A partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

Nos acercamos peligrosamente a un gobierno de botas y camándula. Por un lado, aparece este titular de prensa: “Abelardo de la Espriella sigue en peregrinación por Colombia. Se arrodilló en emblemático santuario colombiano”. Y enseguida aparece en la pantalla este otro: “El presidente electo confirmó su intención de jurar como nuevo jefe de Estado en una guarnición militar”. 

Nada más hipócrita que hacerle morcillas al diablo, para decirlo en el lenguaje de mi abuela: o sea, invocar a Dios con propósitos sacrílegos.

Colombia asiste a una reedición de su propio destino circular. A las puertas de que el gobierno de “Los Nunca” asuma el poder con los de siempre, el país parece atrapado en un vórtice temporal donde cincuenta millones de habitantes están a punto de experimentar un doloroso retroceso de ciento cuarenta años, regresando ideológicamente a los laberintos de 1886, una época en la que el territorio albergaba apenas a cuatro millones de almas.

A ese tiempo pertenece la Constitución de 1886, cuyo padre es Rafael Núñez, la cual concedió amplísimas facultades al presidente: su periodo era de seis años (con reelección inmediata e indefinida) y tenía la potestad para nombrar gobernadores, jueces y magistrados. Recuerden que Núñez fue cuatro veces presidente, aunque murió en 1894, a la mitad de su último periodo. Usó el poder hasta para inmortalizar su rostro barbudo en los billetes del Banco Nacional y el de su esposa, doña Soledad Román, en las monedas de la época.

La gravedad de nuestra crisis contemporánea se disfraza con la teatralidad de las élites, confirmando que, hoy como ayer, “primero hubo que pasar por un episodio de ñoñería mezclada de frivolidad, que en Colombia suele manifestarse en los momentos de mayor gravedad histórica”, como señaló Antonio Caballero en su libro “Historia de Colombia y sus oligarquías”.

En el centro de esta tramoya se erige la figura de Abelardo de la Espriella. Criado en las sabanas del departamento de Córdoba, bien puede ser la reencarnación contemporánea, refinada y estridente de Rafael Núñez. Comparte con el cartagenero no solo el origen caribeño y el gusto por la tribuna pública, sino esa doble condición de hombre que oscila entre la vida sibarita y el severo moralismo institucional. A su lado, operando como la conciencia jurídica e ideológica del proyecto, se sitúa el vallecaucano Carlos Alonso Lucio, quien asume el ropaje dogmático de Miguel Antonio Caro. Lucio, al igual que el Caro original, se proyecta no como un simple político tradicional, sino como un guardián inflexible de esencias doctrinales y de un orden cuasiteocrático. Aquí cabe evocar: Dios los crió y ellos solitos se juntaron; aunque les quedo debiendo el dato de dónde y cómo fue que se conocieron.  

El argumento central del nuevo “Regenerador” destila un autoritarismo pragmático: “Una república debe ser autoritaria para evitar el desorden”, pensaba Núñez. Para justificar el desmonte de las libertades modernas, De la Espriella y Lucio pretenden situar la religión católica y a Dios en el centro de todo, devolviendo la enseñanza cristiana como eje transversal de la educación pública y situando a Colombia en el medioevo. De ser el coordinador programático de Abelardo, Lucio podría convertirse en el ideólogo problemático del gobierno por entrar; problemático para nuestras libertades individuales, quiero decir.

Ya lo dijo la esposa de Lucio, Vivian Morales, la futura ministra de Educación: “Sacar a Marx y meter a Dios”. ¿Qué quiso decir con eso: que cambiarán profesores por curas y monjas? Por lo pronto, tengan presente que en países como Irán mandan locos y fanáticos religiosos.

El abogado cordobés, a pesar de sus excentricidades mundanas, recurre a la vieja fórmula de control social que unió a Bolívar y a Núñez:

“Se había convencido —como en su tiempo lo había hecho el Libertador Simón Bolívar, librepensador como él— de que la religión católica era un poderoso elemento de estabilidad y de cohesión en el país, y en consecuencia era necesario no solo transigir con ella, sino incluirla en el corazón de las instituciones”: Antonio Caballero en “Historian de Colombia y sus oligarquías”.

Como dijo el escritor Óscar Alarcón Núñez, en una columna de El Espectador (2025) hablando del natalicio de Núñez, “Después, en su gobierno de la Regeneración, fue más clero que el agua”.

¿Se avecina una espiral de violencia?

La idea un tanto absurda de usar una guarnición militar para la toma de juramento (algo más propio de un dictador, como lo señaló el expresidente Ernesto Samper), puede leerse como una actitud abiertamente desafiante con las leyes y el orden constitucional, pero también como su manera de congraciarse con la cúpula militar, como lo hizo, por ejemplo, un Hugo Chávez en Venezuela, aunque aquél si fue militar. ¿Acaso ahora sí es cierto que podríamos convertirnos en otra Venezuela? La Silla Vacía anticipó que ya hay ponencia favorable para otorgarle personería jurídica a “Defensores de la Patria”, el partido político de Abelardo.

Un viraje hacia el fundamentalismo político y religioso entrañaría peligros latentes para la frágil democracia colombiana. Bajo el régimen autoritario que se perfila (y con un nieto de Laureano Gómez —Enrique Gómez— hablándole al oído a Abelardo), la prensa libre y los sectores de oposición —particularmente aquellos identificados con la izquierda y el progresismo— se convertirán en los enemigos declarados del Estado.

Durante “La Regeneración” se promulgó la llamada “Ley de los Caballos” (Ley 61 de 1888), un instrumento de persecución política que facultaba al presidente para castigar cualquier acto que, según el gobierno, alterara el orden público, sin orden judicial o juicio previo; dicen que dicha ley fue en realidad el primer Estatuto de Seguridad. La bautizó “Ley de los Caballos” el periodista Fidel Cano Gutiérrez (fundador de El Espectador y opositor al régimen), quien sugirió que otorgar poderes dictatoriales equivalía a gobernar “como se gobierna a los caballos”: con látigo, espuelas y freno.

Si De la Espriella concibe el debate público no como un ejercicio democrático, sino como una amenaza para la estabilidad del régimen, estaría emulando la máxima de la Regeneración original: “La prensa no es elemento de paz sino de guerra”.  

