A sabiendas que AEROLINEAS ARGENTINA la compañía firmó en la Feria Internacional de Farnborough acuerdos con lessors y avanza en un plan de renovación del 25% de su flota total y del 60% de su flota de largo alcance.23 de julio de 2026 Aerolíneas Argentinas anuncia la incorporación de 20 nuevos aviones como parte de su plan de flota 2027-2031, financiado íntegramente con recursos propios, orientado a fortalecer la operación doméstica, regional e internacional y a modernizar el producto de cabina ofrecido a sus pasajeros. Esta iniciativa representa la renovación del 25% de la flota de la compañía y del 60% de sus aeronaves de largo alcance, constituyendo un paso decisivo en la transformación de Aerolíneas Argentinas hacia una empresa más eficiente, competitiva y preparada para afrontar los desafíos del mercado.

El anuncio fue realizado en el marco de la Feria Internacional de Farnborough, uno de los eventos más importantes de la industria a nivel global, y materializa el plan de inversión presentado en noviembre pasado, en un nuevo paso para consolidar una estrategia de crecimiento con foco en la eficiencia y la rentabilidad.El programa contempla la incorporación de 20 aeronaves.

En Farnborough quedaron formalizados los contratos por 14 de ellas: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronograma de entrega definido. El plan se completa con seis Boeing 737 MAX 8, dos de ellos ya contratados y otros cuatro actualmente en proceso de incorporación. Las primerasaeronaves comenzarán a sumarse a la flota de Aerolíneas a partir del primer trimestre de 2027,con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8.

En la flota de largo alcance, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028. Estas primeras aeronaves tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir…

Cuando las AEROLÍNEAS reinvierten en post de la CALIDAD de TRASLADOS de sus PASAJEROS hacen que sus FIDELIDADES se aumenten CONSTRUYENDO las MARCAS & SERVICIOS tan diferenciadores en COSTOS & COMODIDADES buscados casi como un EJERCICIO funcional en todos los oredenes del BUEN VIVIR… nos vamos cantando bajito el…

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

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“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, «si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

«Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

*Imagen principal: Caoba es una yaguarundí (‘Herpailurus yagouaroundi’) que se contagió de leucemia felina, una enfermedad propia de gatos domésticos, por lo que deberá permanecer en cautiverio en un centro de rescate de Costa Rica. Foto: cortesía Centro de Rescate Las Pumas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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No puede negarse que el desprestigio de la actividad política tiene responsables. Durante décadas, numerosos dirigentes públicos abusaron de la confianza ciudadana y protagonizaron escándalos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Esa historia explica, aunque no justifica, la profunda desconfianza que hoy despierta cualquier servidor público investigado.

El problema surge cuando esa desconfianza deja de ser una actitud crítica para convertirse en un prejuicio. En ese momento desaparece la diferencia entre investigar y condenar. La apertura de un proceso judicial deja de entenderse como un mecanismo para esclarecer los hechos y pasa a interpretarse como la prueba definitiva de culpabilidad. Así, el proceso penal pierde su razón de ser, porque la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública.

El caso del excongresista Carlos Trujillo ilustra nuevamente esa realidad. Independientemente de las opiniones que cada ciudadano tenga sobre su trayectoria política, lo cierto es que durante años su nombre estuvo asociado a sospechas que alimentaron titulares, comentarios y juicios apresurados. Hoy, cuando la justicia ha descartado responsabilidades en su contra, el eco de esa decisión resulta mucho más débil que el ruido que produjo la investigación.

Y ese es uno de los mayores problemas de nuestra cultura pública: las absoluciones rara vez reciben la misma atención que las acusaciones. El escándalo vende; la rectificación apenas ocupa unas cuantas líneas. El daño reputacional, entretanto, ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

No es un fenómeno nuevo. Ocurrió durante los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y otros grandes expedientes judiciales que marcaron la historia reciente del país. Muchos de los investigados fueron finalmente absueltos o nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlos penalmente. Sin embargo, el juicio social permaneció intacto. Para una parte de la opinión pública, la investigación bastó para convertirlos en culpables de manera definitiva.

Ese comportamiento revela una preocupante incapacidad para distinguir entre la sospecha y la prueba, entre la imputación y la condena, entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Son categorías distintas que cumplen funciones diferentes en una democracia. Confundirlas no fortalece la lucha contra la corrupción; por el contrario, debilita las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

La misma lógica aparece cuando se pretende estigmatizar a cualquier persona que haya trabajado en una entidad pública donde posteriormente se descubren hechos de corrupción.

En los últimos meses he escuchado a colegas escandalizarse simplemente porque alguien prestó sus servicios profesionales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como si pertenecer a esa institución constituyera, por sí solo, un indicio de deshonestidad.

La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo trabajar para una entidad del Estado equivale a compartir las conductas ilegales de algunos de sus funcionarios? Aceptar semejante razonamiento conduciría al absurdo de afirmar que todos los empleados del Congreso de la República son corruptos o que cada integrante del INPEC responde por los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Las responsabilidades penales son individuales, nunca colectivas.

Como periodista, esa tendencia me preocupa especialmente. El periodismo existe para verificar hechos, contextualizar la información y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos, no para amplificar prejuicios ni para sustituir a los jueces.

Cuando la profesión abandona el rigor y convierte la sospecha en noticia definitiva, deja de cumplir su función democrática y termina alimentando la polarización que dice combatir.

No conozco personalmente al excongresista Carlos Trujillo ni escribo estas líneas para reivindicar su carrera política. Cada lector tendrá su propia opinión sobre ella. Lo que sí considero digno de celebración es que la justicia haya podido cumplir su función y establecer, tras el debido proceso, que no existían responsabilidades penales en su contra.

Porque una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad para condenar a los culpables. Se mide, sobre todo, por su disposición a reconocer la inocencia de quienes fueron investigados cuando las pruebas así lo demuestran. Mientras sigamos confundiendo una investigación con una sentencia y el escándalo con la verdad, continuaremos debilitando el Estado de derecho que decimos defender y reemplazando la justicia por el tribunal, siempre implacable, de la opinión pública.

