, enlatados o embotellados, con escaso valor nutritivo y exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas o edulcorantes, “listos para comer”, “listos calentar y servir”… ¡listos para enfermarnos!

La parte más insensata de su propuesta está al final del trino: “Somos un país en desarrollo, necesitamos comida barata y buena”. ¿Quién le dijo esa triple mentira a la ex reportera? No, candidata: Los productos ultroprocesados no son comida, no son baratos y en cambio sí matan. Hay suficiente evidencia científica de que enferman a la gente, lo que se traduce en sobrecostos para un ya de por sí sobrecargado sistema de salud con patologías que podrían prevenirse si se les enseña a los colombianos a alimentarse bien, lo que no hacen los gobiernos.

“El consumo de productos ultraprocesados está relacionado con la obesidad, diabetes mellitus tipo II (desde la niñez), hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, afectaciones a la salud mental, entre otras. La evidencia científica ha mostrado que su consumo se encuentra vinculado de forma fuerte con mayor mortalidad a tempranas edades”, me explica vía WhatsApp Rubén Orjuela, nutricionista de la Universidad Nacional y director ejecutivo de Educar Consumidores, una oenegé colombiana dedicada a investigar e incidir en todos los temas del consumo que afecta la salud humana y ambiental.

El experto considera que los impuestos son la medida más costo-efectiva para hacer que las personas tomen decisiones de consumo saludables, por lo que se opone a la idea de eliminar el gravamen del 20%. “La OMS ha propuesto esta medida como una de las mejores estrategias para disminuir consumos nocivos como el tabaco y en este caso los productos ultraprocesados”, señala.

Su colega, Esperanza Cerón, ex directora de la misma organización, añade que “los comestibles ultraprocesados impactan brutalmente la salud de la población en general y en particular la de los más pobres”. Pone como ejemplo las salchichas de 12 centímetros de largo -y dudosa calidad- que se venden por $500 en barrios populares de Bogotá, como si fueran proteína sin serlo.

“De los candidatos presidenciales se espera –dice Cerón- que hagan propuestas basadas en evidencia científica”.

La obesidad va en aumento en el mundo por culpa de los ultraprocesados, advierte la FAO en este documento.

Vorágine, el sitio de periodismo independiente, afirma en esta nota que los alimentos ultraprocesados, además de ser perjudiciales para los humanos, “en el mercado tienen a un jugador poderoso: el grupo Nutresa, de propiedad de los Gilinski” (…) “propietarios de Grupo Semana, la misma revista que Dávila dirigió durante cuatro años hasta que renunció para lanzarse a la carrera presidencial”.

Pretender eliminar el impuesto a los ultraproceados es burlarse también de quienes llevan décadas alertando al mundo sobre unos productos que acortan la vida. Muchos años de paciente esfuerzo costó promulgar leyes para desenmascarar la voracidad insana de la industria.

Ojalá quienes dirijan los próximos debates presidenciales sean capaces de pedir explicaciones sobre tantas promesas irresponsables que se hacen. No obstante, acepto, aunque de mala gana, que con sus ideotas Vicky Dávila mataría dos pájaros de un tiro: tengan más hijos para garantizar un consumo masivo de productos ultraprocesados, pareciera decirnos.  

Y no hablaré ya del embarazo de 24 meses de la candidata, porque sé que lo suyo fue un lapsus… como su candidatura.