Dejó constancia Antonio Caballero: “La prensa —le escribía a uno de sus ministros el presidente Núñez, que había hecho toda su carrera política desde los periódicos— no es elemento de paz sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad (es decir, enemigo del género humano) Y así, tanto el propio Núñez como sus sucesores o más bien sustitutos en la presidencia, Holguín y Caro, tan periodistas como él, previnieron y reprimieron los que consideraron excesos de la prensa de oposición con la cárcel y el destierro de sus redactores y directores durante los quince años siguientes”.

Las herramientas para contener el disenso estarían listas para ser desempolvadas: el uso de la censura bajo el pretexto de reprimir los abusos de la opinión libre, el arrinconamiento o acoso judicial (De la Espriella anunció la creación de un grupo de abogados dedicado a denunciar irregularidades del Gobierno de Petro) y el destierro mediático de los directores y redactores incómodos hasta la exclusión de la oposición de las esferas del poder por considerarla, desde el púlpito oficial, como una fuerza que milita en el error doctrinal.  

Advierte el profesor Rodrigo Uprimmy en El Espectador: “La decisión de ADLE de suspender el empalme y las declaraciones de sus cercanos como Lucio de amenzar con juicios o extradiciones a Petro, como si ellos fueran autoridades judiciales, envenenan aún más el ambiente”.

Para denunciar todo exceso del nuevo mandatario y los suyos, se necesitará un periodismo más valiente que nunca (con “los Nunca”) para lo que se avecina: es decir, se requieren más ojos y oídos en Barranquilla, sede del nuevo gobierno, que también fue la ciudad desde donde gobernó, mediante cartas y telegramas, Rafael Núñez. “Núñez se iba y volvía, de la tierra fría a la tierra caliente; y volvía a irse y volvía a volver”, dejó dicho Caballero.

El riesgo de arrastrar a una nación de cincuenta millones de habitantes a una nueva espiral de violencia es inminente, con el agravante de que quieren legalizar el porte de armas. El lenguaje de la exclusión radical ya provocó en el siglo XIX que el inconformismo liberal estallara en las armas, derivando en la Guerra de los Mil Días, nuestra guerra civil más larga y sangrienta. Si el dogmatismo de Lucio y el personalismo de De la Espriella, con el apoyo de Enrique Gómez desde el Congreso, terminan por cerrar los canales democráticos, el país podría fragmentarse nuevamente, no ante ejércitos de estados soberanos como en 1885, sino bajo el fuego cruzado de una ciudadanía polarizada y empujada a una nueva conflagración civil.  Ojalá y no.

¿Nuevos ricos en la “Patria Milagro”?

Sin embargo, hay una mutación sustancial en este retorno al pasado. A diferencia del Núñez histórico, que se mantuvo relativamente inmune a los apetitos de la riqueza personal y gobernó desde el desapego físico en su casona de El Cabrero, cabe preguntarse si la nueva cofradía de “Los Nunca” persigue un fin abiertamente mercantil.

Le escuché a alguien la hipótesis de que el nuevo gobierno no traerá la salvación espiritual de la República, sino el enriquecimiento descarado de un pequeño círculo de aliados, concentrado de manera especial en una élite reducida de la región Caribe.  Está ocurriendo, por ejemplo, en un país que tiene menos habitantes que Bogotá: “Los nuevos oligarcas de El Salvador: la vertiginosa bonanza del círculo de Bukele”, titula el diario español El País.

En este nuevo diseño institucional, el misticismo católico de Carlos Alonso Lucio sirve apenas de mampara para la verdadera deidad de nuestro tiempo: el Dios dinero. “Casi todo es negocio, incluida la política”, escribe el abogado Guillermo Pérez Flórez, y bastante razón tiene.

Detrás de la retórica patriótica de De la Espriella se asoma la sombra de Donald Trump, quien contempla a Colombia ya no como un aliado estratégico, sino como una gigantesca mina de oro y una despensa de recursos lista para ser explotada en beneficio corporativo. Yo solo pregunto: ¿Es esta alianza entre el misticismo de fachada, el clientelismo regional y el extractivismo transnacional lo que denominan la “Patria Milagro”? Mientras escribo, la prensa informa que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, inició un periplo que lo llevará hacia la Casa Blanca junto con los designados ministros de Hacienda y Comercio. Al mismo tiempo, el diario The New York Times señala que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es quien maneja el poder y los recursos naturales en Venezuela.

Echemos mano de la crónica histórica de nuestro devenir:

“Fue por entonces cuando en este país empezó́ a usarse de manera habitual la palabra “oligarquía”, que en su original griego significa “gobierno de unos pocos”. En Colombia el término se tradujo por “gobierno de los otros”: era el que usaban los conservadores para referirse al pequeño círculo de los radicales en el poder, y el que más adelante usarían los liberales para designar al círculo aún más pequeño de los conservadores, cuando cambiaron las tornas”. (Del libro “Historia de Colombia y sus oligarquías)

Hoy las tornas han vuelto a cambiar. El “gobierno de los otros” pasa a ser el gobierno de una élite caribeña y empresarial que, aliada con el capital estadounidense, podría pretender privatizar el suelo nacional. Si Antonio Caballero viviera, diría que La “Patria Milagro” no será más que una inmensa comedia de enredo con consecuencias trágicas, un sainete político donde el crucifijo se usa para bendecir los contratos de concesión y el autoritarismo presidencial se ejerce para garantizar el libre flujo de los capitales de unos pocos.

Al cabo de este doloroso viaje de 140 años hacia el pasado, Colombia corre el riesgo de descubrir que cambió su Constitución de derechos por una carta monárquica y de mercado, donde cincuenta millones de ciudadanos quedarán excluidos de los milagros en su propia tierra.  Además, a partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

No se nos olvide que el primer milagro se dio en campaña, cuando el hoy presidente electo, buscando votos, siendo ateo se volvió devoto, (ora ateo, ora creyente, como Núñez), así que tratándose de un hombre de Dios, lleno de gracia y coherencia, debería posesionarse sin vacilaciones en cualquier basílica y no en una guarnición militar.

Si ayer fue “La Regeneración”, autoritaria y problemática, desde mi agnosticismo elevo plegarias para ponernos a salvo de una era de “Degeneración”, que atente contra las libertades civiles y destripe la Constitución de 1991. Amén. 

