James Robinson lleva décadas estudiando una pregunta que parece perseguir a las sociedades modernas: ¿por qué algunos países logran construir prosperidad, instituciones sólidas y estabilidad política, mientras otros permanecen atrapados en ciclos de violencia, desigualdad y frustración? Su trabajo, desarrollado junto con Daron Acemoglu y reconocido con el Premio Nobel de Economía, ha influido en presidentes, académicos y líderes de todo el mundo.

Pero más allá de las teorías sobre instituciones inclusivas y extractivas, Robinson se ha convertido en un observador privilegiado de América Latina y, particularmente, de Colombia. Ha recorrido el país durante años, ha estudiado sus regiones y ha seguido de cerca sus transformaciones políticas. Desde esa perspectiva ofrece una mirada incómoda: considera que buena parte de los problemas colombianos siguen sin comprenderse adecuadamente, que ni la derecha ni la izquierda han logrado construir una estrategia duradera para transformar el país y que el acuerdo de paz, aunque histórico, fue tratado como si fuera el final de una historia cuando apenas representaba el comienzo.

En esta conversación habla sobre Colombia, la crisis de la democracia liberal, el ascenso de liderazgos autoritarios, la influencia de la cultura política en el desarrollo y los riesgos que plantea la inteligencia artificial. También reflexiona sobre la pregunta que hoy más le interesa: por qué las sociedades persisten en determinados equilibrios institucionales incluso cuando esos equilibrios parecen perjudicar a la mayoría de sus ciudadanos.

“Las élites cambian; las instituciones son las que permanecen”

Diego Aretz: Gran parte de su trabajo ha explorado por qué algunas sociedades construyen instituciones inclusivas mientras otras permanecen atrapadas en sistemas extractivos. Después de décadas estudiando estos procesos, ¿qué es lo más difícil de cambiar: las instituciones, las élites o la imaginación colectiva?

James Robinson: Los datos sugieren que lo más difícil de transformar son las instituciones. Si observamos América Latina vemos que las élites sí cambian. Los grandes grupos económicos de hoy no son necesariamente los mismos de hace siglos. Hay rotación de élites, aparecen nuevas familias empresariales, inmigrantes que ascienden económicamente y nuevos actores con poder.

Sin embargo, las instituciones permanecen. Las reglas fundamentales del juego, las formas de organización del Estado y las relaciones entre poder político y poder económico suelen ser mucho más resistentes al cambio. Por eso las sociedades pueden experimentar transformaciones importantes en sus élites sin modificar realmente los resultados que producen sus instituciones.

Sobre la imaginación colectiva soy más cauteloso. No estoy seguro de tener una respuesta clara sobre ese tema.

“Colombia ha vuelto al punto donde estaba hace 25 años”

Diego Aretz: Colombia acaba de atravesar una transición política significativa. Pasó de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de su historia reciente, a un liderazgo que reivindica más el orden, la seguridad y la autoridad. ¿Qué nos dice este cambio sobre la democracia colombiana?

James Robinson: No estoy seguro de que sea un cambio tan dramático como suele presentarse. Veo más continuidades que rupturas.

Si pensamos en Álvaro Uribe, gran parte de su proyecto político estaba centrado en el orden, la seguridad y la disciplina. Hay diferencias evidentes entre los distintos liderazgos, pero también existen similitudes importantes que a veces se ignoran.

Los colombianos llevan décadas buscando una salida a problemas estructurales muy profundos. El problema es que ninguna de las alternativas ofrecidas ha logrado consolidarse plenamente. Uribe tuvo una característica particular: hizo buena parte de lo que prometió. Eso generó resultados concretos y abrió la posibilidad de que la sociedad explorara otros caminos.

Después vino la expectativa de transformaciones profundas con Petro. Sin embargo, muchas de las promesas que hizo no se tradujeron en resultados. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía suele volver a buscar respuestas en proyectos políticos anteriores o en propuestas que le resultan familiares.

Pero el asunto central es otro. Lo que se logró mediante la estrategia militar fue transitorio. Lo que se logró mediante el acuerdo de paz también fue transitorio. Ninguna de las dos experiencias se convirtió en un proyecto social de largo plazo. Y por eso tengo la impresión de que Colombia ha terminado regresando al punto donde estaba hace 25 años.

“Las FARC nunca fueron el problema central”

Diego Aretz: Usted ha estudiado Colombia durante mucho tiempo. ¿Qué determina que el uso de la fuerza por parte del Estado construya capacidades institucionales y no simplemente produzca otro ciclo de violencia?

James Robinson: Colombia sigue enfrentando un problema fundamental: amplias zonas del territorio continúan sin estar gobernadas efectivamente por el Estado.

Durante años se pensó que el problema central eran las FARC. Yo nunca compartí esa visión. Las FARC eran un síntoma de problemas más profundos. Por supuesto que su desmovilización fue positiva. Fue un logro político enorme y muy importante para el país. Pero representaba apenas el comienzo de una solución, no el final.

La idea de que bastaba con negociar con las FARC para resolver los problemas históricos de Colombia me parecía equivocada. Los problemas estructurales estaban allí antes de las FARC y continúan después de ellas.

El acuerdo de paz incluía algunos elementos muy importantes relacionados con la transformación territorial y la presencia estatal. Pero esas dimensiones nunca fueron implementadas de manera suficiente. Y sin esa transformación institucional más profunda, los problemas tienden a reproducirse.

Por eso seguimos viendo ciclos de violencia. Cambian los actores, cambian los nombres de los grupos armados, pero persisten las condiciones que permiten su aparición.

“Ni la izquierda ni la derecha entienden completamente el problema”

Diego Aretz: Usted parece sugerir que distintos gobiernos terminan repitiendo errores similares.

James Robinson: Sí, creo que existe un patrón recurrente.

No creo que los distintos gobiernos hayan comprendido plenamente la naturaleza del problema colombiano. Se concentran en síntomas específicos y no en las estructuras que producen esos síntomas.

En algunos casos se piensa que el problema es exclusivamente militar. En otros, que puede resolverse mediante una reforma específica o una negociación determinada. Pero los problemas colombianos tienen raíces mucho más profundas.

Además, existe una tendencia hacia las grandes promesas y las soluciones grandilocuentes. Hay un componente teatral en la política colombiana. Se anuncian transformaciones enormes, pero luego resulta muy difícil construir las capacidades estatales necesarias para implementarlas.

Eso no significa que las personas carezcan de buenas intenciones. Al contrario. Muchas veces hay líderes sinceramente comprometidos con el cambio. El problema es que las instituciones necesarias para materializar esas transformaciones no existen o son demasiado débiles.

Por eso no veo actualmente una estrategia clara para sacar a Colombia del equilibrio en el que se encuentra.

