En la tarde del 22 de enero de 2026, Rhonald Sneyder Trujillo Guevara conducía su camioneta por el sector conocido como Ruta de los Libertadores, entre los caseríos de Betoyes y Flor Amarillo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, cuando fue interceptado por hombres armados. Lo hicieron descender del vehículo y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.

Trujillo tenía 33 años y era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, corregimiento (zona rural) de Panamá, en el municipio de Arauquita. También pertenecía al comité de bienes y servicios de las Juntas de Acción Comunal Unidas de Panamá–Jacup, en el área de influencia del campo petrolero Caricare.

“Desde hace varios años Rhonald luchaba por mejorar la calidad de vida de las comunidades, exigiendo inversión social de impacto a las compañías petroleras en el territorio y para que la mano de obra en la industria fuera de personas del departamento de Arauca, no de afuera”, comenta a Mongabay Latam Johnny Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca (Fedejuntas) y quien conocía a Rhonald Trujillo.

Desde 2022, el departamento de Arauca ha sido una zona crítica para los líderes: “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, manifestó en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

Leer más | Colombia: encuentran a senadora indígena Aida Quilcué tras versiones de secuestro

La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 12 asesinatos de líderes en el departamento en 2022, siete en 2023, 19 en 2024 y cinco en 2025. Aunque las cifras muestran un descenso en los casos para el último año, quienes están en cargos de liderazgo en Arauca exigen que no debería presentarse ni un solo asesinato.

La situación se sigue agravando. Poco antes de la publicación de este texto se encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, dos líderes sociales y afrodescendientes reconocidos por su trabajo en la comunidad de El Botalón, del municipio de Tame. Los hermanos fueron secuestrados en marzo de 2025 presuntamente por la guerrilla del ELN y encontrados la noche del 10 de febrero en la vía nacional Tame-Fortul con múltiples impactos de bala.

Los grupos armados se disputan el departamento de Arauca

Enfrentar la violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos ha sido uno de los eternos desafíos de Colombia. El país lleva siete años con las cifras de asesinatos más altas en el mundo contra estos sectores, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 2025 en el país. Los departamentos más críticos fueron Cauca (37 casos), Antioquia (23), Valle del Cauca (18), Norte de Santander (11) y Nariño (10).

El escenario no parece ser optimista para 2026. Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026, ya son 15 los líderes sociales asesinados en Colombia.

En el caso del departamento de Arauca, el homicidio de Rhonald Trujillo, sin haber terminado el primer mes del año, encendió nuevamente las alarmas y puso de manifiesto, como indica la Defensoría del Pueblo, “un patrón territorial que reafirma la persistencia de riesgos en zonas con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y debilidad institucional. El fenómeno afecta principalmente a liderazgos comunitarios, comunales e indígenas”.

A Johnny Castro le preocupa la agresión hacia el movimiento social, específicamente el comunal. Denuncia que en Arauca existe una estrategia para asesinar y desplazar a los líderes y que las amenazas se han materializado en asesinatos.

“Tanto Rhonald como muchos otros líderes comunales que vivimos en el departamento hemos sido señalados y amenazados por grupos armados y hemos venido denunciando históricamente una connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura Martín Villa de las disidencias de la FARC para asesinar y desplazar a nuestros líderes. Ellos públicamente han salido a amenazarnos”, dice Castro. (Escuche aquí una de las amenazas).

Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Somos Defensores, asegura que la violencia contra líderes comunales en Arauca se concentra en el municipio de Tame y en el municipio de Arauquita, de donde era oriundo Rhonald Trujillo. “Muchos líderes comunales a menudo participan o lideran comités conciliadores en sus zonas y asumen múltiples funciones y labores dentro de las juntas de acción comunal, lo que los deja en medio de conflictos y los convierte en blanco de señalamientos por parte de diversos actores”, comenta.

Arauca es un territorio en disputa y allí tienen presencia diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC (específicamente, el Comando Conjunto de Oriente con los Frentes 10, 28 y 45), los cuales mantienen una confrontación directa.

Además, de manera intermitente, se reporta la presencia de la disidente Segunda Marquetalia, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.

Este escenario, aseguran desde la entidad, representa un riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos. “Los grupos armados buscan cooptar el tejido social y silenciar voces comunitarias”. (Escuche aquí una de las amenazas).

Además, Quinche menciona que el año pasado la mayoría de las víctimas de violencia letal en Arauca eran mayores de 60 años, mientras que Rhonald Trujillo recién pasaba los 30 años. Para él, se estaría configurando un escenario alarmante donde no sólo una generación mayor está siendo afectada por esta violencia selectiva.

Al hecho de que Arauca es un departamento donde muchos grupos armados se disputan el control territorial, se suma que es un punto estratégico para la extracción de hidrocarburos en Colombia, donde los liderazgos comunales históricamente se han opuesto a la operación petrolera. Cuando no lo han conseguido, se han dedicado a exigir garantías sociales, económicas y ambientales.

“No estamos de acuerdo con que invadan nuestros territorios para saquear los recursos y los bienes de la naturaleza”, dice Castro y menciona que un caso emblemático es el de la laguna de Lipa, donde hace unos 35 años se encontró petróleo y se desplazó de su territorio a los indígenas Hitnü, que hoy viven en mendicidad en las zonas urbanas de Arauca. “Hubo un etnocidio en esa laguna y posteriormente las compañías petroleras taponaron los caños y los esteros, y acabaron con ese santuario natural”.

Leer más |México: el crimen organizado desplaza cada vez más comunidades indígenas en Chihuaha para avanzar con la minería y la tala ilegales

La impunidad y la falta de investigación en Arauca

De acuerdo con los datos de Somos Defensores, entre 2002 y septiembre de 2024, se han registrado 73 asesinatos en Arauca y el liderazgo comunal ha sido el más victimizado con el 40 % de los homicidios, seguido por el indígena (15 %) y el comunitario (14 %).

La impunidad es otro de los grandes problemas, ya que las investigaciones no muestran avances considerables. Quinche menciona que el 50 % de los casos de asesinatos de líderes sociales en el departamento no han pasado de la fase de indagación y que sólo el 4 % ha llegado a una sentencia condenatoria. “Es una cifra ínfima de sentencias comparada con el 12 % de sentencias a nivel nacional, a pesar de que también es una cifra muy pequeña”.

Castro le pone rostro a las cifras y asegura que sólo ha habido capturas en los asesinatos de Josué Castellanos y Tulia Carrillo, “pero no se ha investigado a los actores intelectuales, a pesar de las movilizaciones y cabildos abiertos que hemos hecho”. El líder comunal considera que no habrá un cese de la violencia hasta que haya una Justicia realmente eficaz frente al accionar de los grupos criminales.

“Este año también nos quedan las elecciones de juntas de acción comunal y es una preocupación grandísima que tenemos porque nos vamos a encontrar con un dilema: nadie va a querer ser presidente o dignatario debido a toda la situación que ha venido ocurriendo en estos últimos cuatro años”, manifiesta Castro.

Esta preocupación no es sólo una percepción del líder social, la Defensoría del Pueblo le aseguró a Mongabay Latam que “el conflicto en Arauca es de carácter estructural y persistente”, y que las respuestas institucionales han sido limitadas e insuficientes frente a la magnitud del riesgo. “La población civil está en peligro y se requieren acciones urgentes, integrales y coordinadas”.

Imagen principal: entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026 ya fueron asesinados tres líderes sociales en el departamento de Arauca. Foto: cortesía Colombia Informa.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Para los indígenas korebaju, la naturaleza no es un recurso: es vida, espíritu y materia. Cada río, planta, semilla y animal está entrelazado con el cosmos y sostiene el equilibrio que garantiza la salud de la comunidad y del territorio. En un momento en que la Amazonía enfrenta presiones por la ganadería, la deforestación y la minería, esta visión ancestral se levanta como un recordatorio urgente: sin bosque, no hay cultura; sin equilibrio, no hay futuro.

Lee más | Una millonaria obra de energía amenaza al santuario Passiflora, refugio del jaguar en la Amazonía boliviana

En el resguardo El Diamante, ubicado a hora y media de la cabecera municipal del municipio de Solano, departamento de Caquetá, sus habitantes han emprendido, desde hace 10 años, una lucha comunicativa y cultural para proteger su selva. Se trata de un “diálogo para frenar la deforestación” en el corazón de la Amazonía, un proyecto que ha sido apoyado por The Nature Conservancy (TNC) que destaca el poder de la palabra: no solo para visibilizar la crisis ambiental, sino como instrumento de diplomacia ancestral para conservar territorios enteros.

Actualmente, en El Diamante viven 30 familias —165 personas en total— que buscan enfrentar los efectos de la colonización, que transformó sus dinámicas como pueblo nómada y que ha traído la pérdida de saberes, lenguas y prácticas tradicionales.

Oliver Gasca, autoridad indígena del lugar, ha liderado durante más de dos décadas la defensa del territorio por medio del fortalecimiento de los procesos de gobernanza, el diálogo con los colonos y la recuperación cultural. “Antes, mis abuelos eran nómadas. Navegaban por todos esos ríos, hasta Florencia [capital de Caquetá] llegaban a remo. Teníamos un gran territorio, una riqueza inmensa en fauna, en flora, en cultura. Hoy estamos en un resguardo pequeño, como de 1700 hectáreas, y eso cambia mucho la vida. Nos toca adaptarnos, pero también recordar lo que fuimos para no perderlo del todo”, asegura.

Para Gasca, proteger el territorio es una prioridad y así lo revelan datos de Global Forest Watch (GFW). Según la plataforma, en 2020 Solano contaba con 3.83 millones de hectáreas de bosque natural, lo que representaba el 91 % de su superficie terrestre. El municipio conserva una enorme proporción de bosque debido a su gran extensión territorial —es el más grande de Caquetá y uno de los más grandes de Colombia—, poco a poco ha venido perdiendo cobertura boscosa.

La información de GFW revela que en 2024 Solano perdió 6530 hectáreas de bosque, lo que equivale a la emisión de 4.51 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Desde 2001, el municipio registra una pérdida acumulada de 76 900 hectáreas de bosque húmedo primario.

Gobernanza indígena y planes de manejo: ciencia desde las comunidades

A inicios de 2015, la comunidad de El Diamante decidió formalizar su plan de manejo territorial e interno. El resultado fue un documento de 128 páginas.

Mabel Martínez es antropóloga y coordinadora técnica en Tropenbos Colombia, una plataforma para el fortalecimiento, promoción y divulgación de los saberes tradicionales y locales a través de formación, investigación local y sistematización documental. Martínez acompaña desde hace una década los procesos de gobernanza del resguardo El Diamante y ha mantenido una relación cercana con la comunidad korebaju.

Para la experta, el plan de manejo es mucho más que un requisito técnico para participar en proyectos de conservación: “Es una herramienta viva que recoge lo que la comunidad sabe y practica, y lo convierte en una hoja de ruta. Allí organizan su conocimiento, registran sus saberes sobre la selva y establecen acuerdos que, aunque no estén en la legislación nacional, funcionan como normas propias para el cuidado del territorio”.

El documento, por ejemplo, muestra la búsqueda de acciones para fortalecer las tradiciones culturales como pueblo indígena y conservar los recursos naturales que se encuentran en el territorio. El plan también incluye metas y actividades a corto, mediano y largo plazo, como la utilización de madera solo para uso del resguardo y no para la comercialización, la no fumigación y el diálogo con colonos vecinos.

“Con este proceso empezamos a revivir nuestros valores culturales y espirituales, a retornar a las raíces de nuestros ancestros. El plan de manejo nos enseñó que no basta con resistir, hay que organizarnos, escribir, dejar claro qué significa nuestro territorio y cómo lo vamos a cuidar de aquí en adelante”, afirma Gasca.

Durante los dos primeros años del proceso, las comunidades del resguardo participaron en una serie de talleres en los que elaboraron la caracterización ambiental y cultural del territorio, así como su diagnóstico integral. Este trabajo permitió definir una zonificación ambiental y cultural basada en la visión indígena de ordenamiento territorial. A partir de allí se identificaron las zonas destinadas a la conservación y preservación —incluidos lugares sagrados como montañas, bosques, salados y lagunas, considerados fuentes de sabiduría espiritual—, así como las áreas para cultivos tradicionales de chagra, pesca y cacería, la ganadería sostenible, la reforestación y la posible ampliación del resguardo.

Todo esto permitió la construcción de acuerdos internos de manejo, un conjunto de compromisos para garantizar la pervivencia de las nuevas generaciones. Dichos acuerdos se organizaron en seis ejes: cuidado de la montaña, protección de las fuentes hídricas, prácticas de cacería y pesca, manejo de sistemas productivos, fortalecimiento cultural y relaciones con comunidades vecinas.

También se construyó un sistema de clasificación en el que se identificaron once categorías que revelan la diversidad de significados y funciones que los integrantes indígenas le atribuyen a cada especie que habita en su territorio: consumo, medicinal, artesanal, ornamental, maderable, leña, comercial, mascota, tradicional, cultural y creencia.

“No se trataba únicamente de listar especies, la comunidad definió para cada planta y animal su uso, quién lo emplea y qué restricciones culturales existen. Eso convierte al inventario en un sistema de clasificación propio, basado en la mirada indígena sobre la naturaleza. Lo que ellos hicieron fue darle un valor cultural, espiritual y práctico a cada ser vivo, mostrando cómo la biodiversidad y la cultura están entrelazadas”, explica Martínez.

En el plan de manejo se reseña, por ejemplo, que la comunidad identificó 26 especies de árboles que son los más representativos en el territorio. La mayoría, 23 especies, son de uso maderable. Se reconocieron dos árboles para empleo medicinal: juansoco (Couma macrocarpa) y achapo (Cedrelinga cateniformis). También dos que se usan para la fabricación de artesanías: ceiba (Ceiba pentandra) y costillo (Aspidosperma excelsum), así como ocho que sirven para consumo: juansoco, balato (Manilkara bidentata), burañu (Erythrina fusca), cabo de hacha (Lonchocarpus lanceolatus), barbasco (Lonchocarpus urucu), polvillo (Handroanthus serratifolius), chajiñu (Tephrosia vogelii) y caimo balato (Pouteria caimito).

La comunidad también identificó 26 animales de monte, todos con valor de consumo humano. Entre ellos, cuatro cumplen un papel medicinal —como la boruga (Tayassu pecari), el cusumbo (Cuniculus paca), el yulo (Hydrochoerus hydrochaeris) y la tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria).

Otro de los resultados que llama la atención es que 18 especies animales han sido criadas como mascotas, entre ellas la guara (Ara macao) y distintos tipos de monos. Doce animales, como la danta (Tapirus terrestris), el gurre trueno (Priodontes maximus), la babilla (Caiman crocodilus), están ligados a creencias y saberes culturales que reafirman la relación espiritual de la comunidad con la fauna del territorio.

También se registraron 39 especies de aves, cuyas plumas son utilizadas para la elaboración de productos artesanales. Entre ellas se encuentran el tucán (familia Ramphastidae), la guacamaya roja (Ara chloropterus), la guacamaya azul (Ara ararauna) y diversas especies de loros (orden Psittaciformes).

Lee más | Grupos armados, bandas criminales y élites militares participan en el saqueo ilegal de oro en Venezuela | INFORME

Ciencia, tecnología y tradición para conservar peces

En 2025, los pobladores indígenas de El Diamante, en conjunto con The Nature Conservancy, se unieron a la iniciativa Mi Pez, una aplicación móvil que comenzó a ser utilizada por comunidades pescadoras como herramienta para registrar sus faenas, las especies capturadas y los lugares donde realizan sus prácticas, como el caño Consaya y el río Caquetá.