Nota recomendada: El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

La historia de Ipiales suele contarse desde sus pueblos indígenas, su condición fronteriza, su vocación comercial o los acontecimientos políticos que marcaron su desarrollo. Son relatos necesarios, pero no suficientes. Hay otras memorias que permanecieron durante décadas al margen de la historia local, no porque carecieran de importancia, sino porque casi nadie se detuvo a buscarlas. Entre ellas se encuentra la de las primeras familias afrodescendientes que llegaron al corregimiento de Cofanía–Jardines de Sucumbíos y comenzaron, sin proponérselo, un proceso de poblamiento que con el tiempo daría origen a las comunidades afro reconocidas hoy en el municipio de Ipiales.

Las comunidades no aparecen de un momento a otro ni nacen el día en que una institución decide reconocerlas. Antes de que el Estado colombiano expidiera los actos administrativos que reconocieron los consejos comunitarios de Nueva Esperanza, Nuevo Renacer y Liberación y Futuro, ya existía una población afro asentada en este territorio amazónico. Su historia no comenzó en una oficina del Estado, sino en los largos caminos recorridos por familias que abandonaron el litoral Pacífico buscando un lugar donde trabajar, cultivar la tierra y ofrecer un futuro distinto a sus hijos.

Las investigaciones realizadas en los últimos años permiten reconstruir parte de ese proceso y, sobre todo, devolverle nombre a quienes durante mucho tiempo permanecieron reducidos al anonimato. La memoria comunitaria y los estudios desarrollados por el antropólogo Juan Carlos Rubiano Carvajal coinciden en señalar a Feliciano Castillo, Rómulo Castillo, Eliberio Obando Castillo y Tomás Emilio Obando, oriundos de la vereda Sanabria, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, como parte de los primeros afrodescendientes que se establecieron en Sucumbíos. A ellos se sumaría años más tarde Libardo Obando, cuyo testimonio constituye hoy una de las fuentes más valiosas para comprender cómo se fue construyendo esta historia.

Conviene detenerse un momento en el lugar del que partieron. Santa Bárbara de Iscuandé no es solamente uno de los municipios más antiguos del Pacífico nariñense; es también un territorio donde la población afrodescendiente ha construido durante siglos una cultura ligada al río, al mar, a la pesca, a la agricultura y a la extracción de recursos naturales. Sin embargo, como ocurrió en buena parte del litoral colombiano durante el siglo XX, las oportunidades económicas resultaban insuficientes para una población creciente. El abandono estatal, las limitadas posibilidades de empleo y las dificultades para acceder a la tierra llevaron a muchas familias a buscar nuevos horizontes. En ese contexto comenzó a mencionarse una región ubicada al extremo sur de Nariño, donde el bosque ofrecía trabajo y la frontera amazónica parecía abrir otras posibilidades.

Hoy basta observar un mapa para imaginar la distancia entre Iscuandé y Sucumbíos; recorrerla hace cinco o seis décadas era una experiencia completamente distinta. Los trayectos implicaban desplazamientos fluviales, caminos de difícil acceso y jornadas enteras atravesando territorios poco comunicados. Cada viaje suponía abandonar un mundo conocido para internarse en otro donde casi todo estaba por descubrir. Quienes emprendieron esa ruta no llevaban más riqueza que su experiencia como campesinos y trabajadores forestales, algunas herramientas, semillas y la determinación de comenzar de nuevo.

La explotación maderera fue uno de los principales motivos que impulsaron aquella migración. El cedro, abundante en los bosques del piedemonte amazónico, se había convertido en una especie de gran valor comercial y demandaba mano de obra para las labores de corte y transporte. Rómulo Castillo es recordado como uno de los primeros aserradores que trabajó en la región, una actividad que exigía internarse durante semanas en la selva y enfrentar condiciones extremadamente difíciles. Aquellos hombres no llegaron pensando en fundar una comunidad; llegaron buscando trabajo. Sin advertirlo, fueron abriendo el camino para que otras familias siguieran la misma ruta.

Existe una idea equivocada según la cual las fronteras amazónicas eran territorios deshabitados que esperaban la llegada de nuevos pobladores. La realidad era otra. Mucho antes de la presencia de colonos, campesinos y trabajadores afrodescendientes, estas tierras formaban parte del territorio ancestral del pueblo Cofán (A’i), cuya relación con la selva estaba fundada en un conocimiento profundo de los ríos, las plantas, los animales y los ciclos naturales. Comprender esta realidad permite entender que el poblamiento afro de Sucumbíos no fue la ocupación de un espacio vacío, sino el encuentro entre comunidades con historias y experiencias diferentes.

Los testimonios recogidos durante el proceso de consulta previa recuerdan que Eusebio Lucitante y Natali Lucitante, integrantes del pueblo Cofán, desempeñaron un papel importante en los primeros años del asentamiento afro. Ellos orientaron a los recién llegados sobre el territorio, facilitaron el acceso a lugares de trabajo y compartieron conocimientos indispensables para desenvolverse en una selva desconocida. La memoria de ambas comunidades conserva ese tiempo inicial como una etapa marcada más por la colaboración cotidiana que por la confrontación. Es un aspecto que merece destacarse porque rompe con la idea, demasiado frecuente, de que toda relación entre pueblos distintos estuvo necesariamente determinada por el conflicto.

Poco a poco la madera dejó de ser el único motivo para permanecer. Comenzaron a levantarse viviendas, aparecieron pequeñas parcelas dedicadas a la agricultura y las familias fueron tejiendo relaciones de vecindad que fortalecieron el sentido de pertenencia. Cada nuevo hogar animaba la llegada de otros parientes; cada cosecha confirmaba que era posible quedarse. La comunidad fue creciendo sin ceremonias fundacionales, sin titulares de prensa y sin mayor atención por parte de las instituciones. Mientras la historia oficial seguía mirando hacia otros escenarios centralistas, en Sucumbíos empezaba a consolidarse una población afrodescendiente que haría de ese territorio el centro de su vida.