“Hay personas que se benefician del equilibrio actual”

Diego Aretz: ¿Qué ha aprendido sobre la naturaleza humana estudiando el ascenso y la caída de las naciones?

James Robinson: No creo que las diferencias fundamentales entre sociedades se expliquen por una naturaleza humana distinta.

No pienso que los seres humanos en América Latina sean esencialmente diferentes de los estadounidenses o los europeos. Lo que cambia son las instituciones, las relaciones de poder y las trayectorias históricas.

En Colombia, por ejemplo, algunas personas obtienen enormes beneficios del equilibrio existente. Hay sectores que pueden protegerse de muchos de los problemas que afectan al resto de la población. Pueden acceder a seguridad privada, mejores sistemas educativos, mejores servicios de salud y múltiples mecanismos de protección.

Cuando eso ocurre, la presión para transformar el sistema disminuye. Quienes se benefician del equilibrio existente tienen pocos incentivos para modificarlo.

Esa dimensión del poder es fundamental para comprender por qué ciertas instituciones persisten incluso cuando generan resultados insatisfactorios para la mayoría.

La crisis de la democracia liberal

Diego Aretz: Hoy muchas personas sienten que las instituciones democráticas continúan funcionando formalmente, pero ya no las representan. ¿Puede sobrevivir una democracia cuando sus ciudadanos pierden la confianza en ella?

James Robinson: Estamos viviendo precisamente ese fenómeno.

Samuel Huntington hablaba de olas de democratización y de olas inversas. Durante las décadas de 1980 y 1990 vimos una gran expansión democrática en América Latina, África y otras regiones.

La democracia prometía transformar la vida de las personas. Pero cuando opera en contextos donde existen instituciones débiles, clientelismo y baja capacidad estatal, sus resultados suelen ser más limitados de lo que la ciudadanía espera.

Entonces aparece la decepción.

Las personas comienzan a buscar alternativas porque sienten que las instituciones democráticas no resolvieron sus problemas. Eso es visible en muchos países.

En Estados Unidos, por ejemplo, la prosperidad dejó de distribuirse de manera amplia. Aunque la economía siguió creciendo, los beneficios se concentraron cada vez más en sectores específicos. Muchas personas sienten que trabajaron durante décadas sin experimentar mejoras significativas en sus condiciones de vida.

Esa frustración acumulada erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

“La gente está buscando algo que funcione”

Diego Aretz: ¿Por eso vemos el auge de liderazgos fuertes o autoritarios?

James Robinson: Exactamente.

Si observamos casos como El Salvador, encontramos ciudadanos que experimentaron durante años niveles extremos de inseguridad. En ese contexto, muchos terminan apoyando soluciones que les ofrecen resultados inmediatos.

La gente está buscando algo que funcione.

Eso no significa necesariamente que esas soluciones vayan a resolver los problemas de fondo. Pero sí explica por qué resultan políticamente atractivas.

Cuando las instituciones tradicionales dejan de generar confianza, aumenta la disposición de los ciudadanos a experimentar con alternativas que anteriormente habrían considerado inaceptables.

“No creo que estos modelos tengan soluciones duraderas”

Diego Aretz: ¿Este ciclo puede revertirse?

James Robinson: Claro que puede. La historia muestra que estos procesos suelen desarrollarse en oleadas.

Sin embargo, no creo que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas para los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Pueden producir resultados temporales. Pueden generar estabilidad durante ciertos períodos. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que ocurre hoy es que muchas personas están desencantadas con aspectos importantes del modelo liberal. Cuestionan la meritocracia, cuestionan el funcionamiento del Estado y cuestionan los beneficios distribuidos por la globalización.

Estamos viviendo un período de búsqueda. Todavía no está claro qué tipo de equilibrio político surgirá de esta etapa.

América Latina y la obsesión con las utopías

Diego Aretz: ¿Qué contradicción explica que América Latina siga siendo una región de enorme potencial y frustración permanente?

James Robinson: Cada vez me interesa más explorar una explicación cultural.

Existe una tendencia persistente al idealismo y al utopismo. Con frecuencia aparecen propuestas extraordinariamente ambiciosas para resolver problemas complejos, pero esas propuestas suelen estar desconectadas de las capacidades reales de implementación.

Hay una tensión permanente entre lo ideal y lo posible.

El intelectual uruguayo Ángel Rama reflexionó sobre esta distancia entre la ciudad ideal y la ciudad real. Creo que esa tensión sigue presente en buena parte de América Latina.

Existe una confianza recurrente en soluciones grandiosas y una menor valoración del pragmatismo institucional.

Un ejemplo evidente es la tendencia a reescribir constituciones. A menudo se actúa como si una nueva constitución pudiera resolver problemas históricos profundamente arraigados, a pesar de que la evidencia acumulada durante dos siglos sugiere que las transformaciones son mucho más complejas.

“La inteligencia artificial me parece aterradora”

Diego Aretz: Quisiera preguntarle por la inteligencia artificial.

James Robinson: Me parece profundamente preocupante.

Estamos entrando en una transformación tecnológica gigantesca sin comprender plenamente sus consecuencias.

La humanidad ya ha vivido procesos similares. Ocurrió con la agricultura, ocurrió con la Revolución Industrial y ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial.

La diferencia es que hoy sí contamos con instituciones capaces de regular estos cambios. Sin embargo, esas instituciones parecen incapaces o poco dispuestas a actuar.

Ya observamos efectos importantes en los mercados laborales. La automatización ha contribuido durante décadas al desplazamiento de trabajadores y al aumento de la desigualdad. Y ahora nos dirigimos hacia una transformación aún más profunda.

No hemos resuelto las consecuencias sociales de la revolución tecnológica anterior y ya estamos entrando en una nueva.

Eso me parece aterrador.

“La democracia decepciona cuando promete más de lo que puede cumplir”

Diego Aretz: Cuando uno escucha sus respuestas sobre Colombia, América Latina y Estados Unidos, parece haber una preocupación común: la distancia entre las expectativas que generan los sistemas políticos y los resultados que finalmente entregan. ¿Es esa una de las razones por las cuales estamos viendo tanta desconfianza hacia las instituciones?

James Robinson: Sí, creo que esa es una parte importante de la explicación. Si pensamos en las grandes olas de democratización de las décadas de 1980 y 1990, mucha gente vio la democracia como una solución transformadora. La democracia prometía cambiar la vida de las personas, prometía prosperidad, representación y mejores oportunidades.

El problema es que en sociedades donde las instituciones estatales son débiles o donde la política funciona a través de mecanismos clientelistas, la democracia tiene una capacidad limitada para producir transformaciones profundas. Entonces surge una brecha entre las expectativas y la realidad.