Leer entre líneas los titulares de prensa es la mejor manera de vislumbrar a qué se enfrentará Colombia a partir del 7 de agosto, cuando asuma el poder el primer gobierno de extrema derecha del siglo y Abelardo se convierta en el segundo presidente costeño de esta era, después de Petro.

Lo curioso es que en ninguno de esos titulares resalta el nombre del mandatario electo. Parece instalarse una narrativa deliberada en torno al gobierno saliente: se le sataniza mientras se deja que otros hagan el “trabajo sucio”. Es como si a cada nuevo funcionario le hubiesen asignado un guion dentro de una trama. Ante esto, cabe preguntarse con suspicacia: ¿cuál es el verdadero poder detrás del tono? Toca desenredar los hilos. El proceso de empalme deja expuestas las costuras del nuevo gobierno, sin contar que la prensa está siendo hábilmente utilizada para replicar ciertas narrativas.

Titula Semana: “Hubo una parranda, ahora viene el guayabo”, advierte el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. De sangre laureanista, la historia ya sabe lo que esa estirpe significa.

Titula Cambio: “Gustavo Petro debe ser juzgado”, sentencia Carlos Alonso Lucio. Tan exguerrillero como Petro, con la diferencia de que Lucio fue condenado en el año 2000 por falsa denuncia cuando buscaba la Alcaldía de Bogotá.

Titula El Colombiano: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”, afirma José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Nótese la hipérbole; ni los dos terremotos en Venezuela dieron para tanta exageración.

En Barranquilla me quedo, decía el Joe

Por el correo de las brujas circula el rumor de que Abelardo despachará desde Barranquilla y no desde Bogotá. También se dice que buscan eliminar la Procuraduría y fusionar los ministerios de Cultura y Tecnología. Esto debe leerse como lo que es: un sutil menosprecio a la institucionalidad que prometieron defender.

Es inevitable preguntarse por qué elegir la capital del Atlántico como sede de gobierno. No creo que se deba al pánico que los costeños le tienen al frío bogotano. ¿Es acaso una muestra de desdén hacia la responsabilidad que exige la investidura presidencial?

Piensen en lo que habría pasado si Abelardo pierde la elección. Acostumbrado a la opulencia de la que presume en redes sociales, es casi seguro que habría rechazado su curul en el Senado, tal como lo hizo Rodolfo Hernández en 2022.

Escarbando más hondo, la elección de Barranquilla responde a la estrecha cercanía del nuevo presidente con la casa Char, el clan que impulsó su candidatura y cuyo poder político está retratado con precisión en el libro La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila, hoy exiliada.

No sería extraño que en la Arenosa ya se esté cocinando una futura candidatura presidencial para Álex Char, el actual alcalde. ¿Es este el principio de lo que en otro texto llamé la “costeñización del poder”? El control del Estado en manos de una élite caribeña que por décadas ansió ser ama y señora de la patria. Para ellos, la “Patria Milagro” ya comenzó.

Aquí cabe otra pregunta: ¿Serán los Char el verdadero poder detrás del trono? Que Barranquilla se convierta en la capital política del cuatrienio no es un asunto menor, dados los escándalos de corrupción en los que se ha visto inmersa. Si usted le pregunta a una inteligencia artificial cuáles son las ciudades colombianas con más funcionarios vinculados a delitos contra la administración pública, la respuesta es predecible: las fiscalías de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga lideran el volumen de procesos por celebración indebida de contratos, cohecho o peculado.

A partir del 7 de agosto, la prensa tendrá motivos de sobra para poner la lupa sobre “Curramba la bella”. Fortalecer las corresponsalías allí debe ser visto como una oportunidad imperativa para el periodismo. Se espera en todo caso una prensa más vigilante que complaciente.

Por ahora, es temprano para descifrar el papel que jugará Donald Trump en este tablero. Fiel a su estilo de ganar indulgencias con padrenuestros ajenos, el magnate ya se atribuyó la victoria del “Tigre”, asegurando que sin su apoyo habría perdido. En eso coincidimos con el gringo.

Por el bien del país, ojalá Abelardo esté a la altura de las circunstancias y no terminemos sintiendo que nos metieron gato, o sea tigre, por liebre. Es hora de que el abogado abandone su disfraz de hombre rudo y asuma su condición de estadista; los problemas del país son esencialmente humanos y ante esa realidad le quedará difícil hacerse el gringo, por más norteamericano que se crea.

Reforma política ya

Con un panorama poco claro, urge la reconstrucción de los partidos políticos. Colombia no puede darse el lujo de que figuras oportunistas irrumpan en el panorama sin más credenciales que el ruido mediático. Se requiere un mínimo de formación y experiencia en la cosa pública.

La oposición, liderada por el Pacto Histórico —que a pesar de la derrota mantiene la bancada más grande del Congreso—, debe formular una reforma política audaz. Deberían radicarla este 20 de julio, el mismo día en que se instala el legislativo.

Desde ya genera curiosidad saber quién le escribirá el discurso de posesión al nuevo presidente el 7 de agosto: ¿su vicepresidente, el nieto de Laureano Gómez, un exguerrillero, o una IA? Nunca se sabe.

Y todavía falta el elocuente titular de la ministra designada de Educación, Vivian Morales —exfiscal y exesposa de Lucio—, a quien las redes tildan de antiderechos.

En cualquier caso, de la oposición se espera, más que desobediencia civil, que proponga y actúe con firmeza cuando el régimen entrante intente amputar derechos adquiridos y protegidos. Como bien advirtió el jurista Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador: “Ningún sentido tiene para la oposición hacer invivible el país a Abelardo y su entorno, si ellos pueden solitos; para eso resucitaron el cadáver insepulto del laureanismo”.

Por primera vez, Laureano Gómez no se revuelca en su tumba: ¡Baila!

Hay una escena que se repite con una puntualidad admirable: alguien convencido de que un libro es demasiado peligroso para circular libremente. Cambian los imperios, las sotanas, los uniformes y los algoritmos. Cambia incluso el vocabulario. Ya casi nadie habla de herejías; ahora se habla de contenidos sensibles. Pero el impulso sigue siendo exactamente el mismo: administrar la imaginación ajena.

El poder siempre ha sospechado de las bibliotecas. Y con razón. Una biblioteca es un lugar donde la autoridad pierde el monopolio de la conversación.