Quizá allí radique el mayor valor de esta historia. Los nombres de Feliciano Castillo, Rómulo Castillo, Eliberio Obando Castillo, Tomás Emilio Obando y Libardo Obando representan mucho más que una lista de pioneros. Son el rostro de una generación que abrió caminos donde no los había, transformó una migración en arraigo y convirtió la incertidumbre en proyecto de vida. Sin proponérselo, aquellos hombres y sus familias empezaron a escribir un capítulo de la historia de Ipiales que durante demasiado tiempo permaneció oculto.

La tercera y última entrega abordará el momento en que esa comunidad, construida durante décadas alrededor del trabajo, la familia y la permanencia en el territorio, decidió organizarse para reclamar el reconocimiento de sus derechos colectivos. Solo entonces aparecerán los consejos comunitarios. Antes de la norma existía la comunidad; antes del reconocimiento jurídico ya había una historia que merece ser contada.

PD. Las fotos de estos artículos corresponden a Asoccafrain Jardines de Sucumbios.

Con el apoyo del Líder de Calidad de la Secretaría de Educación municipal, Andrés Felipe Rizo Morales, la visita a cada institución se coordinó con la respectiva rectora: Merlyn Maritza Grueso Romero, de la IE Sixto María Rojas; y Bertha Adonai Lasso Escobar, de la IE Técnica Industrial España.

La actividad hace parte de la iniciativa de Red colaborativa de colegios por la calidad educativa del suroccidente colombiano, en la que participan las dos instituciones, junto con el Gimnasio Moderno del Valle (privado).

La IE Sixto María Rojas, oficial, está ubicada en el corregimiento de Quinimayo, y la IETI España, también oficial, es una de las más grandes y populares de Jamundí.

Estos colegios podrán inscribirse al Modelo de Naciones Unidas virtual, en alianza con MONUA de la Universidad de los Andes, y tener delegación en la inmersión enriquecida en las universidades Icesi y Javeriana para pilos de grado 10, el 30 de julio.

Referente de proyecto de vida: el futuro después del colegio

La conversación como referente de vida profesional con Jessica Jhoana Corrales Robledo, busca fortalecer en los estudiantes de grados 9 a 11 el proceso de adopción de unas metas de futuro a partir de su desempeño académico en la secundaria.

La teoría del referente (o modelos de referencia) sostiene que las aspiraciones, elecciones vocacionales y metas a futuro de los estudiantes están profundamente moldeadas por las personas que admiran o con las que se identifican.

A través de estos modelos, los jóvenes estructuran su identidad, motivación y su perspectiva de éxito.

Para los estudiantes Jessica Jhoana será una persona parecida a ellos que se graduó de ingeniera industrial en la Universidad Santiago de Cali y hoy, tras 15 años de carrera, tiene un cargo de jefe en una de las empresas más importantes del Valle del Cauca.

Los referentes tienen impacto positivo en las proyecciones de vida de los adolescentes en inspiración, valores, actitudes y propósito.

Fuente de inspiración y viabilidad: los estudiantes evalúan lo que es posible lograr basándose en los éxitos y trayectorias de sus referentes.

Si observan a personas de su entorno triunfar en ciertas carreras, es más probable que incluyan esas profesiones en sus propios proyectos de vida.

Construcción de valores: la actitud ante la resiliencia, el esfuerzo y la ética profesional se adopta imitando las conductas de sus modelos a seguir.

Orientación hacia el futuro: estos modelos actúan como una “brújula”, permitiendo a los jóvenes traducir ideas vagas (como “ser exitoso”) en acciones concretas y etapas a cumplir.

Manuelita, donde se destacan cuatro profesionales afrocolombianos en distintos niveles de responsabilidad, coopera con Fundación Color de Colombia para ofrecer una charla anual de estos referentes a colegios de determinados municipios.

Red colaborativa de colegios en gestión

La primera actividad del proyecto fue un taller directivo en Universidad Icesi, el 28 de febrero de 2026, sobre Proyecto Educativo Institucional, PEI, y pedagogías activas en enseñanza de matemáticas y ciencias, organizado por Fundación Color de Colombia en alianza con Centro Eduteka y el Observatorio de Realidades Educativas, ORE, de Universidad Icesi.

La red busca tejer lazos entre un conjunto de colegios oficiales y privados de Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria (Valle del Cauca), y de Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), con el propósito de compartir recursos y experiencias para elevar la calidad educativa.

La segunda actividad fue un webinar acerca de Diseño de experiencias de aprendizaje con Carlos Andrés Ávila Dorado, un experto del Centro Eduteka de la Universidad Icesi, involucrando pedagogías emergentes, como el Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos, gamificación, aula invertida, entre otros.

La primera experiencia conjunta de la red colaborativa de colegios será el ejercicio de Modelo de Naciones Unidas virtual, que puede considerarse un “micro-MUN”, pero es un paso hacia la posibilidad de algo más grande.

Le puede interesar: Modelo de Naciones Unidas del suroccidente: abiertas inscripciones

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

Con el apoyo del secretario de Educación municipal, Juan David Giraldo Espinosa, la visita a cada institución se coordinó con la Hermana Rectora Luz Amparo Obando Micolta, de la IE Ateneo, y con la licenciada María Amalfi Opance, rectora de la IE Francisco Antonio Zea.

La actividad hace parte de la iniciativa de Red colaborativa de colegios por la calidad educativa del suroccidente colombiano, que invitará a las dos instituciones educativas a participar en el Modelo de Naciones Unidas virtual, en alianza con MONUA de la Universidad de los Andes, y a una inmersión enriquecida en las universidades Icesi y Javeriana para pilos de grado 10, el 30 de julio.

La IE Ateneo es reconocida como la mejor del municipio por los resultados en Saber 11 y la IE Francisco Antonio Zea es destacada por su moderna infraestructura y enfoque integral.

Referente de proyecto de vida: el futuro después del colegio

La conversación como referente de vida profesional con Michell Alejandra Arroyo Arboleda, oriunda de Pradera y egresada del colegio Ateneo, busca reforzar en los estudiantes de grados 9 a 11 el proceso de adopción de unas metas de futuro a partir de su desempeño académico en la secundaria.

La teoría del referente (o modelos de referencia) sostiene que las aspiraciones, elecciones vocacionales y metas a futuro de los estudiantes están profundamente moldeadas por las personas que admiran o con las que se identifican.