La gente esperaba cambios mucho más grandes de los que realmente ocurrieron. Y cuando esa decepción se acumula durante décadas, las personas empiezan a buscar alternativas.

Diego Aretz: ¿Esa decepción ayuda a explicar fenómenos tan distintos como Trump en Estados Unidos, Bukele en El Salvador o el crecimiento de movimientos antisistema en otras partes del mundo?

James Robinson: Sí, creo que existe una conexión. Las personas están buscando algo que funcione. En muchos países la sensación es que las instituciones tradicionales ya no están resolviendo los problemas que preocupan a los ciudadanos.

En Estados Unidos, por ejemplo, durante décadas hubo crecimiento económico, pero los beneficios se concentraron cada vez más en los sectores más ricos. Para muchas personas la experiencia cotidiana fue completamente distinta a la narrativa del éxito económico nacional.

Si uno no tiene educación universitaria, los salarios reales son inferiores a los que existían hace varias décadas. Ese fenómeno tiene múltiples causas: cambios tecnológicos, automatización, debilitamiento de los sindicatos y transformaciones profundas en el mercado laboral.

Todo eso genera frustración y termina erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Diego Aretz: Sin embargo, tampoco parece convencido de que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas.

James Robinson: No, no lo estoy. Creo que algunas de estas experiencias pueden producir resultados temporales. Pueden generar una sensación de eficacia durante un período determinado. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que estamos viendo es una búsqueda de nuevas fórmulas políticas. Hay mucha desilusión con aspectos importantes del modelo liberal contemporáneo, pero todavía no está claro qué alternativa va a surgir.

En Estados Unidos, por ejemplo, distintos sectores políticos están tratando de reconstruir coaliciones sociales capaces de volver a conectar con amplios grupos de la población. Pero creo que todavía estamos en una etapa de experimentación.

Y en Colombia veo algo parecido. Hay muchas propuestas, pero sigo sin ver una agenda práctica y coherente capaz de construir una salida duradera para los problemas estructurales del país.

La lección de toda una vida

Diego Aretz: Si pudiera dejar una sola lección a los líderes políticos del mundo, ¿cuál sería?

James Robinson: Que comprendan la importancia de las instituciones.

Cuando viajo y hablo con personas de distintos países encuentro una fascinación enorme por los líderes individuales. Existe la idea de que los problemas pueden resolverse simplemente encontrando al dirigente adecuado.

La evidencia no apunta en esa dirección.

Las sociedades prosperan cuando construyen instituciones capaces de generar oportunidades amplias, distribuir poder y sostener reglas estables.

Las instituciones son mucho más importantes que cualquier individuo.

“Todavía no entendemos el papel de las ideas”

Diego Aretz: ¿Y cuál es la gran pregunta que todavía no sabe responder?

James Robinson: Creo que las ciencias sociales siguen siendo demasiado materialistas.

La economía, la ciencia política y muchas disciplinas han puesto un enorme énfasis en los incentivos materiales. Pero los seres humanos también se mueven por ideas, valores, creencias y aspiraciones.

Todavía comprendemos muy poco sobre los fundamentos culturales de las instituciones.

¿Por qué determinadas sociedades desarrollan ciertas formas de organización política y otras no? ¿Por qué algunas ideas persisten durante siglos? ¿Cómo influyen las creencias colectivas en la construcción institucional?

Esas son preguntas extraordinariamente difíciles.

Y sospecho que allí están algunas de las respuestas más importantes para comprender el desarrollo y la democracia.

Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

Leer más |  Colombia: cangrejos violinistas del Golfo de Urabá fragmentan microplásticos que podrían ser nueva fuente de contaminación | ESTUDIO

Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

Leer más | “La solución no es crear más centros de custodia; es frenar el tráfico, hacer cumplir las leyes, controlar y educar” | ENTREVISTA

Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

Leer más | Tres tipos de ganadería avanzan sobre el hábitat del jaguar en el bosque seco de Sudamérica | ESTUDIO

Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Si bien, existen varios mecanismos alternativos sobre Solución de controversias (como el arbitraje y la conciliación), tales como la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva York (1958); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1966); la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional (2002), entre otros; es una muy buena noticia, que la Convención de Singapur entre en vigor para Colombia.

La Convención fue aprobada mediante la Ley 2309 del 02 de agosto de 2023 y declarada exequible mediante la Sentencia C-418 del 3 de octubre de 2024. En virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Convención, la misma entra en vigor seis meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, vale decir, que Colombia lo depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 12 de marzo del 2026 y, por lo tanto, hoy 12 de septiembre de 2026, entra en vigor para nuestro país, lo que nos convierte en el número 21 de los Estados Parte^[1].  

La Convención, como su nombre lo indica, promueve la Mediación como un método alternativo para la solución de las controversias (MASC), brindando carácter vinculante a acuerdos privados que alcancen las partes mediante lo que podemos llamar un pacto o transacción.^[2]

¿Cuál es entonces el valor agregado de la Convención frente a otros mecanismos existentes de solución de controversias? 

Tanto la Mediación como la Conciliación son mecanismos para la resolución de controversias que recaen sobre derechos discutibles y transigibles. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es el órgano legal principal del sistema de las Naciones Unidas en el campo del derecho comercial, ha considerado que Mediación y Conciliación son conceptos similares o intercambiables^[3]. En el ordenamiento jurídico colombiano son mecanismos que han tenido diferente desarrollo normativo. La conciliación ha sido ampliamente desarrollada desde el año 1991, y a la mediación se le han otorgado efectos jurídicos en normas como la Ley 1801 de 2016^[4] (Código Nacional de Policía); la Ley 906 de 2004^[5] (Código de Procedimiento Penal) y el Decreto 915 de 2017^[6] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).

La Convención, que según su artículo primero, es aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las Partes con el fin de resolver una controversia comercial (“transacción”) y que al momento de celebrarse sea internacional, resalta en el preámbulo que el uso de la mediación produce beneficios importantes, como disminuir los casos en que una controversia lleva a la terminación de una relación comercial, facilitar la administración de las operaciones internacionales por las partes de una relación comercial y dar lugar a economías en la administración de justicia por los Estados.

En un mundo en el cual las transacciones comerciales internacionales son diarias es de la mayor importancia reafirmar la ventaja de contar con un sistema comercial intencional basado en reglas, entre ellas, procedimientos adicionales al litigio y al arbitraje, como la mediación, que siendo ágil permite tramitar las controversias. El efecto positivo es doble, pues cuando se brinda seguridad jurídica en Estados (con sistemas económicos y ordenamientos jurídicos diferentes), se fomentan a la vez las inversiones privadas de capital y precisamente, la Convención procura la armonización legislativa de las reglas sobre comercio internacional en un aspecto definitivo como es el de la resolución pacífica de los conflictos que de allí surgen.