Como explica Pilar Galindo, ingeniera de sistemas de TNC: “Los monitores designados registran la información y luego la comparten con la comunidad en encuentros que llamamos ollas comunitarias, donde se discuten los resultados y se toman decisiones sobre pesca sostenible”.

Galindo añade que con este proceso no solo se ha fortalecido la capacidad tecnológica de las comunidades, sino que también les permitió apropiarse de la información. “Pudieron comprobar que la ciencia comunitaria es posible. Que pueden ser investigadores de su propia región y usar los datos para tomar decisiones internas sobre su territorio”.

Durante el tiempo que llevan monitoreando la pesca también se promovió la participación de jóvenes y mayores. En las faenas de pesca se empareja a un anciano con un joven: mientras el mayor comparte la experiencia y la sabiduría heredada, el joven aprende a usar herramientas tecnológicas para monitorear el territorio. De esta manera, dice Galindo, la ciencia occidental y los conocimientos ancestrales se integran, asegurando que ambos se fortalezcan y se complementen.

Con el apoyo de esta herramienta Mi Pez, se hizo un inventario en el que se identificaron 37 especies de peces. La mayoría se destina al consumo humano, como el pintadillo (Pseudoplatystoma magdaleniatum), el dentón (Dentex dentex), la cucha (Hypostomus hondae), el micuro (Pimelodus yuma), el chontaduro (Zungaro zungaro) y el barbudo (Leiarius marmoratus). Especies como el sábalo (Brycon amazonicus), la mojarra negra (Cichla monoculus) y la raya (Potamotrygon motoro) son utilizadas con fines medicinales.

La información recolectada, junto al conocimiento que los korebaju tienen de las estrellas, la luna, las épocas de lluvia y de sequía, dio como resultado la creación de un calendario ecológico. “Son un marco de referencia para las actividades productivas [siembra, caza, pesca, recolección, extracción de barro, extracción de fibras] y para nuestras fiestas y rituales. Nos presentan una guía de cómo aprovechar y cuidar los recursos”, se explica en el plan de manejo.

El calendario indígena determinó, por ejemplo, que el tiempo de cacería y pesca es en diciembre, mientras que en enero se hacen las quemas de chagras. “Para pescar el tiempo bueno es el verano, junio y julio, cuando tenemos la subienda de peces. Respecto a la cacería, en esta época los animales que están en cría, no se cazan”, explica Gasca.

“Todas estas actividades adquieren sentido cuando se conectan con la espiritualidad, los saberes tradicionales y las prácticas de cuidado. No se trata solo de recolectar datos, sino de reforzar la relación de la comunidad con el territorio y su cosmovisión«, explica Tatiana Losada, ecóloga con maestría en conservación de áreas silvestres y especialista en ciencia liderada por comunidades y análisis con sistemas de información geográfica en TNC.

Lee más | Proyecto Corvina: la apuesta de los pescadores artesanales de Ilo frente a la sobrepesca en Perú | ENTREVISTA

Conversaciones que resguardan biodiversidad y cultura

La comunidad korebaju de El Diamante identificó que uno de los mayores riesgos para su territorio era la llegada de colonos a los predios vecinos. A diferencia de sus prácticas ancestrales, estos nuevos pobladores introducían ganado, cazaban con perros, pescaban con redes y talaban árboles sin consultar a las autoridades indígenas. Estas acciones, dicen los korebaju, no solo impactaban la fauna y alteraban los ríos, sino que ponían en riesgo el equilibrio de la selva y la autonomía del resguardo.

El enredo que existe con los linderos de El Diamante agrava la situación. Según el plan de manejo, el polígono oficial definido por el Incoder (entidad liquidada y que ahora recibe el nombre de Agencia Nacional de Tierras) en 1982 —con una extensión aproximada de 2000 hectáreas— no coincide con la ubicación real del resguardo. Mientras que el título legal quedó más al norte, entre la margen oriental del río Orteguaza y la margen sur del río Peneya, la comunidad habita otro espacio histórico que no está plenamente reconocido. Esta inconsistencia ha facilitado el traspaso de colonos y su control en áreas que los korebaju consideran propias, pero que jurídicamente aparecen por fuera de sus límites.

El diagnóstico comunitario también incluyó otras problemáticas: el daño de cultivos, la pérdida de semillas por fumigaciones, la explotación minera, las quemas para el establecimiento de potreros y la reducción de plantas medicinales y suelos fértiles. A ello se suma la pérdida cultural reflejada en el debilitamiento de la lengua, pues cada vez es más común que el español desplace al korebaju en la vida cotidiana.

Sin embargo, lejos de rendirse ante las dinámicas de la colonización y la presión externa, la comunidad decidió resistir con la palabra. Con base en su plan de manejo del territorio, se iniciaron diálogos con los colonos vecinos para establecer reglas de convivencia y acuerdos mínimos de cuidado. Por ejemplo, quienes desean talar un árbol deben consultar previamente a las autoridades indígenas y si se requieren semillas para restaurar predios degradados, la comunidad misma se compromete a facilitarlas.

“Decidimos dialogar y hoy, antes de cortar un palo, hay que hablar con los comuneros de El Diamante. Acordamos que no se puede cazar con perros, y si alguien necesita semillas para restaurar su predio, nosotros mismos las facilitamos. Así, en vez de pelear, encontramos un camino para convivir y proteger la selva”, asegura Gasca.

Aunque se trata de un proceso en construcción y aún persisten las tensiones, la experiencia del resguardo muestra que el diálogo puede abrir caminos para cuidar la selva y sostener la cultura. Según TNC, al menos seis resguardos más en Caquetá están realizando sus propios planes de manejo territorial para el cuidado del ambiente.

Lee más |Mercurio en insectos de la Amazonía peruana: científicos estudian bioacumulación tóxica

Mujer, semilla de biodiversidad

La voz de las mujeres empezó a resonar con más fuerza en El Diamante a partir de la formulación del plan de manejo territorial. Ese espacio de participación colectiva no solo les permitió organizar acciones para proteger la selva, sino que también despertó en ellas un interés claro por su propio empoderamiento: proteger el territorio y, al mismo tiempo, protegerse a sí mismas.

“Ellas mismas comenzaron a reconocerse como actoras centrales dentro de la comunidad: no solo en la chagra o en la escuela, sino también en la toma de decisiones”, cuenta Martínez.

Johana Cruz Valencia tiene 32 años y es docente del pueblo korebaju, además de presidenta del Comité de Mujeres del Resguardo El Diamante. Desde su labor educativa combina la enseñanza en la escuela con la defensa del territorio y la promoción del liderazgo femenino.

Para ella, las mujeres son guardianas de la tierra y transmisoras de conocimiento. Destaca que la protección ambiental también pasa por la educación y la transmisión de la lengua y los valores culturales en el hogar y la escuela, con el objetivo de que las nuevas generaciones reconozcan su identidad y aprendan a cuidar su entorno desde pequeños.

Además, dice que las mujeres se han abierto paso y se han consolidado como guardianas de la cultura y de la selva: conservan y transmiten el conocimiento sobre semillas nativas, plantas medicinales y técnicas de chagra; impulsan viveros comunitarios para la restauración del bosque; y promueven el intercambio de semillas para mantener viva la diversidad alimentaria.

De acuerdo con cifras de Tropenbos Colombia, entre 2020 y septiembre de 2025 se han consolidado un total de 103 propuestas de viveros para restauración productiva participativa. La mayoría fueron formulados en 2021 y, según un mapeo hecho en 2024, ya se han restaurado 418 hectáreas en la ribera del río Peneya.

“Cuando sembramos con los niños, no es solo para que vean crecer una planta, sino para que entiendan que cada semilla es memoria y alimento. Por eso insistimos en que la educación debe ser propia: porque desde ahí se defiende el bosque y se transmite nuestra identidad”, asegura Cruz.

Las mujeres de El Diamante también impulsaron reuniones con los hombres de la comunidad para hablar de la violencia a la que habían sido sometidas y sobre el rol secundario al que habían sido relegadas. Han creado espacios de confianza para hablar sobre las violencias basadas en género, compartir experiencias y apoyarse mutuamente.

“Antes las mujeres no hablábamos en público, nos daba miedo, sentíamos que nuestra voz no contaba. Ahora nos reunimos, hablamos entre nosotras y también hacemos reuniones de sanación con los hombres para que ellos entiendan y cambien. En esos espacios lloramos, recordamos, pero también nos fortalecemos. Los hombres escucharon, comprendieron nuestro dolor y asumieron compromisos”, cuenta Cruz.

Oliver Gasca recuerda desde su experiencia como hombre y autoridad indígena que las mujeres del resguardo eran “muy tímidas para hablar en público, no podían opinar”. Hoy, asegura, pueden liderar procesos propios, tienen voz en las reuniones y están en un proceso de reivindicar sus derechos. “Ellas son las que más insisten en que, sin cultura, sin lengua y sin semillas, no hay futuro para el pueblo”.

Los procesos comunitarios para mantener las costumbres y cuidar la selva ya dan sus primeros frutos. El reto ahora es mantener y consolidar estos procesos en los que el resguardo El Diamante ha sido un ejemplo, para que se extiendan a otros seis resguardos indígenas korebaju que también se enfrentan a la deforestación, la colonización, la minería y la violencia armada.

Imagen principal: como parte de las iniciativas de restauración se realizaron actividades de reconocimiento del territorio y cosechas fundamentadas en plan de manejo de El Diamante. Foto: cortesía Yunner Iles

El artículo original fue publicado por Alejandra Cetina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Me tomé varios tintos con los firmantes de paz en El Líbano, Tolima, a dos horas de Ibagué. Me los quedo viendo y me doy cuenta de que son tan humanos como quien esto escribe. Tienen ilusiones y tristezas. Tienen un pasado pero abrazan con fuerza el futuro para conjurar los fantasmas de la guerra. En el brillo de sus miradas descansa el valor de las segundas oportunidades y la ilusión del perdón real para seguir adelante con sus vidas.

Sin el Acuerdo de Paz de 2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC, habría sido imposible compartir una bebida caliente y recién hecha con estos hombres y mujeres que cambiaron los fusiles por las trilladoras y las tostadoras: ahora hablan con propiedad de despulpado, tueste o acidez. En las regiones donde antes los unos eran enemigos de los otros, hoy late un solo corazón, “oyéndose, mirándose y entendiéndose”, parafraseando a Stefan Zweig.

Convocados por la Gobernación del Tolima, participaron en la III Feria Internacional de Café. Ahí estaban, en el parque principal de El Líbano, entre 650 expositores, en la carpa de la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, hablando con los turistas, desgranando sus vidas, mientras preparaban con sus propias manos una taza de café para ofrecérsela al visitante.

En el Tolima se produce uno de los mejores cafés del mundo: con 61.896 familias cafeteras es el tercer productor del grano en el país después del Huila y Antioquia. Son 105 mil hectáreas repartidas en 38 municipios, con una producción anual de 1.8 millones de sacos.

El municipio de Planadas es el principal productor del departamento y tercero de Colombia… el mismo lugar donde nació la República de Marquetalia, cuna de una guerrilla que ya no existe. Hoy, este departamento se abre al mundo como el “Corazón cafetero de Colombia”.

A través del cooperativismo, unas 300 familias tolimenses viven de comercializar siete marcas de cafés especiales, tipo exportación: El Tercer Acuerdo, de la Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro Mejor (COMUMARFU) de Planadas; Esperanza y Paz, de la Asociación EPZ de Icononzo; Galilea, de la Asociación Agropecuaria Agroindustrial Construyendo Paz (ACOPAZ) de Dolores; Coffeedencial edición Sembrando la Paz, de San Antonio; Coffee Black de Chaparral; Celeste, de Bilbao y Café Cortés, de Icononzo.

A pesar de los avances positivos del Acuerdo de Paz en temas como reincorporación, consolidación de proyectos productivos y participación política, 543 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016. Las cifras son de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, la cual se creó para brindarles acompañamiento y apoyo frente al desprecio por su pasado, causa principal de la violencia contra estos nuevos emprendedores.  

“Nos están asesinando, hay regiones donde nos siguen considerando guerrilleros sin serlo: pasamos a ser víctimas también, vivimos con miedo. Que si latieron los perros, es porque alguien viene por nosotros, lo mismo si escuchamos disparos”, dice Juan Carlos García.

A su hijo José William lo asesinaron en 2023. A los dos meses de prestar el servicio militar, el muchacho recibió un panfleto: tenía 24 horas para irse de la región “por ser militar”. Huyó y al año regresó creyendo que el peligro había pasado.

Jhon Jairo Oliveros, otro firmante de paz, afirma que tan solo el 10% de los casi 700 firmantes del Tolima han podido acceder a tierras. “Necesitamos tierra, vivienda y seguridad. Sin seguridad no hay vida, no hay proyectos productivos, no hay nada. Y no queremos ser personas mantenidas, sólo necesitamos oportunidades para ser autosostenbles”.

Este caficultor es compareciente ante la JEP en los macrocasos 01, 07, 10 y 11, y forma parte además de la Corporación Humanitaria Reencuentros, que trabaja con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Estamos respondiendo por las conductas graves que se cometieron en el marco del conflicto armado”, explica Jhon Jairo, agradecido por los frutos que trae la pacificación de los territorios.

“Queremos que los colombianos se apropien del Acuerdo. Porque este Acuerdo no se hizo únicamente para quienes dejamos las armas, sino para el pueblo menos favorecido”, recalca.

 “El café sí es poder, no las armas”

Arles Gutiérrez es de Planadas Tolima. Con 15 años ingresó a la guerrilla, donde estuvo ocho. A sus 35 años tiene conocimientos en agronomía, economía y derecho. Es exportador de su propia marca de café: Celeste, que así se llama su hijita.

“Hoy estamos haciendo la revolución por medio del café para demostrarle a la gente que tenemos la disciplina para apostarle a la paz. Me preparé como catador, barista, tostador y transformador. Trabajo con los cafés naturales, donde no se utiliza agua para no contaminar el medio ambiente”, afirma este planaduno que anhela participar en la subasta del próximo año, en Chaparral; allí se realizará la IV Feria Internacional de Café.

Paréntesis: En la edición 2025 de la Feria Internacional de Café, Jorge Elías Rojas, un campesino caficultor, también de Planadas, rompió el récord departamental al vender el lote del café La Roca en US$72 la libra. La marca anterior corresponde a Adriana Díaz Castillo, de Icononzo: su lote de café se vendió en 69 dólares la libra.

Arles pertenece a una asociación de firmantes, desde donde le enseñan a los niños el arte de catar café. “Quisiera tener un laboratorio en mi finca para poder recoger muchos niños y muchas familias que quieren aprender sobre la cultura del grano. Queremos que los jóvenes apuesten por la paz, porque los muertos de la guerra solo los ponen los pobres, los campesinos”.

Poseen una finca familiar “que se maneja como una empresa, donde se valora el trabajo de la mujer. Hice un curso de ciencias políticas y ahora estoy aprendiendo sobre Derecho porque cuando se tiene una marca de café, hay que aprender cositas”.

Además de Celeste, de 20 meses, es el padre de dos adolescentes de 15 y 16 años. “Hoy no cambio a mi familia por ninguna ideología. Quiero que mis hijos se enamoren del campo, no de las armas, ni de los vicios, ni que se vayan a esclavizar toda la vida. El café sí es poder”.  

Unidos para acabar con la intermediación

Juan Carlos García es miembro de la Asociación Sembrando la Paz, de San Antonio, Tolima, de la cual forman parte 30 caficultores, entre víctimas del conflicto, ex combatientes, campesinos y comunidades indígenas.

“Nuestros cafés tienen una historia: la historia de unos firmantes que no quieren volver a empuñar un fusil”, dice emocionado el excombatiente.

“En Colombia no hay cafés malos. Los cafés de Colombia son de los mejores del mundo”. Le preocupa, no obstante, que los intermediarios se están quedando con la mayor ganancia, “y no el campesino que pone el trabajo”.

Por eso, los caficultores del sur del Tolima quieren agruparse para poner fin a la intermediación. “De una libra de café se hacen 50 tazas de 10 gramos cada una. La taza, que sale a $500, la venden en otros países entre 8 y 10 dólares, de $25 mil hasta $40 mil pesos”, dice Juan Carlos.

Juan Carlos clama por mayor inversión social, el cumplimiento en la entrega de tierras y apoyo del Comité de Cafeteros a los pequeños caficultores, aquellos “con menos de tres hectáreas de café”.

Café Coffeedencial Foto: cortesía ARN.

“Los campos están descampesinados”

Jhon Jairo Oliveros pertenece a la Cooperativa Coaranpaz, de la cual forman parte víctimas del conflicto armado y firmantes de paz, entre ellos su esposa, con quien tiene tres hijos, todos menores de edad. 

Quien antes fuera alías Armando, hoy es un orgulloso caficultor, a pesar de que ha sido desplazado tres veces desde la firma del Acuerdo. Su marca se llama “Cosecha de Paz”.

“Alrededor del café hay negocios, hay amores, hay acuerdos. El café marca un hito en la historia de nuestro país”, dice Jhon Jairo, quien entregó las armas en Gaitania, Planadas. Hoy, como enlace de reincorporación en el Tolima, acompaña en este proceso a los firmantes, 678 excombatientes, 508 hombres y 170 mujeres, que participan en 332 proyectos productivos.

Dice que la paz se cosecha dándole oportunidades a la gente. “Por culpa de la guerra los campos están descampesinados. Hay que volver a campesinarlos. Sólo quedan los viejos y las viejas. Y para ellos, sin ayuda, es muy berraco producir”.

Le brillan los ojos al hablar de Colombia. “Lo tenemos todo: climas, montañas, ríos y gente amable y emprendedora. No podemos entregarles un país en guerra a las nuevas generaciones”.

Los hijos de la paz

Juan Felipe Lombana, de 19 años, forma parte de la primera generación de hijos de la paz.  Tenía 10 años cuando se reencontró con su padre. Pertenecen a la cooperativa Esperanza y Paz, compuesta por 35 familias, entre víctimas del conflicto y excombatientes.

Desde finales de 2024, atiende el local “Coffe for Peace” en Melgar, Tolima, donde sirven el café Piedemonte, que producen en Icononzo.

“Los jóvenes necesitamos oportunidades, incentivos. Si la gente se va del campo, en la ciudad la gente no comerá. La obra de mano es mal paga por culpa de la intermediación. Necesitamos ayuda para sacar un café de mejor calidad y poder exportarlo”, dice Juan Felipe.

La mujer de “El Tercer Acuerdo“

Jael Baquiro nació en medio de la guerra, en Gaitania, un territorio cafetero. Desde 2024, está al frente de La tienda del café El Tercer Acuerdo, en Ibagué, gracias a un programa de asociatividad que impulsa la Presidencia de la República.

“Enviamos pedidos donde se requiera”, le responde Jael a un turista, quien la aborda para indagar de dónde nace el nombre de este café. Ella explica que, comenzando este siglo XXI, el primer acuerdo de paz se firmó entre la Comunidad Indígena Nasa We´sx y las FARC, que luego hicieron un segundo acuerdo con el gobierno de Santos. “El Tercer Acuerdo se está dando desde el calor humano de cada comunidad, alrededor del café que se produce en el territorio para asegurar el progreso colectivo”.

La marca “El Tercer Acuerdo” unió indígenas, campesinos, caficultores y firmantes de paz. En Planadas construyeron una planta con trilladora, tostadora y empacadora. “Trasformamos el producto que nos entregan los caficultores para producir un café de especialidad, natural, (sin químicos), variedad Castilla, de 48 horas de fermentación, semilavado y con un secado de 20 días”.

Jael se casó cuando era guerrillera y de esa relación de 17 años tiene dos hijos de 12 y 14 años. Se siente contenta de tener un hogar. “Deseamos vivir en paz, sin la zozobra de la guerra, ir a todas las ferias de café donde nos quieran invitar”.

“Trabajamos para culturizar la paz en cada familia”

Albeiro Durán nació en Norte de Santander y estuvo diez años en la guerrilla.

No sólo de café vive el hombre. Alrededor de la “Miel de la paz” (Honey Peace), se juntaron 250 apicultores del Tolima, quienes anhelan conquistar otros países.

Tras dejar las armas, Albeiro recuperó la comunicación con su familia, padres y hermanos, y formó la propia. “Estamos guiando a los hijos por un camino distinto para que no repitan nuestra historia. Mi decisión al firmar el Acuerdo fue clara: trabajar para culturizar la paz en cada familia”.

Me cuenta que de los 13 mil firmantes, 11.500 están cumpliendo con el Acuerdo. “Tenemos que reconciliarnos. Ha sido muy difícil restaurar un país que lleva muchos años en la miseria, con poblaciones marginadas y sin oportunidades.  Por eso no juzgamos a quienes todavía se mantienen alzados en armas. Pero si les pedimos que se reconcilien, que hagan un esfuerzo para llegar a la paz total”.

Este artículo fue posible gracias a una invitación de la Gobernación del Tolima con motivo de la III Feria Internacional de Café, celebrada en El Líbano, Tolima. 

Acosados por sus desaciertos, o por fantasmas del pasado que reaparecen para asediarlos de manera inclemente, los gobernantes suelen desatar acciones que ponen a la opinión pública a mirar en direcciones insospechadas, con la esperanza de que los medios de comunicación encuentren en los motivos de distracción un filete de esos que alimentan la voracidad del cada vez más complejo aparato de la información y el apetito de sectores del género humano ávidos de enterarse de hechos generadores de preocupación o de escándalo.

El ejercicio de distracción puede llevar una cierta carga de artificio, y en ocasiones se puede nutrir de exageraciones, interpretaciones acomodaticias e inclusive falsedades. Algo que ahora, con las redes sociales, reitera, aumentadas al infinito, las posibilidades de difusión de mensajes falsos que se ha presentado desde cuando los medios eran rudimentarios.

Luego de que Elon Musk, ahora auto borrado cuidadosamente de la vista pública, dijera al retirarse de su colaboración con el gobierno federal de los Estados Unidos que el presidente figuraba en la “lista de Epstein”, su muy breve referencia a esa posibilidad fue como una gota venenosa que, instilada en el momento preciso, contaminó las aguas de la vida pública de los Estados Unidos y desató tremenda tormenta.

Muchos republicanos de la base popular esperaban que en una lista, cuya publicación el candidato hoy presidente había prometido, salieran a relucir los nombres de figuras demócratas de alto perfil, vinculadas no solamente a reuniones y fiestas de un depredador infame sino de pronto a sus vicios reprochables, que resultó muerto en circunstancias dignas de toda sospecha. La esperanza de dicha publicación se transformó en sorpresa e ira con la “píldora venenosa” de Musk sobre la eventual figuración de su carismático jefe en ese enredo.

La Secretaria de Justicia había comentado en un programa de televisión afecto al régimen que en su escritorio tenía para estudio la lista aquella de amigos, compinches o clientes de un tal Epstein, promotor de actividades delictivas que llevaron a su encarcelamiento y a un suicidio del cual muchos no quedaron convencidos. Pero luego, desatado el escándalo, esa misma secretaria afirmó que la lista no existía. Y luego se dijo que ella misma le habría advertido en su momento a su jefe que su nombre estaba mencionado en los explosivos documentos. Anuncio que el presidente negó sin ruborizarse.

Suelta la jauría de los escogidos periodistas que tienen permiso para entrar a la Casa Blanca, no podían faltar las preguntas puntuales que reflejaban el interés por el esclarecimiento del asunto, al tiempo que se desataba una cacería de datos que dio como resultado la publicación de nuevas fotografías del jefe de la Casa Blanca y su esposa con Epstein, a quien reconoció por mucho tiempo como amigo cercano, e inclusive en el Wall Street Journal se mencionó la existencia de mensajes afectuosos de su parte, con señales en clave para celebrar su cumpleaños. Motivo por el cual el presidente demandó por una suma enorme al director del periódico, medida que las bases pueden considerar una muestra de inocencia, mas no así los entendidos en esas artes, en las que ciertas figuras públicas son expertas.  

Difícilmente se puede pensar que todo lo que se propició a partir del estallido del escándalo, desde la Casa Blanca, es mera coincidencia. De manera que bien puede hablarse de la apelación al típico uso de “armas de distracción masiva”, orientadas a desviar la atención del público, propio y extraño, hacia otras cosas que pudieran resultar suculentas y permitieran no solamente sacar el tema de circulación mediática, sino emprender otros caminos y dejar atrás lo de Epstein como un episodio superado.

De poco valió que el presidente hubiera desdeñado la importancia de que, a estas alturas, se hablara tanto del delincuente fallecido. No pareció tener efecto el ejercicio de su acostumbrada capacidad para decir lo que le viene a la cabeza, con la cifras y razones que se le ocurran, y sobre todo de poner a la gente a hablar de lo que él desee. De manera que se vio confrontado a “volver a meter el genio dentro de la botella”, tarea que hace incurrir en equivocaciones que terminan por acrecentar los problemas.

Después de “amonestar” a periodistas que hicieran preguntas sobre la famosa lista, y de publicar “trinos” en su red para reforzar la idea de que no era bueno “perder tiempo ni energía en torno de alguien que ya a nadie importaba”, no se calmó la tormenta. Por el contrario, desde las bases republicanas creció un clamor de insatisfacción. Algo que llevó al presidente a cometer el error político de declarar que ya no necesitaba el apoyo de esos fieles. Declaración que podría tener consecuencias en las próximas elecciones de reemplazo parcial del Congreso a la mitad del período presidencial.

Una indicación de la Casa Blanca de pedir a los jueces la publicación de “los documentos que fuesen pertinentes” dentro del caso Epstein, no mereció credibilidad política porque el concepto de la pertinencia resultaba claramente selectivo y de pronto elusivo. Además, no era posible jurídicamente atender ese pedido, pues la publicación habría vulnerado principios elementales de la reserva en la administración de justicia en materias penales.

De manera excepcional, el subsecretario de justicia, que antes de ocupar ese cargo fue defensor del presidente en alguno de los múltiples juicios desatados en su contra luego de su primera presidencia, visitó, en su condición oficial, a la reconocida cómplice de Epstein, que había guardado silencio a lo largo de un proceso que terminó con su condena a veinte años de cárcel. No se sabe de qué hablaron, ni qué promesas hubo de ambas partes. La condenada fue enviada a un sitio de reclusión más confortable. Muchos han evocado que los presidentes de los Estados Unidos tienen la potestad de perdonar a cualquier sentenciado por la justicia.

Se ha dicho que, como es explicable, en las altas esferas del gobierno federal se han realizado diferentes reuniones para señalar una estrategia de acciones de distracción masiva como la de acusar al expresidente Obama de haber montado en 2016 una operación indebida, que constituiría traición a la patria, relacionada con la posible intervención rusa en la elección de quien derrotó a Hillary Clinton. Algo que había quedado claro y cerrado en favor de Obama, con la firma, entre otros, del actual Secretario de Estado cuando era senador y miembro del comité bipartidista de inteligencia que se ocupó de esclarecer el caso. Solo que ahora la directora nacional de inteligencia fue a la Casa Blanca a decirles a los periodistas que tiene un reporte que demuestra la politización de la inteligencia y su utilización como arma en el penúltimo gobierno demócrata.

La Cámara de Representantes ha citado a Bill y Hillary Clinton y a otras personas de “alto perfil”, para que rindan testimonio sobre su amistad o relación con Epstein, en busca de que el escándalo involucre a nuevas personalidades y pueda tomar un nuevo rumbo. Solo 4 expresidentes han sido citados a rendir testimonio en los últimos 200 años. Una requisitoria de la misma cámara al Departamento de Justicia, apoyada por algunos republicanos, pediría que haga llegar a esa corporación los documentos que tenga sobre el sonado caso. El asunto quedó en vilo debido a que, muy oportunamente, el “speaker” adelantó el inicio del receso de verano.

El presidente se ausentó del escenario de la turbulencia y tomó unos días para irse a Escocia a descansar un poco y promover negocios particulares, como los de sus campos de golf. El viaje recibió toda la publicidad posible, para mostrar un presidente distendido y activo en su deporte favorito, además de concederle al primer ministro británico “el privilegio de pasar con él largo tiempo” y hablar de asuntos de interés común. A lo cual agregó lo que se ha presentado como “un triunfo” al cerrar un trato comercial con la Unión Europea, del cual no se conocen mayores detalles, aunque ha creado malestar en algunos sectores europeos.

La embestida orientada a golpear y desacreditar a los demócratas, con el argumento de que politizaron la justicia, se manifestó exacta y paradójicamente con una muestra perfecta de politización del aparato judicial. Como si el presidente entendiera que él sí tiene derecho a utilizar la maquinaria de justicia políticamente y señalar como infractor a quien considere del caso. Así, los fiscales Jack Smith y Letitia James, uno retirado y la otra en ejercicio, que tuvieron que ver con las causas abiertas contra el presidente, están siendo objeto de investigación, con el ánimo de encontrar argumentos para que sean penalizados por causas todavía por comprobar.

Para llenar los titulares con algo nunca visto, el presidente dispuso el desplazamiento de la Guardia Nacional y el FBI en la ciudad de Washington, a manera de “liberación del Distrito Capital”, cuyo departamento de policía pasará a operar bajo las órdenes de autoridades federales. Decisión fundamentada en “la necesidad de rescatar la capital de las garras de criminales sedientos de sangre, el caos, la miseria y cosas peores”. Esto contra la evidencia de estadísticas que muestran el decrecimiento significativo de la criminalidad y la inseguridad en la capital, a la que el presidente comparó peyorativamente con lugares tan horrorosos como Lima o Bogotá, “donde nadie quisiera vivir”.  

Otra vez en el frente internacional, el gobierno de los Estados Unidos anunció castigos a Brasil con el arma de los aranceles, por no atender la solicitud imperativa de terminar súbitamente el proceso contra Jair Bolsonaro, sin tener en cuenta que el presidente Lula no lo puede hacer. También amenazó a la India y a la China con el mismo tipo de sanción, por comprar petróleo ruso y financiar así las acciones en contra de Ucrania. Actos de corte imperial que levantaron ampollas y demostraron un ánimo de ejercicio de poder en todos los tableros, para satisfacción de seguidores y espanto de contradictores. Pero siempre noticia digna de atención, que es lo que interesa sin saber cómo terminen las cosas.

Para coronar la secuencia de hechos, provocados o coincidentes, que podrían ayudar a olvidar lo del caso Epstein, apareció por designio del destino la necesidad de actuar de manera más incisiva en el caso de la Guerra de Ucrania, respecto de la cual ha habido tantas oscilaciones en la conducta presidencial que nadie sabe hoy qué rumbo pueda tomar mañana; lo cual alimenta las noticias nacionales y mundiales precisamente debido a la incertidumbre de acciones que los amigos y admiradores del presidente consideran muestra de su ingenio, mientras sus detractores lo descalifican por su ineptitud para negociar algo que no sea propiedad raíz.

El teatro montado en Alaska, con alfombras rojas, saludos calurosos, plataforma para fotografías, limusina compartida, tres horas de reunión, declaraciones nada explícitas y ausencia de opción de preguntas a los protagonistas, mantuvieron en vilo la atención mundial. Vladimir Vladimirovich, contra quien existe orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, y quien ha sido marginado de los grandes escenarios a partir de la toma de Crimea, y con mayor razón desde el ataque a Ucrania, resultó felizmente acogido, de igual a igual, como si fuera representante de una superpotencia. Cuando se juzgue con mayor distancia la reunión, Kamala Harris hará sus cuentas para ver si resulta comprobado su designio en el sentido de que Putin “se almorzaría” a Trump en un encuentro bilateral. Seguramente porque conoce muy bien las artes de encantador del experimentado presidente ruso, que por ahora va a seguir con su guerra.

El propósito de cese del fuego, que el presidente americano se había señalado como objetivo del encuentro, no se pudo concretar. Y lo único cierto es que, otra vez, parecería que Donald hubiera salido de la reunión convencido de los argumentos de su colega, a quien tanto admira, con lo cual ha provocado tal conmoción que los gobernantes de Alemania, Francia y el Reino Unido, así como la presidente de la Comisión Europea, han decidido acompañar al presidente ucraniano a la cita de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos comentará lo hablado con el ruso y expondrá su punto de vista, siempre modificable así sea a última hora a bordo del Air Force One, sobre el futuro de una guerra de cuyo resultado dependerá el futuro de Europa y más allá.

Armas de distracción masiva, premeditadas o no para desviar la atención respecto de un escándalo que por alguna razón el presidente de los Estados Unidos desea eclipsar. Y de cuyo desenlace depende no solamente el destino de su gobierno sino el de los años que le queden por ejercer el poder, y después.

El pasado no perdona. Eso dicen.

El legado nada honroso del expresidente Julio César Turbay Ayala se llama Estatuto de Seguridad, un decreto que operó durante los cuatro años de su presidencia (1978-1982), expedido apenas un mes después de vestir la banda presidencial. Bajo esa norma se cometieron toda clase de violaciones contra los derechos humanos, según lo constató para la historia la Comisión de la Verdad.

Sobre la denuncia contra el presidente Petro por presunto hostigamiento, el abogado Víctor Mosquera argumentó que “son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe”, según este artículo de El Espectador.

Se refirió, entre otros, a un trino del 8 de junio pasado donde el presidente preguntaba: “¡Dios mío!, ¿el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”.

No era la primera vez que el primer mandatario se refería al asunto. En un trino del 14 de mayo de 2024 puso lo siguiente: “García Márquez tuvo que exiliarse porque Turbay lo quería apresar y torturar. Turbay creía que la intelectualidad colombiana apoyaba toda al M19 y por eso 10.000 capturados pasaron por los centros de tortura. Dicen que contar esto es resentimiento pero lo que quieren es ocultar la historia con la ignorancia”.

Entre las páginas 505 y 508 del Informe Final de la Comisión de la Verdad., leo que el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) consistió en facultades especiales otorgadas a la fuerza pública en el marco del Estado de Sitio, “pero derivó en abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Fue la respuesta del Estado a las movilizaciones del paro cívico de 1977, el fortalecimiento de la protesta social y la creciente acción de las guerrillas, como el M-19”.

Añade la Comisión de la Verdad que mediante actas del Consejo de Ministros “se ordenó la detención de 3.752 personas, en aplicación del artículo 28 de la Constitución de 1886, que permitía la detención de las personas en unidades militares hasta por diez días, previa a la presentación ante un juez penal militar. De ellas, 264 fueron registradas en la base de datos de la Comisión como detenidas y torturadas, cuatro de ellas detenidas y torturadas en más de una oportunidad”.

El inventario de aquel cuatrienio es escalofriante y nos recuerda el accionar de las dictaduras que operaron en aquel tiempo en otros países del continente, como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

“La Comisión de la Verdad sistematizó en una base de datos 1.340 hechos de tortura, correspondientes a 1.322 víctimas. En las actas del Consejo de Ministros en las que se ordenan más de 3.000 detenciones en ese periodo, aparecen nombres de personas que fueron torturadas y se cuenta con sentencias que condenan al Estado por dichas acciones”.

Uno de esos casos fue el de Olga López de Roldán, torturada en la Brigada de Institutos Militares. También se mencionan los casos de Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Alava, abogados defensores de derechos humanos, “que en años posteriores fueron asesinados”.

Aunque no existen indicios de que miembros del Partido Comunista hubieran sido detenidos durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, “en años posteriores, siendo miembros de la UP, fueron víctimas de atentados y asesinatos. En el Acta 154 del 15 de octubre de 1981 aparecen Aída Avella, José Antequera y Jaime Pardo Leal”.

Según pudo constatar la Comisión de la Verdad, el Estatuto de Seguridad acudió a “diferentes mecanismos represivos” que ya se habían utilizado en períodos presidenciales anteriores. “Para 1980, la Justicia Penal Militar llevaba 334 consejos de guerra verbales por diferentes delitos relacionados con rebelión y otros como extorsión, secuestro, chantaje, homicidios en funcionarios públicos, atracos y asaltos, delitos que figuraban en el Estatuto de Seguridad. Esto fue parte de la primera visita de Amnistía Internacional a Colombia y del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que daba cuenta de estas violaciones masivas de derechos humanos”.

Así, el gobierno de Julio César Turbay Ayala fue una «Dictadura disfrazada de democracia», epíteto otorgado por la propia Comisión de la Verdad, acusándolo de permitir la violación de los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras suramericanas, durante la despiadada persecución contra la izquierda. “Muestra de ello fue la represión a los capturados tras el asalto del M-19 al Cantón Norte de Bogotá en enero de 1979”, dice el Informe Final.

Abro paréntesis. Hablando de dictaduras, se acaba de estrenar por HBO este 2025 una película titulada “1978”, basada en hechos reales ocurridos durante la dictadura argentina (1976-1983).  En la final de la Copa Mundo 78, Argentina contra Holanda, los militares secuestran a un grupo de jóvenes y los llevan a un centro clandestino de torturas. Aunque la cinta se pierde en su propósito de contar una buena historia, dando paso a una sobre muertos vivientes, se pueden ver los métodos despiadadas que usó la dictadura de Jorge Rafael Videla para someter sus víctimas, tratadas como “lacra comunista” y “zurdos de mierda”, no muy distinto de las ofensas que hoy en día usan personajes como el presidente Javier Milei para estigmatizar a personas de la izquierda. Cierro paréntesis.

Cuando se habla de democracias imperfectas, perfectamente se habla de gobiernos que usan la fuerza más allá de lo que la ley permite

Este artículo de El Espectador, fechado el 21 de abril de 2024, relata la historia de 13 estudiantes que fueron desaparecidos en 1982 “a manos de agentes del F2”. Sus familias lograron que la Universidad Nacional les otorgara el año pasado el grado simbólico y honorífico.

Dice el periódico: “El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad indica que 588 universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 a consecuencia del conflicto armado y la lógica del “enemigo interno”. De estas personas, 133 fueron también desaparecidas y 1982 fue el año con la mayoría de los casos”.

En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado es responsable por el secuestro y la desaparición de los 13 jóvenes y aunque en 2022 se les declaró como crimen de lesa humanidad, la investigación no avanza, “a pesar de que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo logró evidenciar que en el caso participaron por lo menos 20 agentes de inteligencia de la Policía, quienes siguen en la impunidad”.

En declaraciones a El Espectador, Rafael Barrios Mendivil, el abogado al frente del caso desde hace cuatro décadas, afirmó que el Estatuto de Seguridad “criminalizaba a los sectores sociales: estudiantes, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Es decir que nos equiparaban con la subversión y el terrorismo”.

En el año 2020, hubo un careo virtual entre personas que aportaron información a la Comisión de la Verdad, entre ellos Jesús Aníbal Suárez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, creado en 1979, un año después de expedido el Estatuto de Seguridad, a la par con un Foro de Derechos Humanos, del que hicieron parte importantes personalidades (intelectuales, artistas y catedráticos); entre ellas Alfredo Vásquez Carrizosa, Gilberto Vieira, Alfonso Reyes Echandía, Alejandro Obregón, Luis Caballero, Lucas Caballeros, Javier Darío Restrepo, Pedro Alcántara, Omar Rayo  y Gabriel García Márquez.

La historia sobre Gabo es bien interesante, pues su exilio se dio bajo el gobierno de Turbay Ayala.

Como lo reseño en este blog, según la biografía oficial de Gabo, escrita por Gerald Martin, “… empezaba a llegar a oídos de García Márquez que el gobierno trataba de vincularlo al movimiento guerrillero M-19, que a su vez se relacionaba con Cuba, e incluso había rumores de que podían intentar asesinarlo”. En una columna de prensa –cuenta el biógrafo- Gabo reveló que “estaba en la lista negra del MAS, un escuadrón de la muerte de ideología reaccionaria”.

Vean que casualidad. En la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025, hallé exhibidas la portada y las páginas interiores de la revista Alternativa (edición 219 de junio 28 de 1979), en donde el escritor se va pluma en ristre contra el expresidente: “A usted no le creo nada, señor Turbay”, le dice.

Y esto se lee páginas adentro:

“Ahora sé, en primer término, que una persona que no contesta las cartas no sólo no merece el tono que yo adopté en la mía, sino que no merece ni siquiera que se le escriba. Ahora sé, en término segundo (…) que las denuncias de atropellos y torturas que se hacían contra el gobierno no eran calumnias de la oposición. Por último, ahora hay más razones para creer (…) que no hay en Colombia ningún poder por encima del señor Turbay Ayala, sino que él mismo es el responsable más alto de un grupo reducido de militares frenéticos que están arrastrando por el suelo el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Y continúa Gabo:

“En París, ya en el delirio de la negación, el señor Turbay Ayala llegó a decir que él era el único preso político de Colombia, y lo dijo sin saber que el derecho de mamar gallo con asuntos tan graves es un privilegio reservado a quienes tenemos la conciencia limpia”.

En ese mismo artículo, Gabo se refiere a los “miles de hombres y mujeres –culpables o inocentes- que han sido sacados de sus casas y maltratados como perros en las cárceles militares”, entre ellos el poeta Luis Vidales.

En marzo de 1981, doña Nydia Quintero, siendo todavía la esposa de Turbay Ayala, previno al futuro Nobel del plan que había para detenerlo, como lo contó Cambio. Él tenía 32 años y ella 16 cuando se casaron en 1948. El tío y la sobrina pusieron fin al matrimonio cuando Turbay Ayala aún seguía en el poder. 

Valga decir que la revista Alternativa se cerró el 27 de marzo de 1980 por dificultades financieras cada vez mayores, “sobre todo desde que la presión gubernamental empezó a disuadir a los anunciantes tras la llegada de Turbay al poder”, como se lee en la biografía oficial de Gabo, Una vida, página 451.

Páginas de la revista Alternativa en la exposición sobre Gabo, que permanecerá abierta en la Biblioteca Nacional hasta el 2 de agosto de 2025.

En el libro “El hombre detrás de la revista Semana” (editorial Planeta, 2012), el periodista Juan Carlos Iragorri le pregunta a Felipe López, ex dueño de esa revista, hijo y nieto de expresidentes, qué opina sobre Julio César Turbay Quintero, hijo de Turbay Ayala. Y López responde: “Me cae bien. Ha sido víctima de prejuicios en su contra como le pasó al papá. En este país hay prejuicios favorables y desfavorables. Todo lo que tiene el apellido Galán es bien recibido. Con el apellido Turbay tiende a pasar lo contrario. Ambas cosas tienen algo de injusticia. (Página 132)

En su columna de El Tiempo, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez publicó lo siguiente: “Por esa devoción por el Estado de derecho la familia Turbay terminó ofrendado la vida de Diana Turbay (…) el narcotráfico intimidada a la sociedad colombiana para que se prohibiera la extradición (…) En medio de estas tensiones el expresidente tuvo que vivir con estoicismo el asesinato de su hija, pena que lo acompañó hasta el final de sus días, sin cultivar odios, pero entendiendo la necesidad de fortalecer el orden jurídico, lo que lo llevó a mirar con simpatía la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe”. Yo solo pregunto, con falsa ingenuidad, si hay parecidos entre el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y la Seguridad Democrática de Uribe Vélez.

A propósito de narcos, creo que viene al caso este titular de W Radio del 17 de abril de 2024: “Según informe de la DEA, Julio César Turbay tenía nexos con el narcotráfico”, siendo candidato a la presidencia en 1978. Y no solo el expresidente, pues en total se relacionan a 36 altos funcionarios colombianos. Dice la emisora: “Según tres fuentes de la DEA mencionadas en el documento, Turbay “está relacionado con tráfico de cocaína”. El asunto fue ampliado por Yohir Akerman en su columna para revista Cambio.

El expresidente Turbay Ayala se fue de este mundo hace veinte años -13 de septiembre de 2005-, debiendo muchas explicaciones.

Lo dicho: El pasado no perdona.

La lucha contra la contaminación plástica tiene un papel relevante este 2025. No solo forma parte del lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, también se espera que en este año la mayoría de los países del mundo logren (ahora sí) un tratado global contra la contaminación por plásticos, cuyas negociaciones quedaron pausadas desde finales del año pasado.

Leer más | Basura cero: pescadores artesanales del sur del Perú evitan que toneladas de plástico terminen en el océano

La promesa de este instrumento debe abordar el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Sin embargo las diferencias entre los países en áreas críticas persistieron durante la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), realizada en Busan, Corea.

En un reciente mensaje, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los negociadores a retomar las conversaciones en agosto próximo con “la determinación de encontrar una vía común para superar sus diferencias y lograr el tratado que nuestro mundo necesita”.

Aun así, la producción de plásticos a nivel mundial sigue creciendo. Del año 2000 a 2019, la producción anual pasó de 234 millones de toneladas a 460 millones, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe advierte que la cantidad de residuos plásticos se triplicará para 2060, sin políticas nacionales y cooperación internacional.

En medio de una creciente producción de plásticos y a dos meses de que los países vuelvan a reunirse para negociar un tratado mundial que intente frenar esta contaminación, Mongabay Latam comparte algunos esfuerzos en Latinoamérica que buscan comprender y atender esta problemática.

Leer más | Tratado Global de Plásticos: expertos denuncian presencia de lobistas para debilitar el acuerdo

Científicos de la basura: mapear la ruta de los plásticos

En Chile, un grupo de científicos trabaja desde 2008 en proyectos que involucran a estudiantes, docentes y voluntarios para tratar de entender la contaminación principalmente en playas y ríos.

Se trata de Científicos de la basura, una iniciativa que ha logrado conformar un red de colaboradores por toda la costa oeste del Océano Pacífico, para investigar las causas de la contaminación en zonas costeras y marinas.

En 16 años de trabajo, este proyecto ha realizado desde muestreos en Chile para medir la basura en playas del país, hasta coordinar personal de 50 escuelas de Latinoamérica para averiguar el origen de las botellas plásticas en el mar.

En 2023, por ejemplo, la red impulsó una investigación con más de 1000 voluntarios de nueve países que recolectaron y clasificaron botellas y tapas plásticas de 92 playas del continente para identificar el origen de la contaminación. El estudio confirmó que el 59 % de las botellas de plástico provenían de la misma localidad donde fueron recolectadas.

“A los voluntarios les pedimos ir a sus playas, tomar botellas plásticas y contarnos los códigos que hay en ellas. Hay códigos distintos de una botella que pueden dar mucha información y esto también nos ayudó a poder decir que la mayor parte tiene un origen local”, explica Mauricio Ergas L’Homme, coordinador de proyectos de Científicos de la basura.

Para el biólogo marino, generar este conocimiento permite tomar acciones en localidades para difundir la problemática de la contaminación por plásticos.

“Si la mayor parte de la basura viene de la gente que está utilizando una playa o un río, significa que si hacemos conciencia local, nuestro río, nuestra playa podrían estar mucho más limpios”, señala el investigador.

Ergas señala que a nivel latinoamericano hay un problema serio de contaminación principalmente por plásticos de un solo uso, por lo que se requieren regulaciones a nivel internacional, que los países emitan un tratado global, el cual debe contemplar impuestos y medidas para las empresas productoras de plásticos.

El biólogo también destaca que la ciencia colaborativa de estos proyectos ha logrado resultados en política ambiental a nivel local.

“En Chile nuestras investigaciones fueron una base importante para la ley que nos hizo prohibir las bolsas plásticas en los supermercados. Toda esa idea y buena fe venían en parte de las investigaciones que habíamos hecho”, cuenta Ergas a Mongabay Latam.

También destaca que en Panamá, una profesora colaboradora de Científicos de la basura alcanzó una diputación, por lo que ahora busca replicar más esfuerzos de colaboración en colegios del país.

“Existen diferentes caminos y posibilidades, también con alianzas con ONG que permiten esta articulación, en la que nos concentramos en hacer estas investigaciones, que a la vez nutren a agrupaciones para avanzar en el tema político”, sostiene.

Actualmente, la red de Científicos de la basura trabaja en el Proyecto “Viajeros del Océano”, en el que también a través de la participación de voluntarios investigan la basura flotante, especialmente plásticos, en los océanos y en organismos epibiontes, como son las algas, percebes y hongos.

Leer más | «La industria del plástico tiene intereses muy grandes para seguir produciendo cantidades monumentales»: Daniela Honorato | ENTREVISTA

Regular plásticos del comercio electrónico en México

El comercio electrónico en México, principalmente en la capital del país, ha provocado un problema ambiental por la generación de más de 235 toneladas diarias de plásticos de un solo uso, lo que equivale a 29 camiones de basura plástica, de acuerdo con un informe de la organización Oceana México.

Esto ha motivado a ambientalistas y organizaciones a promover un cambio en la ley donde se detenga el uso de estos plásticos innecesarios y de un solo uso en el envío de comercio electrónico en la Ciudad de México.

Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia Política de Oceana México, explica que la llegada de empresas chinas de comercio electrónico probablemente incrementó la cantidad de basura plástica de un solo uso que se ha reportado desde 2021, por lo que señala la urgencia de regular el exceso de plástico a través de la ley de la ciudad.

“Lo que estamos pidiendo es que esta legislación exista, que se ponga un freno para que la Ciudad de México siga siendo la pionera en ponerle freno a la contaminación plástica, como ha sido en los años anteriores”, comenta Gocher en referencia a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que en 2020 estableció la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, posteriormente, la prohibición de desechables como cubiertos, popotes, mezcladores o platos.

La propuesta, explica, busca modificar el artículo 3 de la ley para definir el embalaje como el material que contiene los productos enviados mediante comercio electrónico, pues la norma actual se emitió previo a la pandemia de COVID-19, época donde la compraventa de productos mediante plataformas como Amazon o Mercado Libre se disparó.

Gocher sostiene que la iniciativa busca modificar los artículos 23 y 25 de la misma ley, donde se indican las responsabilidades de las empresas responsables de la producción, recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización de productos, pues se busca que generen planes de tratamiento para los residuos plásticos.

De acuerdo con una investigación de Oceana México, solo en 2021, la Ciudad de México gastó más de 2.7 millones de dólares en la gestión de basura plástica innecesaria del comercio electrónico, por lo que señalan una omisión de las empresas de comercio electrónico en la cadena de suministro.

La investigadora señala que la iniciativa fue presentada ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México para su revisión, pero la iniciativa no avanzó a ninguna etapa legislativa.

“Eso ocurrió en la legislatura pasada, pero ahora tenemos grandes posibilidades [de que avance la iniciativa] porque va iniciando la legislatura, va iniciando el gobierno que tiene una línea de erradicar el consumo de plásticos. Estamos ahí trabajando para que sea posible”, sostiene.

Educación ambiental en las juventudes de Perú

Ante la ola de contaminación plástica que viven desde hace años las playas de la Zona Metropolitana de Lima, Perú, una iniciativa de educación ambiental organiza jornadas de acción contra esta problemática.

La asociación Canto Vivo trabaja desde hace 25 años la educación ambiental especialmente en infancias y juventudes, con el objetivo de que se involucren en proyectos comunitarios sensibles a los problemas ambientales de la capital peruana.

Dayamis Torino Véliz, responsable del área infantil y juvenil de Canto Vivo, cuenta que precisamente ante la falta de limpieza permanente y de una política local para el tratamiento de residuos, la iniciativa realiza campañas de sensibilización ambiental y saneamiento en playas de Lima, donde encuentran principalmente plásticos.

“En los veranos tenemos muchos problemas con el desecho en las playas. Felizmente ha habido un avance gracias a las iniciativa de varias organizaciones, en las que hacemos partícipes a los jóvenes como voluntarios de esta jornadas de recolección”, expone.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Perú, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, esto representa el 46 % de los residuos de este tipo a nivel nacional.

Por este motivo, Torino sostiene que los esfuerzos por inculcar el reciclaje se ven opacados por la ausencia de normas y leyes que contemplen el tratamiento de residuos o limiten su producción.

“Una vez que reciclamos, ¿cuál es el destino final de esos residuos? Simplemente llega el camión de basura y lo junta todo. (El reciclaje) queda como una nebulosa en el limbo, sino fuera por los trabajadores informales que separan los residuos”, sostiene.

La integrante de Canto Vivo cuenta que pese a este panorama han logrado construir proyectos resilientes con juventudes en educación ambiental, como el programa de Huertos Solidarios, en el cual utilizan ciertos desechos plásticos para sembrar alimentos en colegios en zonas urbanas.

“Los espacios verdes son casi nulos, entonces usamos botellas y bidones para hacer utensilios para cavar la tierra e implementar huertos en escuelas”, explica Torino.

El proyecto —que cuenta ya con 25 huertos— está basado en los principios de la cooperación y la solidaridad que también involucra a padres y madres de familia para replicar formas más responsables de consumo en los hogares, así como fomentar la seguridad alimentaria, afirma la ambientalista.

Uno de los huertos está ubicado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima como parte de los esfuerzos de reinserción social y sensibilización ambiental para adolescentes que han sido privados de la libertad.

Imagen principal: voluntarios de al menos 9 países de Latinoamérica colaboraron con científicos para identificar el origen de la contaminación por botellas plásticas en sus playas. Foto: cortesía Mauricio Ergas / Científicos de la basura

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, X, Instagram y Youtube.

Mario Erazo Yaiguaje ya perdió la cuenta de las veces que ha tenido que esconderse en el monte mientras la balacera amaina. La selva que lo vio crecer ha sido por décadas un campo de batalla. En los últimos años los actores armados le han arrebatado la libertad a su pueblo.

Nació en la parte alta de Buenavista, en Putumayo, un resguardo indígena formalizado en 1983, y conocido como la “raíz antigua”. Es una comunidad que se formó con siete familias lideradas por Arsenio Yaiguaje, un taita visionario. Erazo es hijo de un mestizo y una indígena Siona; creció entre dos mundos pero eligió el de su madre. Su verdadera escuela fueron los abuelos y el yagé. Desde 2008 fue gobernador y años más tarde entró a coordinar la Guardia Indígena.

Los Siona han sido cuidadores del territorio desde tiempos ancestrales. Protegían el río con la boa, la tierra con el tigre, el cielo con el águila. Pero en 2014, cuando la empresa petrolera Amerisur de Colombia intentó entrar a las comunidades, se dieron cuenta de que solo con la defensa espiritual no era suficiente. En ese momento, decidieron formalizar la Guardia Indígena, esa misma que siete u ocho años antes había intentado organizarse en medio de tropiezos.

Para 2015, y ya con 35 miembros, la Guardia de Buenavista se consolidó bajo un mandato espiritual y político. Fue un esfuerzo que tres años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaría como parte del sistema tradicional Siona, aunque ya desde entonces advirtió que el conflicto armado amenazaba con desintegrarlos.

Los Siona del Putumayo contaban con una población aproximada de 2.578 personas, distribuídas en seis resguardos y seis cabildos. La cifra sale de censos realizados entre 2009 y 2012. Para 2017, Erazo contabilizaba 171 familias representadas en 633 habitantes.  El desplazamiento, la necesidad de huir a las ciudades y pueblos por el conflicto armado ha mermado a la comunidad y hoy no se sabe con certeza dónde han quedado diseminados algunos de sus miembros.

Perder la libertad es no poder quedarse donde se es feliz. Desde hace años se dice que la guerra ha generado un riesgo de extinción tanto físico como cultural para los Siona, así quedó consignado en el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional que decretó una serie de medidas que buscaban la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y el panorama hoy no ha cambiado.

Medidas que no se cumplen

En su propia lengua, el pueblo Siona se percibe como gantë ya bain, o gente del río de la Cañabrava. Es una etnia milenaria que ha hecho su vida a lo largo y ancho del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, y hacia la frontera con Ecuador. También se registra población en las riberas del río Piñuña Blanco y el Cuehembí.

La selva y el agua, relata Erazo, son un supermercado vivo, una farmacia silvestre, un vehículo espiritual donde el yagé da las señales necesarias para obrar: tanto en lo cotidiano como en las decisiones trascendentales de la vida. De la tierra y los ríos obtienen lo que necesitan para vivir en armonía. Los Siona han dependido históricamente de la chagra, los peces y los animales del monte. El yagé y el yoco son su eje espiritual. Y la rayana, el casabe y la chicha de yuca son parte de su sustento. “Somos un pueblo de paz, pasivo pero golpeado”, dice Erazo.

El 14 de julio de 2018, la CIDH emitió una resolución que otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco). La decisión respondió a una solicitud que alertaba sobre serias amenazas y violencia de actores armados en su territorio.

Tras evaluar la información, la CIDH consideró la situación como urgente, y solicitó al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las autoridades y las familias Siona: muchos de ellos aparecían en listas negras y con amenazas inminentes. La petición incluía protección adecuada, garantías para vivir seguros, facilitar desplazamientos, retirar explosivos, prevenir reclutamiento, mejorar comunicaciones para emergencias y concertar las medidas con la comunidad, además de investigar los hechos.

Desde 2018, la CIDH ha seguido la situación mediante solicitudes de información, seis reuniones de trabajo y dos audiencias públicas. A pesar de la urgencia implícita y de siete años de ires y venires, Erazo lamenta que las acciones del Estado no se han materializado. La falta de avances concretos ha llevado a los Siona a creer que las medidas se quedaron “en una palabra”. A estas alturas, Erazo percibe desesperanza en su  comunidad.

Dada la persistencia del riesgo, el 21 de agosto de 2024 la CIDH amplió las medidas cautelares mediante una resolución. El antecedente que sustentó la medida era devastador: en 2023, fueron desplazadas y confinadas 713 personas (444 de la comunidad Siona Buenavista y 279 de Santa Cruz de Piñuña Blanco). Los civiles quedaron en medio de combates entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que todavía operan en la zona, según se recuerda en una nota de prensa de la época. Muchos de los desplazados, provenientes de distintas veredas, se fueron hasta Puerto Silencio, un caserío del mismo resguardo, donde permanecieron varios meses en completa zozobra.

“Se oye el tastaseo…tatatatata (…) cuando llegué ahí me dice, ‘viejo venga, tenemos que evacuarnos ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos’”, relató en su momento un habitante de la zona, en un testimonio recogido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El 2 de diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que uno de los grupos armados elaboró una lista de personas contra quienes se atentaría durante ese mismo mes.

Pese a que la CIDH ha continuado instando al Estado colombiano a informar y a perseverar en la concertación entre instituciones y la comunidad para una implementación efectiva de las protecciones, nada de eso se refleja en el territorio. Testimonios recogidos para este reportaje hablan de  incumplimiento a las medidas cautelares, falta de adecuación cultural de muchas medidas, militarización por parte de la Fuerza Pública e insuficiencia de recursos.

Estos incumplimientos a las medidas cautelares de 2018 están consignadas en el auto de seguimiento de la CIDH de 2024, aunque también menciona algunos progresos reportados por distintas instancias del Estado. Por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha ejecutado procesos de consulta previa en el contexto de proyectos de extracción y licenciamiento ambiental en los territorios indígenas, hecho que en el pasado se daba de forma irregular. El documento también indica que el Estado anunció adelantos en investigaciones penales, una por acceso carnal violento agravado (con sentencia condenatoria de mayo de 2022), y otras por los delitos de acceso carnal abusivo agravado, fraude a resolución judicial por vulneración de derechos territoriales y colectivos, uso de menores de edad debido al reclutamiento ilícito de menores, y dos investigaciones activas por el delito de amenazas.

El Viceministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), sostiene que las medidas cautelares de la CIDH de 2018 no los vinculan directamente según sus competencias definidas en la Resolución 2340 de 2015. A Vorágine le dijeron que harán el enlace con la Cancillería para poder entregar una respuesta más amplia sobre el tema. No obstante, dicen que han apoyado al pueblo Siona mediante la coordinación de diálogos interinstitucionales, la entrega de ayuda humanitaria durante desplazamientos y confinamientos en 2023, y el soporte logístico para 16 autoridades Siona en una reunión de seguimiento de las medidas en septiembre de 2023. También, aseguraron en un informe enviado a esta alianza periodística, que han avanzado en el Plan de Salvaguarda del Auto 004 de 2009, a través de diagnósticos comunitarios y concertaciones, aunque proyectos como la construcción de una Casa de Gobierno Propio están pendientes por limitaciones presupuestales.

La DAIRM también reportó demoras en las medidas de protección colectiva de la Resolución 4611 de 2017, como capacitaciones en derechos humanos y fortalecimiento organizativo. Sin embargo, dichas acciones, según dicen, han venido siendo reprogramadas. Asimismo, agregaron que están apoyando la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) para Buenavista y Piñuña Blanco, actualmente en diseño, y que han coordinado con la Unidad para las Víctimas y entidades locales la asistencia de emergencia.

¿Qué acciones han llevado a cabo las comunidades? Aquí es donde entra la resistencia pacífica de la Guardia Indígena. Para Erazo, la organización es mucho más que una estrategia. Asegura que la Guardia está evolucionando. Pasó de ser un grupo de “mandaderos” a una “escuela de formación”. Él la concibe como una organización deliberante que no solo obedece sino que también propone y participa en las decisiones comunitarias. Para este líder, el concepto abarca a todos los miembros del resguardo. Un aspecto crucial para él es que los futuros líderes y autoridades deben surgir de la Guardia.

Se trata de una continuación de la labor milenaria del pueblo Siona como cuidadores de la tierra. Inicialmente, este esmero era solo de carácter espiritual. Tras revitalizarse como respuesta a las amenazas de la industria extractiva y los nulos avances en procesos de restitución de tierras —derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a que se les devuelva su predio o tierra que fue despojada o abandonada debido a la violencia—, que es otro de los grandes problemas de la zona, se enfocaron en la protección y recuperación del territorio ancestral.

En ese sentido, Erazo señala que la mayor dificultad que enfrenta la organización son las restricciones de movimiento, incluso dentro de su territorio, por la presencia de minas antipersonales y actores armados. Cada miembro cuenta con un único instrumento de protección: el bastón de chonta, un símbolo asociado a la boa.

Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente, desde la organización Amazon Frontlines trabaja por el fortalecimiento de las  Guardias Indígenas. Menciona el extractivismo como amenaza. Pero también habla de minería ilegal y deforestación para fines de narcotráfico. Finalmente, asegura, todo tiene que ver con la tierra. “Si uno sobrepone todas esas capas, termina entendiendo que son territorios de personas expuestas a múltiples presiones y riesgos a lo largo del tiempo. Y el común denominador es el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías y no protege los derechos esenciales”.

Y es que de la tierra, agrega Espinosa, viene lo estructural: “Está la vocación que tienen estos pueblos de defender su casa. Hay una frase muy típica de que ‘indio sin tierra no es indio’, y es cierta, porque hay una relación diferenciada con el territorio. Su territorio es su único bien en términos materiales, espirituales y de identidad”.

Una guardia de hombres, mujeres y niños

El sol aún no se asomaba sobre el horizonte amazónico cuando Fredy Piaguaje emprendió su travesía desde el corazón de su territorio hacia Puerto Asís. Eran las cinco de la mañana y la misión parecía sencilla: entregar una dotación de chalecos, pantalones y buzos a los miembros de la Guardia Indígena que viven en el casco urbano del municipio.

Muchos de los cuidadores de la selva tuvieron que irse a un barrio en un pueblo con más de 60 mil habitantes. Pero no por haber huido de la selva los miembros de la organización han dejado de participar en las actividades. Desde allí emprenden el trabajo comunitario.

Piaguaje nació hace 40 años en el resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, donde el caño Piñuña desemboca en el río Putumayo, un punto estratégico entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Es el menor de ocho hermanos —seis mujeres, dos varones— hijos de Aurelia Ortiz. Casado y con cinco hijos. Desde muy joven, Piaguaje supo lo que era salir corriendo ante el sonido de los disparos que se escuchaban a lo lejos, y vivió en carne propia el tener que desplazarse a causa de la guerra. Y también la experiencia de volver y de recibir amenazas. Su trayectoria en la Guardia comenzó hace diez años como coordinador, luego fue fiscal, alcalde mayor y, hasta 2023, gobernador.

La Guardia de Piñuña Blanco comenzó a conformarse en 2015, en medio de una ceremonia en la que los mayores dieron las primeras señales: era lo que había que hacer. El proceso inició con hombres, mujeres, jóvenes y niños, y se enfocaron en comprender el significado de ser un “cuiracua” o guardián a través de la espiritualidad. Eso era lo más básico.

Con los años, la Guardia desarrolló una visión propia, en lugar de simplemente imitar otros modelos. Aunque evolucionaron por separado, los de Piñuña Blanco y Buenavista terminaron uniéndose para trabajar por propósitos comunes.

Piaguaje describe cuatro principios fundamentales de la estructura de la Guardia: fortalecimiento espiritual, aprendizaje organizativo, comprensión política y preparación física y mental, incluida la “malicia indígena”. Añade que la organización es un ejercicio transversal que todo lo acoge. “Unos trotan, otros cocinan, otros tejen, otros enseñan, otros aprenden, todos cuidamos lo nuestro”. Además de lo anterior, se enfocan en la recuperación de las costumbres ante la amenaza de exterminio.

La mayor dificultad que han experimentado ha sido obtener el respeto de los actores externos, como la fuerza pública, grupos armados y, en general, las entidades del Estado. Ha costado que entiendan que la Guardia tiene su origen en el derecho constitucional a la autonomía. En la organización, las mujeres cumplen el mismo papel que los hombres. La única diferencia es que ellas pueden no  tomar medicina en los espacios espirituales, aunque tienen el deber, como todos, de participar en las ceremonias y de escuchar las indicaciones de los abuelos.

La restitución y las minas antipersonales

A los Siona les han ido arrebatando la tierra y con ello también la libertad. La ampliación del territorio, particularmente para los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, consiste en el reclamo y la búsqueda de la legalización y titulación de aproximadamente 52 000 hectáreas del perímetro ancestral.

Piaguaje y Erazo coinciden en que la causa es fundamental para la supervivencia de los Siona. Nada menos. Y no solo para acceder a recursos naturales esenciales para la subsistencia como agua, alimentos, medicinas y materiales para artesanías, sino para mantener sus prácticas culturales y espirituales. Esta aspiración, que está en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde 2014, ha enfrentado los más complejos obstáculos. El más grave: la presencia de grupos armados y las minas antipersonales.

Los artefactos, sembrados principalmente por las FARC y otros grupos ilegales que han buscado el control territorial durante el conflicto armado colombiano, han generado los más grandes desplazamientos forzados y confinamientos de los que se haya tenido noticia entre la población indígena. Se sabe que entre 2009 y 2012 las FARC instalaron minas de forma indiscriminada en el área de Buenavista. Lo complejo es que estos explosivos generan consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo: pueden permanecer activos durante más de cincuenta años.

Las minas son consecuencia de un conflicto que no ha terminado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Putumayo 763 desplazamientos masivos y 6062 confinamientos, este último delito aumentó un 300 % respecto al año anterior.

Con minas nadie camina. La libertad de movimiento de los Siona se ve limitada a tal punto que la selva por momentos se vuelve una cárcel. No pueden acceder a zonas vitales para la cacería, la pesca, la recolección de plantas medicinales y la conexión con sus sitios sagrados. Incluso el acceso a la educación para los menores se ve comprometido por la peligrosidad de los caminos. Líderes como Piaguaje y Erazo han manifestado la imposibilidad de transitar libremente por el territorio ancestral que buscan ampliar, precisamente por la amenaza latente de las minas.

Aunque se han llevado a cabo operaciones de desminado militar en el área, la situación persiste y existen denuncias de re-minado de zonas previamente intervenidas. Los hallazgos de las autoridades en los últimos tiempos confirman que los grupos armados siguen instalando minas como táctica de guerra. En julio de 2024 el Ejército encontró un depósito con 248 artefactos explosivos improvisados en Puerto Asís. Y el pasado abril se produjo la incautación de  1000 minas antipersonales en el municipio de Puerto Garzón.

Piaguaje, por ejemplo, señala la falta de avance en el desminado en Piñuña Blanco, a pesar de los intentos de identificación de artefactos por parte de la comunidad. El Estado ha adelantado iniciativas como la educación en el riesgo de minas, que se ha traducido en talleres dirigidos a la comunidad.

En 2020, el Estado comunicó a la CIDH que no se habría avanzado en el desminado humanitario completamente debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Ya estaban identificadas 14 áreas para el proceso: 10 en Puerto Silencio, una en Buenavista y tres en Piñuña (Santa Cruz de Piñuña Blanco). En 2022, el Estado indicó que las operaciones para retirar los artefactos estarían en curso y se estimó la finalización de una zona parcial para diciembre de 2023. En las reuniones que se llevaron a cabo ese año entre la comunidad y distintas agencias del Estado, el desminado humanitario en el territorio fue uno de los puntos que aún estaba en proceso de concertación. La presencia continua de estos explosivos sigue siendo un obstáculo mayor para la recuperación de las prácticas culturales, la subsistencia y la consecución de la ampliación territorial que persigue el pueblo Siona.

En Buenavista saben muy bien lo que es perder a un ser querido por causa de una mina antipersonal. Las historias son incontables. Plácido Yaiguaje narró ante la CIDH el crimen de la abuela Eloisa Payoguaje (su madre) un día que salió de pesca y pisó un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2012, en un sitio conocido como Puerto Silencio. Para el año 2016, el ejército detonó cuatro minas más en el mismo lugar e indicaron que la zona quedaba segura. Sin embargo, miembros de la comunidad han encontrado otros artefactos en la zona, que posteriormente han sido georeferenciados e incluidos en un formulario de ubicación y localización de este tipo de eventos.

El primer tramo del viaje que hizo Piaguaje para entregar la dotación a los miembros de la Guardia que viven en Puerto Asís transcurrió sobre las aguas del río Putumayo, la arteria principal que conecta las comunidades. A bordo de una canoa de fibra impulsada por un motor fuera de borda, el líder navegó durante aproximadamente una hora, dejando atrás la selva para alcanzar el punto donde la vía terrestre se abría paso.

En un sitio conocido como Arriaga, cambió la embarcación por un bus que lo llevaría, en otra hora de camino, hasta las calles de Puerto Asís. En momentos en los que había señal de celular, habló de los puercos de monte, las dantas, los cerrillos, los guacamayos, y las loras chirqueras que le dan sentido a la vida de la selva. También mencionó el yagé, la planta del yoco, el tabaco, el cedro y el granadillo. El cuidado del territorio, dice, no es desde el ambientalismo como lo ven los occidentales. Se trata de vivir en armonía con la madre tierra, asegura.

El objetivo del viaje a Puerto Asís era extender el brazo protector de la Guardia a las cerca de 30 familias que, por diversas razones, se habían asentado en la ciudad, pero que seguían siendo parte esencial de la estructura comunitaria.

La entrega de las dotaciones se concretó alrededor de las nueve de la mañana del pasado 23 de marzo. Para Piaguaje, este sencillo acto simbolizaba la continuidad de la lucha y el compromiso por no dejar que la distancia diluyera la esencia de su pueblo. Otra llamada para esta entrevista lo encontró en el camino de regreso, navegando de nuevo por el Putumayo, a unos 20 minutos de su comunidad. Un aguacero bíblico que se desató poco después hizo que la conversación quedara en pausa hasta el día siguiente. El viaje no fue solo una entrega de implementos. Era un esfuerzo por mantener cohesionada a la Guardia —como intentando darle oxígeno a una llamita que el agua apaga— incluso más allá de los límites del resguardo.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

**Ilustración destacada: Desde 2014, el pueblo Siona ha denunciado la presencia de minas antipersonal en sus territorios, sembradas por actores armados ilegales. Solo en 2024 se registraron 763 desplazamientos y más de 6.000 confinamientos en Putumayo. Mientras el desminado avanza con lentitud, la Guardia Indígena mantiene viva la defensa del territorio ancestral con bastones de chonta, saberes milenarios y una organización que involucra a toda la comunidad. Crédito: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

—
Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, X, Instagram y Youtube.

Los estudiantes participantes usaron Inteligencia Artificial en su preparación y recibieron capacitación virtual del Grupo estudiantil MONUA de la Universidad de los Andes.

El evento se reprogramó del 24 para el 25 de abril por el paro docente del 23 y 24.

La Mesa de este Modelo de Naciones Unidas será presidida por Milton Angulo, secretario de Planeación de Buenaventura, al lado de personalidades de la ciudad invitadas como jurados: 

• Alexander Aragón, presidente del Concejo Distrital de Buenaventura.
• Elver Rengifo, director de Voces del Pacífico
• Luis Augusto Quiñones, director de UniValle, sede Pacífico
• Ing. Javier Torres, director de Atransmaflupa, Asociación de Transportadores de cabotaje en el Pacífico, en representación del Comité Intergremial de Buenaventura.
•  Amín Sinisterra, director de Buenaventura Cómo Vamos.
• Libia Mosquera, concejal distrital.
• Alexander Arroyo, Líder de Calidad Educativa.

La Secretaría de Educación Distrital, en cabeza del licenciado Joaquín Orobio, ha apoyado a través del Líder del Calidad Educativa, Alexander Arroyo, la convocatoria en esta innovación educativa, en la que pudieron participar estudiantes que no pertenecen al Semillero de Becarios U.

El primer Modelo de Naciones Unidas, MUN, de Buenaventura se hizo el 26 de mayo de 2023, sobre la invasión de Rusia a Ucrania, y contó con apoyo del grupo estudiantil UR Diplomats de la Universidad del Rosario, que compite en el Modelo de la Universidad de Harvard.  

Los MUN son un recurso formativo frecuente en colegios de alta calidad en grandes ciudades, donde se practica desde grados inferiores de la secundaria y en idioma inglés.

Los modelos de roles de debate se usan en la educación de calidad para fomentar múltiples competencias en los adolescentes y jóvenes, como la investigación, el razonamiento lógico, la capacidad de sintetizar, la argumentación contingente, la seguridad en sí mismo, el liderazgo, el trabajo en equipo, el dominio idiomático, entre otras.

El contenido del segundo Modelo de Naciones Unidas de Buenaventura

La simulación de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, versará sobre una hipotética entrega de uranio por parte de la OIEA a países para producir electricidad a partir de energía nuclear, excluyendo a naciones con regímenes no democráticos.

Entre el discurso de apertura y tres mociones de debate, los delegados de país abordarán asuntos de este tenor.

• Posición del país sobre el cambio climático y el remplazo parcial de los combustibles fósiles por energías renovables o limpias.
• Cómo produce o adquiere actualmente el país la energía que consume.
• Antecedentes principales y el estado deL país en relación con la energía nuclear.
• Balance del respectivo país sobre los riesgos y beneficios de la energía nuclear.
• Recomendaciones sobre aumento de la capacidad de la reserva de uranio poco enriquecido de la OEIA.
• Preferencias de los países entre energías renovables, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, de la biomasa, del mar y la energía nuclear.
• Decisión de excluir o no del acceso al uranio a países no democráticos.

Estudiantes delegados de país en el segundo MUN de Buenaventura

Once pilos voluntarios del Semillero de Becarios U de Buenaventura y tres estudiantes, también de grado 11, postulados por sendos colegios a instancias de la Secretaría de Educación Distrital, son los participantes en esta experiencia de MUN.

La IE Normal Superior Juan Ladrilleros, con cinco representantes es el colegio con mayor participación. Le siguen, con tres, Ineterpo, y con dos, el CE Bahía de Buenaventura.

Con 1 representante  están las IE Liceo del Pacífico, Néstor Urbano Tenorio, Diocesana Jesús Adolescente y La Anunciación.

Estos son los delegados de país.

• Andrés Felipe Díaz Montoya, INETERPO (China).
• Ángela Álvarez Oviedo, INETERPO (España).
• Daniel Dario Valderrama González, IE Néstor Urbano Tenorio (Ucrania).
• Danna Sofia Colorado Caicedo, IE Liceo del Pacífico (Francia).
• Dinka Isabela Cabezas Arboleda, Normal Superior Juan Ladrilleros (EE.UU.).
• Juan Felipe Lozano Brand, CE Bahía de Buenaventura (Japón).
• Julián Andrés Muriel Ríos, C.E Bahía de Buenaventura (Rusia).
• Keitlyn Angélica Sandoval Flórez, I.E. Diocesana Jesús Adolescente (Sudáfrica).
• María José Rivas del Castillo, IE Normal Superior Juan Ladrilleros (Brasil).
• Marling Yulieth Murillo Anchico, IE Normal Superior Juan Ladrilleros (Alemania).
• Sara Nicole González Ospina, IE Normal Superior Juan Ladrilleros (Argentina).
• Laura Sofia Arroyo Rossi, IE La Anunciación (Colombia), postulada por su colegio.
• José Alejandro Castillo Bonilla, IE Normal Superior Juan Ladrilleros (Turquía), postulado por su colegio.
• Laura Sofía Riasco Murillo, INETERPO (Corea del Sur), postulada por su colegio.

El proyecto educativo de Semilleros de Becarios U

El programa de Semilleros de Becarios U, de la Fundación Color de Colombia, presente en 31 municipios de 12 departamentos, busca, mediante un proceso de tres años con pilos que ingresan en grado octavo, ayudar a desarrollar:

• una mentalidad de crecimiento, 
• valores de excelencia 
• vocación de servicio,
• habilidades del carácter 
• habilidades socio-emocionales
• capacidades ejecutivas y 
• competencias cognitivas 

para un proyecto de vida universitario y de movilidad social que exige resultados altos en pruebas estandarizadas (comenzando por Saber 11, 365+ o pasar la prueba de admisión propia de algunas universidades públicas).

El programa utiliza la estrategia de «experiencias de aprendizaje significativas» tempranas, que fortalecen la personalidad, con entrenamientos en habilidades cognitivas y no cognitivas,  buscando que tras un proceso  de tres años largos cuando lleguen a la universidad se destaquen de modo natural.

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 2:  Educación de calidad y equidad. Programa:  Semilleros de  Becarios U, 2022-2026. 

En medio de la selva amazónica colombiana viven pueblos indígenas en aislamiento del mundo occidental. En lo profundo de esta región, y lejos de las ciudades, habitan indígenas que se resisten ante la llegada de la minería, la deforestación, los grupos armados, el narcotráfico y la religión. Oficialmente, Colombia tiene sólo dos pueblos en aislamiento con presencia confirmada y territorialidad identificada. Sin embargo, desde su descubrimiento y confirmación en 2010 continúan bajo amenaza.

Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de los aislados han realizado grandes esfuerzos para proteger su territorio y mantenerlos alejados del contacto. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró que en 2023 el juzgado de Cundinamarca emitiera una medida cautelar para los yurí y los passé, con el fin de protegerlos de la creciente minería en el río Puré, en la frontera con Brasil.

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Para expertos y comunidades indígenas que limitan con los aislados, esta situación es una carrera contra el tiempo. Temen que se repita la historia de los nukak, quienes al salir de su aislamiento enfrentaron una serie de amenazas devastadoras. En 1988, un pequeño grupo de nukak llegó al municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare y después de ese primer acercamiento con el mundo occidental, la mitad de su población murió a principios de la década de 1990 por gripe y problemas respiratorios. Las presiones por la tierra en la que habitan, los llevó a dejar su vida nómada y concentrarse en un pequeño espacio en San José del Guaviare. La deforestación, el mercado de tierras ilegal, la ganadería, los cultivos de coca y la presencia de grupos armados no les permite retornar libremente al territorio del que fueron expulsados.

Roberto Franco, politólogo y quien era la principal autoridad en temas de pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía colombiana, fue el autor de Cariba Malo, la investigación que llevó a la confirmación de la existencia de los yurí y los passé. En su libro narró lo que hoy sigue siendo vigente: “Los indígenas aislados son un asunto que a pocos interesa, pues si acaso son percibidos como algo folclórico”. Desde su descubrimiento en 2010, el Estado colombiano no ha hecho otro reconocimiento de un pueblo en aislamiento.

La mirada internacional

En el mundo hay por lo menos 200 grupos de indígenas en aislamiento o en contacto inicial que desde hace siglos conservan sus culturas, su lengua y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En la región, el país que cuenta con el menor número de pueblos aislados confirmados por el Estado es Colombia, en contraste con Perú que tiene registros de la existencia de al menos 26 pueblos indígenas y otros dos por confirmar. Brasil, con 28 pueblos confirmados y 86 por confirmar, es el país con más aislados.

La identificación, reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y su protección efectiva sigue siendo un desafío. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en 2024 se hizo un llamado para la protección y el respeto al derecho de no contacto.

La presiones y amenazas a los aislados en Colombia no son muy distintas a las de países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han sido amenazados por la exploración y explotación del petróleo en su territorio. Aunque en agosto de 2023 la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en el que viven las aislados Tagaeri y Taromenane, y expulsar a las empresas que operan allí, el cumplimiento no se ha hecho efectivo.

Los peligros

“Los pueblos no contactados de la Amazonía no tomaron la decisión de cortar con el resto de la humanidad de una manera voluntaria, lo hicieron obligados, hace cientos de años, por simple supervivencia”, manifestaron los voceros de ACT, que prefieren omitir sus nombres por la difícil situación de seguridad en la Amazonía, al referirse a las distintas amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas. Huyeron de los peligros que el ‘cariba malo’ —hombre blanco— les ofreció desde su llegada a la selva.

Con el tiempo los peligros han cambiado, los indígenas ya no huyen de las caucherías, que desde 1879, y por más de 30 años, esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos. Ahora huyen de la minería ilegal, que no solo navega por los ríos que traspasan fronteras, sino que también les deja mercurio que consumen cada día sin saberlo.

Los yurí y los passé habitan en lo más remoto de la Amazonía colombiana, moviéndose por el Parque Nacional Natural Río Puré, un área protegida de cerca de 470 mil hectáreas. Sin embargo, la cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción minera, tanto del lado colombiano como del brasileño.

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales como Amazon Conservation Team, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia Amazonas, WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona—, la minería que venía en aumento desde 2019 se disparó con la salida, en 2020, de los guardaparques de 10 áreas protegidas como los parques Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, Amacayacu y La Paya, además de la quema de la cabaña del Parque Río Puré en 2021. Estos eventos coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río.

Como lo explicó una persona consultad en el equipo de ACT, a partir de los sobrevuelos en la zona se han podido identificar dragas a lo largo del río Puré, tanto en el lado colombiano como brasileño. “Hemos hecho un registro de 2020 a 2023 de dragas y dragones [que aspiran los sedimentos del lecho de los ríos]. Vemos que inicialmente eran unas balsas muy pequeñas, pero ahora uno ve más de 150 dragas de unos 15 ó 20 metros sobre el río”, dijo.

Para los investigadores de ACT es evidente el aumento de la minería ilegal. Existen lugares a lo largo del río que parecen “pueblos” donde los mineros se abastecen, se alimentan y duermen. “En imágenes satelitales y en los sobrevuelos tú ves que los mineros se parquean”, afirmó uno de los expertos. A orillas del río se ven las dragas y con ellas las remolcadoras y una tecnología que antes no existía en esta zona. “Por ejemplo, en 2022, de unos 130 kilómetros del río del lado brasilero, en promedio había una draga por cada kilómetro”, explicó.

El dragado de los ríos que realizan los mineros para obtener el oro hace que aumente la cantidad de sedimentos, afectando a la pesca. Esto ocurre en dos momentos: cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente, y cuando el material extraído es lavado en tolvas, contenedores parecidos a un embudo, y el conjunto de partículas que queda en el fondo del contenedor se vierte en el agua.

El incremento de la turbidez impide que el sol llegue a las plantas y microorganismos, afectando la vida bajo el agua. Por eso, a las comunidades se les dificulta encontrar grandes peces, y si lo hacen, es muy probable que presenten altos niveles de mercurio, se explica en la investigación del Instituto Sinchi “Minería: impactos sociales en la Amazonía”

Según un estudio hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en junio de 2023, más de mil personas están involucradas en la minería ilegal en el río Puré.

Uno de los mayores riesgos para los pueblos indígenas, y aún más para los pueblos en aislamiento, es el mercurio. En 2018, un estudio hecho por Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Salud y varias organizaciones sociales, mostró que, por lo menos, en la cuenca media del río Caquetá que desemboca en el río Puré, sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre, es decir, más de seis veces el máximo permitido. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos del metal por litro en la sangre.

La FCDS realizó una investigación en 2023 en los ríos Puré y Cotuhé, en la que realizó análisis en peces. Llegaron a un hallazgo alarmante. “Las altas concentraciones de mercurio se encuentran en el río Puré, por ejemplo siendo la única localidad de muestreo donde los omnívoros y detritívoros superaron el límite de los 0.5 ppm”, dijo un vocero de FCDS que trabaja en la zona. Estos datos confirman que los aislados cada vez más están en peligro, no solo por la presencia de extraños en zonas intangibles, sino por la soberanía alimentaria. Su dieta, que tiene un alto componente en la pesca, está en riesgo por la sedimentación y el mercurio.

16 pueblos aislados por confirmar en Colombia

Más arriba del río Puré se encuentra el parque Nacional Natural la Serranía del Chiribiquete, el área protegida más grande a nivel continental en Colombia. Desde la confirmación de la presencia los aislados en el río Puré, hay fuertes indicios de otras comunidades en la misma condición en la parte sur del parque, cerca de resguardos indígenas como el Mirití Paraná.

Roberto Franco ya había escrito que se tenían pistas de otros aislados: “Un grupo carijona, entre los ríos Ajaju y Macaya; un grupo carijona o murui, entre los ríos Luisa y Yarí; un grupo urumi, en la parte alta de los ríos Mirití, Yavilla y Meta; y un grupo murui, entre los ríos Cuemaní y Sainí”.

El parque Chiribiquete ha tenido varias expansiones en su área, que entre otras razones, ha buscado la inclusión de posibles grupos en aislamiento dentro de su zonificación. Como lo explicó Rodrigo Botero, director de FCDS, en una columna publicada en marzo de 2024, “es una novedosa forma de reconocer una figura territorial para pueblos en aislamiento, que a diferencia de lo que ocurre en países como Brasil o Perú -donde se crean reservas específicas para aislados- [en las áreas protegidas] se conjugan con la protección a perpetuidad del suelo y subsuelo”.

En el plan de manejo especial del Parque Chiribiquete se advierte que su ampliación en 2018 se debió especialmente a la protección de los indígenas aislados, pues la presencia de colonos campesinos y la expansión de la frontera agrícola amenaza su determinación de no ser contactados. También se suma, como lo explica el documento, “el posible traslape o cercanía de los territorios de los pueblos aislados con los resguardos constituidos del medio Caquetá y Yaguará II”, territorios indígenas en riesgo por la presencia de actores armados y deforestación. De hecho, los líderes del resguardo Yaguará II fueron exiliados en 2021 tras múltiples amenazas y continúan desplazados por la construcción de un camino ilegal que entra al Parque Chiribiquete.

El Estado intenta proteger a los pueblos indígenas en aislamiento al asegurar su territorio dentro de este parque nacional, mientras que comunidades indígenas como el resguardo Curare Los Ingleses, en la región del Bajo Río Caquetá, entre los parques nacionales naturales Río Puré y Cahuinarí, también intentan mantenerlos alejados de un posible contacto. En 2013 instalaron una cabaña de vigilancia en el sector de Puerto Caimán para controlar que nadie entre a la zona intangible desde el río. Además, los indígenas de Curare Los Ingleses se han propuesto ser el cordón de seguridad de los aislados para respetar su determinación de no ser contactados.

La protección a pasos de tortuga

Después del contacto de los indígenas nükak a finales de los años 80, misioneros evangélicos entraron por el río Putumayo buscando a los yurí y los passé. Años más tarde, excursionistas en el Parque Chiribiquete que buscaban arte rupestre pusieron en peligro a estos grupos. Fue por eso que en 2013 Colombia decidió poner en marcha el primer decreto para la “Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”. Era el único país en la región amazónica sin medidas de protección para estos grupos.

El trabajo de concertación para expedir el decreto 1232 de 2018 duró más de cinco años. Como lo explica Darío Silva, indígena del pueblo cubeo y líder indígena, “Colombia nunca había pensado en la protección de los pueblos aislados antes del decreto. Se vuelve un mecanismo novedoso y una norma para proteger. Sin embargo, a la fecha no hay una política pública clara de atención de pueblos en aislamiento o en contacto inicial”.

Esa deuda sigue vigente. Para los indígenas colindantes a los pueblos aislados y a los pendientes por confirmar, la investigación y la protección de los que permanecen alejados de la cultura occidental se convirtió en una responsabilidad únicamente de ellos.

“Le hemos dado una responsabilidad muy grande a los gobiernos indígenas, porque no solo deben cuidarse ellos y tratar de hacer cosas para ellos, sino que también deben cuidar a los aislados. Ellos lo hacen desde su cultura, sus tradiciones espirituales y de sanación, pero hay cosas como la minería y el narcotráfico que no están en capacidad de solucionar”, enfatiza una de las voceras de ACT.

De igual manera, Silva afirma que el decreto de 2018 es importante, pero es necesario una voluntad política de las entidades para cumplir con las tareas que se asignaron en el documento. Allí se fijaron tres etapas para concluir la confirmación de un pueblo en aislamiento: la primera es un estudio oficial; la segunda es un estudio avanzado que confirme su existencia; y la tercera es la territorialidad identificada, es decir, establecer la zona geográfica en la que se mueven los aislados.

De los yurí y los passé hay un reconocimiento inicial desde 2010, pero pasaron 14 años y el Ministerio del Interior no había terminado el proceso. Fue hasta la COP 16, cuando salió la resolución 244 de 2024, que establece la territorialidad de los yurí y de los passé, localizados entre los ríos Caquetá y Putumayo en los corregimientos de La Pradera, Tarapacá y Puerto Arica, en el departamento del Amazonas. Con ello, se cumplen las tres etapas para la confirmación total de los dos pueblos en aislamiento

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron al ministerio un derecho de petición (solicitud formal de información), un recurso de insistencia y un cuestionario al área de prensa para conocer el avance de la entidad en las investigaciones y en las acciones para la confirmación de los otros 16 pueblos en estudio. Hasta el momento de publicación de este reportaje el Ministerio no respondió ninguna de las solicitudes.

“Debería existir un sistema de información que tenga un indicio y un riesgo identificado. El Ministerio del Interior, según el decreto, debería construir esa base para priorizar zonas de investigación y posterior confirmación”, explica un investigador de ACT.

Como lo comentaron los expertos y el líder indígena Darío Silva, todo el proceso de protección ha funcionado de manera desordenada por parte del Estado y ha sido gestionado sólo por los indígenas que viven cerca del territorio de los aislados.

Los resguardos Curare los Ingleses y Mirití Paraná han venido trabajando con ACT desde que Roberto Franco estaba en medio de su investigación. “Nosotros decidimos que nadie los moleste. Los aislados son la cultura natural de los indígenas yukuna. Estamos en el proceso de contingencia si en algún momento deciden salir”, afirma Kelly Johana Yunuca, secretaria de mujeres del Consejo Indígena del Mirití Paraná. Desde 2012 llevan a cabo procesos de educación propia, acuerdos de manejo de recursos naturales, protección espiritual y monitoreo para la preservación de la fauna en los territorios que colindan con las zonas donde se cree que habitan los indígenas en aislamiento.

El sistema de protección que se estableció en el decreto de 2018 se compone de una Comisión Nacional, Comités Locales y Grupos Técnicos Interculturales encargados de la protección en el territorio. Sin embargo, “el gobierno llega a la Comisión sin nada que mostrar”, dice Silva.

En seis años, la Comisión solo ha sido convocada en 2020, 2021 y 2024. “El país entiende la necesidad de proteger a los pueblos en estado natural [en aislamiento voluntario], pero no hay voluntad política, no hay presupuesto. En la región amazónica no se ha sesionado el comité local, mientras las amenazas a los territorios continúan y ponen en peligro a los indígenas”, afirma el líder.

Este panorama y los riesgos cada vez más latentes, llevaron a que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentara una medida cautelar para la protección de los yurí y los passé en 2023. En noviembre de dicho año fue aceptada por el Juzgado de Tierras de Cundinamarca y este ordenó a 21 entidades acelerar la protección de los pueblos aislados. En resumidas cuentas, la medida le exige al Ministerio del Interior cumplir con el Decreto de 2018, convocar la Comisión Nacional, así como desarrollar el protocolo de registro e identificación de los pueblos en aislamiento voluntario.

El director de Asuntos Étnicos de la URT, Acxan Duque Gámez, le dice a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que emplearon distintas fuentes de información para construir el caso y mostrar las amenazas ambientales dadas por la minería ilegal y la deforestación que enfrenta el territorio donde están los aislados. “Son medidas para mitigar los peligros desde afuera -comunidades colindantes- pero que impactan hacia adentro -pueblos aislados-. Son medidas que tienen que crear los ministerios, Corpoamazonia [autoridad ambiental regional] y el Ejército para proteger los ríos de la minería”, afirma Duque.

La medida cautelar fue un paso para acelerar la implementación del Decreto y aunque el Ministerio de Defensa ha realizado varios operativos en la zona para frenar la minería ilegal, como el de octubre de 2023 en los ríos Puré y Cotuhé, según informó en la respuesta del derecho de petición enviado por esta alianza periodística, para los expertos y los indígenas esto no es suficiente. “Se destruyen las balsas, las dragas y los dragones pero al otro día ya están funcionando sin problema. Cuando los mineros ven que llega el operativo, se llevan el motor y dejan el resto de la embarcación que es fácilmente construible”, manifestó una fuente que prefiere omitir su nombre.

Durante 2024, como asegura el director de Asuntos Étnicos de la URT, algunas entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) se han acercado a su dirección en busca de entablar diálogos y mesas de concertación para avanzar en el cumplimiento de las medidas. “Hay entidades que nos han preguntado cómo proteger a los aislados, que no conocen del tema y entramos nosotros [URT] para ayudarlos en el cumplimiento de las órdenes”, menciona Duque.

Sin embargo, los indígenas de los resguardos colindantes, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos, insisten en que poco se ha visto del avance y el cumplimiento de las 21 entidades que tienen obligaciones dentro de lo que ordena la medida cautelar. “Tenemos que hacer cosas como el cordón sanitario para los aislados. Ese y otros temas están sobre la mesa con las entidades, pero se quedan en el papel”, afirma Silva.

Duque comenta que todavía queda mucho trabajo por hacer por los aislados. Las órdenes para cumplir con la medida cautelar son un trabajo arduo que no solo requiere de las comunidades colindantes sino de entidades como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, al ser la minería un problema de frontera con Brasil. “Estamos mirando qué actuaciones hacer y cuáles priorizar para las audiencias de seguimiento”, afirma el director de asuntos étnicos de la URT.

Ya se cumplió más de un año de un hito en la protección de los yuri y los passé con la medida cautelar, pero las entidades siguen caminando a pasos de tortuga en la confirmación y protección de los otros 16 pueblos aislados, mientras que la minería que recorre el río Puré continúa en aumento. El gobierno colombiano no tiene preparado un protocolo de contingencia en caso que algún pueblo aislado entre en contacto voluntario o involuntario con Occidente y el gran temor es que se repita la misma historia del pueblo nukak hace 36 años.

*Imagen principal: Expedición Parque Nacional Río Puré, Colombia. Foto: Equipo PNN Río Puré

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

En 2024, Colombia superó su marca de deforestación con respecto al total de áreas deforestadas durante los dos años anteriores. El gobierno de Gustavo Petro deberá mover sus fichas para evitar que la cifra de bosque perdido aumente y logre así cumplir la meta propuesta en su Plan de Desarrollo, el documento que traza los objetivos de gobierno. A ese escenario, se suma que, en medio de las negociaciones de grupos armados que controlan territorio, economías y población, está en peligro la vida de líderes sociales y la conservación del ambiente.

Este será un año clave para el presidente Petro, cuando le queda un año y medio para las elecciones presidenciales. Deberá demostrar si cumplió con sus metas y compromisos como la protección de líderes ambientales, los acuerdos realizados en la COP16, la ley de pasivos ambientales y la participación de comunidades indígenas en términos de protección ambiental.

Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar en 2025.

1. La protección de los líderes ambientales e indígenas

Colombia tendrá que lograr en los próximos 12 meses materializar una política pública que logre proteger a los líderes que abogan por el ambiente. Cifras de organizaciones nacionales de derechos humanos dan cuenta de que la violencia contra liderazgos sociales, ambientales e indígenas no paró en 2024 y que aumentó respecto a 2023. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que, entre el 1° de enero y el 20 de diciembre de 2024, fueron asesinados 166 líderes y defensores ambientales.

Además, el Programa Somos Defensores registró a finales de noviembre que 65 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados y 318 personas fueron agredidas, amenazadas, desplazadas, secuestradas y desaparecidas debido a su liderazgo.

Global Witness mostró en su último informe 2023 que Colombia fue el país más letal para los defensores ambientales: en el país ocurrió el 40 % de los casos que documentó la organización a nivel mundial. Por segundo año consecutivo, Colombia ocupó el primer puesto en 2024 con 79 asesinatos, seguido de Brasil, con 25; y Honduras, con 19. Es por esto, que Colombia tiene como desafío la implementación de una política pública que garantice la seguridad de los líderes y defensores, un tema pendiente que se renueva cada año.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, aseguró que se debe empezar a trabajar en el cumplimiento de la sentencia SU 463 de 2023 de la Corte Constitucional. En noviembre del año pasado, el alto tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI), una figura que la Corte adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una situación grave, como la violación masiva y recurrente de los derechos humanos. La figura se adoptó tras la presentación de varias demandas de líderes sociales.

El alto tribunal ordenó a varias instituciones del Estado, entre ellas al ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación, que adopten e implementen órdenes específicas para garantizar la vida, la seguridad, la integridad y la justicia efectiva de quienes defienden derechos.

“Las medidas que emitió la Corte Constitucional estaban pensadas para que se implementaran entre tres y seis meses, algunas en un año y otras, digamos, de manera indefinidas en el tiempo porque se tienen que mantener las acciones. En la Comisión de Seguimiento, el programa Somos Defensores hace de secretaría técnica. Hemos solicitado información al Gobierno de cómo avanza con cada medida pero no nos ha entregado nada”, afirmó Torres.

Para la protección de los líderes y defensores es necesaria la materialización de una política rápida y efectiva. Además, es clave la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las órdenes de protección de los líderes y defensores en el país. Para Carlos Alberto Gaitán, coordinador de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), es central que el Gobierno cumpla los compromisos pactados: “Hemos buscado al Gobierno, hemos manifestado qué vamos a hacer para la protección de los indígenas pero no se ha puesto en marcha”, aseguró.

2. Frenar la deforestación

Colombia deberá colocar todos sus esfuerzos para frenar el alza de la deforestación. Luego de dos años -2022 y 2023- con disminuciones en la tasa de tala, los primeros tres meses de 2024 dieron un pico: se perdieron 77 816 hectáreas de bosque, según manifestó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. La cifra es alarmante. Aunque el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) dejó de publicar los boletines trimestrales de deforestación, se identificó un incremento del 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.

El reto de frenar la deforestación y el desafío de la restauración es enorme. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, considera que no es clara la estrategia ni de dónde saldrán los recursos para reforestar las 753 000 hectáreas de bosque, meta trazada por el Gobierno para 2026. Es que el Ejecutivo está en medio de negociaciones con distintos grupos armados -paramilitares, disidencias de las extinta guerrilla de las FARC y bandas criminales-, quienes por medio de la intimidación y control del territorio prohibieron la tala durante cierto tiempo. Sin embargo, en septiembre de 2024, las disidencias que controlan parte de la región Amazónica emitieron un comunicado promoviendo el corte de bosque en pie.

El exministro Rodríguez advirtió que durante 2022 y 2023 el Gobierno pudo cumplir con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo por las negociaciones y su política de Paz Total. Ese panorama cambió tras el fraccionamiento de las disidencias y el fortalecimiento de otros grupos armados en el país.

Como explicó el director de la Fundación para Desarrollo y Conservación Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, en cuanto a la baja en deforestación durante 2023, tocaba mirar la cifra en perspectiva porque se dio bajo control social y territorial de un grupo armado y no por medidas y soluciones dadas por el Gobierno. “No podemos celebrar que bajo un proceso de cohesión de los grupos armados, la gente haya cambiado sus prácticas. No puede ser el camino que lo que haya presentado una reducción sea eso”, advirtió.

Como lo advierten los expertos es necesario que el Gobierno llegue de manera íntegra a los territorios, donde los actores armados ilegales controlan las dinámicas sociales y económicas de las regiones.

3. El resguardo de áreas protegidas y territorios colectivos

Colombia tiene el 24 % del territorio bajo medidas de protección ambiental y espera antes que se acabe el gobierno de Petro pasar al 34 %. Sin embargo, el control armado en varias zonas del país hace casi imposible esa protección. Este año será clave que el Estado pueda llegar a los territorios donde sus funcionarios a cargo del control ambiental y conservación fueron desplazados. Se trata de los mismos territorios donde las organizaciones de la sociedad civil que protegen e investigan fueron también amenazadas.

“Es necesario garantizar la seguridad y la presencia de la institucionalidad ambiental. Se necesita el retorno de la institucionalidad pública y que se le brinde también seguridad a los funcionarios que hacen esa labor”, manifestó Botero.

Al menos 10 áreas protegidas no cuentan con un guardaparques de Parques Nacionales Naturales, tras el desplazamiento masivo y quema por parte de las disidencias de la cabaña del Parque Nacional Natural Río Puré (ver especial). Los guardaparques históricamente han sido objeto de los grupos armados. Según datos recolectados por la Comisión de la Verdad, durante 40 años han habido 17 guardaparques asesinados, un desaparecido y un exiliado.

Para Julia Miranda, congresista colombiana y quien fue directora de Parques Nacionales, “no tener guardaparques en las áreas protegidas es no tener control territorial por parte del Estado en medio de la multiplicación de los grupos armados”. La ausencia de la entidad encargada de la protección se suma a las labores que debe emplear el Gobierno en los meses que le quedan para frenar las economías ilegales en parques nacionales, como la minería, la deforestación, los cultivos de coca y el mercado ilegal de tierras.

En su balance ambiental de 2024, Mongabay Latam informa cómo la minería ilegal se convirtió en una opción económica para los habitantes de la cuenca del río Caquetá y el río Putumayo. El director de FCDS manifestó que la protección de las áreas es un tema urgente y prioritario porque hay relación directa en el aumento de narcotráfico, minería de oro, el hato ganadero y la compra de tierras como una forma de lavar la economía ilegal.

Por último, Botero hizo un llamado a “tener una política consistente y persistente de presencia territorial, de relacionamiento con comunidades y toma de decisiones por parte de las organizaciones locales, de proyectos y de transformaciones que se deben hacer en conjunto”. En el mismo sentido, Carlos Alberto Gaitán, de la OPIAC, manifestó que es necesario que para 2025 la protección se haga con las comunidades indígenas que han preservado y conservado los territorios, incluso en medio de los hostigamientos y amenazas a sus dirigentes.

En agosto de 2024, el Gobierno se comprometió a que en 2030 los territorios indígenas de la Amazonía colombiana sean reconocidos como áreas de conservación indígena asegurando la conectividad biocultural. En rueda de prensa, el presidente de la OPIAC, Oswaldo Muca, aseguró: “Estamos convencidos de que vamos a poder no solamente visibilizar a los pueblos indígenas, sino, además, en cabeza de la ministra, podemos decir que los pueblos indígenas somos importantes para salvar la biodiversidad no solamente en este país sino para el mundo”.

Para Gaitán, 2025 será el año para poner en marcha todos los compromisos que se hicieron en 2024 para la conservación de la biodiversidad y la protección de los pueblos indígenas. “Será el año para cumplir con la ruta de acción del Plan Nacional de Desarrollo”.

4. La implementación de la leyes ambientales y los compromisos de la COP16

En agosto de 2023 se decretó la Ley 2327, conocida como la ley de pasivos ambientales, que pone la lupa en los daños a ecosistemas y comunidades que se encuentran abandonados tras el cierre de los proyectos mineros, petroleros y de otras industrias extractivas. La ley le otorgó a distintos ministerios, en cabeza del ministerio de Ambiente, la implementación de una política pública con su respectivo plan de acción y seguimiento.

Sin embargo, como lo advierte la organización Ambiente y Sociedad, no se ha adelantado nada sobre el tema. “Enviamos unos derechos de petición a todas las entidades competentes y no contestan”, afirmó uno de sus investigadores ante la consulta. La implementación de la ley incluía que en 2025 debía crearse el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, un comité de seguimiento y establecer planes de intervención.

Mongabay Latam publicó ‘Las deudas del petróleo’, en la que muestra que no existía la definición jurídica de pasivos ambientales en el país hasta el trámite de esta ley. Aunque se ha avanzado en el tema desde el campo legislativo, será un tema crucial para el cierre de este Gobierno.

Colombia presentó en la COP16 el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, un instrumento de política pública ambiental para cumplir las metas del Marco Global de Biodiversidad. Entre esos objetivos, el país se propuso implementar acciones de reconversión productiva en 3 000 000 de hectáreas; aumentar hasta el 68 % el tratamiento de aguas residuales; y 32 acciones departamentales para promover la bioeconomía”.

“Somos uno de los países que presenta el plan completo después de dos años del Marco Kunming Montreal y esto refleja cómo vamos a cumplir las metas del marco global. Lo que hemos hecho es aproximar cuatro apuestas estratégicas a 2030 para la protección de la biodiversidad y seis metas que recogen dentro de ellas esas 23 metas del marco, de acuerdo a nuestra situación contextual específica”, dijo la ministra Muhamad en la presentación del encuentro.

Como lo afirmó Manuel Rodríguez, este año el desafío será dar cumplimiento al Plan Nacional de Biodiversidad. “Es muy ambicioso pero creo que ahora hay que entrar en los medios de implementación. El Gobierno tendrá la posibilidad de precisar el próximo año y solucionar algunas contradicciones”, aseguró.

La administración de Petro deberá cumplir sus metas y compromisos en 2025, en medio de las campañas electorales a la Presidencia. Mientras, el Congreso tendrá el desafío de sacar varias leyes ambientalescomo la de trazabilidad ganadera, que busca implementar un sistema de información integrado para rastrear la procedencia de las reses comercializadas en Colombia y que no provengan de áreas deforestadas. El país busca cumplir así con la nueva reglamentación de la Unión Europea (EU) para exportar sus carnes. El proyecto de ley había sido archivado en junio de 2024.

Para la congresista Julia Mirando, 2025 será la oportunidad de presentar nuevamente el proyecto de ley de trazabilidad ganadera y sostenible libre de deforestación. “También para tramitar iniciativas como la del desplazamiento por causas del clima y la de guardaparques para que tengan un sistema laboral específico”, declaró.

El próximo año será crucial para las negociaciones con grupos armados, con el objetivo de frenar el aumento de la deforestación, garantizar la protección de líderes y defensores, y asegurar el cumplimiento de los acuerdos, todo esto en un contexto preelectoral y con el gobierno trabajando para cumplir sus metas establecidas.

Imagen principal: Palmas de moriche, en los llanos inundables del departamento de Casanare, en Colombia. Foto: Felipe Villegas, Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.