A través de estos modelos, los jóvenes estructuran su identidad, motivación y su perspectiva de éxito.

Para los estudiantes de Pradera Michell Alejandra es una persona de su entorno que se graduó de ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia y hoy trabaja en una de las empresas más importantes del Valle del Cauca.

Los referentes tienen impacto positivo en las proyecciones de vida de los adolescentes en inspiración, valores, actitudes y propósito.

Fuente de inspiración y viabilidad: los estudiantes evalúan lo que es posible lograr basándose en los éxitos y trayectorias de sus referentes.

Si observan a personas de su entorno triunfar en ciertas carreras, es más probable que incluyan esas profesiones en sus propios proyectos de vida.

Construcción de valores: la actitud ante la resiliencia, el esfuerzo y la ética profesional se adopta imitando las conductas de sus modelos a seguir.

Orientación hacia el futuro: estos modelos actúan como una “brújula”, permitiendo a los jóvenes traducir ideas vagas (como “ser exitoso”) en acciones concretas y etapas a cumplir.

Manuelita, donde se destacan cuatro profesionales afrocolombianos en distintos niveles de responsabilidad, coopera con Fundación Color de Colombia para ofrecer una charla anual de estos referentes a colegios de determinados municipios.

Red colaborativa de colegios en gestión

La primera actividad del proyecto fue un taller directivo en Universidad Icesi, el 28 de febrero de 2026, sobre Proyecto Educativo Institucional, PEI, y pedagogías activas en enseñanza de matemáticas y ciencias, organizado por Fundación Color de Colombia en alianza con Centro Eduteka y el Observatorio de Realidades Educativas, ORE, de Universidad Icesi.

La red busca tejer lazos entre un conjunto de colegios oficiales y privados de Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria (Valle del Cauca), y de Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), con el propósito de compartir recursos y experiencias para elevar la calidad educativa.

La segunda actividad fue un webinar acerca de Diseño de experiencias de aprendizaje con Carlos Andrés Ávila Dorado, un experto del Centro Eduteka de la Universidad Icesi, involucrando pedagogías emergentes, como el Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos, gamificación, aula invertida, entre otros.

La primera experiencia conjunta de la red colaborativa de colegios será el ejercicio de Modelo de Naciones Unidas virtual, que puede considerarse un “micro-MUN”, pero es un paso hacia la posibilidad de algo más grande.

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Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Modelo será virtual el 29 de septiembre, como parte de la iniciativa de Red colaborativa de colegios por la calidad educativa del suroccidente colombiano, que gestiona la Fundación Color de Colombia.

Inscripciones hasta el 23 de julio, con este formulario en línea. Otros colegios se pueden postular. El programa Camino a la U, de MetalSur y Fanalca, es invitado con sus beneficiarios de grado 10 del norte del Cauca.

El Modelo de Naciones Unidas (MUN) consiste en una simulación académica donde los estudiantes asumen el rol de embajadores de países para debatir problemas globales, replicando el funcionamiento de la ONU.

Es una herramienta pedagógica ampliamente utilizada en la educación de calidad en el mundo para fomentar habilidades académicas y blandas.

Su uso se originó en la Universidad de Harvard en 1948, y cuenta con el respaldo de la ONU.

Simulación del Consejo de Seguridad de la ONU

Tras la capacitación virtual a cargo del grupo MONUA de la Universidad de los Andes, los estudiantes que resulten seleccionados representarán (como embajadores) a quince países, cinco con asiento permanente en el Consejo de Seguridad y 10 miembros no permanentes.

Países miembros permanentes del Consejo de Seguridad (5): China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Países miembros no permanentes (10):  Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo, Somalia.

El tema del Modelo será la prohibición de armas autónomas con Inteligencia Artificial.

El debate central gira en torno a cómo definir, medir y garantizar que siempre haya un ser humano responsable y consciente al momento de usar la fuerza, y no simplemente confirmar la decisión de una máquina.

Mientras muchos países abogan por una prohibición o moratoria, otros sostienen que la IA otorga ventajas estratégicas y militares, argumentando que se debe buscar un equilibrio entre la seguridad y el avance tecnológico

Cómo participar en el Modelo de Naciones Unidas

Cada institución educativa invitada (37) puede inscribir directamente dos estudiantes de grado 10 y opcionalmente un docente de ciencias sociales (para familiarizarse con la metodología).

Si el colegio está en nivel A o A+ de la clasificación del Icfes puede inscribir un tercer estudiante (también de grado 10). De los dos o tres alumnos, al menos uno debe ser afrocolombiano.

Si una institución educativa de los municipios focalizados desea participar, simplemente diligencia el mismo formulario: aquí (y se le responderá prontamente).

CRONOGRAMA de capacitación (virtual) con MONUA de la Universidad de los Andes:  21, 23 y 28 de julio, 7 pm a 8 pm. Ensayo del Modelo: 04/agosto, 7 pm a 8:30 pm.

Entrenamiento de embajadores de país con monitores: agosto 18 y 25,  septiembre 8 y 22, de 7 pm a 8 pm (virtual). 

Fecha realización del MUN, presidido por MONUA-UniAndes: 29 de septiembre de 2026, 7:00 pm a 9:00 pm, con transmisión en línea.

CERTIFICACIONES que se entregarán (por Fundación Color de Colombia y MONUA-UniAndes):

• De participación en la capacitación, con 80% de asistencia.
• De embajador de país en el Modelo de Naciones Unidas, MUN (15).
• De uno de los tres mejores embajadores en el MUN del suroccidente.

MONUA de UniAndes, facilitador del Modelo

Creado hace más de quince años, MONUA se ha consolidado como uno de los espacios académicos y de formación en liderazgo más importantes de la Universidad de los Andes.

MONUA es una conferencia que fusiona excelencia académica, bienestar integral y una visión innovadora del modelo. Aplica el Procedimiento Harvard para garantizar estándares internacionales, complementado por un protocolo interno único que prioriza el acompañamiento psicológico y la prevención de cualquier forma de maltrato o discriminación.