La Convención conlleva ventajas que desde su entrada en vigor internacional son evidentes:

• Permite que un acuerdo de conciliación internacional alcanzado por las partes comerciales pueda aplicarse o invocarse con un procedimiento simplificado y ágil. Sin ello, los acuerdos de conciliación tendrían que hacerse cumplir como contratos ordinarios a través de procesos judiciales onerosos y largos.
• Promueve el comercio internacional, ya que las partes saben que cuentan con mayor seguridad al tener la mediación como una opción adicional a la del arbitraje o el litigio, para resolver sus disputas comerciales.
• Se fortalece el acceso a la justicia y la certeza jurídica.
• La mediación no se contrapone al arbitraje, e incluso se complementan, ya que las partes pueden intentar la mediación dentro de un proceso de arbitraje, es decir, el proceso puede dar como resultado un acuerdo mediado que se ejecute bajo la Convención de Singapur o un laudo arbitral que se ejecute bajo la Convención de Nueva York.

Cuando las partes podían resolver disputas mediante la mediación, no se tenía una manera uniforme de hacer cumplir el resultado en diferentes jurisdicciones por lo que en muchas ocasiones no se optaba por la mediación para resolver disputas internacionales, con la Convención ese obstáculo se disipa y además por la Convención, los acuerdos que resulten de la mediación son ejecutables.

Así, en el mundo de las transacciones comerciales cada vez más se utilizan acuerdos de mediación independientes o se encuentra la mediación en las cláusulas de resolución de disputas, (antes de llegar al arbitraje o al litigio) y la Convención de Singapur les da a estas cláusulas un valor práctico.  La aplicación de la Convención resulta crucial en la promoción de una cultura, en el mundo del comercio y la economía internacional, que favorezca la resolución amistosa de los conflictos lo que a su vez contribuye a preservar las relaciones, los socios y los negocios internacionales, así como a fomentar la inversión extranjera.

* Margarita Eliana Manjarrez Herrera es abogada egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá, con maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Funcionaria de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, ha sido directora de Asuntos Migratorios y Consulares, directora de Control Interno, jefe de Tratados, coordinadora en Derechos Humanos, cónsul en Nueva York, cónsul en Berlín, consejera en la Misión de Colombia ante la OEA, embajadora de Colombia en Israel, directora de Organismos Regionales y actualmente, es la embajadora de Colombia en la República de Singapur.

[1] Jurisdiction Profiles | Singapore Convention on Mediation

[2] Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación. Artículo 1. Ámbito de aplicación 1. La presente Convención será aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial (“acuerdo de transacción”) y que, en el momento de celebrarse, sea internacional debido a que:

a) Al menos dos de las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos en Estados diferentes; o

b) El Estado en que las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos no es:

i) El Estado en que se cumple una parte sustancial de las obligaciones derivadas del acuerdo de transacción; o

ii) El Estado que está más estrechamente vinculado al objeto del acuerdo de transacción.

[3] ‘Mediación’ es un término que se utiliza ampliamente para hacer referencia a un proceso en que las partes solicitan a un tercero o terceros que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia derivada de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. En los textos ya aprobados y demás documentos pertinentes, la CNUDMI utilizó el término “conciliación” en el entendido de que los términos “conciliación” y “mediación” eran intercambiables. Al preparar el texto modificado de la Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar en cambio el término “mediación” para tratar de adaptarse al uso que efectivamente se hace de estos términos en la práctica y con la expectativa de que el cambio facilite la promoción de la Ley Modelo y aumente su visibilidad. Este cambio en la terminología no tiene consecuencias de fondo ni conceptuales”. https://undocs.org/sp/A/CN.9/WG.II/WP.205.

[4] “ARTÍCULO 231. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS Y CONFLICTOS DE CONVIVENCIA. Los desacuerdos y los conflictos relacionados con la convivencia pueden ser objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia”.

[5] “ARTÍCULO 523. CONCEPTO. Mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón”.

[6] “ARTÍCULO 1 numeral (xii) Participar en los Comités de Conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional”.

Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

Leer más | Colombia: la guerra entre “Calarcá” y “Mordisco” que desangra al Parque Nacional Chiribiquete

Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

Leer más | Así es cómo los grupos armados de Colombia administran el negocio ilegal de tráfico de madera

Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

Leer más | Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

Hernando Llano Ángel.

Debo admitir que al principio no lo creí. Era demasiado espectacular. Supuse que había sido un acto más de su campaña, en pleno mundial de fútbol, al verlo eufórico desde una camioneta lanzando balones a niños y jóvenes en Buenaventura, marcados con el logo de su campaña presidencial. Que era otra de sus espectaculares jugaditas antes de comenzar un partido de la Selección Colombia. En fin, otro golazo de su ingenio y sus publicistas, como el haberse apropiado la camiseta de la Selección, que llevó a sus seguidores al borde del paroxismo triunfalista, fascinados con esa fusión carnavalesca de la política con el fútbol. De hecho, ya en vallas aparecía que en la segunda vuelta ganaría el Tigre por goleada, aunque el picado terminó con un pírrico resultado a su favor. También llegué a pensar que era una jugada sucia de los mamertos, amargados y resentidos por haber perdido en primera vuelta. Pero pronto salí de mi error cuando vi en Instagram que integrantes de su manada reivindicaban esa patraña futbolística, realizada en medio de los escombros y de necesidades mucho más apremiantes de los jóvenes bonaverenses, como un motivo de alegría por atenuar su tristeza y motivarlos a divertirse, en una actualizada fórmula de circo sin pan. Que convertían semejante autogol presidencial en una proeza mayor que el gol que anotó Maradona con la “mano de Dios” contra Inglaterra. Entonces comprendí por qué el Tigre se definía como outsider no solo en la política sino también en el fútbol, que poco le gusta, pues no se puede recurrir a ese tipo de “milagros lúdicos” para atender a una población damnificada por el terremoto. Semejante autogol del Tigre más bien parece anotado con la mano del diablo y no por su inovocado Cristo Rey.