La historia de la censura es, en el fondo, la historia de gobernantes que sobreestimaron el poder de prohibir y subestimaron el de la curiosidad.

En 213 a. C., el primer emperador de China, Qin Shi Huang, ordenó quemar libros y enterrar vivos a centenares de eruditos confucianos. El objetivo era elegante en su brutalidad: si desaparecía el pasado, el presente sería incuestionable. Dos mil doscientos años después seguimos leyendo a Confucio. Del emperador apenas recordamos que le tenía miedo a los libros.

En 1559, la Iglesia publicó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de obras cuya lectura podía costarle a un católico algo más que una discusión familiar. Allí terminaron Copérnico, Galileo, Descartes, Voltaire, Rousseau, Kant y decenas de autores cuya mayor insolencia había sido pensar por cuenta propia. El índice sobrevivió más de cuatro siglos. Fue abolido en 1966. Los libros sobrevivieron bastante mejor.

La obsesión nunca fue únicamente religiosa. Las llamadas brujas no sólo fueron víctimas del delirio sobrenatural. Muchas eran mujeres que conservaban conocimientos sobre medicina, botánica, partos o anticoncepción fuera del control de las universidades, casi exclusivamente masculinas, y fuera del monopolio eclesiástico. El problema no era la escoba; era la autonomía. Toda autoridad desconfía de quien sabe algo que ella no certificó.

Después llegó la Revolución Francesa y el miedo cruzó el Atlántico hablando francés.

La Corona española comprendió muy temprano que una imprenta podía ser más subversiva que un cuartel. En la Nueva Granada, los funcionarios revisaban baúles, inspeccionaban cargamentos y perseguían traducciones. No era paranoia: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Paine y los enciclopedistas estaban enseñando algo insoportable para cualquier imperio: que la autoridad también podía discutirse.

Mientras los barcos transportaban cacao, tabaco y oro, entre sus tablas viajaban ejemplares clandestinos de El contrato social o de Los derechos del hombre. La independencia latinoamericana no empezó con un grito. Empezó con una lectura.

Hay una ironía deliciosa en todo esto: España logró controlar puertos, aduanas y periódicos, pero nunca consiguió controlar el acto más peligroso de todos. Un lector solo con una vela encendida.

La censura tiene además una virtud extraordinaria: envejece peor que aquello que intenta destruir.

Madame Bovary fue llevada a juicio por inmoral. Ulises fue declarado obsceno. Lolita fue prohibida en varios países. 1984 ha sido censurada tanto por gobiernos comunistas como por gobiernos anticomunistas, un privilegio reservado únicamente para los grandes libros: incomodar a bandos enemigos al mismo tiempo.

Quizá por eso desconfío de quienes imaginan la censura como una reliquia del siglo XX.

Hoy casi nadie necesita una hoguera. Es mucho más eficiente fabricar consenso. No hace falta prohibir un libro si puede convencerse a una editorial de no reeditarlo, a una universidad de no enseñarlo, a una plataforma de no recomendarlo o a miles de personas de que leerlo constituye una falta moral.

Es una censura infinitamente más sofisticada porque, además, consigue que quienes la ejercen crean estar ampliando libertades.

Las últimas dos décadas han perfeccionado una forma particularmente moderna de inquisición. Ya no siempre se queman libros; se queman reputaciones. Autores como J. K. Rowling, Woody Allen o Junot Díaz han terminado atrapados, por razones muy distintas entre sí, en un tribunal permanente donde el veredicto suele anteceder al juicio y la condena casi nunca admite apelación. No estoy diciendo que las críticas sean ilegítimas. Al contrario: toda figura pública debe poder ser cuestionada. Lo inquietante es otra cosa. Que cada vez con más frecuencia el objetivo no sea debatir una obra, sino volverla ilegible; no sea refutar una idea, sino convertirla en un objeto tóxico.

Las tribus contemporáneas han heredado un viejo reflejo inquisitorial: ya no preguntan qué escribió alguien, sino si todavía está permitido leerlo. Cambian los dogmas, pero permanece intacto el placer de confeccionar listas de autores permitidos y autores prohibidos. Toda época fabrica su propio Index; la nuestra tiene mejor diseño gráfico y conexión a internet.

Pienso en Woody Allen. Recomendar Cassandra’s Dream no equivale a emitir un fallo judicial sobre su director. Del mismo modo que leer a Céline no convierte a nadie en antisemita ni admirar a Caravaggio obliga a defender que asesinara a un hombre. Si sólo aceptáramos obras producidas por seres moralmente impecables, nuestras bibliotecas cabrían en una servilleta.

Y, sin embargo, tampoco me convence esa consigna tan repetida de “separemos la obra del autor”. Nunca he sabido muy bien qué significa. Las obras no caen del cielo; las escriben personas, con todas sus contradicciones, miserias, virtudes y zonas oscuras. Quizá la propuesta deba ser otra: no separar la obra del sujeto, sino dejar de exigir sujetos perfectos para poder acercarnos a una obra. La literatura, el cine y el arte son, entre muchas cosas, registros de la complejidad humana. Si esperamos impecabilidad moral como requisito para leer, terminaremos leyendo muy poco y entendiendo todavía menos.

Sujetos perfectos, hasta donde sé, sólo los ángeles.

Y todavía no conozco al primero.

Hablando de política, siempre me ha parecido que nos preocupan demasiado los individuos y demasiado poco las ideas. Discutimos nombres propios como si fueran el centro de la historia, cuando casi siempre son las ideas las que sobreviven a quienes las encarnan. Los caudillos pasan. Las ideologías mutan. Los partidos cambian de color. Pero las ideas permanecen.

Y hay ideas que vale la pena defender incluso cuando resultan incómodas. No porque sean de izquierda o de derecha, sino porque hacen posible que existan todas las demás. La libertad de pensar. La libertad de leer. La libertad de amar. La libertad de sentir. La libertad de decir “no estoy de acuerdo”. Son ideas frágiles. La historia demuestra que nunca desaparecen de golpe; se erosionan lentamente, una concesión a la vez, una prohibición razonable a la vez, una excepción bien intencionada a la vez. Quizá por eso merecen ser defendidas con tanta convicción como se defendieron alguna vez las plazas o las fronteras.

Roberto Bolaño desconfiaba de las personas demasiado buenas. Siempre me pareció una intuición brillante. Los monstruos rara vez se presentan como monstruos; suelen llegar convencidos de ser la gente más decente de la habitación. Lo demasiado bueno termina siendo peligrosamente lejano de lo humano. Y cuando alguien cree representar el bien absoluto, la conversación deja de tener sentido. Sólo queda la pedagogía de la prohibición.

Por eso me resulta tan sugerente que Dua Lipa haya impulsado una biblioteca dedicada exclusivamente a libros censurados. El gesto importa porque recuerda algo elemental: una democracia no se mide por los libros que celebra, sino por los libros que tolera aunque le resulten incómodos.

Así que quisiera proponer un pequeño acto de desobediencia intelectual.

Leamos a los censurados. Leamos a los condenados.

Leamos a quienes una iglesia quiso esconder, a quienes un emperador quiso borrar, a quienes una dictadura prohibió y también a quienes una multitud decidió cancelar.

No para darles la razón. No para absolverlos. Sino para conservar intacto el derecho más importante que tiene un lector: decidir por sí mismo.

Después de todo, la mejor reseña de un libro nunca ha sido una faja editorial ni un premio literario.

Es descubrir que, en algún momento de la historia, alguien con suficiente poder sintió la necesidad de esconderlo.

Porque toda censura termina siendo una confesión involuntaria.

No habla de la peligrosidad de un libro.

Habla de la fragilidad de quien necesita prohibirlo.

La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

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Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan establecer las autoridades competentes, el caso plantea una reflexión de fondo sobre uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la prohibición de utilizar la función pública para favorecer intereses políticos o electorales.

Los servidores públicos administran recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, no a proyectos políticos particulares. Por esa razón, la Constitución y la ley imponen límites claros frente a la participación en política, especialmente cuando existe el riesgo de que se utilicen cargos, contratos, programas sociales o estructuras administrativas para influir en procesos electorales.

Las denuncias conocidas hacen referencia a presuntas presiones sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades proselitistas, así como a la posible utilización de recursos institucionales para fines electorales. De comprobarse estos hechos, estaríamos frente a conductas que vulneran principios fundamentales de la administración pública y afectan la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin presiones ni condicionamientos.

Particularmente preocupante resulta cualquier señalamiento relacionado con la supuesta vinculación entre la continuidad contractual o el pago de obligaciones y la participación en actividades políticas. La libertad del sufragio es un derecho esencial en cualquier democracia y no puede verse condicionada por relaciones laborales, contractuales o de dependencia frente al Estado.

Sin embargo, es igualmente importante recordar que las denuncias constituyen apenas el punto de partida de un proceso investigativo. Corresponde ahora a la Fiscalía verificar la autenticidad de las pruebas aportadas, establecer los hechos y determinar si existieron conductas sancionables. De la misma manera, la Procuraduría deberá evaluar la eventual existencia de faltas disciplinarias, siempre garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las personas involucradas.

Lo verdaderamente valioso en este momento es el mensaje institucional que deja la actuación de quienes han solicitado la investigación: las denuncias sobre posibles irregularidades electorales no deben ser ignoradas ni minimizadas. Por el contrario, deben ser examinadas con rigor, transparencia e imparcialidad para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

En una época en la que la desconfianza hacia la política y hacia las instituciones públicas representa uno de los mayores desafíos para la democracia, resulta indispensable reafirmar una premisa básica: el Estado no puede estar al servicio de campañas políticas. Los funcionarios públicos están llamados a servir a los ciudadanos, no a estructuras electorales.

La transparencia no es una opción; es una obligación. La neutralidad de la función pública no es una recomendación; es un deber constitucional. Y la protección de la libertad del voto no es una formalidad jurídica; es una condición indispensable para que la democracia siga siendo legítima.

Las investigaciones determinarán si las denuncias tienen fundamento y quiénes deben responder por los hechos. Mientras tanto, el país debe insistir en un principio irrenunciable: ninguna institución pública puede convertirse en instrumento de presión política ni en plataforma electoral. La confianza ciudadana se construye con transparencia, legalidad y respeto absoluto por las reglas democráticas.

Nota recomendada: El Partido Liberal, un partido sin memoria ni coherencia

Por lo anterior, cualquier duda o inquietud que pueda generar crisis en la empresa será motivo de cuestionamientos a sus directivas por parte de la opinión pública.

Recientemente se conoció una denuncia de La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos, quien acaba de prender las alarmas por supuestos malos manejos del vicepresidente downstream de Ecopetrol, Felipe Trujillo.

La organización recopila una serie de denuncias anónimas de trabajadores, documentos entregados a la línea de ética de la empresa y movimientos sospechosos que ya habrían llegado incluso a la UIAF en las que se afirma de supuestas presiones ejercidas para firmar, en plena ley de garantías y a las puertas de un nuevo gobierno corporativo, contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todo a velocidad récord, con posibles extensiones de cinco a ocho años. Y lo más grave: se habla abiertamente de coimas del 3 %.

No quiero entrar a juzgar al doctor Trujillo, entre otras porque no lo conozco, y tampoco me corresponde lanzar juicios desde la opinión pública porque no me corresponde y tampoco es de mi interés. Pero, si quiero preguntar si esto es cierto.

Una denuncia por temas de coimas en cualquier escenario es algo supremamente delicado.  No se trata de una irregularidad menor ni de un “error administrativo”. Es un señalamiento que no solo mancha el nombre de la persona en cuestión, sino que además daña la reputación de la empresa como tal, en donde prestan sus servicios miles de colombianos, y es una empresa que valga decirlo, ha beneficiado a todas las regiones a donde ha llegado con temas de responsabilidad social.

Es poner en entredicho miles de millones de pesos que salen del bolsillo de la Nación para terminar, presuntamente. Es afirmar que en plena transición política alguien intenta apurar jugosos contratos con el riesgo evidente de que el 3 % de coima termine siendo el verdadero motor de la decisión. Eso no es un detalle: es un escándalo de proporciones nacionales.

Ecopetrol no es una cualquier empresa; es el corazón energético de Colombia. Es por esto que cada vez que salen a la luz pública este tipo de señalamientos y pedidos para que se investigue, sin importar de quien se trata, la opinión pública cumple el papel de alertar, vigilar y cuestionar si es el caso porque más allá de que esto sea cierto o no, no se puede permitir que la empresa se convierta en botín de unos pocos.

Por todo lo anterior, me uno a quienes piden se investigue este asunto, brindando todas las garantías para la legítima defensa de las personas que resulten involucradas, para que ejerzan su derecho de demostrar su inocencia como nuestra Constitución y nuestras leyes lo establecen.

Antono Gramsci dijo: “Hay dos tipos de políticos: los que luchan por la consolidación de la distancia entre gobernantes y gobernados y los que luchan por superar esta distancia”. Cepeda, con sus más y sus menos, pertenece a la segunda clase.

Puede que no sea el candidato más carismático, pero es una persona auténtica, no un personaje prefabricado para el espectáculo electoral. Porque una elección presidencial no es el reinado de Miss Simpatía. No grita en los mítines, porque entiende que tampoco se trata de una competencia de decibeles, ni se le ve desesperado lanzando globos al aire. Es reflexivo, dicen sus detractores y yo les creo.

Necesitamos un presidente que conozca la historia de este país y que el país todo le quepa en la cabeza, no en la bragueta de Abelardo, el candidato que inauguró la sexpolítica como estrategia electoral en Colombia y a costa de humillar a las mujeres en público; no sabemos si en privado también. Si Cepeda no gana en primera vuelta y Sergio Fajardo logra una votación importante (supongamos un millón de votos o más), aun perdiendo podría inclinar la balanza en segunda vuelta a favor del candidato del Pacto Histórico, porque Fajardo ya advirtió como muchos otros que la democracia peligra si gana De La Espriella.

Iván Cepeda es él y su historia personal y familiar, que se resume en los dolores de una nación atribulada: persecución, exilio y, finalmente, el asesinato infame de su padre en 1994. Iván tenía 31 años y era profesor de filosofía en la Universidad Javeriana.

Como senador, tuvo el valor civil de pararse en la raya ante un intocable como Álvaro Uribe, hasta casi ponerlo tras las rejas.

Con todo, ha demostrado que tiene las condiciones para llegar a acuerdos con el distinto ideológicamente. Así lo reconoció, por ejemplo, José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, personajes del establecimiento.

Y en eso consiste el pluralismo y las libertades: en escuchar lo que piensa el otro, en tender un mismo puente para que dos contrarios pueden atravesarlo, sin que ninguno caiga al río. Lo demás se llama autoritarismo: gobernar para unos como si los demás no existieran.

Fue lo que pasó con la izquierda durante todo el siglo anterior. La quisieron borrar del mapa; no pudieron, pero a muchos de los suyos los mataron y otros se refugiaron fuera de Colombia para salvar el pellejo.

“La historia enseña pero no tiene alumnos”: Antonio Gramsci, filósofo italiano.

Como político, su labor no se ha limitado a una silla en el Congreso. A través del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), asumió como propias las causas ajenas.

Con su posible llegada a la Casa de Nariño—en primera o segunda vuelta—, Cepeda reivindica la memoria de los que murieron en el intento. Reclamando justicia para su padre, se puso de parte de las otras víctimas tras el infame exterminio de la Unión Patriótica. Perdió amigos en ese genocidio político; entre ellos, el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa.  Aunque el país da por superado ese episodio de guerra sucia, de vez en cuando aparece alguien prometiendo destripar (otra vez) a la izquierda. Hoy se hace un matoneo digital sistemático contra el progresismo en la figura de Cepeda, incluso desde ciertos medios de comunicación afines al establishment, como El Colombiano, Semana o El Heraldo.

Durante el sepelio de Manuel Cepeda, en el Cementerio Central de Bogotá, la gente comentaba que cuatro años atrás (1990) se vio una romería semejante cuando un adolescente de dieciséis años acribilló a Bernardo Jaramillo dentro del aeropuerto El Dorado y en presencia de los 16 escoltas del DAS, que el gobierno le había asignado al candidato presidencial de la UP. Los otros dos magnicidios corresponden a Jaime Pardo Leal (1987) y Carlos Pizarro (1990). A Pardo Leal lo mataron dentro de su vehículo, cuando regresaba de su finca a Bogotá, delante de sus hijos y su esposa Gloria; cayó baleado sobre el hombro de ella. A Pizarro lo acribillaron en pleno vuelo dentro de un avión de Avianca que cumplía la ruta Bogotá-Barranquilla.

Mi voto por Cepeda es un voto por los que quisieron gobernar pero no pudieron. Y no pudieron porque los quitaron del camino a las malas. También es un voto por los sobrevivientes, como mi amiga Gladys y su hija que, 40 años después, aún siguen esperando que alguien les diga dónde está el cuerpo de su padre y abuelo, Faustino López, víctima de desaparición forzada en 1984.

Iván Cepeda creció en el conjunto residencial Banderas (localidad de Kennedy en Bogotá). Muy cerca de allí mataron a su padre, el periodista Manuel Cepeda, en agosto de 1994, un mes después de asumir como senador de la República.

Quienes critican a la izquierda porque no sabe gobernar, deben saber que nunca había gobernado en Colombia. Si gana, Cepeda tiene el reto de corregir todo lo que hizo mal Gustavo Petro y honrar lo que salió bien. Alrededor de un 30% de colombianos se declaran hoy de izquierda, progresistas o socialdemócratas. El Pacto Histórico tiene por delante el reto de aumentar el número de conversos. Dos siglos después, la izquierda ya no es la convidada de piedra.

Mi voto por Cepeda es un voto por la paz; no pensando en quienes vivimos una vida relativamente tranquila en la ciudad, sino en los millones de colombianos que en los territorios están a la buena de Dios.

Cepeda tiene el sentido común de las cosas: toca sentarse a negociar con los criminales para acallar el lenguaje de las balas o ¿hasta cuándo nos vamos a seguir matando? Lo que es un decir, porque los muertos y las lágrimas los ponen otros. Es simple: la paz se hace con los malos, no con los buenos. La paz se hace también por aquellos que no han nacido. Merecen que se les ofrezca algo mejor, o mejor no traerlos a sufrir.

Al candidato del Pacto Histórico lo critican por leer papelitos. Y cuando lee las hojitas, que son varias hojas, transmite la serenidad de quien escribe discursos religiosamente a las 4:00 de la mañana. Sí, es un bicho raro, porque ya nadie escribe discursos. Los políticos de ahora van diciendo lo primero que se les cruza por la cabeza.