Su versión XVI de MONUA, que congrega a universidades y colegios del país, se realizará del 14 al 17 de agosto en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Su tradición se fortalece con una mirada estratégica hacia el futuro, impulsada por un equipo altamente capacitado y comprometido.

MONUA nació con la convicción de que el diálogo, el pensamiento crítico y la cooperación son herramientas fundamentales para comprender y transformar el mundo.

Más que una simulación de Naciones Unidas, MONUA es un espacio donde convergen distintas perspectivas, culturas, experiencias e ideas con el propósito de construir conversaciones significativas sobre los desafíos globales de nuestro tiempo.

Instituciones educativas convocadas

Del Valle del Cauca, 27; de Cauca, 7, y de Nariño, 3 (Tumaco).

VALLE DEL CAUCA. De Cali (14): Inem Jorge Isaacs, Liceo Departamental, IETI Comuna 17, Liceo Sup. Juan Pablo II, Colegio Panamericano, IT Futuro Profesional, IE Cristóbal Colón, IE Nelson Garcés Vernaza, Colegio Compartir, IEO Llano Verde_principal, IEO Llano Verde_InviCali-SF, IEO Llano Verte_Calimio Desepaz, IEO Llano Verde_Nariño, IEO Llano Verde_Bartolomé Mitre.

De Palmira (1): IE Antonio Lizarazo.

De Buenaventura (3): CE Bahía de Buenaventura, Normal Juan Ladrilleros e Icoterpo.

De Candelaria (3): Rodrigo Lloreda Caicedo, Ciudad de Candelaria, La Arboleda Campestre.

De Jamundí (3): Sixto María Rojas, España, Gimnasio Moderno del Valle.

De Florida (1): IE Las Américas.

De Pradera (2): Ateneo, Francisco Antonio Zea.

CAUCA. De Santander de Quilichao (3): Instituto Técnico, Francisco José de Caldas, Niño Jesús de Praga.

De Puerto Tejada (3): Comfacauca, Evangélico Ebenezer, Bahai.

De Villa Rica (1): Senón Fabio Villegas.

NARIÑO. De Tumaco (3): Amigos de la Ciencia, Manuel Elkin Patarroyo, Misional Santa Teresita.

Red colaborativa de colegios en formación

La primera actividad del proyecto fue un taller directivo en Universidad Icesi, el 28 de febrero, sobre Proyecto Educativo Institucional, PEI, y pedagogías activas en enseñanza de matemáticas y ciencias, organizado por Fundación Color de Colombia en alianza con Centro Eduteka y el Observatorio de Realidades Educativas, ORE, de Universidad Icesi.

La red busca tejer lazos entre un conjunto de colegios oficiales y privados de Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria (Valle del Cauca), y de Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), con el propósito de compartir recursos y experiencias para elevar la calidad educativa.

La segunda actividad fue un webinar acerca de Diseño de experiencias de aprendizaje con Carlos Andrés Ávila Dorado, un experto del Centro Eduteka de la Universidad Icesi, involucrando pedagogías emergentes, como el Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos, gamificación, aula invertida, entre otros.

La primera experiencia conjunta de la red colaborativa de colegios será este ejercicio de Modelo de Naciones Unidas virtual, que puede considerarse un “micro-MUN”, pero es un paso hacia la posibilidad de algo más grande.

Trazador misional de esta publicación:

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

A partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

Nos acercamos peligrosamente a un gobierno de botas y camándula. Por un lado, aparece este titular de prensa: “Abelardo de la Espriella sigue en peregrinación por Colombia. Se arrodilló en emblemático santuario colombiano”. Y enseguida aparece en la pantalla este otro: “El presidente electo confirmó su intención de jurar como nuevo jefe de Estado en una guarnición militar”. 

Nada más hipócrita que hacerle morcillas al diablo, para decirlo en el lenguaje de mi abuela: o sea, invocar a Dios con propósitos sacrílegos.

Colombia asiste a una reedición de su propio destino circular. A las puertas de que el gobierno de “Los Nunca” asuma el poder con los de siempre, el país parece atrapado en un vórtice temporal donde cincuenta millones de habitantes están a punto de experimentar un doloroso retroceso de ciento cuarenta años, regresando ideológicamente a los laberintos de 1886, una época en la que el territorio albergaba apenas a cuatro millones de almas.

A ese tiempo pertenece la Constitución de 1886, cuyo padre es Rafael Núñez, la cual concedió amplísimas facultades al presidente: su periodo era de seis años (con reelección inmediata e indefinida) y tenía la potestad para nombrar gobernadores, jueces y magistrados. Recuerden que Núñez fue cuatro veces presidente, aunque murió en 1894, a la mitad de su último periodo. Usó el poder hasta para inmortalizar su rostro barbudo en los billetes del Banco Nacional y el de su esposa, doña Soledad Román, en las monedas de la época.

La gravedad de nuestra crisis contemporánea se disfraza con la teatralidad de las élites, confirmando que, hoy como ayer, “primero hubo que pasar por un episodio de ñoñería mezclada de frivolidad, que en Colombia suele manifestarse en los momentos de mayor gravedad histórica”, como señaló Antonio Caballero en su libro “Historia de Colombia y sus oligarquías”.

En el centro de esta tramoya se erige la figura de Abelardo de la Espriella. Criado en las sabanas del departamento de Córdoba, bien puede ser la reencarnación contemporánea, refinada y estridente de Rafael Núñez. Comparte con el cartagenero no solo el origen caribeño y el gusto por la tribuna pública, sino esa doble condición de hombre que oscila entre la vida sibarita y el severo moralismo institucional. A su lado, operando como la conciencia jurídica e ideológica del proyecto, se sitúa el vallecaucano Carlos Alonso Lucio, quien asume el ropaje dogmático de Miguel Antonio Caro. Lucio, al igual que el Caro original, se proyecta no como un simple político tradicional, sino como un guardián inflexible de esencias doctrinales y de un orden cuasiteocrático. Aquí cabe evocar: Dios los crió y ellos solitos se juntaron; aunque les quedo debiendo el dato de dónde y cómo fue que se conocieron.  