Máxima (In) Coherencia en la emergencia

Pero los fanáticos de su manada lo celebran como una brillante intuición de optimismo del Tigre, un uso hedonista de la pirámide de Maslow[i] sobre las necesidades humanas y hasta de la psicología positiva para alentar a los niños y jóvenes de Buenaventura en medio de la tragedia. Un gesto magnánimo, incomprendido por los amargados mamertos que todo lo politizan y generan odio. Para reforzar más tan loable acción, el mensaje se acompaña con la canción “los niños no se tocan, la infancia no tiene partido, ni bandera, ni condición”[ii]. De manera que quien se atreviera a discrepar de tan sublime acto a favor de la felicidad de los niños, inmediatamente quedaba fustigado como un resentido social y condenado al infierno por “progre mamerto”. Antes ya habían utilizado un argumento similar contra quienes informaron sobre la exclusión de los Topos de México, ayuda ofrecida oportunamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero descartada por razones burocráticas aún por aclarar, prefiriendo el Tigre a las brigadas de rescatistas estadounidenses e israelíes, que llegaron al filo de las 72 horas de ocurrido el terremoto, cuando las posibilidades de salvar vidas ya eran ínfimas y casi milagrosas. ¿Será acaso una premonición de la suerte de la “Patria Milagro”? Semejantes decisiones y actuaciones del Tigre están más allá de su brillante consigna de “Máxima Coherencia”, como sello distintivo de su gobernabilidad. Una gobernabilidad casi totalmente ausente en desarrollo de la actual emergencia telúrica, atendida oportunamente por la eclosión de solidaridad ciudadana, social, popular y hasta empresarial. Esas decisiones y actuaciones del Tigre son la más clara expresión de las manidas argucias de la ultraderecha en su llamada “Guerra Cultural”. Argucias que se pueden resumir en su obsesión por inventar una realidad paralela y a la vez negar la existente, proyectando en la mente del mayor número de personas la misión de salvar el mundo y la humanidad de la monstruosa y perversa influencia de los “comunistas y la ideología Woke”.

La “Guerra Cultural” salvífica

Para ello llaman comunismo e ideología Woke a todo aquello que afirma identidades personales y colectivas, que está más allá de sus valores, creencias religiosas, prejuicios insuperables y cosmovisiones mediáticas. Por eso se lanzan en una cruzada salvífica contra quienes promueven y defienden los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y la ONU. También la emprenden contra quienes cuestionan sus creencias y prejuicios que les sirven para legitimar como naturales e insuperables la existencia de las desigualdades sociales; la discriminación racial fundada en la superioridad y supremacía de los blancos; la dominación, el tutelaje y el ultraje de los hombres sobre las mujeres y ni hablar del exorcismo que demandan contra todas aquellas mentes que consideran enfermizas y delirantes porque hablan de diversidad de géneros y orientaciones sexuales. Todo lo anterior lo consideran diabólico, “progre y mamerto”, izquierdista, decadente, deplorable y vergonzoso, que debe ser destripado y extinguido lo más pronto posible de la faz del planeta para salvar la humanidad y su “genes naturales”: la familia, la tradición, la fe, la Patria y la propiedad. En esa cruzada también la emprenden contra el “ecologismo Woke”, pues a quién se le ocurre defender los derechos de un río, como si él fuera una persona. Mucho menos tener que consultar a comunidades indígenas y afros para explorar y explotar las riquezas de nuestro subsuelo, que son de la Nación y nos pertenecen a todos y no solo a esas minorías. Comunidades inmersas en una ignorancia atávica insuperable, pues todavía creen que existe una supuesta “Pachamama” que debemos respetar y cuidar como si fuera una deidad o nuestra propia Madre, en lugar de perforar, perforar y perforar para beneficio de toda la humanidad. No es posible hablar con semejante gente, mucho menos alcanzar acuerdos, simplemente hay que someterlos y si se resisten, descargar sobre ellos “todo el peso de la ley”, desalojarlos y desplazarlos de esos territorios donde cultivan la “mata que mata”, fumigándola y exterminándola para salvar la humanidad. Ese es el nuevo credo de los exterminadores y depredadores, perdón, salvadores de la libertad, la fe y la civilización occidental, liderados por dos iluminados que rigen dos pueblos supuestamente elegidos por Dios: Trump y Netanyahu.

Contra el sacrilegio de las guerras religiosas

Ambos han convertido la fe y creencias de sus ciudadanos en estandartes para ordenar y perpetrar crímenes de lesa humanidad. Por eso le asiste toda la razón al padre Francisco de Roux S.J en su entrevista con Marta Ruiz en la revista Cambio[iii], cuando casi en tono de súplica le pide: “presidente no use a Cristo para justificar la guerra”, pues el núcleo del mensaje de Jesús de Nazareth a la humanidad fue todo lo contrario: la paz, la reconciliación y el perdón. Por algo su prédica inequívoca de “mi reino no es de este mundo”, pues quienes hoy reinan son depredadores del planeta, genocidas impunes y xenofobos implacables, salvo contadas y honrosas excepciones. Para colmo, el Tigre les dio prioridad en sus tareas de rescatistas a brigadas de militares de Estados Unidos e Israel por encima de la experticia de los Topos mexicanos, en una clara decisión política e ideológica, contrariando así el principio de la urgencia humanitaria. Han llegado a nuestras ciudades y campos, militares cuyos Ejércitos son expertos en sembrar el planeta de escombros y víctimas, como lo siguen haciendo impunemente en Palestina, Líbano e Irán, supuestamente en defensa de sus pueblos, su seguridad, sus creencias religiosas y hasta la civilización occidental. ¿Quiénes, entonces, están politizando y demeritando la solidaridad de millones de colombianos, el surgimiento de esa inconmensurable “Patria Solidaria” en nombre de una fantasmagórica “Patria Milagro”?  ¿Por qué llamar “Fondo Milagro” a lo que es producto de la solidaridad y el esfuerzo de millones de colombianos? A su generosidad y trabajo cotidiano, más allá de sus creencias religiosas o afiliaciones partidistas. Ese fondo debería llamarse Fondo de Solidaridad Ciudadana para ser justos con su origen y no instrumentalizar políticamente los aportes desinteresados de la ciudadanía, de miles de Oenegés y cientos de pequeñas y medianas empresas. Porque hay que empezar por restituir el valor de las palabras y no encubrir con ellas proyectos partidistas, confesionales y militaristas con esa fraseología religiosa que nos impide reconocernos como ciudadanía en toda nuestra diversidad de creencias y de intereses. Además, porque la política es una actividad eminentemente secular y terrenal, que no puede diluirse en metarrelatos religiosos en donde los milagros solo ocurren por obra y gracia de seres superiores y no por las obras transformadoras, si se quiere redentoras de nuestra condición humana, producto de nuestras acciones y del esfuerzo mancomunado de nuestro poder civil, como efectivamente está sucediendo en todo el país. Porque de continuar tolerando esa fraseología encubridora pronto llegarán a nuestros cielos los drones y las aeronaves teledirigidas, como ángeles metálicos, a lanzar y sembrar nuestros campos con bombas de las que brotarán “milagrosamente la vida y la paz”. Claro está, si lo permiten el concepto del Consejo de Estado y lo autoriza el Senado, de conformidad con nuestra Constitución en sus artículos 173 y 237, que en su función de controlar y regular el poder del Ejecutivo puede frustrar y retrasar la llegada de esos ángeles liberadores en nombre de los “Defensores de la Patria”. No tiene ninguna importancia que ellos lleguen del norte, tengan la otra nacionalidad del Tigre y actúen en representación de Maga, de las ambiciones e intereses inconfesables de America First, portando su “Escudo de las Américas” y en cumplimiento de la “Doctrina Donroe”. Incluso que lo hagan en nombre de Cristo Rey y la gloria eterna de Trump con la ayuda invaluable y la complicidad necesaria del Tigre. Porque como bien lo escribió Giuliano Da Empoli en su magnifica novela “El Mago del Kremlin”: “La primera regla del poder es perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad”. Solo que en nuestro caso habría que agregar que es también perseverar en más horrores que terminaremos pagando como población civil y con la claudicación de nuestra autonomía como Nación, ese anacronismo llamado soberanía nacional, que reside exclusivamente en el pueblo, otra invención de la ideología Woke que hay eliminar.