Es sereno hasta cuando lo insultan tratándolo de guerrillero, sin serlo, ni hoy ni ayer. Alguien a cuyo padre mataron a plena luz del día y que perdió a su madre, Yira Castro, (ella tenía 39 años, Iván 18), a causa de un tumor inoperable, sabe que en la vida hay cosas peores que un insulto. Ambos eran periodistas.

Cepeda mide sus palabras. No sufre de incontinencia verbal como otros candidatos. Luce tranquilo en la tarima, alejado de vanidades y banalidades; en medio de tanto show mediático, esa es su virtud. En su discurso prima el rigor sobre la emoción, sin pecar de superioridad intelectual.

Es verdad que ninguno de los tres candidatos punteros tiene experiencia gobernando antes, pero también es verdad que Cepeda representa mejor que nadie a esa Colombia excluida. Creció en barrios populares, allá donde se crían los que han pasado necesidades, el país de los que malviven.

Cepeda se comporta como ese profesor que escucha y deja hablar a los demás; con esa genuina sensibilidad, podría llevar a Colombia hacia un nuevo contrato social entre ricos y pobres como primer remedio contra la desigualdad.

Cepeda es filósofo como Paloma, pero a él se le nota más. De hecho, siendo empático, tiene más de filósofo que de político. Pero somos un país demasiado superficial para tomarnos en serio a los filósofos. Su revolución ética, con la verdad y los pobres como su centro de gravedad, nos habla de la conversación pendiente en el país de la trampa y el cómo voy yo ahí.

Cuando hablan de Cepeda como el heredero del continuismo, significa que es el único que puede continuar las reformas sociales que emprendió Petro con relativo éxito, sin riesgo a que la clase trabajadora pierda los beneficios que les entregó este gobierno, como un aumento generoso del salario mínimo y la restitución de derechos laborales.  

En un perfil sobre Cepeda, Juanita León, directora de La Silla Vacía usó la frase de una fuente para describir al candidato: “Su cuerpo amenaza ruina”, pero luego la eliminaron del texto, quizás porque, tarde, cayeron en la cuenta de su carácter odiosamente ofensivo. Y así, muchas cosas se dicen sobre él para descalificarlo.

Lo llaman comunista sin ser comunista. No reniega de su pasado como militante de las juventudes comunistas y ya aclaró porqué dejó de serlo. A quién no conozca la biografía de Iván Cepeda, le recomiendo este perfil del portal Casa Macondo.

“…dejó atrás el socialismo —y mucho más lejos al comunismo— para pasar a un progresismo democrático en el que lo público debía conversar con lo privado. En la intimidad de su familia, aquel cambio de arquetipo fue una rebelión frente al padre, una época de separación silenciosa en el plano de las ideas, pero que jamás derivó en un distanciamiento físico”, escribe Pacho Escobar.

El domingo votaré por él y por Aída Quilcué, una viuda de la guerra como tantas, la mujer que nos recuerda que indios somos todos, porque está en nuestra sangre, así esté mezclada.

El domingo votaré por defender derechos, no privilegios. 

No conozco a Iván Cepeda, pero estoy seguro de que nunca —ni de niño, ni de joven, ni ahora de adulto—, soñó con ser presidente. De ser él el escogido este domingo o después, podrá decirse que no buscó el poder, pero el poder terminó encontrándolo.  

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Tengo en mis manos un libro no apto para proxenetas, victimarios, puteros, compradores de sexo o personas con agenda “política”, social o económica de explotación sexual disfrazada de libertad, libre desarrollo de la personalidad o libre mercado. Este libro, cero moralista, no va contra las víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual; no señor, no se confundan. Para ellas, enfoque de derechos y protección, muy a tono con la CEDAW y nuestro bloque de constitucionalidad. Va contra un sistema que normalizó la venta y compra de cuerpos y la explotación.

Un libro, pero también esta columna, que irritará a algunos constitucionalistas o juristas en línea regulatoria. ¿Regulación de qué? ¿De la explotación y llamar a eso “trabajo sexual” o “actividades sexuales pagas”. Tremenda doctrina se echan sin haber estado en una esquina del barrio Santa Fe de Bogotá o de esos lugares, incluso virtuales, donde la criminalidad, la mafia, el microtráfico, la adicción, el sadismo, la pobreza y el sistema patriarcal muestran su peor cara.

Sin duda, “Sobreviviente” irritará o será sometido a la quema “intelectual” y física por aquellos que nos venden el mundo webcam como la panacea de la autonomía. Tampoco es un libro para quienes se lucran del estado de prostitución o esclavitud al que someten a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, disidencias sexuales y más.

Un libro que me llevó a revisar nuevamente el Código Penal y toda la línea feminista y de protección de niños, niñas, mujeres, mujeres trans y más, que se ha consolidado, especialmente, en esta primera parte del siglo XXI. La prostitución no es un delito en Colombia y, aun si lo fuera, tampoco erradicaríamos esta crueldad de marras. Poco puede hacer un Código frente a la tremenda mafia y al capital que se mueve alrededor de estas actividades, algunas de ellas identificadas como explotación sexual en dicha normativa, que no logra aplicar de forma plena la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que entró en vigor en 1981. Instrumento plenamente integrado en nuestro bloque de constitucionalidad.

Tipos penales sobre inducir o constreñir a la prostitución. ¿Cuántos y cuántas han hecho de esto su negocio de vida: proxenetas profesionales? Trata de personas con fines de explotación sexual, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, turismo sexual y muchos tipos más relacionados con este infinito mundo de crueldad del cual no escapa el Estado patriarcal que nos cobija.

“Sobreviviente” denota la clara agenda abolicionista de su autora, Claudia Yurley Quintero Rolón. Una agenda que ha tenido mujeres valientes desde la teoría, pero también desde el activismo contra ese mundo “prostituyente”. Abolir, pero sin criminalizar a las víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, para quienes la ternura y las políticas de inclusión deben ser posibles: dignidad, trabajo, salud y acceso pleno al Estado social de derecho o de bienestar. Abolir, no regular la explotación bajo la supuesta idea de un trabajo sexual. Eso sí, criminalizar al comprador de sexo, al proxeneta y al delincuente de la trata.

“Quieren legalizar la prostitución bajo el falso argumento de proteger nuestros derechos. Pero lo que nosotras necesitamos no son derechos laborales para ser prostituidas; son derechos humanos para vivir con dignidad. (…) No queremos zonas de tolerancia, ni burdeles legales, ni empresarización del proxenetismo. No queremos que nos conviertan en cifras tributarias para enriquecer a quienes siempre nos explotaron. No queremos que el Estado nos abandone disfrazando su omisión de regulación. Queremos alternativas. Queremos oportunidades reales. Queremos que se cuestione la demanda. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente todos los hombres. Esa es la base del problema. Una sociedad que permite que el deseo masculino tenga más valor que la libertad femenina. Que justifica la compra de cuerpos como si fuera un derecho. Y que luego quiere maquillar esa violencia con contratos”.

Esas fueron las palabras de Claudia Yurley Quintero Rolón en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y que luego dio lugar a la Sentencia SU-062 de 2019, en la cual, según palabras de Claudia: “No solo negó la tutela a la propietaria de un burdel, sino que dejó claro que no existe un derecho a exigir que el Estado habilite zonas para explotar la prostitución”.

La misma voz que habló ante la Corte Constitucional decidió, desde la pluma, relatar la cruel experiencia del desplazamiento padecido, la huida con sus hijos y sin rumbo, la llegada a las frías ciudades y sus cinturones de miseria (“Bogotá, la ciudad que me tragó”), el ingreso al mundo de la explotación sexual para sobrevivir y superar el frío y el hambre, el carcelero, el proxeneta, el violento y violador que puede dormir, incluso, en la misma cama y al lado de sus hijos, el cuerpo explotado por años y décadas en plena sobrevivencia, la destrucción física a punta de comida precaria, adicciones y sustancias para sobrellevar el dolor, la morbilidad y las enfermedades, la mutación del cuerpo y la ayuda de las mujeres que poco a poco tocaron su puerta. Incluso el aliciente de algunas instituciones y servidores públicos que hacen la tarea por las víctimas, sin las cuales hubiese sido imposible huir de tamaño vejamen de vida al que están sometidas miles de mujeres que siguen en las calles, en las esquinas, en los antros de los proxenetas, secuestradas en casas o vigiladas por las pantallas. Luego vino el regreso al nombre, a la palabra y a la dignidad; la reconstrucción, la superación del dolor con los hijos, la terapia, mil veces la terapia, la construcción de caminos, el activismo y sus innumerables complejidades, envidias y acosos ascendentes, como ella los llama, y que la judicializaron por años, el premio Mujer Cafam, la creación de fundaciones y la consolidación de una marca activista que hoy le ha merecido un lugar en Colombia y en el mundo en la lucha contra la explotación sexual.

La autora describe a la red de mujeres: las “ali Hadas”. Sin ellas no hubiese salido de ese torbellino. No todas cuentan con la misma suerte. Con la mano amiga de Luz Marina Bernal, una de las valientes Madres de Soacha, y tantas otras que aparecen en ese escrito, volvió a tener su nombre de pila, su cuerpo, sus hijos, su proyecto de vida y su historia. De Cúcuta fue vomitada hacia un territorio de esperanza y sobrevivencia como Cazucá, y allí esas “ali Hadas” llegaron a darle un vaso de agua, la mano y amor. Todo un reconocimiento para ellas en ese escrito.

En fin, una vida que tuvo sentido el día en que entendió que su cuerpo y su mente estaban en plena creación de una agenda social y política de salvación para cientos y miles, pero también de una senda no exenta de enemigos. Y no es para menos: la lucha abolicionista, la construcción de alternativas, no para criminalizar a las mujeres vandalizadas, como ella las identifica, sino a quienes siguen sosteniendo la agenda “prostituyente” o proprostitución en Colombia, es profundamente peligrosa.

Esta psicóloga, terapeuta social y activista identifica tres caminos: el prohibicionista, donde, como ella lo relata, “el Estado se lava las manos castigando a quien está más abajo de la cadena y deja intacto al que compra y al que lucra”; el de la legalización o regulación, donde “el Estado se pone traje y corbata para administrar el mismo negocio. Se reparten licencias, se permiten burdeles, se abren zonas; a veces lo llaman trabajo sexual y prometen derechos laborales”; y un tercero, el abolicionista, más moderno en su criterio, donde “el esfuerzo grande no se invierte en recoger tasas ni en redactar reglamentos para locales, sino en construir salidas reales: ingresos de transición, vivienda, cupos de estudio, empleo, salud integral, cuidado para los hijos y regularización migratoria cuando aplique”.

La diferencia, según ella, en lo profundo, es la pregunta ética que cada camino responde. El prohibicionismo pregunta: “¿Cómo saco de mi vista lo que me incomoda?” y responde con policías. La legalización pregunta: “¿Cómo ordeno un mercado que ya existe?” y responde con licencias. El abolicionismo pregunta: “¿Cómo reduzco la violencia y la desigualdad que alimentan ese mercado?” y responde con derechos, con límites a quienes compran y con alternativas para quienes han sido empujadas allí.

No es fácil. Pero esta última alternativa comienza a abrirse paso en Colombia, lentamente, en amplios sectores del feminismo contemporáneo y en las voces de quienes sobrevivieron al horror y decidieron contar lo que muchos prefieren no mirar. “Sobreviviente” no es un libro cómodo. Tal como lo señala la prologuista, Ana Cristina Restrepo Jiménez: “No es una batalla contra la sexualidad; es una conversación seria sobre el poder. La abolición mira a los hombres y les habla claro: el deseo no es derecho. Comprar acceso al cuerpo de otra persona no es libertad sexual; es dominación con recibo”.

Un libro que confrontará a hombres, pero también a mujeres que hoy soportan el trabajo sexual desde el derecho y sus diversas aristas, las políticas públicas, la legislación, la doctrina y hasta la jurisprudencia. Un debate abierto sobre la ausencia de dignidad en el mundo de la violencia y la explotación sexual y las mentiras de la supuesta libertad o elección por la crueldad.

¿Cuántos y cuántas cambiarán, a partir de su lectura, la mirada sobre la supuesta libertad, autonomía y hasta el libre mercado de la crueldad y los cuerpos? El debate está abierto.

Nota: Bella edición de este texto y gran felicitación a las ilustradoras Sara Daniela Herrera Pereira y Mariana Hernández Useche (técnica en grafito sobre papel) y a Claudia Fernández Franco por el acompañamiento editorial realizado a la autora.

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