El argumento central del nuevo “Regenerador” destila un autoritarismo pragmático: “Una república debe ser autoritaria para evitar el desorden”, pensaba Núñez. Para justificar el desmonte de las libertades modernas, De la Espriella y Lucio pretenden situar la religión católica y a Dios en el centro de todo, devolviendo la enseñanza cristiana como eje transversal de la educación pública y situando a Colombia en el medioevo. De ser el coordinador programático de Abelardo, Lucio podría convertirse en el ideólogo problemático del gobierno por entrar; problemático para nuestras libertades individuales, quiero decir.

Ya lo dijo la esposa de Lucio, Vivian Morales, la futura ministra de Educación: “Sacar a Marx y meter a Dios”. ¿Qué quiso decir con eso: que cambiarán profesores por curas y monjas? Por lo pronto, tengan presente que en países como Irán mandan locos y fanáticos religiosos.

El abogado cordobés, a pesar de sus excentricidades mundanas, recurre a la vieja fórmula de control social que unió a Bolívar y a Núñez:

“Se había convencido —como en su tiempo lo había hecho el Libertador Simón Bolívar, librepensador como él— de que la religión católica era un poderoso elemento de estabilidad y de cohesión en el país, y en consecuencia era necesario no solo transigir con ella, sino incluirla en el corazón de las instituciones”: Antonio Caballero en “Historian de Colombia y sus oligarquías”.

Como dijo el escritor Óscar Alarcón Núñez, en una columna de El Espectador (2025) hablando del natalicio de Núñez, “Después, en su gobierno de la Regeneración, fue más clero que el agua”.

¿Se avecina una espiral de violencia?

La idea un tanto absurda de usar una guarnición militar para la toma de juramento (algo más propio de un dictador, como lo señaló el expresidente Ernesto Samper), puede leerse como una actitud abiertamente desafiante con las leyes y el orden constitucional, pero también como su manera de congraciarse con la cúpula militar, como lo hizo, por ejemplo, un Hugo Chávez en Venezuela, aunque aquél si fue militar. ¿Acaso ahora sí es cierto que podríamos convertirnos en otra Venezuela? La Silla Vacía anticipó que ya hay ponencia favorable para otorgarle personería jurídica a “Defensores de la Patria”, el partido político de Abelardo.

Un viraje hacia el fundamentalismo político y religioso entrañaría peligros latentes para la frágil democracia colombiana. Bajo el régimen autoritario que se perfila (y con un nieto de Laureano Gómez —Enrique Gómez— hablándole al oído a Abelardo), la prensa libre y los sectores de oposición —particularmente aquellos identificados con la izquierda y el progresismo— se convertirán en los enemigos declarados del Estado.

Durante “La Regeneración” se promulgó la llamada “Ley de los Caballos” (Ley 61 de 1888), un instrumento de persecución política que facultaba al presidente para castigar cualquier acto que, según el gobierno, alterara el orden público, sin orden judicial o juicio previo; dicen que dicha ley fue en realidad el primer Estatuto de Seguridad. La bautizó “Ley de los Caballos” el periodista Fidel Cano Gutiérrez (fundador de El Espectador y opositor al régimen), quien sugirió que otorgar poderes dictatoriales equivalía a gobernar “como se gobierna a los caballos”: con látigo, espuelas y freno.

Si De la Espriella concibe el debate público no como un ejercicio democrático, sino como una amenaza para la estabilidad del régimen, estaría emulando la máxima de la Regeneración original: “La prensa no es elemento de paz sino de guerra”.  

Dejó constancia Antonio Caballero: “La prensa —le escribía a uno de sus ministros el presidente Núñez, que había hecho toda su carrera política desde los periódicos— no es elemento de paz sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad (es decir, enemigo del género humano) Y así, tanto el propio Núñez como sus sucesores o más bien sustitutos en la presidencia, Holguín y Caro, tan periodistas como él, previnieron y reprimieron los que consideraron excesos de la prensa de oposición con la cárcel y el destierro de sus redactores y directores durante los quince años siguientes”.

Las herramientas para contener el disenso estarían listas para ser desempolvadas: el uso de la censura bajo el pretexto de reprimir los abusos de la opinión libre, el arrinconamiento o acoso judicial (De la Espriella anunció la creación de un grupo de abogados dedicado a denunciar irregularidades del Gobierno de Petro) y el destierro mediático de los directores y redactores incómodos hasta la exclusión de la oposición de las esferas del poder por considerarla, desde el púlpito oficial, como una fuerza que milita en el error doctrinal.  

Advierte el profesor Rodrigo Uprimmy en El Espectador: “La decisión de ADLE de suspender el empalme y las declaraciones de sus cercanos como Lucio de amenzar con juicios o extradiciones a Petro, como si ellos fueran autoridades judiciales, envenenan aún más el ambiente”.

Para denunciar todo exceso del nuevo mandatario y los suyos, se necesitará un periodismo más valiente que nunca (con “los Nunca”) para lo que se avecina: es decir, se requieren más ojos y oídos en Barranquilla, sede del nuevo gobierno, que también fue la ciudad desde donde gobernó, mediante cartas y telegramas, Rafael Núñez. “Núñez se iba y volvía, de la tierra fría a la tierra caliente; y volvía a irse y volvía a volver”, dejó dicho Caballero.

El riesgo de arrastrar a una nación de cincuenta millones de habitantes a una nueva espiral de violencia es inminente, con el agravante de que quieren legalizar el porte de armas. El lenguaje de la exclusión radical ya provocó en el siglo XIX que el inconformismo liberal estallara en las armas, derivando en la Guerra de los Mil Días, nuestra guerra civil más larga y sangrienta. Si el dogmatismo de Lucio y el personalismo de De la Espriella, con el apoyo de Enrique Gómez desde el Congreso, terminan por cerrar los canales democráticos, el país podría fragmentarse nuevamente, no ante ejércitos de estados soberanos como en 1885, sino bajo el fuego cruzado de una ciudadanía polarizada y empujada a una nueva conflagración civil.  Ojalá y no.

¿Nuevos ricos en la “Patria Milagro”?

Sin embargo, hay una mutación sustancial en este retorno al pasado. A diferencia del Núñez histórico, que se mantuvo relativamente inmune a los apetitos de la riqueza personal y gobernó desde el desapego físico en su casona de El Cabrero, cabe preguntarse si la nueva cofradía de “Los Nunca” persigue un fin abiertamente mercantil.