[i] https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=F5Wi8H4_PWY

[iii] https://www.youtube.com/watch?v=QkoXk44R-es

Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tiene la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, desde este lunes hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. 

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

Leer más | Día Mundial de Acción contra la Desertificación y la Sequía: una crisis silenciosa avanza desde Centroamérica hasta la Amazonía y el Chaco sudamericano

Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

Leer más | De Colombia a Argentina: cómo El Niño podría intensificar los incendios forestales en 2026 y 2027

El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

Leer más | Lo que debemos saber sobre El Niño: desde su origen hasta qué impactos podemos esperar en Latinoamérica | ENTREVISTA

“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

Leer más | La crisis del agua ya es una bancarrota hídrica mundial: la ONU alerta sobre pérdidas irreversibles en ríos, glaciares y humedales | ESTUDIO

Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

Leer más | Nuevo reporte confirma los impactos de sequías e inundaciones extremas en América Latina

Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN
elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

*Imagen principal: el Corredor Seco de Centroamérica es de las regiones más vulnerables a la desertificación y la sequía. Foto: cortesía José Hernández/FAO

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

“Super El Niño” es uno de los nombres con los que los medios han bautizado a la versión 2026 de este fenómeno climático, pero definirlo es mucho más complejo de lo que parece, explica a Mongabay Latam el doctor Ken Takahashi Guevara, investigador científico principal en el Instituto Geofísico del Perú, en esta entrevista para conocer lo que debemos saber sobre El Niño.

Este fenómeno climático, que ya le resta horas de sueño a las autoridades, empresarios y organizaciones científicas, está comenzando a tener sus efectos en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia.

Leer más | Aves marinas muertas y nidos abandonados: la emergencia que deja El Niño en Ecuador y Perú

Takahashi Guevara nos adentra en la historia, el origen del nombre, los impactos y lo que debemos esperar durante los próximos meses, con un pico de efectos entre octubre y febrero, según autoridades de varios de los países latinoamericanos que podrían verse afectados. Aquí, los pormenores explicados por uno de los expertos que mejor conoce el fenómeno.

—¿Cómo definiría al fenómeno de El Niño?

—Es una pregunta más compleja de lo que parece porque El Niño como fenómeno tiene muchos aspectos. La definición tiende a intentar reducir toda esa complejidad en algo sencillo. Lo principal que se ha tomado como definición es el calentamiento del océano Pacífico. A grandes rasgos, un calentamiento anormal por encima del promedio. A nivel internacional, a propósito de los impactos, se ha priorizado el monitoreo de la temperatura del océano en la superficie de la región del Pacífico Central, en la región que se le llama “Niño 3.4”. No es la única forma de medir El Niño, pero digamos que es la más prevalente, la más común a nivel internacional, aunque cada país debería definir o considerar una definición adecuada a sus necesidades, es decir, a qué aspectos del fenómeno lo afectan. No necesariamente siempre va a ser “Niño 3.4” el mejor lugar para monitorear y para definir El Niño.

Entonces, en el caso de Estados Unidos, que propuso esa región “Niño 3.4”, esa es la mejor. En el caso de Perú, que estamos en la costa del Pacífico, la zona 3.4 sí es relevante para ciertos aspectos de lo que pasa en nuestro territorio. Por ejemplo, cuando se calienta esa región del océano, hay mayor probabilidad de déficit de lluvias en el país, sobre todo en la región andina y amazónica. Pero cuando se calienta la costa de Perú, puede resultar en grandes inundaciones en la región costera.

Entonces, en Perú oficialmente se define El Niño en las dos regiones. En la región que le llamamos “Niño uno más dos”, que es la región que está en la costa de Perú, y la región “Niño 3.4”. Por eso hablamos de El Niño en el Pacífico Oriental, y en el Pacífico Oeste y el Niño del Pacífico Central. Esto quiere decir que tenemos dos definiciones diferentes para El Niño, que nos afectan de diferente manera.

Leer más | Descartes ilegales: cámaras revelan operaciones prohibidas en la pesca industrial chilena

En la mayoría de los casos y países, lo que define va a ser la temperatura superficial del mar, porque históricamente El Niño se refería a una corriente oceánica cálida que venía a lo largo de la costa norte de Perú, desde el norte hacia el sur. El Niño tiene que ver más que nada con la temperatura del mar. Pero los impactos pueden ser, como mencionaba, muy diferentes, puede ser lluvias fuertes o sequías.

Sobre la temperatura: el océano varía en forma más lenta, o sea, sus variaciones son más lentas que las atmosféricas. Entonces un índice basado en la temperatura del mar es más estable que el de un índice basado en la circulación de la atmósfera. Permite ver mejor las variaciones lentas asociadas a este fenómeno que es, en principio, lento pero que tiene otros fenómenos encima que pueden generar “ruido” en el índice si es que se tomara otro tipo de variable atmosférica. Entonces por eso también en términos prácticos se utiliza la temperatura del mar y no los vientos o las lluvias.

—El Niño y el cambio climático son dos fenómenos separados, pero, ¿cómo se relacionan?

—En paralelo a El Niño tenemos el proceso de calentamiento global. Lo que vemos son dos fenómenos diferentes, ambos incidiendo sobre ese índice de aumento de la temperatura del mar. Es importante diferenciar los impactos de El Niño y los impactos del cambio climático. Se vienen actualizando los índices a nivel internacional para remover la señal del cambio climático, del calentamiento global, es decir que se le está restando la señal del cambio climático para que no se confundan, para que no parezca que El Niño es más caliente de lo que en realidad es porque el calentamiento global le está ayudando.

En la medida en que no se esté corrigiendo, eso puede estar sobredimensionando la magnitud del evento. Lo que sí es también importante es que ambos pueden amplificar impactos y algo que ocurrió en 2023-2024 es que la señal de El Niño y el cambio climático, ambos, contribuyeron a una tremenda sequía en la Amazonía, lo que ha resultado en un número récord de incendios forestales.

En la costa norte de Perú, durante El Niño, el calor tiende a ser y está siendo bastante intenso, y eso puede producir impactos en la salud humana. Si tenemos el calentamiento global más El Niño, entonces la situación puede ser mucho más severa. Ambas señales deben separarse para poder entender bien, diferenciar bien los impactos. Pero una vez que se separan, uno tiene que ver también como es la interacción entre sí.

—¿Cuál es la diferencia con La Niña, otro fenómeno climático?

—Viene del concepto original de El Niño. A finales del siglo XIX, en Perú tuvimos un evento que llamamos El Niño. Fue en 1891. La corriente cálida del norte hizo que la costa norte de Perú tuviera fuertes lluvias e inundaciones. Un par de años después se identificó que ese calentamiento está asociado a esta corriente de El Niño. A la corriente de El Niño se le llamaba así porque ocurría normalmente después de Navidad y por lo tanto se asoció al niño Jesús.

Cuando a lo largo del siglo XX se empezó a desarrollar más la investigación sobre el fenómeno se encontró que sobre todo en la región del Pacífico Central había fases cálidas y fases frías que eran más o menos similares en cuanto a su magnitud. Y teníamos un nombre para la fase caliente, pero no para la fase fría. En los años 80 algunos investigadores empezaron a plantear algunos posibles nombres para la fase fría. Empezaron a pensar qué cosa es lo opuesto al niño. Alguien propuso “el viejo”, otro propuso un “antiniño”, que no era el nombre más afortunado.

Finalmente el que quedó fue La Niña. El Niño es el caliente, La Niña es la fría, según esa lógica. Ahora, en cuanto a las variaciones en el Pacífico Central, efectivamente es más o menos simétrico lo que pasa con la fase caliente y la fría, solamente que los efectos tienden a ser los opuestos. Es decir, a grandes rasgos, si El Niño produce lluvias mayores en una región, La Niña produciría lluvias reducidas.

En el caso de Perú, La Niña no es tan simétrica porque el enfriamiento de la costa nunca va a ser tan intenso como el calentamiento que se puede presentar durante El Niño. Entonces aquí si no es tan equivalente.

—¿Por qué los científicos informan que hay sequías debidas a El Niño en ciertos países o ciertas zonas de ciertos países y en otros hay inundaciones por el mismo fenómeno?

—En primer lugar, cualquier lugar del mundo va a tener variabilidad en su clima, que responde a una diversidad de factores. La ventaja de El Niño o La Niña es que son predecibles. Es decir, debido a que conocemos muy bien cómo funciona, somos capaces de simular su comportamiento con estas herramientas que llamamos modelos climáticos. Y debido a que es un fenómeno de gran escala espacial, o sea, que ocupa todo el océano Pacífico tropical, y el océano es mucho más lento que la atmósfera, eso da una capacidad de hacer predicciones con varios meses de anticipación y las predicciones, a grandes rasgos son bastante buenas.

Leer más | Argentina: cómo burlaron la Ley de Bosques en la provincia de Chaco para deforestar medio millón de hectáreas | ESTUDIO

El Niño es la señal de variabilidad climática, quizás una de las más grandes, sino la más grande en cuanto a sus impactos a nivel global y que además es predecible. Pero si nos fijamos en un lugar cualquiera en el mundo, no todas las variaciones se deben a El Niño.

Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo funcionan los impactos de El Niño? Básicamente es que si se calienta la región del Pacífico Central, el llamado “Niño 3.4”, facilita que las regiones de máximas lluvias, las tormentas que normalmente están más en el oeste del Pacífico se desplacen hacia el este, hacia la región central.

Esas zonas de tormentas son zonas donde las corrientes atmosféricas están ascendiendo, es decir, de la superficie hacia la parte más alta. Entonces, normalmente hay una circulación de la atmósfera que asciende en el oeste del Pacífico y desciende en el este, y toda esa circulación se desplaza un poco hacia el este.

Está generando un ascenso del aire donde antes no había ese ascenso, y eso produce este tipo de perturbaciones. Eso tiende a producir ondas en todas las direcciones. Como el planeta Tierra es una esfera y está rotando, esas ondas no son circulares, sino que tienen una geometría bastante compleja que hace que la distribución de la presión atmosférica y los vientos se alteren de manera distinta en todas partes del mundo.

Entonces, en ciertas zonas vamos a tener que hay más viento que viene desde la zona cálida de los trópicos y en otras zonas de repente va a tener más aires que vienen de las zonas polares. Es bien complejo y cada región va a tener un impacto diferente, dependiendo de dónde está. En algunos casos sequías o inundaciones, otro caso puede ser más caliente, más frío.

En el caso de Perú, ese desplazamiento en el Pacífico central de las aguas calientes puede producir mayores sequías en los Andes y la Amazonía. En el noreste de Brasil también tiende a producir más sequías. Lo que quizás es más homogéneo en los impactos de El Niño es que la región tropical tiende a calentarse en promedio. Pero los que son cambios en los vientos, en las lluvias, en las sequías, etcétera, eso sí es mucho más heterogéneo.

—Entonces los impactos pueden ser muy distintos dependiendo de la ubicación geográfica…

—El Niño tiene sus particularidades que hacen que también sus propios impactos sean distintos. Algo que es muy importante es esta diferencia entre el calentamiento en el este y el centro del Pacífico. Entonces ahora la comunidad científica empieza a hablar de El Niño del Pacífico Central, el Niño del Pacífico Oeste.

En Perú, las diferencias entre ambos son muy grandes. Esa misma lógica la puede aplicar al resto del mundo y va a encontrar que puede haber ligeras diferencias. El Niño más caliente en el este que en el centro o viceversa.

—¿Existe un “Súper El Niño” para 2026 y el verano de 2027? ¿Vendrá un Niño recargado en su intensidad e impactos?

—Científicamente, no manejamos ese nombre. Este “súper” creo que empezó en algún momento frente a los resultados de las simulaciones de ciertos modelos climáticos de europeos que empezaron a proyectar un calentamiento bastante intenso, pero no es un concepto que se maneje científicamente. Cada año que va a ocurrir un evento hay un nuevo nombrecito. Existió “El Niño Godzilla”, recuerdo, hace unos años.

El “súper” hace pensar a la gente en los impactos. Y los impactos no son necesariamente proporcionales al nivel de calentamiento que se dé en el mar. Entonces podemos tener un «súper calentamiento», pero no una «súper lluvia». No necesariamente. Y en particular, en Perú se está proyectando que lo más probable es que sí haya fuertes lluvias, como ocurrió en 1998 en la costa norte de Perú. Pero tampoco es que esté garantizado al 100 %. El calentamiento es más predecible. Las lluvias son más complejas. No se puede asegurar que va a haber súper impactos, pero obviamente tenemos que prepararnos para esa posibilidad.