Le escuché a alguien la hipótesis de que el nuevo gobierno no traerá la salvación espiritual de la República, sino el enriquecimiento descarado de un pequeño círculo de aliados, concentrado de manera especial en una élite reducida de la región Caribe.  Está ocurriendo, por ejemplo, en un país que tiene menos habitantes que Bogotá: “Los nuevos oligarcas de El Salvador: la vertiginosa bonanza del círculo de Bukele”, titula el diario español El País.

En este nuevo diseño institucional, el misticismo católico de Carlos Alonso Lucio sirve apenas de mampara para la verdadera deidad de nuestro tiempo: el Dios dinero. “Casi todo es negocio, incluida la política”, escribe el abogado Guillermo Pérez Flórez, y bastante razón tiene.

Detrás de la retórica patriótica de De la Espriella se asoma la sombra de Donald Trump, quien contempla a Colombia ya no como un aliado estratégico, sino como una gigantesca mina de oro y una despensa de recursos lista para ser explotada en beneficio corporativo. Yo solo pregunto: ¿Es esta alianza entre el misticismo de fachada, el clientelismo regional y el extractivismo transnacional lo que denominan la “Patria Milagro”? Mientras escribo, la prensa informa que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, inició un periplo que lo llevará hacia la Casa Blanca junto con los designados ministros de Hacienda y Comercio. Al mismo tiempo, el diario The New York Times señala que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es quien maneja el poder y los recursos naturales en Venezuela.

Echemos mano de la crónica histórica de nuestro devenir:

“Fue por entonces cuando en este país empezó́ a usarse de manera habitual la palabra “oligarquía”, que en su original griego significa “gobierno de unos pocos”. En Colombia el término se tradujo por “gobierno de los otros”: era el que usaban los conservadores para referirse al pequeño círculo de los radicales en el poder, y el que más adelante usarían los liberales para designar al círculo aún más pequeño de los conservadores, cuando cambiaron las tornas”. (Del libro “Historia de Colombia y sus oligarquías)

Hoy las tornas han vuelto a cambiar. El “gobierno de los otros” pasa a ser el gobierno de una élite caribeña y empresarial que, aliada con el capital estadounidense, podría pretender privatizar el suelo nacional. Si Antonio Caballero viviera, diría que La “Patria Milagro” no será más que una inmensa comedia de enredo con consecuencias trágicas, un sainete político donde el crucifijo se usa para bendecir los contratos de concesión y el autoritarismo presidencial se ejerce para garantizar el libre flujo de los capitales de unos pocos.

Al cabo de este doloroso viaje de 140 años hacia el pasado, Colombia corre el riesgo de descubrir que cambió su Constitución de derechos por una carta monárquica y de mercado, donde cincuenta millones de ciudadanos quedarán excluidos de los milagros en su propia tierra.  Además, a partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

No se nos olvide que el primer milagro se dio en campaña, cuando el hoy presidente electo, buscando votos, siendo ateo se volvió devoto, (ora ateo, ora creyente, como Núñez), así que tratándose de un hombre de Dios, lleno de gracia y coherencia, debería posesionarse sin vacilaciones en cualquier basílica y no en una guarnición militar.

Si ayer fue “La Regeneración”, autoritaria y problemática, desde mi agnosticismo elevo plegarias para ponernos a salvo de una era de “Degeneración”, que atente contra las libertades civiles y destripe la Constitución de 1991. Amén. 

Por la forma incierta y polémica en que discurre el empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los comisionados del presidente electo, Abelardo de la Espriella, todo parece indicar que se trata de un dramático “desempalme democrático”. Como es usual en un país donde la ley y sus formalidades suelen utilizarse para evadir lo esencial, cuando no para burlar la justicia, dicho empalme va a naufragar en medio de artículos, incisos y reuniones paralelas de ambas partes, sin posibilidades de un encuentro e intercambio responsable y riguroso de información sobre la gestión pública, que afecta la calidad de vida de todos los colombianos.

Sectarismo antidemocrático

Es una expresión más de sectarismo político que subordina el interés general de la Nación al personal y partidista de dos líderes. Dos líderes cuyas personalidades veleidosas y vanidosas les impide reconocerse como interlocutores políticos legítimos, responsables de la convivencia política, pues cada uno reclama encarnar la voluntad del pueblo colombiano. Por eso, lo que está tras escena es mucho más significativo y grave, así como de largo aliento. Se trata, nada más ni nada menos, que de la imposibilidad de un empalme de la democracia con el pueblo colombiano. Es mucho más que un simple empalme entre esas dos figuras políticas que dividen casi milimétricamente la nación, como quedó demostrado en la pírrica diferencia de 250.000 votos entre el “Tigre” y Cepeda, hoy todavía objeto de controversia. Una controversia seguramente imposible de resolver en la actualidad, como fue la existente entre Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la ANAPO y Misael Pastrana Borrero del partido conservador, que solo la historia aclaró como el mayor fraude electoral del siglo pasado, ya demasiado tarde. ¿Sucederá lo mismo con la presente controversia? ¿Será un delirio del presidente Petro o habrá un asidero tecnológico en su denuncia sobre la manipulación del software en la IP ubicada en Los Ángeles?  Por eso mismo, es un desempalme de la democracia con el pueblo colombiano, más allá de la controversia electoral. Un desempalme que viene de tiempos inmemoriales y no es de ahora. Un desempalme que recibe diversos nombres y tiene muchos protagonistas. Solo para recordar el más conocido, acuñado por Jorge Eliécer Gaitán, es el desempalme todavía existente e irresoluble entre el “País Político” y el “País Nacional”. Para las jóvenes generaciones, vale la pena recordar la forma meridiana como lo describió Gaitán en su discurso del 20 de abril de 1946, ya hace más de 80 años, en el Teatro Municipal de Bogotá: “En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. Tremendo drama en la historia de un pueblo”.

Un desempalme histórico y violento

Un drama que en realidad se convirtió en una sangría inagotable hasta nuestros días. En parte, porque en medio del cambalache electoral de mentiras y promesas, pero también de prejuicios, pasiones, emociones y odios, que cada cuatro años representan supuestos líderes salvíficos del pueblo, todo se encuentra revuelto como en el tango y se funde el país político con el nacional. Así sucedió durante el “Gobierno del Cambio”, que termina su mandato con figuras prominentes del país político como Armando Benedetti a cargo del ministerio del interior y con escándalos de corrupción que se disputan la cuantía de defraudaciones a la Nación con los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y el número de sus altos funcionarios condenados por corrupción. Y ahora, estamos ad portas de ver como asume la presidencia de la República un “TIGRE”, como si la Casa de Nariño fuera un zoológico y la Nación una selva, en la que deberá predominar la ley del más fuerte, como simbólicamente lo quiere anunciar con su posesión desde una guarnición militar.

Los que siempre han gobernado

Un Tigre que anunció de viva voz, con rugidos ensordecedores por todos los medios y plazas, que en su presidencia llegaría el momento para los que NUNCA han gobernado. Pero ha conformado un gabinete con los que SIEMPRE han gobernado, es decir, lo más granado del país político imbricado con el entramado gremial, en nombre de una PATRIA MILAGRO, que coincide plenamente con el País Político. Una Patria cuyos contornos e intereses nacionales parecen diluirse en su alianza con MAGA, pues ya el Tigre declaró en una entrevista, durante su campaña presidencial, que sería “el primer presidente colombiano del partido republicano” de Trump. Partido republicano al que destinó una generosa contribución para la campaña de Trump. En reciprocidad recibió de TRUMP su respaldo incondicional y determinante para la segunda vuelta, a semejanza de un padrino mafioso, pues todos conocemos su desinterés patriótico y democrático en los apoyos que brinda. Lo vemos con su respaldo a la presidenta interina y antidemocrática de Venezuela Delcy Rodríguez.

¿Un canciller para Maga?

A propósito, el nuevo canciller, Omar Bula Escobar, tan coherente y enérgico en su anuncio de no tener relaciones con estados antidemocráticos y menos embajadas ¿romperá relaciones con la república bolivariana de Venezuela, o hará una excepción en aras del intercambio económico o quizá por solidaridad con las víctimas del terremoto? ¿Cuál será la extrema coherencia en política internacional al normalizar y profundizar la relación con el Estado de Israel, presidido por Benjamin Netanyahu, encauzado por corrupción en su país e incurso en crimen de genocidio por la Corte Internacional de la Haya? Ni hablar del respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas que promoverá en su alianza con MAGA y Trump que la ha convertido en una hoja de papel, pues el nuevo canciller coincide plenamente con MAGA en que las Naciones Unidas perdieron su rumbo por promover y defender la “globalización” y el multilateralismo en política internacional. ¿Asistiremos, también, a un desempalme del Estado colombiano con las Naciones Unidas?

El “desempalme democrático”

Todo parece indicar que durante estos cuatro años no solo se profundizará el desempalme violento entre el País Político y el País Nacional, sino que asistiremos al ascenso de una nueva elite a la Casa de Nariño. Una elite cacocrática, militarista y tecnocrática, que ya tuvo su cuarto de hora por cerca de 12 años. Primero de 2002-2010 con el presidente Álvaro Uribe Vélez y luego del 2018 al 2022 con Iván Duque. Dichas administraciones, en nombre de la “Seguridad democrática” y el “Centro Democrático”, dejaron un legado en escándalos de corrupción, funcionarios condenados y crímenes de lesa humanidad, que todavía la Fiscalía General de la Nación y la JEP están por esclarecer plenamente. Por eso, el nuevo ministro de justicia, Iván Cancino, ya expresó que el gobierno evaluará sus peticiones de financiación, pues constitucionalmente su funcionamiento está fijado hasta el 2037. ¿Se promoverá una reforma constitucional en aras de la austeridad fiscal y la motosierra del Estado?

¿Un gobierno cacocrático-tecnocrático y militarista?

¿Será esa la verdadera identidad de la “Patria Milagro? La pregunta es pertinente, pues quizá nadie conoce mejor las entrañas de la elite cacocrática en nuestro país que el Tigre, ya que como abogado penalista se destacó por sus asesorías y la promoción de sus intereses, como lo hizo desde la Fundación Iniciativas de Paz [i], durante la desmovilización de las AUC. Pero, sobre todo, porque contará con los sabios consejos de Carlos Alonso Lucio, quien sostuvo una estrecha relación con Miguel Rodríguez, del cual recibió aportes para su actividad política, según lo revelado por el contador del Cartel de Cali, Guillermo Alejandro Pallomari González, en su indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación realizada el 16 de noviembre de 1995. También, tecnocrática, pues su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como exministro de economía del presidente Iván Duque, conoce y se mueve como pez en el agua en las profundidades y los meandros del sector empresarial y gremial. Por último, militarista, ya que anuncia el Tigre que se posesionará como presidente en una guarnición militar. Un gesto de extrema coherencia con sus consignas de “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Pero olvida que el único patriotismo legítimo es el constitucional y la Carta del 91 establece en su artículo 192 que “el presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso de la República” o, en su defecto, “ante la Corte Suprema de Justicia” y, en caso extremo, “ante dos testigos”. De hacerlo en una guarnición militar, semejante simbolismo augura una gobernabilidad castrense y no civil, contraria al espíritu de la Constitución y la democracia. Quizá todo ello se deba a que el signo de los tiempos que corren es muy parecido al de la década del 20 del siglo pasado en los Estados Unidos, que resumió el escritor alemán Hans Magnus Enzerberger en esta conocida sentencia: “el capitalismo es una mafia legal y la mafia un capitalismo ilegal”, cuyo espíritu domina Donald Trump a punta de aranceles y amenazas, acompañadas de bombardeos, cuando lo considere necesario, con el apoyo de incondicionales “gobergánsteres” que forman parte del “Escudo de las Américas”  y son entusiastas seguidores de la “Doctrina Donroe”, pero ignoran el probable colapso de su gestor en la próximas elecciones de noviembre frente al partido demócrata en el Congreso.

[i] https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/