—¿Existen ya mapas de dónde puede llegar a haber más lluvia y dónde menos, dónde podría haber sequía?

—Hay muchos mapas estadísticos y es lo que normalmente uno toma como referencia para evaluar la posibilidad de esos impactos. Pero esos mapas no son determinantes y normalmente lo que ocurrió un año dado no coincide necesariamente con el mapa de ahora. Hay aspectos que sí son recurrentes: reducción de lluvias en Colombia o noreste de Brasil, o quizás las lluvias en el norte de Argentina. Eso es algo que podríamos decir que es lo más esperable, pero no necesariamente se va a dar. Los pronósticos de clima se hacen en términos de probabilidades.

—Después de los últimos fenómenos de El Niño que se vivieron, ¿cree que hemos aprendido a prepararnos para los impactos?

—Puedo hablar un poco más sobre Perú. Y yo diría que no, no hemos aprendido realmente mucho. Lo digo porque muchas de las lecciones que se recogen de los eventos recientes son lecciones que se han recogido hace ya 100 años y sin embargo todavía no se ponen en práctica. Hay lecciones identificadas pero no necesariamente aprendidas.

La prevención es algo que se hace años antes, no cuando el pronóstico nos dice que tal cosa puede ocurrir. Entonces el pronóstico no debería ser lo que nos lleve a las acciones. En Perú, por ejemplo, en nuestra costa norte, aún no tienen un drenaje pluvial en las ciudades que son afectadas típicamente por las lluvias. Hace 100 años ya se sabía que era necesario, pero todavía no se implementa.

Hay una particularidad con el periodo de recurrencia: no es suficientemente corto, es decir, toma tiempo entre un evento de lluvia y otro, y mientras tanto cambiaron las autoridades. Entonces nunca se hace bien. Es un problema que los impactos de El Niño no sean más recurrentes porque no nos obligan a tomar acción. Pero obviamente hay un montón de otros factores que condicionan que no estemos haciendo lo que sabemos que deberíamos estar haciendo para prevenir esos impactos.

*Imagen principal: una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. Foto: AP/José Sotomayor

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En la elección de Contralor General siempre hay candidatos visibles y candidatos reales. Y Luis Enrique Abadía parece pertenecer a la segunda categoría.

Su relación con Carlos Hernán Rodríguez Becerra no nació ayer. Coincidieron en la Defensoría del Pueblo y, cuando Rodríguez llegó a la Contraloría General, llevó a Abadía consigo. No a cualquier cargo: terminó siendo uno de sus hombres de mayor confianza, llegó a ocupar la jefatura de despacho y era, además, el delegado que quedaba encargado del despacho del Contralor en cada ausencia de Carlos Hernán.

¿Casualidad? Puede ser. Pero en política las casualidades suelen tener hoja de vida.

Y esa hoja de vida tiene números que hablan solos. Entre el 17 de julio de 2024 y el 13 de abril de 2026 —el periodo de su gestión al frente del despacho—, la capacidad sancionatoria de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública se desplomó: los Procesos Administrativos Sancionatorios pasaron de 7 en el bienio anterior a apenas 1 en 2025 (y a cero en 2024). Las indagaciones previas cayeron de 7 a solo 2 por año. Y el beneficio de auditoría —la plata efectivamente recuperada para el Estado— colapsó de $93 millones en 2023 a poco más de $9 millones en 2024. Para completar el cuadro, de las 46 actuaciones programadas en 2026, 13 —casi tres de cada diez— siguen represadas, sin informe liberado.

Pero el dato más elocuente es otro: entre 2024 y 2026, la Delegada auditó recursos públicos por más de $1,148 billones de pesos —un universo que incluye entidades tan sensibles como la DIAN y el Ministerio de Hacienda—, y de ahí solo salieron hallazgos fiscales por $184.485 millones. Es decir, apenas el 0,016 % de todo lo vigilado terminó traducido en un detrimento detectado. Menos de un milésimo de cada peso auditado. Una auditoría pública que, en la práctica, se quedó en el papel: sin dientes frente al verdadero tamaño del erario que estaba llamada a proteger.

A ese recorrido se suma un capítulo político que resulta clave para entender su candidatura. Según se comenta, Abadía había sido contemplado como el candidato que podría contar con el visto bueno de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría General en caso de que ese sector político ganara la Presidencia de la República. Es decir, su nombre no aparece ahora de manera improvisada en la carrera por el organismo de control: ya se movía como una carta para ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado en un eventual gobierno del Pacto Histórico.

Abadía también tiene vasos comunicantes con el sector de Daniel Quintero: su esposa ocupó una subsecretaría durante la Alcaldía de Medellín, y él mismo figuró como contratista en esa administración. Dos vías, no una, que lo acercan al quinterismo.

Así que su candidatura reúne una combinación bastante particular: cercanía histórica con Carlos Hernán Rodríguez —al punto de ser su reemplazo de facto en cada ausencia—, conexiones —familiares y contractuales— con el quinterismo y, además, haber sido considerado como una carta del Pacto Histórico y de Iván Cepeda para la Contraloría en un eventual triunfo presidencial.

Hay, además, un asunto patrimonial que merece aclaración pública. En el barrio El Jardín de Quibdó existe un predio de 912 metros construidos, avaluado por la Alcaldía en más de $437 millones para 2026, registrado a nombre de Luis Enrique Abadía García. El documento oficial de cobro predial que reposa en la Secretaría de Hacienda de esa Alcaldía identifica al contribuyente con un número de cédula de once dígitos —un formato que no corresponde al estándar de la cédula de ciudadanía en Colombia—.

¿Es un simple error de digitación de la Alcaldía, o hay algo más detrás? Es necesario que Abadía responda: ¿este inmueble está declarado en su patrimonio ante los organismos de control correspondientes? ¿Y a qué se debe la irregularidad en el número de identificación asociado a una propiedad que lleva su nombre?

Por eso la verdadera pregunta no es si Luis Enrique Abadía cumple o no los requisitos para aspirar. La pregunta es otra: ¿es Abadía el verdadero candidato de Carlos Hernán Rodríguez para conservar influencia en la Contraloría?

Porque cuando el aspirante fue compañero, subordinado, jefe de despacho, encargado en sus ausencias y hombre de confianza de quien hoy dirige el organismo —con una gestión que dejó cifras a la baja, conexiones con distintos sectores políticos y un patrimonio con preguntas sin responder—, hablar de independencia requiere algo más que un discurso.

Carlos Hernán puede guardar silencio sobre su candidato.

La hoja de vida de Abadía habla por él.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero