En la Comuna 13, esa contradicción no se esconde, más bien convive.

Allí, donde durante años el Estado llegaba tarde o no llegaba, hoy llegan también visitantes con cámaras, grafitis convertidos en relato turístico y cafés que traducen la ciudad al inglés. Pero más allá de ese encuadre —el que circula en Instagram— hay otra historia que insiste: la de los jóvenes que siguen creciendo entre oportunidades fragmentadas.

Y en medio de esa tensión, una casa se vuelve a abrir.

La sede de la YMCA Medellín en San Javier no es solo una renovación física. Es, en el fondo, una declaración política: creer en los jóvenes en una ciudad que todavía no termina de decidir cómo hacerlo. La dirige Daniel Ledesma, 27 años, criado en ese mismo territorio, alguien que no llegó a “intervenir” la comuna, sino que creció dentro de ella.

“Hay en las comunidades mucho más que conflicto, hay posibilidades, arte y jóvenes con un potencial maravilloso”, me dice Daniel, sin romanticismo pero con convicción.

Su historia no es excepcional; es precisamente el punto. Es el tipo de liderazgo que Medellín necesita multiplicar, pero que aún no logra escalar. Porque mientras la ciudad se posiciona como hub tecnológico y destino global, la pregunta sigue siendo quiénes participan realmente de ese crecimiento.

La Comuna 13, Bello, el nororiente, los bordes invisibles de la ciudad: ahí se está jugando otra Medellín.

Una donde los jóvenes no solo enfrentan la presión de sobrevivir, sino la de encajar en una narrativa de éxito que no siempre les pertenece. Donde el turismo encarece la vida, donde el arriendo sube más rápido que las oportunidades, donde el inglés abre puertas, pero no todos tienen llave.

Y en ese contexto, hablar de juventud en Colombia ya no es solo un asunto social: es un asunto estructural.

Hoy, más de 12 millones de personas en Colombia tienen entre 14 y 28 años. Es casi una cuarta parte del país. Pero esa cifra, que debería ser una ventaja demográfica, convive con otra realidad: tasas de desempleo juvenil que históricamente duplican el promedio nacional, altos niveles de informalidad y brechas profundas entre lo urbano y lo rural. En ciudades como Medellín, esa desigualdad no desaparece; se redistribuye.

El país, además, está envejeciendo. La tasa de natalidad ha caído de forma sostenida en los últimos años, y eso reconfigura todo: el mercado laboral, el sistema pensional, la productividad futura. Los jóvenes de hoy no son solo una generación más; son, literalmente, la base del país que va a sostener las próximas dos décadas.

Pero hay una tensión evidente: se les exige ser el futuro, sin garantizarles el presente.

En ese vacío, también emergen fenómenos incómodos que Medellín conoce bien pero que pocas veces se integran a la conversación pública con la suficiente profundidad. El aumento del turismo internacional ha traído consigo no solo inversión, sino también dinámicas complejas como el crecimiento de economías informales asociadas al trabajo sexual, muchas veces atravesadas por desigualdad, explotación y falta de oportunidades para jóvenes —especialmente mujeres y población diversa— que encuentran en estos circuitos una salida inmediata en ausencia de alternativas estructurales.

No es una historia nueva. Es una que cambia de forma.

“Se necesita creer en los jóvenes y eso significa inversión. Necesitamos pensar en quiénes son los jóvenes de Colombia”, insiste Daniel.

La frase suena simple, pero en Medellín adquiere otra dimensión. Porque no hay un solo tipo de joven. Está el que programa desde El Poblado y trabaja remoto para una startup en California, y está el que cruza la ciudad dos horas para estudiar, o el que decide entre un ingreso inmediato o una apuesta educativa a largo plazo.

Pensar en “los jóvenes” en abstracto ya no alcanza.

Y ahí es donde el Estado —el actual y el que viene— tiene una deuda que ya no admite aplazamientos. Colombia se acerca a un nuevo ciclo político, y con él, la oportunidad (y la obligación) de redefinir su relación con esta generación. No basta con políticas juveniles nominales o programas fragmentados: se requiere una lectura profunda de quiénes son estos jóvenes, qué territorios habitan, qué economías los sostienen y qué expectativas tienen.

Porque gobernar en los próximos años será, en gran medida, gobernar para una generación que no necesariamente cree en las instituciones como lo hicieron las anteriores.

En ese mismo espacio renovado aparece otra figura que conecta la historia global con la realidad local: Sam Blyth, tataranieto de Sir George Williams, fundador de la YMCA en Londres en 1844. No es un detalle menor. Hay algo simbólico en que un descendiente directo de ese origen llegue a la Comuna 13, no como espectador, sino como aliado.

“Medellín ha tenido una historia compleja, pero es precisamente por eso por lo que queremos impulsarlo. Soy muy optimista sobre Medellín”, me dice Sam.

El optimismo, en este caso, no es ingenuo. Es una apuesta.

Porque la YMCA no está llegando a descubrir la ciudad; lleva décadas ahí. Desde 1998 en la Comuna 13, acompañando procesos que no se miden en métricas rápidas, sino en trayectorias de vida. Más de 3.000 jóvenes en los últimos años, miles de horas de voluntariado, programas que van desde formación digital hasta liderazgo comunitario.

Pero su historia es mucho más larga —y más amplia— que Medellín.

Nacida en el Londres industrial de 1844, en medio de una revolución económica que también desbordaba a los jóvenes trabajadores, la YMCA surgió como una respuesta a una pregunta que sigue vigente: ¿qué hacer con una juventud que migra, que trabaja, que cambia más rápido que las instituciones que deberían acompañarla?

Desde entonces, ha estado presente en guerras, procesos de urbanización, crisis económicas y transformaciones culturales en más de 120 países. Ha trabajado con jóvenes desplazados, con comunidades obreras, con estudiantes, con migrantes. Ha sido refugio, escuela, red, punto de encuentro. Y en todos esos contextos, hay un hilo común: juventudes atravesadas por cambios profundos, intentando encontrar un lugar en sociedades que se reconfiguran constantemente.

Lo que pasa en Medellín, en ese sentido, no es una excepción. Es parte de una historia global.

Y, sobre todo, algo más difícil de cuantificar: espacios de cuidado.

En las últimas semanas, los llamados enfrentamientos de “macheteros” volvieron a encender alertas. Videos virales, jóvenes convocados por redes sociales, violencia que parece nueva pero que tiene raíces viejas. En ese escenario, organizaciones como la YMCA vuelven a hacer lo que el algoritmo no puede: mediar, escuchar, sostener.

No se trata solo de evitar la violencia, sino de ofrecer alternativas reales.

Porque si algo queda claro al caminar Medellín hoy es que la ciudad está en disputa narrativa. Entre el orgullo legítimo de su transformación y las deudas que siguen abiertas. Entre el brillo internacional y las fracturas internas. Entre lo que se muestra y lo que se vive.

La nueva sede de la YMCA no resuelve esa tensión. Pero la reconoce.

Es un espacio con mejor luz, más accesible, más conectado tecnológicamente. Pero también es un recordatorio de algo más profundo: que el desarrollo no es solo infraestructura, es tejido social. Y que ese tejido, en Colombia, sigue dependiendo en gran medida de sus jóvenes.

Creer en ellos —como dice Daniel— no es una frase inspiracional. Es una decisión de urgencia económica, política y cultural.

Y en una ciudad como Medellín, donde todo parece avanzar rápido, la pregunta no es si va a haber futuro, sino quiénes van a poder habitarlo.

Colombia inició 2026 con una consulta pública para definir cómo implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el ejercicio parte con una propuesta de acciones prioritarias y promete escuchar a comunidades indígenas, organizaciones, ciudadanos y privados, la ruta será insuficiente si no logra traducirse en acciones concretas, como evitar que se sigan asesinando a defensores del territorio.

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Esto es lo que advierten especialistas en derecho ambiental que han seguido de cerca la aplicación del acuerdo en la región. Consultados por Mongabay Latam, destacan las experiencias, aciertos y fallas de esta implementación en países como Chile, Ecuador o México para que el acuerdo vaya más allá de solo un papel.

En Colombia, la propuesta de implementación incluye 23 acciones prioritarias que fueron trabajadas por diferentes instituciones, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que estarán sometidas a consulta pública hasta el próximo 19 de febrero.

Tras culminar ese proceso, una Comisión Intersectorial —que estará integrada por las mismas instituciones estatales— definirá plazos, metas e indicadores de cada acción que busca dar vida al Acuerdo de Escazú.

Cómo va Escazú en la ruta colombiana

Desde mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y compatible el Acuerdo de Escazú en el país, por lo que es una obligación implementar este tratado, pero cómo hacerlo, por quiénes y desde dónde es el camino que apenas se comienza a trazar.

Al anunciar la consulta pública, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sostuvo que la ruta colombiana propone acciones concretas para aterrizar el acuerdo y “promover la participación pública” en los temas ambientales.

Sin embargo, Mauricio Madrigal, abogado y especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, señala algunas deficiencias del proceso de implementación tanto en Colombia como en otros países de la región.

Más allá de la consulta, explica Madrigal, no hubo un proceso participativo amplio de formulación de esta ruta que se enfoque en las zonas más conflictivas y que dé un diagnóstico lo más real posible de la situación socioambiental por región.

“Falta elaborar, a partir de ese ejercicio de participación, un diagnóstico actual, completo y regionalizado, territorializado de la democracia ambiental y el acceso a la justicia en nuestro país. Es una oportunidad que no podemos perder con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú”, explica a Mongabay Latam.

La acción prioritaria 16 de la ruta anunciada por las autoridades colombianas sí propone realizar un diagnóstico ambiental, pero solo sobre las dificultades judiciales y administrativas.

Otra deficiencia analizada por Madrigal es el sistema de gobernanza para implementar el acuerdo, es decir, cómo se articularán los diferentes actores del sector público, indígena, académico o privado para aplicar el acuerdo en Colombia.

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Pese a la creación de una Comisión Intersectorial, el especialista señala que la participación ciudadana en este sistema queda acotada, por lo que se podrían implementar mesas de democracia ambiental donde no solo participen instituciones del Estado sino también, por ejemplo, autoridades indígenas.

“En el tema interétnico, en Colombia tenemos el gran reto de [incorporar a] las Entidades Territoriales Indígenas y a los consejos comunitarios, a esas gobernanzas desde abajo, habría que verlas muy bien”, menciona el abogado.

A las acciones prioritarias propuestas por las autoridades de Colombia, Madrigal agrega que deben ser medibles en el corto y mediano plazo para saber si resultan exitosas y no un documento más.

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Participación y acceso a la información ambiental: lecciones de Chile, Ecuador y México

Las experiencias aplicando el Acuerdo de Escazú han sido diversas en dos de los aspectos clave del tratado: acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones. Países como Chile, Ecuador y México han hecho adecuaciones para dar vida a estos derechos en sus sistemas judiciales y administrativos.

En el caso chileno, destaca Constanza Dougnac, de la organización FIMA y vicepresidenta del Consejo Nacional de Escazú en Chile, el país ya contaba con instituciones ambientales que estaban establecidas, como ministerios, subsecretaría, tribunales ambientales y de servicio de evaluación ambiental, lo que ha permitido mayor exigencia para que las instituciones entreguen información pública.

“Ha habido avance en su utilización jurídica en los litigios ambientales. Era un punto que Chile tenía avanzado porque tenemos una ley de acceso a la información, pero son avances que se perciben todavía lejanos”, comenta la coordinadora de difusión de FIMA.

Dougnac destaca también el avance en acceso a la información mediante los organismos que dan seguimiento y fiscalización a resoluciones, normas ambientales, así como a planes de manejo y descontaminación en Chile, mediante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, señala el Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), que cuenta con un sistema propio de gobernanza, integrado por diferentes representantes del sector público (organismos públicos, tribunales, gobernadores y municipalidades), pero también por el sector privado, donde participan representantes de la academia y sociedad civil.

“El Consejo Nacional de Escazú tiene también consejos regionales para hacerle seguimiento a este plan de implementación, y eso es un gran logro que empezó a funcionar a nivel nacional a finales de 2025. Es la forma en que podemos ver cómo va avanzando [el acuerdo]”, dice a Mongabay Latam.

Para tener este sistema de seguimiento, Chile también tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Durante casi 8 meses realizó talleres, encuentros presenciales abiertos a todo público en cada región del país y actividades virtuales donde participaron infancias, comunidades indígenas y ciudadanía para trabajar una ruta de implementación.

Los avances, sin embargo, no han impedido casos como el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en noviembre de 2024.

Francisca Toledo, la próxima ministra de Medio Ambiente en Chile con el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia a partir de marzo, forma parte del Consejo Nacional Escazú, por lo que desde la sociedad civil se espera diálogo e interés por seguir implementado el acuerdo, pese a las posturas del presidente electo en temas ambientales.

Por otro lado, en Ecuador el Acuerdo de Escazú fortaleció principios y derechos que ya contemplaba la Constitución del país en términos de consulta ambiental y participación en los derechos de la naturaleza, explica Gustavo Redín Guerrero, abogado y vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

“Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que es interesante, la única diferencia que terminó implementando, por vía de las sentencias judiciales, fue la no necesidad de justificar el porqué de la información”, explica.

Por ejemplo, al solicitar información sobre explotación minera, proyectos hidroeléctricos o agroindustriales, se debía argumentar el por qué de la petición, lo que cambió con la implementación de Escazú.

“Empezamos a presentar acciones de acceso a la información, nos pedían que justifiquemos esas acciones y utilizando Escazú nosotros decíamos ‘no tenemos que justificar nada, ustedes tienen que dar la información’. En ese sentido hubo un avance en términos de estándares”, dice Redín a Mongabay Latam al asegurar que hubo más argumentos jurídicos para obtener información ambiental importante.

En tanto, la experiencia en México muestra que la ratificación del Acuerdo de Escazú no es suficiente para implementarla, pues a pesar de contar con leyes y mecanismos para el acceso a la información y la consulta, no se garantiza transparencia en temas ambientales.

De acuerdo con el Informe Sombra de la implementación del Acuerdo de Escazú en México, realizado por organizaciones civiles y personas defensoras, aunque hay una gran demanda de información en materia ambiental, ésta se niega en el peor de los casos o se entrega de forma parcial, desactualizada y poco accesible.

“No hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de forma pronta y expedita, lo que tiene graves consecuencias para la toma de decisiones, los derechos colectivos y la participación comunitaria”, sostiene el documento.

Como ejemplo pone los casos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos megaproyectos ferroviarios que se fueron construyendo sin presentar estudios de impacto y evaluación ambiental, pese a la insistencia de comunidades indígenas.

Además, pese a contar con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, al no ser obligatoria ni difundida es poco utilizada por las comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de consulta pública solo se implementó en cerca del 12 % de los proyectos, entre 2014 y 2020. Mientras que el promedio de reuniones públicas no llegó ni al 1 %, de acuerdo con el informe.

“Es evidente que los mecanismos existentes para la participación ciudadana no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú”, destaca el documento.

Defensores ambientales, el gran pendiente de Escazú

La violencia letal contra personas defensoras del territorio es el mayor pendiente de la aplicación del Acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de asesinatos de estos defensores a nivel global. Solo en 2024 fue de 120 asesinatos y desapariciones.

Pese a que países como Chile y México han promovido protocolos de protección para defensores ambientales, los especialistas coinciden en que solo han sido reactivos al problema e insuficientes para prevenir la violencia.

En el caso de Ecuador, Redín destaca la ausencia de medidas para implementar Escazú en este tema, y por el contrario, el aumento de la criminalización contra defensores del territorio.

“Hay más de 50 defensores de derechos ambientales criminalizados en el marco del terrorismo, lavado de Estado y narcotráfico. Tienes una ley que está vulnerando el derecho a la asociación, un reglamento que te prohíbe hacer actividades en contra de las inversiones mineras en el país”, explica a Mongabay Latam.

Para el especialista, no hay voluntad política en proteger a quienes más fiscalizan al poder. “En vez de avanzar en un mecanismo de protección de defensores, se está retrocediendo y precisamente se está buscando criminalizar, estigmatizar y ahogar a los defensores de derechos de la naturaleza y ambientales”, agrega.

En Chile, comenta Dougnac, hay evasivas para hacer una ley de defensa ambiental y reducir la brecha que hay para que funcionarios públicos conozcan el Acuerdo de Escazú y la importancia de proteger a defensores.

“Hay una reticencia a hacer una ley de defensa ambiental y era un compromiso. Hay intereses en que esto no ocurra porque las personas defensoras ambientales tienen un rol fiscalizador, cuando tú quieres la menor cantidad de fiscalización posible, quieres menos gente molestándote para hacer tu proyecto”, sostiene.

Ante algunos retrocesos en temas ambientales y de cara al inicio de la gestión de Kast como presidente, Dougnac llama a ver Escazú como una oportunidad para reducir conflictos y no como una limitante del desarrollo del país.

“Estamos en alerta por las declaraciones que el presidente electo hizo cuando era candidato. Es muy importante que las autoridades y los privados logren entender y se hagan cargo de cómo utilizar el Acuerdo de Escazú para tener proyectos más robustos que finalmente cuenten con la aprobación de las comunidades”, agrega.

Ante este contexto y las diferentes experiencias que hay en la región se podría cuestionar para qué sirve entonces el Acuerdo de Escazú. Madrigal sostiene que no se debe esperar que esta herramienta resuelva problemas y desigualdades de fondo.

“Debemos valorar los avances en su justa medida y exigir que las autoridades dispongan de mayores esfuerzos para implementarlo, pero no pensar que porque aprueban el Acuerdo de Escazú en Colombia ya dejan de matar a defensores ambientales. Es una medida de exigencia, pero también consciente de los límites que tienen estos instrumentos”, señala.

Previo a las elecciones en Colombia este año, donde se renovará no solo la Presidencia sino también el Congreso, Madrigal señala que el reto de seguir construyendo la ruta de implementación de Escazú se vuelve mayor, especialmente cuando el tema no está en la agenda de los candidatos.

“Estamos en periodo electoral, el manejo de recursos se restringe y también este tipo de acciones de participación y socialización. Es un momento muy retador, pero también hay herramientas virtuales y ejercicios territoriales que pueden aportar”, insiste el especialista en derecho ambiental.

Ante este escenario, el mensaje para Colombia es más claro: sin diagnósticos territoriales, acciones medibles, presupuesto y la participación real de la sociedad en sus decisiones, Escazú puede convertirse en una declaración más.

Imagen principal: Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2024 y por ahora trabaja la ruta para implementarlo. Foto: Congreso de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hablar de economía solidaria es hablar de cooperativas de producción, de bienes y servicios, de cooperativas financieras, de fondos de empleados y de pequeñas asociaciones. Es hablar de territorios históricamente excluidos del sistema financiero tradicional y de millones de personas para quienes el crédito no es un lujo, sino una herramienta de subsistencia y progreso. No es menor, entonces, que este sector aporte hoy cerca del 4 % del PIB nacional, una cifra que incluso supera la contribución del café.

Bajo la dirección de Navarro, estas cifras han dejado de ser simples estadísticas para convertirse en argumentos económicos de peso. Colombia cuenta con 173 cooperativas de ahorro y crédito que captan recursos y colocan préstamos en todo el país, especialmente en las regiones más apartadas. El dato es contundente: el 90 % de las personas asociadas pertenecen a los estratos uno, dos y tres. Allí donde la banca tradicional no llega o llega con condiciones restrictivas, la economía solidaria cumple una función de inclusión financiera real y efectiva.

El impacto social es aún más significativo cuando se observa la dimensión de género. Cerca de 600.000 mujeres cabeza de familia ahorran y reciben créditos a través del sector solidario. En un país atravesado por brechas económicas y desigualdades estructurales, estas cifras reflejan una apuesta concreta por la autonomía económica de las mujeres. No es casual que, durante la gestión de Navarro, el número de ahorradores haya crecido un 3 % y el volumen del ahorro un notable 22 % a junio de este año.

A estos avances se suma la solidez financiera del sector. En los últimos dos años, las cooperativas han registrado un crecimiento histórico: cerca de 9 % más en patrimonio y un 35 % más en excedentes. Estos resultados desmienten el prejuicio de que lo solidario es sinónimo de fragilidad. Por el contrario, muestran que un modelo económico basado en la asociación, la confianza y el arraigo territorial puede ser sostenible, rentable y socialmente transformador.

Uno de los hitos más simbólicos de esta gestión fue la devolución de la Cooperativa de Caficultores del Tolima a sus asociados, tras una intervención estatal. El mensaje fue claro: la supervisión no es castigo, sino garantía; no busca destruir organizaciones, sino fortalecerlas y devolverlas a sus verdaderos dueños cuando las condiciones lo permiten.

Otro logro estructural ha sido el Pacto por la Democratización del Crédito. Gracias a este acuerdo entre entidades del Gobierno y la banca de segundo piso, se creó una oferta directa de crédito productivo y asociativo para las cooperativas de ahorro y crédito. A octubre, los resultados hablan por sí solos: más de 70.000 créditos desembolsados y más de 800.000 millones de pesos destinados a actividades productivas. No se trata de consumo inmediato, sino de inversión, empleo y desarrollo local.

Este enfoque responde a un diagnóstico claro: aunque la inclusión financiera en Colombia ya roza la universalidad en términos de tenencia de productos, el verdadero desafío está en transformar ese acceso en crédito productivo pertinente y en cerrar las brechas rurales, regionales y de género. La Superintendencia, bajo el liderazgo de Navarro, ha entendido que no basta con tener una cuenta; lo fundamental es que el sistema financiero sirva para mejorar la vida de las personas.

La historia personal de María José Navarro también explica, en buena medida, su sensibilidad social. Formada en la Universidad del Magdalena, institución pública del Caribe colombiano y escenario de importantes luchas estudiantiles, allí forjó su vocación de liderazgo y su compromiso con las comunidades afectadas por el conflicto social. Desde entonces, ha combinado el rigor técnico con una mirada profundamente humana del desarrollo.

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En sus redes sociales se define como “caribe” y afirma que entrega su “corazón por la paz”. Esa identidad se refleja en su estilo de liderazgo: cercano, firme y consciente de las desigualdades históricas del país. No ha sido un camino exento de obstáculos. Su juventud y su condición de mujer han sido objeto de cuestionamientos que difícilmente se habrían hecho a un hombre en un cargo similar. Ella misma lo ha señalado con claridad: llegar a los 31 años a una superintendencia no debería ser motivo de sospecha, sino de esperanza.

Hoy, María José Navarro representa una nueva generación de liderazgos públicos: jóvenes, técnicos, con compromiso social y capaces de demostrar que el Estado puede ser eficiente sin perder sensibilidad. Su gestión ha revitalizado una entidad históricamente discreta y ha puesto a la economía solidaria en el centro del debate sobre desarrollo, inclusión y justicia social.

Su trabajo demuestra que otra forma de hacer política económica es posible: una que no deja a nadie atrás y que entiende que el crecimiento solo es verdadero cuando se comparte.

Pero precisamente por esta misión formativa, el derecho a la filosofía no se puede restringir a licencia para el ocio creativo, por así decir, ni confundir con prerrogativas para los saberes humanísticos y sociales, en desmedro de otros campos de la inteligencia y el obrar humanos. Al propender por una educación filosofante, en las complementarias acepciones de una educación orientada filosóficamente y una educación con contenidos filosóficos, apelamos también a los “deberes de la filosofía”, pues sin las actitudes, aptitudes y responsabilidades emanadas de una genuina formación filosófica, la educación se reduce a mero adoctrinamiento y la vida social a puros entrenamiento y entretenimiento, como sucede hoy.

En el primer apartado, se ubica históricamente la necesidad del derecho a la filosofía en el contexto colombiano (1). A continuación, se indaga por la proyección del derecho filosófico en el deber de la filosofía (2). Por último, se postulan el cuidado, la interpelación y la duda como deberes de una educación filosófica al servicio de una sociedad democrática (3).

1. El derecho de la filosofía

Dentro del proyecto de Constitución de la naciente República de Colombia que en febrero de 1819 presentó en Angostura (hoy Ciudad Bolívar, Venezuela), el Libertador propuso un poder moral, a modo de complemento ético y educativo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los órganos de este cuarto poder, incluyó la creación de un Instituto de Filosofía, que por medio de la enseñanza de textos literarios se encargase de educar a los ciudadanos de la nación recién independizada de España en las buenas costumbres y en el respeto a las leyes como garantía del orden y la libertad.

Con tácita inspiración en aquella iniciativa bolivariana, más de dos siglos después se buscó incorporar en la normatividad educativa la declaración del derecho a la filosofía, en una comprensión amplia que más allá de la hermenéutica especializada de los escritos filosóficos ilustres, se extiende al trabajo de los saberes sociales (sociología, antropología, historia, entre otros) y de los saberes humanísticos (filología, literatura, estética, etc.). El texto completo de aquel artículo, que en su momento recibió significativo apoyo de la comunidad académica nacional, reza así:

Artículo:  Formación en filosofía, ciencias sociales y humanidades: se debe garantizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo colombiano el derecho de todas las personas a la formación en filosofía, ciencias sociales y humanidades, como áreas imprescindibles para la formación ciudadana integral de las personas y la sociedad en su conjunto, en el marco del Estado social democrático de derecho definido por la Constitución Política. Los nuevos retos culturales, sociales, económicos, ambientales, científicos y tecnológicos, entre otros, exige que se cuente con una formación sólida en filosofía, ciencias sociales y humanidades, de modo que se cuente con herramientas, capacidades, conceptos, teorías y comprensiones suficientes para que el abordaje y desarrollo que implican los nuevos retos se den de modo integral.

Junto con el desarrollo y formación sólida en dichos campos, bajo la perspectiva de diálogo de saberes se buscará la articulación de los contenidos disciplinarios globales, latinoamericanos y nacionales con la memoria y las tradiciones culturales.

 A través de la garantía del derecho en estas áreas se promoverá la apropiación y desarrollo de las distintas tradiciones y enfoques disciplinares y de pensamiento, junto con el diálogo de perspectivas situadas, que permita abordar, comprender, problematizar, cuestionar e intervenir en los entornos y problemas tanto de las disciplinas mismas como de los distintos contextos.

Con dicha iniciativa, se procuraba consolidar el estatuto normativo de la enseñanza de la filosofía dentro del sistema educativo colombiano, de manera que de su presencia obligatoria pero marginal en el nivel medio se avanzase a que fuera parte estructural de la educación democrática, pluralista e incluyente buscada para el país. La integración con el campo amplio de las humanidades y los saberes sociales revela que antes que la defensa de un área disciplinaria particular se alentaba una formación comprehensiva que articulara los aprendizajes del qué y del cómo de la ciencia y la técnica con las indagaciones humanistas y sociales sobre el por qué y el para qué.

Desafortunadamente, tanto el Instituto filosófico dos siglos atrás como la promulgación del derecho a la filosofía se truncaron, ayer como hoy porque los tiempos no eran propicios. En sus consideraciones, los delegados de la Asamblea Constitucional de Angostura elogiaron el proyecto del Libertador, pero estimaron que la guerra en curso contra la metrópoli no ofrecía el momento apropiado para instaurar instituciones tan idealistas y optaron por aplazar el poder moral y su componente filosófico para cuando hubiere circunstancias más favorables. Y en el presente, la proyectada ley estatutaria se malogró a causa de la resistencia ejercida por el sindicato de educadores oficiales frente a la evaluación de los docentes públicos y a la participación del sector privado en la gobernanza educativa, con lo cual el decreto filosófico se extinguió por pura sustracción de materia normativa.

Como se sabe, desde el segundo semestre de 2024 el Ministerio de Educación renunció a proseguir en el intento de una transformación de fondo de las leyes y políticas educativas nacionales y ha optado por concentrarse en fortalecer la oferta en la educación superior pública gratuita y universal, mediante el aumento y aseguramiento de la financiación, la ampliación de la infraestructura y el incremento de los cupos estudiantiles en las instituciones oficiales de educación superior.  En contravía de las políticas neoliberales aplicadas en las administraciones anteriores, que mediante subsidios y créditos a la demanda estudiantil implicaban, según los voceros del actual régimen, una indebida transferencia de recursos públicos a las instituciones privadas de educación superior, el gobierno desea responder de modo más efectivo a las expectativas de la base estudiantil que fue crucial para su elección en 2022 y promover así la continuidad del programa progresista.

Pero aparte de tácticas electorales o disputas macroeconómicas, no debe olvidarse que la educación es un derecho público, con independencia de que esté a cargo de entidades oficiales o privadas. Por tanto, su ejercicio no puede ser conculcado por la codicia empresarial, pero tampoco anulado en la práctica a causa de la desidia, ineficacia o corrupción de los agentes estatales. Y si el objetivo último apunta a la nacionalización de la educación en Colombia, como temen unos y tal vez aspiran otros, debe asegurarse que el capital material, institucional y humano alcanzado en las mejores prácticas de la educación privada sea incorporado en la gestión pública de la educación como bien común, pues de lo contrario se profundizará la brecha que se desea cerrar entre una educación cualificada muy onerosa para unas ínfimas élites adineradas y otra educación pública gratuita pero con disímiles índices de calidad para el grueso de la población, que según investigaciones como la recogida en “La quinta puerta” es precisamente lo que sucede en la actualidad para la gran mayoría de la población. Ni en la educación ni en otros campos, los problemas sociales se resuelven por la simple sustitución de una tecnocracia liberal de derecha supuestamente técnica pero al parecer sin sensibilidad social por una tecnocracia de izquierda que se declara muy sensible a las necesidades del pueblo pero quizás no cuenta siempre con suficientes capacidades técnicas.

Para justificar su énfasis en los medios y la postergación indefinida de la reforma educativa estructural, el economista Daniel Rojas ha insistido desde su posesión al frente del Ministerio en que el amor está en el presupuesto, pues sin financiación no hay derecho efectivo, pero nos tememos que sin clarificar los principios y valores que sirven de fines a las políticas educativas, tampoco hay posibilidad efectiva de debatir sobre la orientación de los recursos físicos y pecuniarios que sirven para el cumplimiento de las metas educativas. Si el autodenominado gobierno del cambio desea dejar un legado histórico para la transformación educativa en Colombia, no puede conformarse con meros cálculos controvertibles sobre cupos y partidas en el nivel terciario, sino debe avanzar hacia una propuesta de fondo sobre el sentido de la educación en nuestro país como factor imprescindible para la transformación social, más allá del llano lema propagandístico reiterado por el funcionario en reciente entrevista de que la educación es un derecho inalienable y no un simple servicio comercializable. Así sea desde la preeminencia del sector público, el cálculo utilitarista sobre costos y beneficios universitarios no puede soslayar los factores esenciales sobre el sentido de la educación integralmente considerada. Como señalaba la también economista Mariana Mazzucato en la conferencia que en octubre de 2024 dictó en la Universidad del Valle durante la Cop 16 celebrada en Cali:

“la filosofía, ¿dónde se estudia la filosofía? … Se piensa que la escuela pública es para todos, pensamos las cosas concretas, matemáticas, ciencia, inglés, computadores, sin pensar que estas mismas personas …necesitan también capacidades críticas para exigir responsabilidad al sistema …para estar seguro de que el sistema mismo está trabajando bien para el público…. La escuela pública a nivel de Liceo debería armar a los estudiantes de ser parte activa de la sociedad y de pensar en modo crítico” (https://www.youtube.com/watch?v=ZjFgZ74YAuA)

Si hoy recordamos en América Latina a don Andrés Bello al frente de la Universidad de Chile en el siglo XIX y a inicios del siglo XX a José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación en México, no se debe a las medidas administrativas y financieras que adoptaron, sino a que trazaron un derrotero político, cultural y filosófico a la educación puesta a su cuidado, erigiéndose así en modelos para todo el continente. Sin pretender agotar la cuestión, es aquí donde deseamos recuperar la iniciativa del Libertador implícitamente asumida en el derecho a la filosofía postulado en la frustrada ley estatutaria como garantía “…para la formación ciudadana integral de las personas y la sociedad en su conjunto, en el marco del Estado social democrático de derecho definido por la Constitución Política”.

2. Hacia el deber de la filosofía

La inspiración netamente filosófica del derecho a la filosofía se remonta a “El conflicto de las facultades” de 1798, obra en la que Kant defiende los fueros de la facultad menor de filosofía frente a las facultades universitarias mayores de teología, derecho y medicina. De paso, apuntemos que, al extender la formación en filosofía a los saberes humanos y sociales, en el artículo legal pergeñado se coincide con la comprensión amplia de la filosofía en esa obra, que no se restringe a la exégesis de los textos ilustres de la tradición filosófica como suele entenderse actualmente en los departamentos de filosofía, sino abarca la amplia gama de saberes sobre la sociedad y la cultura, con extensión a lo que hoy denominamos ciencias básicas.

Más recientemente, fue Jacques Derridá en los años ochenta del siglo pasado quien llamó a reconocer el “privilegio” del derecho a la filosofía, tal como se puede consultar en la traducción de la catedrática chilena Carolina Ávalos. Con su característica minuciosidad hermenéutica, el filósofo franco-argelino interpreta los múltiples sentidos y usos de la expresión “derecho a la filosofía”. Entre las inagotables variaciones que concibe, queremos destacar el carácter eminentemente jurídico que le confiere a la noción, en el que el ámbito de significación está enmarcado en el discurso de los derechos humanos.

Pero no se trata de apelar a la formalización de un presunto derecho natural a la filosofía emanado, por ejemplo, de la “philosophia perennis” escolástica o de la “metafísica natural” inscrita por Kant en la naturaleza humana, sino de la reivindicación efectiva de una aspiración histórica que, insistamos, no se agota en la filosofía académica. Relacionando con lo desarrollado por Ángelo Papacchini en su obra de 1994 “Filosofía y derechos humanos”, se puede hablar efectiva y no sólo retóricamente de “derecho a la filosofía” si lo relacionamos con el proceso de lucha por el reconocimiento de las condiciones de una vida social digna:

“los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional” (1994, p. 22).

En esta inserción del derecho filosófico dentro del “lenguaje de los derechos”, podemos preguntarnos de qué derecho se trata. Recordando la clasificación de los derechos humanos que expone el filósofo italo-colombiano en aquel libro, ¿el derecho a la filosofía es un derecho liberal fundado en la llamada “libertad negativa” de no coacción personal, o es un derecho democrático basado en la “libertad positiva” de participación política, o es un derecho socio-económico fincado en la “igualibertad” de garantizar los bienes materiales y culturales de existencia? Que todos tengamos derecho a profesar la filosofía de nuestra preferencia sin imposiciones privadas o públicas parece alinearse con la primera categoría, mientras la capacidad filosófica para el consenso y el disenso en la asamblea pública se emparenta más con los derechos de participación, a la vez que las garantías económicas y sociales para el ejercicio profesional del filosofar y la protección de las instituciones destinados a su enseñanza se vinculan en especial con la tercera clase de derechos.

El “derecho a la filosofía” se despliega en estas y otras aplicaciones pero no se agota en ellas. Tampoco concierne primordialmente a un desarrollo del derecho social a la educación pública especificado en la enseñanza de la filosofía, sino al reconocimiento institucional del filosofar como soporte de una sociedad democrática, de la misma manera que la Declaración de los Derechos Humanos antes que formalizar los derechos que se desprenderían de la naturaleza humana, los estatuye mediante el acto de su declaración. Aplicando la conocida expresión de Hannah Arendt, estimamos que el “privilegio” que reclamaba Derridá reside en que el filosofar se constituye en condición para tener derechos. En el último apartado, indagaremos por los deberes que se derivan de este derecho a la filosofía así entendido.

3. Cuidar, interpelar, dudar: deberes de la filosofía.

Puntualizado lo anterior, desentrañaremos ahora los “deberes de la filosofía”, tanto en el sentido objetivo de la filosofía como objeto de la educación (la enseñanza de la filosofía como deber educativo) como subjetivo  de “los deberes” que le corresponde atender a la educación en filosofía (los aprendizajes filosóficos que deben enseñarse). Para comenzar por la primera variante, en ningún momento se trata de seleccionar un sistema filosófico particular para adoctrinar con este a la población según las conveniencias de un determinado régimen sociopolítico, sin que creamos que es posible ni deseable una educación doctrinariamente aséptica y filosóficamente neutra. Lejos de una determinada filosofía pero también de cualquier filosofía, se trata de establecer los aprendizajes filosóficos, o si se prefiere en términos pedagógicos, las “competencias filosóficas” más apropiadas para la formación de la ciudadanía en el seno de un “Estado social-democrático de derecho”, según el principio de la Constitución Política.

Exploraremos entonces algunos de los deberes de la filosofía que se desprenden del derecho a la filosofía, englobada con los saberes sociales y humanos. Retomando la expresión de Derridá, ¿por qué el Estado debe garantizar de manera especial la enseñanza del filosofar dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad, como quedaba consignado en el artículo sugerido en la ley estatutaria? Aunque  hace parte de lo que se busca, el asunto va más allá de que personas con vocación filosófica y humanística dispongan de las condiciones institucionales y materiales para dedicarse a las investigaciones filosóficas de su predilección, o que reciban más apoyo los centros de formación filosófica tanto en la modalidad de estudios profesionales como de docencia, o que se amplíen las oportunidades de trabajo gracias a la extensión de las clases de filosofía y temas afines en todos los pénsumes de colegios e instituciones de educación superior.

Sin negar la importancia de afinar el desempeño didáctico, tampoco creemos que la solución consista en que deleguemos las responsabilidades filosóficas a las ciencias de la educación y la pedagogía, cuando en realidad estas mismas requieren de dilucidar su horizonte filosófico. Ni se trata de cohonestar con una renovada sofística como la que pulula como filosofía en las redes sociales y recibir patente para opinar sin ningún control sobre lo divino y lo humano. Como alertaba Daniel Herrera Restrepo, el discurso filosófico se reconoce porque no se pronuncia de manera aleatoria sobre cualquier tema según los humores e intereses cambiantes de quien lo enuncia, como sucede a menudo en las columnas de prensa y en los podcast, sino responde a una unidad de fondo tanto en los temas como en los enfoques, pero sobre todo en las preguntas adoptadas.

En definitiva, más allá de poder dictar más cursos sobre temas filosóficos, el derecho a la filosofía concierne a cómo el “ethos filosófico” estructura las creencias, palabras y acciones de las gentes como condición de posibilidad para la libertad de las personas, la justicia social y el cuidado de la vida. Sin negar la fecundidad de otros acercamientos filosóficos, tomaremos como guía las llamadas “reglas del sensus communis” postuladas por Kant en el § 40 de la “Crítica de la facultad de juzgar”. Reiterando lo que críticos de la Modernidad como Adorno, Foucault y entre nosotros Estanislao Zuleta señalaron en su momento, las tareas pendientes de la educación siguen siendo “pensar por cuenta propia” (educación para la libertad), “pensar en el lugar de cada otro” (educación para la justicia) y “pensar de manera consecuente” (educación para el cuidado de la vida). Y si relacionamos cada una de estas reglas con los tres conflictos intra-universitarios que reconstruye Kant en “El conflicto de las facultades”, podemos disponer de una pauta hermenéutica para relacionar los deberes asignados a la enseñanza de la filosofía con el filosofar como deber de la educación y de la sociedad en general, en el marco amplio y complejo de la educación filosófica.

El deber del cuidado

Invirtiendo el orden asignado por Kant, empezaremos por la regla del pensar consecuente, que más allá de la coherencia formal en el pensamiento, apunta a que nuestras acciones sean plenamente responsables con nuestra condición de seres sentipensantes finitos. En el “Conflicto de las facultades” esto se proyecta al capítulo final dedicado a la medicina, en el que la filosofía provee de consejos (imperativos hipotéticos de prudencia) como “respirar bien”, “dormir bien” y “comer bien” que motivan la preservación de la salud del cuerpo (salud mental incluida) y ayudan a prevenirlo de la enfermedad. Rebasando el antropocentrismo kantiano, se configura la enseñanza filosófica del cuidado, que en nuestros días se proyecta a la responsabilidad plena con la potenciación de la vida en su rica pero agotable variedad, tal como se debate en las conferencias mundiales sobre medio ambiente y biodiversidad.

Como se trata de un actuar prudencial, el pensar consecuente debe ponderar las responsabilidades a largo, mediano, corto e inmediato plazo con las exigencias de la conservación y las necesidades y urgencias de cada día, no sólo por quienes gestionan las políticas públicas a diferente escala, sino frente a las decisiones mismas de las personas y las comunidades en su transcurrir habitual. En síntesis, el deber de garantizar y orientar una genuina educación filosófica para cuidar, ser cuidados y autocuidarse se erige en responsabilidad para la conservación y promoción de la vida en el seno de la naturaleza, dentro de una amplia asunción de nuestra corporeidad. Como se señaló en México en la propuesta de la “Sociedad del cuidado” formulada durante la “XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y El Caribe” desarrollada en agosto de 2025:

“Situar el cuidado de las personas y del planeta en el centro, como propone el paradigma de la sociedad del cuidado, implica reconocerlo como un bien público, es decir, como un bien cuya provisión beneficia al conjunto de la sociedad…sosteniendo tanto la vida como el funcionamiento de la economía y garantizando así…un futuro más inclusive y sostenible” (citado por RUÍZ NAVARRO, Catalina “La sociedad del cuidado” El Espectador, Bogotá, jueves 28 de agosto de 2025, p.16)

El deber de la interpelación

Pasando ahora a la regla del pensar ampliado, estimamos que “pensar en el lugar de cada otro (y otra)” puede vincularse de manera especial con el mundo de las relaciones políticas abordado por Kant en la segunda parte de “El conflicto de las facultades” y en otros escritos como “Hacia la paz perpetua”. Tanto en la esfera nacional de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con el Estado, como en la esfera internacional de las relaciones entre los Estados y de los seres humanos entre sí como integrantes de una sociedad cosmopolita, el criterio último que posibilita la justicia política reside en el principio de publicidad, que pone la libre comunicación como principio de una república en que la voluntad del legislador emane de la voluntad general de la ciudadanía, ampliada virtualmente a la humanidad en su conjunto. Y para alcanzar esto, se defiende el derecho de los filósofos a servir de puente entre los fueros de la razón, que no son otros que los genuinos intereses del pueblo, y las decisiones del gobernante, no para sustituirlo, como vanamente aspiraba Platón con la figura del rey-filósofo, sino para garantizar la justicia de la administración pública al recoger los intereses de la comunidad.

De manera análoga a la actualización de la primera regla, aquí hay que salir de la concepción elitista de la figura del filósofo y propugnar como deber en una sociedad democrática por una educación filosófica universal que cultive el potencial de todas y cada una de las personas para interpelar a las autoridades y los sectores dominantes en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de las injusticias sociales, no negando los propios derechos pero sí descentrándose de los propios intereses para abrirse a los de los demás, en uno y otro caso siempre que sean compatibles con los derechos de la humanidad.

El deber de la duda

Y después de haber esbozado la educación del cuidado como deber filosófico para la protección de la vida y la enseñanza de la interpelación como deber filosófico para la justicia en una sociedad democrática, formularemos el deber filosófico de la pedagogía de la duda como tarea educativa de la filosofía en aras de motivar la libertad de las personas morales. Aquí opera la primera máxima del sensus communis, que recoge el llamado a pensar por cuenta propia expresado por Kant en su opúsculo de 1784 “Respuesta a la pregunta Qué es la ilustración?” Pero contra lo que podría suponerse a primera vista, en ningún momento implica una licencia a pensar de cualquier manera según el capricho del propio arbitrio. Contra el voluntarismo de cierto libertarismo tan irresponsable como superficial, las tres reglas se hallan concatenadas, de modo que pensar y actuar de manera autónoma requiere de desarrollar la capacidad para considerar las posiciones ajenas e incluso extrañas, y la voluntad para obrar en consecuencia. La duda, que en el “Conflicto de las facultades” se alza como antídoto contra el fanatismo y la superstición que Kant detectaba en la teología clerical, se aplica hoy en especial a las ideas mal fundadas y falsas verdades que circulan en la sociedad, en especial a través de los canales digitales.

Sin embargo, debe aclararse que educar para la duda no equivale a sembrar una desconfianza sistemática hacia la ciencia y las instituciones, sino al contrario, formar el criterio para discernir las condiciones de verdad de las distintas posiciones científicas, políticas o de cualquier orden. En contra de la aceptación a-crítica de cualquier dogma, una educación en filosofía y una educación con impronta filosófica deben formar en el espíritu de un sano escepticismo, que no es lo mismo que renunciar a toda creencia y optar por un eclecticismo cómodo o por un relativismo perezoso.

Como advierte Kant en “Cómo orientarse en el pensamiento” (17l86), se trata de someter toda fe (sacra o profana) al examen de la razón, entendida no como un tribunal exterior que impone su autoridad sobre las opiniones aisladas de los creyentes (función de las iglesias, academias y conciliábulos), sino como la autoridad emanado del libre juicio de cada cual en diálogo con la razón de cualquier otra persona, dentro de una honesta interacción.  Según puntualiza Damián Pachón en reciente columna:

 “la crítica … es sospecha, se basa en la duda, en el escepticismo; descree de los dogmas, de las ideas definitivas, desconfía. La crítica, pues, es el mejor antídoto contra el absolutismo y el dogmatismo; es necesaria para pensar mejor, para hacernos preguntas y plantear problemas inéditos, para pensar por «fuera de los límites y de los marcos de sentido establecidos» y para «descolonizar la mente». La crítica es necesaria para cuestionar el poder político, la normalidad patológica que nos envuelve, los medios de comunicación y la información que nos ofrecen. De esta manera, también, podemos acuciar la imaginación para mejorar el mundo en el que vivimos…” (agosto 23 de 2025).

Conclusión

Para culminar, es palpable que esta propuesta sobre los deberes con la filosofía y de la filosofía trasunta una concepción edificante sobre el filosofar, afín a la “moralidad” formal kantiana cuestionada por Hegel desde la “eticidad” histórica. Desde luego, no es el momento de entrar en esta discusión, así que sólo apuntaremos que la defensa normativa de un “derecho a la filosofía” exige que la educación filosófica asuma sus responsabilidades en la búsqueda entrelazada de una existencia humana más libre, una sociedad más justa y una vida más sustentable, de igual modo que el derecho a la paz implica el deber de preservarla. Sin perjuicio de adoptar posiciones de corte más realista o pragmático sobre uno y otro, aquí se articulan de manera estrecha el derecho-deber de la filosofía y el derecho-deber de la paz, en la medida que los deberes filosóficos de la enseñanza de la duda contra el dogmatismo y el despotismo, la enseñanza de la interpelación en nombre de las víctimas y la enseñanza del cuidado global de la vida se constituyen en condiciones para la paz con las personas, con la sociedad y con la naturaleza. En lenguaje kantiano, se trata del ejercicio del uso público de la razón, o de lo que hemos llamado “pensar en tiempo real”.

Fuentes

ÁLVAREZ GALLEGO, Alejandro “Tendencias de la educación superior en Colombia” Bogotá, conferencia en la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana, 25 de febrero de 2025, 1;45;22.

ARENDT, Hannah “The origins of totalitarianism”

 New York: Meridian Books, 1958 (1° ed. 1951), “The perplexities of Rights of Man”, 290- 302.

BOLÍVAR, Simón “Doctrina de El Libertador Simón Bolívar” Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2009, sobre el poder moral, pp. 148- 155. Edición digital.

CÁRDENAS, Stella “La ley estatutaria de la educación y la transformación educativa” Le Monde Diplomatique Colombia, julio de 2024, versión digital.

CORTÁZAR, Roberto y CUERVO, Luis Augusto (compiladores) “Actas del Congreso de Angostura 1919-1820” edición digital, tomada de la edición de la Presidencia de la República de Colombia, 1988. En especial “Acta 139 del 11 de agosto de 1819”.

DERRIDÁ, J. “Privilegio, o del derecho a la filosofía” (1990, trad. Carolina Ávalos) Universidad Austral de Chile, 2023, 136 p.

DILTHEY, John “Democracia y educación” (original inglés 1916) Madrid: Morata, 1998, 320 p.

DUZÁN, María Jimena “Con Petro la educación pública se fortaleció, pero…” Entrevista con el ministro de educación Daniel Rojas Medellín, videopodcast A fondo, emitido el miércoles 17 de septiembre de 2025, 48:05.

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio; CÁRDENAS, Juan; FERGUSSON, Guillermo “La quinta puerta. De cómo la educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas” Bogotá: Ariel, 2021, 327 p.

KANT, Immanuel “Contestación a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? (1784, trad. Roberto R. Aramayo, ISEGORÍA, Madrid, /25 (2001), pp. 287-291.

KANT, Immanuel “Cómo orientarse en el pensamiento” (1786, trad. Carlos Correas) Buenos Aires: Leviatán, 1982, 71 p.

KANT, Immanuel Crítica del discernimiento (1790, trad. Roberto Rodríguez Aramayo y Salvador Mas) Madrid: Machado Libros, 2003, pp. 197- 241.

KANT, I. “Sobre la paz perpetua” (1795, original alemán “Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf”, trad. José Luis Abellán) Madrid: Tecnos, 1998, 69 p.

KANT, I. El conflicto de las facultades (original alemán 1798, trad. Roberto R. Aramayo) Madrid: Alianza, 2003, 238 p.

KANT, E. En defensa de la Ilustración (selección de opúsculos, 1784- 1798, introducción José Luis Villacañas, traducción Javier Alcoriza y Antonio Lastra) Barcelona: Alba Editorial, 1999, 408 p.

MAZZUCATO, Maríana “Crecimiento inclusivo y sostenible”, conferencia en la Universidad del Valle, 29 de octubre de 2024, 1:59:24. Pasaje 1:51:31 a 1:53:24). https://www.youtube.com/watch?v=ZjFgZ74YAuA

NUSSBAUM, Martha “Sin fines de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades” Buenos Aires: Katz, 2010, 199 p.

PACHÓN, Damián “¿Qué es eso del pensamiento crítico?” blog “Filosofía y coyuntura” de El Espectador, edición digital, 23 de agosto de 2025.

PAPACCHINI, A. “Filosofía y derechos humanos” Cali: Universidad del Valle, 1994, 373 p.

PETRO URREGO, Gustavo “Alocución presidencial. Logros en la educación” Bogotá, martes 2 de septiembre de 2025, 1:25, 14. Youtube.

ROJAS, Daniel “Informe de datos de educación superior en Colombia”, emitido el 31 de julio de 2025, 1:18:15. YouTube.

RUÍZ NAVARRO, Catalina “La sociedad del cuidado” El Espectador, Bogotá, jueves 28 de agosto de 2025, p.16.

VARGAS, E. Juliana y PRADA. Maximiliano “Sobre el olvido del derecho a la filosofía en la ley estatutaria de educación” en el Blog “Filosofía y coyuntura”, de Damián Pachón Soto, El Espectador, Bogotá, publicado el 11 de junio de 2024.

VARGAS, E. Juliana; ÁVALOS, Carolina; PAREDES, Diana Melisa “Cuál es el balance de la acción política en torno al derecho a la filosofía y su impacto en la sociedad”, pánel emitido en “El puente” de Uniminuto Radio el miércoles 6 de noviembre de 2024, 50:14.

Una versión preliminar de este texto se expuso en el foro “¿Cuál es la educación filosófica que necesita Colombia?, realizado entre el 7 y el 8 de noviembre de 2024 por el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle en Cali.

Lo que hacen allí no es caridad ni asistencia. Es un modelo de intervención directa con madres, padres y cuidadores, que combina formación práctica, herramientas emocionales y propone espacios de capacitación para algunas mamás que manifiestan estar preparadas para la vida productiva. Un modelo que entiende que, si no se fortalece el entorno de los adultos, no hay desarrollo infantil posible. Y que la crianza no puede seguir siendo una carga individual cuando las condiciones estructurales son tan adversas.

Una cifra basta: el 51% de los niños entre 0 y 5 años en Colombia no accede a servicios de atención integral. No es solo que falten jardines. Faltan espacios de apoyo para las madres, redes comunitarias, herramientas mínimas para enfrentar una etapa que, mal acompañada, se convierte en riesgo.

Visité la Fundación una mañana cualquiera, no hay fachada ostentosa. No hace falta, lo que se construye ahí adentro es más importante: un proceso de formación que pone el énfasis donde suele ignorarse —el día a día de las familias. Allí, las mujeres aprenden a enfrentar algo que en los discursos sociales y culturales casi nunca nombran, el desgaste cotidiano, la sobrecarga mental, el agobio de criar sin respaldo.

Los talleres abordan temas concretos: cómo establecer rutinas con los hijos, cómo acompañar procesos de aprendizaje temprano, cómo cuidar de sí mismas. No hay lugar para la retórica del sacrificio materno. Aquí se trata de eficiencia, de resultados. Y los hay: mejoras en el vínculo madre-hijo, aumento en la escolarización temprana y disminución de prácticas de castigo físico.

El país lleva años discutiendo una reforma al sistema de cuidado, pero la conversación sigue estancada en tecnicismos o buenas intenciones. Mientras tanto, la economía del cuidado recae casi exclusivamente sobre las mujeres, sin salario, sin descanso, sin reconocimiento. Según cifras del DANE, las mujeres dedican en promedio más de siete horas diarias al trabajo no remunerado. Y en hogares con niños pequeños, esa cifra puede llegar a diez.

La Fundación no puede resolver esa inequidad estructural, pero funciona como una respuesta concreta  que abre posibilidades en medio del vacío institucional. Por cada mujer que pasa por sus programas, se impactan varios frentes para el bienestar de las familias como la salud mental, la crianza y la educación de los hijos. El círculo virtuoso es evidente. El problema es que este tipo de iniciativas aún dependen de voluntades privadas, donaciones, alianzas con empresas. El Estado las ve, a veces, con simpatía. Pero no con la urgencia que requieren.

En una de las sesiones, una mujer me dijo: “Aquí no vine a que me den algo. Vine a aprender”. Esa es la lógica que opera en este tipo de espacios. No paternalismo. No lástima. Formación. Escucha. Proyección. Hay una palabra que escuché varias veces y que resume bien lo que ahí ocurre: “dignidad”.

Lo que se enseña en Amiguitos no es místico ni alternativo. Es práctico, necesario y transformador. Es lo que debería estar en el centro de una política pública seria de atención a la infancia. Que empieza por reconocer que cuidar no es solamente un instinto, sino una capacidad que se puede formar, fortalecer y multiplicar. Pero para eso se necesitan estructuras, recursos, voluntad política.

El actual Plan Nacional de Desarrollo menciona el sistema nacional de cuidado como una prioridad, pero las cifras de inversión en primera infancia no se han movido significativamente en la última década. En 2023, el gasto público por niño menor de cinco años fue de apenas 2.3 millones de pesos anuales —muy por debajo de países con niveles similares de ingreso. Esta baja inversión limita la posibilidad de escalar experiencias exitosas como esta, y con ello, de cerrar brechas desde los primeros años de vida. La consecuencia no es solo injusta: es costosa. Un país que no invierte en la infancia termina pagando con desigualdad perpetuada, bajo desempeño escolar, salud frágil y productividad estancada.

Y, sin embargo, cada historia que se construye en estos espacios demuestra que sí se puede. Que cuando se invierte en el comienzo, se previenen fracturas que más adelante costarían diez veces más. Que la infancia, bien acompañada, no necesita milagros, solo decisión. Porque si un país quiere cambiar de verdad, no empieza por las élites ni por los discursos. Empieza por la infancia. Y por quienes, día tras día, hacen lo posible para que ese comienzo no sea una condena, sino una oportunidad.

Un susurro de gratitud, una melodía que asciende desde las profundidades del alma…

Toda la vida llevaré tatuado en el espíritu el privilegio inmenso de haber hollado los senderos de la educación superior. Fui con la humilde ambición de pulir mi oficio, de ser una mejor profesional que aquella que la experiencia empírica había moldeado. ¡Oh, sorpresa del destino! Encontré no solo un aula, sino un espejo que desveló una verdad oculta: era una mujer ignorante de mi propio ser, cuyas desigualdades estaban intrincadamente tejidas a una condición humana diferencial. Esa madeja invisible había marcado mi progreso profesional, social, familiar, trazando límites a mis logros, sembrando la semilla del fracaso en mi corazón y, en ocasiones oscuras, arrebatándome las ganas de vivir.

Hoy, antes de destejer las reflexiones que habitan mi hiperactividad mental, les hablo desde la desnudez del corazón. Y en este espacio íntimo, quiero alzar una copa imaginaria, un brindis sonoro que resuene en el universo:

¡Salud a mi patrocinadora, a la gracia que floreció en mi vida para abrazar mi proceso de emancipación intelectual y académica! ¡Salud a su existencia, a su generosidad sin nombre, quizás una Pérez, una Gómez, una Rodríguez, una Hernández, una Díaz o una Castellanos, un alma que reconoció en mí una chispa y decidió avivarla! Gracias a mis docentes formales e informales, ante todo a mi extraordinaria familia de tres personas conmigo ( Mi hija y mi esposo)

A la doctora Caren Rodríguez ( así con C así lo escribe la doctora ) neuropsicologa Colombiana, Gracias Caren por tu trabajo en mi vida y todo lo que has hecho en el país por las personas neuro divergentes.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Cristina Vélez Valencia por su amistad y confianza profesional.

Su trayectoria como líder en instituciones públicas y privadas, especialmente como Secretaria Distrital de la Mujer y Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa, es verdaderamente inspiradora.

También su papel como Vicepresidenta de Articulación Público-Privada en la Cámara de Comercio de Bogotá y actualmente como Decana de la Escuela de Administración en la Universidad EAFIT refleja su compromiso con el impacto social.

Gracias a ella, tuve la oportunidad de iniciar mi camino como comunicadora y oradora en el ámbito de la neurodiversidad.

Su influencia ha sido un faro para muchos, incluyéndome a mí.

Además, hago extensiva mi gratitud al exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria, intelectual, académico, orador, y escritor pensador por las valiosas reflexiones que me ha permitido tener en torno a las neuro diversidades. Hoy lo considero un amigo, así como a todas las personas que me han brindado la oportunidad de florecer en mi emancipación intelectual.

A Raúl Diaz comunicólogo y mi mejor amigo.

Inicio de la Reflexión Edu – comunicativa:

Hoy inicio mis “Reflexiones Desordenadas” en torno a la compleja realidad de la educación en nuestro país y en el mundo.

Les comparto mi experiencia modesta en el Foro de participación de una de las asignaturas de mi maestría sobre investigación y los desafíos cruciales que enfrenta la educación en este siglo, un siglo que la UNESCO nos recuerda se proyecta con retos significativos hasta el año 2050 (UNESCO, 2021).

Escribo como Edu – comunicadora, periodista para el desarrollo humano, comunicadora para la vida, activista, desde todas las mujeres que he sido, que soy en busca de la mujer que aún no conozco.

Desde este lugar de enunciación múltiple, la discusión planteada en el foro por mi compañera Paula Alejandra Castro Torres (2025) حول la importancia de anclar la investigación en las prácticas pedagógicas resuena con una fuerza particular. Su llamado a generar conocimientos investigativos para la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje es fundamental.

Sin embargo, esta visión debe confrontar las barreras sistémicas que impiden una verdadera inclusión educativa.

Un saludo muy especial a la sub colectiva de Feminismo Artesanal Neuro divergencias en resistencias sin esta colectiva mi vida seria mucho más difícil hoy todo tiene sentido y tengo esperanza real en la vida gracias a todas estas experiencias y oportunidades.

(Parte 1 – Desafiando las Brechas: Clase, LAS Neurodiversidades y la Promesa Incumplida de la Virtualidad)

Mi experiencia personal al intentar acceder y permanecer en la educación superior ha estado marcada por desafíos que van más allá de lo meramente académico u económico .

Como lo compartí en el foro, el privilegio de estudiar virtualmente, presentado a menudo como una solución democratizadora, se revela como un espejismo para quienes no cuentan con las condiciones materiales básicas: internet de calidad y un computador (reflexión propia).

Esta brecha de clase, como bien lo señalé, se suma a la invisibilización de Las neuro diversidades en un sistema educativo históricamente diseñado para el cerebro típico.

La reflexión de Paula Alejandra sobre cómo pasar de la práctica pedagógica a la investigación educativa (Castro Torres, 2025) es un camino valioso, ¿Cómo emprendemos ese camino cuando las necesidades de aprendizaje de una parte significativa de la población son ignoradas o patologizadas con estigmas ?

Mi propio tránsito por el sistema educativo, desde una validación del bachillerato hasta mi actual maestría en la UNAD, ha sido una lucha constante por encontrar espacios y metodologías que se adapten a mi forma de procesar el mundo.

Las neurodiversidades, como lo explican Jaarsma y Welin (2011), no son una rareza, sino una variación natural de la condición humana que exige un cambio radical en nuestras concepciones pedagógicas. Y esta lucha no es solo mía; la emprendo a través de mí, por las otras y para las otras, porque ese es el tejido de “mi” Feminismo Artesanal.

(Parte 2 – La Inteligencia Artificial: ¿Aliada o Nuevo Factor de Exclusión?)

La conversación sobre el futuro de la educación superior hacia 2050, planteada por Paula Alejandra y la UNESCO (2021), inevitablemente nos lleva al epicentro de la inteligencia artificial.

Si bien la IA ofrece herramientas potencialmente transformadoras para el aprendizaje personalizado y la superación de barreras de acceso, también encierra el riesgo de convertirse en un nuevo factor de exclusión si no se aborda con una perspectiva inclusiva y ética (UNESCO, 2023).

Como persona neurodivergente, vislumbro en la IA un aliado crucial para mis procesos de metacognición y para la superación de las dificultades de expresión escrita que a menudo no se alinean con mi fluidez oral (reflexión propia). Sin embargo, me inquieta profundamente el debate sobre la “humanización” de textos generados por IA para cumplir con normativas académicas.

¿No deberíamos, en cambio, enfocarnos en el valor agregado del conocimiento y en la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en la transformación de sus propias vidas y de su entorno?

La propuesta sobre la formación de investigadores en educación (Castro Torres, 2025) debe integrar una reflexión crítica sobre el impacto de la IA en la investigación y en la propia definición de conocimiento.

¿Estamos preparando a los futuros investigadores para colaborar con la IA de manera ética y creativa, o para simplemente replicar modelos preexistentes?

(Parte 3 – Un Llamado a la Inclusión Radical y a la Evaluación Transformadora)

La pregunta de Paula Alejandra sobre si la investigación educativa se limita al entorno escolar (Castro Torres, 2025) nos recuerda la amplitud de los espacios de aprendizaje.

En todos estos espacios, la inclusión radical, que abarca LAS neurodiversidades y las desigualdades de clase, debe ser el principio rector.

La evaluación, como lo señala Vivanco de Uribe (2003), debe ser una reflexión crítica sobre la práctica educativa.

Desde mi perspectiva edu – comunicativa y mi experiencia personal, abogo por una evaluación centrada en la praxis, donde se valore la capacidad de los estudiantes para aplicar el conocimiento en situaciones reales y para explicar cómo este ha generado un cambio significativo en sus vidas (reflexión propia).

Mi anhelo como futura docente es trascender la mera repetición de teorías y fomentar una comprensión profunda y transformadora.

Este camino lo recorro desde mi Feminismo Artesanal, tejiendo redes y saberes para otras.

El desafío que enfrentamos hacia el 2050, como lo señala la UNESCO, exige un compromiso con la equidad y la calidad educativa.

Para lograrlo, debemos desafiar los márgenes de la educación tradicional, abrazar LAS neurodiversidades como un valor inherente a la condición humana y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para la inclusión, no para la exacerbación de las desigualdades.

Solo así podremos construir un futuro educativo donde todas las voces, todos los cerebros, tengan la oportunidad de florecer.

Colofón:

Valoro a cada lector y lectora que llegó hasta aquí.

Agradezco profundamente su tiempo y su atención.

Me encantaría conocer sus propias reflexiones sobre estos temas, porque el diálogo colectivo es fundamental para avanzar.

Valoro inmensamente la dedicación con la que me siguen en este espacio. Escribirles le da sentido profundo a todo mi proceso, porque pienso en cada persona a la que mis reflexiones puedan acompañar en lo complejo de nuestra realidad.

Hasta las próximas “Reflexiones Desordenadas”, se despide de ustedes, su escribidora.

Referencias:

• Castro Torres, P. A. (2025, 7 de abril). Foro colaborativo. [Transcripción del texto proporcionado].
• Jaarsma, P., & Welin, S. (2011). Autism as a natural human variation: Implications of the neurodiversity paradigm. Autism, 15(6), 671-679.
• Unesco. (2021). Pensar más allá de los límites: perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050.
• Unesco. ¹ (2023). Informe GEM 2023: Tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?.   1. www.redalyc.org www.redalyc.org
• Vivanco de Uribe, M. (2003). Investigación educativa: una reflexión crítica. Educere, 6(21), 73-81.

Diego: Lo primero que quisiera abordar el rol en el jardín botánico de NY el año pasado, especialmente con la COP16, sumado a los eventos en la Semana del Clima de Nueva York y el maravilloso encuentro que organizaste junto a Wade Davis, Cristian Samper y otras figuras clave del país en temas de biodiversidad. Ha sido evidente tu esfuerzo, desde tu trabajo en Kew Gardens, por transformar los jardines botánicos en actores dinamizadores de la investigación científica y del debate público, sin perder de vista su importante función pedagógica. Creo que empezar hablando de esto es fundamental.

Mauricio: En la COP 16 tuvimos varios paneles de discusión donde resaltamos el papel fundamental que juegan hoy en día los jardines botánicos en la acción climática y ambiental. Su función va mucho más allá de ser un espacio de recreación o esparcimiento, o simplemente de tener jardines bonitos que la gente pueda visitar. Los jardines botánicos han evolucionado a lo largo de la historia y, actualmente, cumplen un rol esencial al conectar a la ciudadanía con la naturaleza. No existe otra institución capaz de establecer este vínculo de forma tan efectiva, especialmente para quienes viven en las ciudades. 

Hoy en día, los jardines botánicos combinan varias funciones: el componente recreativo y educativo sigue siendo importante, pero también tienen un rol clave en la investigación, la conservación y la restauración de ambientes naturales. Dentro de sus áreas, se realiza conservación ex situ, pero muchos jardines también están comprometidos con la conservación in situ en áreas naturales, trabajando activamente en la restauración de ecosistemas. 

Si miramos su origen, los jardines botánicos nacieron durante el Renacimiento en Italia como pequeños espacios dedicados a plantas medicinales y especias esenciales para mantener la calidad de vida. Para cuidar estas plantas, era necesario identificarlas correctamente, entenderlas, cultivarlas, propagarlas y saber qué hacer si enfermaban. Esta necesidad de conocimiento impulsó su asociación con la investigación científica. 

Con el tiempo, los jardines botánicos crecieron y se transformaron, incorporando especies de distintas partes del mundo y adaptándose a los momentos históricos. Hoy en día, son espacios únicos que conectan directamente con los ecosistemas y la naturaleza en un contexto urbano. A diferencia de los museos, que exhiben especímenes preservados, o las universidades, donde la naturaleza se entiende a través de textos, los jardines botánicos ofrecen una conexión directa y vivencial con la biodiversidad. 

En el Jardín Botánico de Nueva York, por ejemplo, nuestra misión es comprender la diversidad de plantas y hongos del planeta, así como sus usos para el beneficio de la humanidad y de todas las formas de vida. Actuamos como defensores de esta diversidad, con colecciones atractivas que fomentan la reconexión y el esparcimiento, pero también con un área educativa y científica extremadamente sólida. 

Un ejemplo de nuestro impacto social y ambiental es el manejo de unas 300 huertas urbanas en Nueva York. Trabajamos con comunidades locales, capacitando y entrenando a las personas para que se encarguen de estas huertas, donde a menudo cultivan productos tradicionales, algunos de los cuales datan de antes de la expansión urbana de la ciudad y son parte del conocimiento indígena lenape. Este trabajo contribuye a recuperar especies en riesgo, proporcionar alimentos y crear experiencias educativas. 

También creemos en la horticultura como terapia. Tenemos programas específicos, como uno para veteranos de guerra que trabajan como voluntarios en el jardín botánico. Esta actividad les ofrece un mecanismo de sanación ampliamente estudiado, que aborda problemas psicológicos a través de la jardinería. 

Además, en el Jardín Botánico de Nueva York estamos comprometidos con la conservación urbana. Buscamos convertir a la ciudad en un ejemplo de reverdecimiento, recuperando su biodiversidad original y transformando lo que hoy se conoce como una “selva de concreto”. Queremos que Nueva York recupere parte de la vegetación y los espacios naturales que existían antes de la llegada de los colonizadores. 

En este sentido, también apoyamos el programa “Biodiversidades”, una iniciativa que surgió en Colombia y que ahora estamos extendiendo a nivel mundial. Los jardines botánicos, hoy más que nunca, son puentes entre las ciudades y la naturaleza, desempeñando un papel crucial en la construcción de un futuro sostenible.

Diego: Hablemos un poco sobre la COP. Ya has tenido la oportunidad de vivir la experiencia de participar en este evento, ¿cierto? Yo también estuve allí, y de hecho organizamos un evento tanto en el Jardín Botánico de Nueva York como en el Jardín Botánico de Cali, ambos lugares bellísimos. Quisiera saber cuál es tu perspectiva ahora que la COP está terminando. ¿Cuál es tu balance general del evento? ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado? ¿Cómo ves a Colombia en este contexto? ¿Qué crees que se ha logrado y cuál es tu análisis sobre los resultados obtenidos?

Mauricio: La COP enfrentó cuatro grandes retos y tuvo un mensaje muy importante, que quiero destacar desde el principio: paz con la naturaleza. Lo que siempre he mencionado es que para lograr paz con la naturaleza, que es crucial, primero debemos alcanzar la paz entre nosotros mismos. Si no existe paz entre las personas, será muy difícil lograr esa armonía con la naturaleza.

Hemos visto ejemplos concretos de esto en Colombia. Gracias a los acuerdos de paz, hemos avanzado en el conocimiento científico de nuestra biodiversidad, incluso en regiones previamente inaccesibles para la investigación. Esto nos ha permitido desarrollar estrategias de gobernanza, protección y manejo de recursos, así como monitoreo de especies amenazadas, recuperación y restauración de ecosistemas. Estas actividades son imposibles sin un entorno de paz.

Actualmente, mientras hablamos, existen grandes guerras en el mundo y conflictos armados que persisten en algunas regiones de Colombia. Esto subraya la necesidad de integrar la paz social como parte fundamental de nuestra relación con la naturaleza.

La COP se enfocó en cuatro grandes objetivos:

Proteger y restaurar la biodiversidad perdida:

Esto incluye metas específicas como el “30×30”, es decir, conservar el 30% de las superficies terrestres y marinas para 2030, y, a más largo plazo, para 2050, mantener, mejorar y restaurar ecosistemas, además de reducir significativamente la tasa de extinción.

Prosperar con la naturaleza:

Se busca reducir la pobreza y la desigualdad a través del uso sostenible de la biodiversidad, implementando estrategias de bioeconomía que compartan beneficios de manera más equitativa. Actualmente, hay debates importantes sobre temas como la información digital asociada a la biodiversidad.

Movilizar recursos económicos:

Es fundamental cerrar la brecha de financiamiento para gestionar adecuadamente los recursos, además de fomentar la cooperación técnica y científica.

Transformar la relación entre la biodiversidad y las comunidades:

Durante esta COP, Cali se convirtió en un ejemplo de integración de la biodiversidad en la vida diaria de las personas. La ciudad fue un escenario transformador, casi como un gran micelio o las raíces de una ceiba, que conectaron cada rincón y llevaron el mensaje de biodiversidad a los corazones de sus habitantes.

Ayer, mientras caminaba por la Zona Verde, observé cómo las personas interactuaban con una escultura que representaba especies extintas. Había un silencio casi solemne, como si estuvieran frente a un memorial tras una catástrofe. Es un recordatorio contundente de la crisis que enfrentamos con la pérdida de biodiversidad.

Hace una década, hablar de biodiversidad no generaba tanto interés. Recuerdo que, en 2014, como director científico del Jardín Botánico de Bogotá, alguien me cuestionó: “¿Por qué querríamos biodiversidad en la ciudad? Eso trae insectos, culebras, escorpiones…” Pero la biodiversidad no solo trae desafíos, sino también alimentos, servicios ecosistémicos, oportunidades económicas y mejor calidad de vida.

La COP también evidenció la diversidad étnica y cultural de Colombia, con manifestaciones de pueblos indígenas y comunidades de todas las regiones, unidos pacíficamente para buscar soluciones.

Para Cali, esta COP ha sido transformadora. Nunca volverá a ser la misma ciudad. Ha comenzado un camino hacia convertirse en una ciudad biodiversa ejemplar. Para Colombia, ha sido una oportunidad única de visibilidad global, aprendizaje y reflexión sobre el valor de nuestra biodiversidad.

Este evento, el más importante que la humanidad ha tenido para proteger la biodiversidad, nos ha dejado grandes logros. Ahora, tenemos la responsabilidad de mantener el impulso y seguir trabajando en favor de nuestra naturaleza y de nuestra paz.

Diego: Hay un tema que vuelve a estar sobre la mesa, y es el siguiente: hace unos años replicamos los movimientos liderados por Greta Thunberg en la COP de Glasgow. Yo estuve allí con ella y con el grupo Fridays for Future, observando todo este fenómeno de la eco-ansiedad, del que también se ha hablado mucho y que genera tantas preguntas.

Pero mi pregunta finalmente es, desde tu experiencia y desde tu trabajo, ¿crees que estamos haciendo las cosas bien? ¿O no las estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo demasiado lento? ¿O realmente vamos por buen camino?

¿El planeta se está moviendo en la dirección correcta o las cosas, más bien, están estancadas?

Y aquí quiero agregar algo: hacer pronósticos siempre es complejo, pero creo que, con lo que está ocurriendo en el mundo, es posible trazar ciertas proyecciones para los próximos 30 años. Quiero saber cómo ves tú esos próximos 30 años. ¿Crees que estamos funcionando? ¿Qué va a pasar? Por supuesto, nadie puede acertar completamente, pero me interesa mucho tu perspectiva. ¿Qué crees que está sucediendo y qué sucederá?

Mauricio: Como dices, es un tema muy complejo y que varía geográficamente. Hay grandes ejemplos de desarrollo en armonía con la naturaleza; países como Bután y Costa Rica están haciendo un excelente trabajo. Creo que hemos logrado enormes avances y seguimos avanzando. Hace 10 años, una discusión tan profunda y relevante sobre biodiversidad como esta no habría sido posible. No teníamos la conciencia ni el sentido de responsabilidad como sociedad que tenemos hoy. 

Estamos haciendo cambios significativos, pero, lamentablemente, no a la velocidad que se necesita. Por eso es fundamental seguir socializando la importancia de acelerar estos procesos de transformación. Me encanta que estemos teniendo esta entrevista porque ustedes, los reporteros, tienen un rol fundamental para llevar este mensaje a toda la sociedad. 

Esto no lo van a resolver únicamente los tomadores de decisiones o los políticos; lo tenemos que solucionar como sociedad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a la protección de la biodiversidad y de la naturaleza. 

Cuando cada persona se levante, mi llamado es: mírese al espejo y pregúntese, *¿qué puedo hacer hoy para proteger la biodiversidad y aportar mi granito de arena?* Por ejemplo, si puedes usar bicicleta o transporte público en lugar de tu carro, hazlo. Tratemos de reducir nuestra huella de carbono. Consumamos alimentos que no generen tantas emisiones. 

Soy vegetariano desde hace 35 años. No espero que todo el mundo lo sea, pero creo que debemos ser conscientes de que una de las principales causas del deterioro ambiental es la alimentación. Hoy en día, el 50% de la superficie terrestre está destinada a la agricultura, y hay más vacas que personas. Sabemos que el consumo de carne genera una enorme huella de carbono, mucho mayor que una dieta vegetariana. 

Si todos disminuimos nuestro consumo de carne, estaríamos contribuyendo significativamente a la solución. Ojalá esto se haga de manera voluntaria, sin necesidad de que los gobiernos impongan tarifas o restricciones para desincentivar el consumo. Cada uno debería tomar esta decisión como un aporte consciente. 

También podemos participar en actividades de protección, conservación y restauración de los ecosistemas. Sin embargo, seguimos enfrentando tasas extremadamente altas de deforestación, tanto en Colombia como en el resto del mundo. 

Diego: Para finalizar, ¿cuáles crees que son los retos más importantes para Colombia después de la COP y, en general, en términos de medio ambiente? 

Mauricio: Sin duda, uno de los mayores retos es la tasa de deforestación. Es fundamental tener una gestión adecuada de las áreas protegidas, no solo a nivel nacional, sino también regional, municipal e incluso en las reservas de la sociedad civil. Estamos lejos de lograr una gestión efectiva. 

Esa gestión debe basarse en conocimiento y datos precisos: saber cómo se están comportando las especies amenazadas, cuál es su variabilidad genética, y cómo han cambiado las interacciones entre las especies debido al cambio climático, que podría estar poniendo en peligro a muchas de ellas. Necesitamos estrategias preventivas frente al impacto del cambio climático. 

Por ejemplo, más del 50% de los frailejones están en peligro. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Probablemente no. ¿Por qué? Porque necesitamos más recursos económicos, mayor capacitación, y más apoyo técnico y científico. También necesitamos muchas más personas comprometidas con salvar estas plantas, que son fundamentales para el sostenimiento de los ecosistemas de páramo, los cuales, entre otras cosas, nos proporcionan agua. 

Es mejor prevenir que lamentar. Es más eficaz evitar la desaparición de los frailejones y el deterioro de los ecosistemas que nos proveen agua, que luego tener que buscar soluciones como el trasvase de cuencas para abastecer a ciudades como Bogotá. Ese tipo de medidas reactivas son mucho más costosas y menos efectivas. 

Debemos entender que dependemos completamente de la naturaleza; somos parte de ella. El verdadero rol de la humanidad debería ser el de protectores, no destructores. Contamos con inteligencia, tecnología y podemos actuar con sabiduría, cualidades que deberían guiarnos para proteger a las especies y no para destruirlas. 

Los cultivos de caña, introducidos en la Colonia por los españoles, son los protagonistas indiscutibles de la economía regional. La caña transformó los paisajes del Valle del Cauca en vastas plantaciones que durante siglos, definieron las dinámicas económicas y sociales.

Este escenario, cargado de tensiones históricas y reflexiones sobre el presente, fue el marco para el “I Foro de Participación Ciudadana: Territorio, Desarrollo y Ciudadanía.” Un evento que prometía no solo el diálogo, sino también la acción colectiva como herramienta para transformar la región.

El pasado 10 de diciembre de 2024, el Campus Universitario de Florida, Valle del Cauca, se convirtió en el epicentro de un encuentro sin precedentes. Durante ese día más de 500 personas se congregaron: campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, empresarios y representantes de fundaciones provenientes de ocho municipios del norte del Cauca y el sur del Valle. Diseñado para promover el diálogo ciudadano, la concertación y la articulación entre diversos actores de la sociedad, el foro se centró en identificar formas concretas en que la participación ciudadana puede mejorar las políticas públicas y la provisión de bienes y servicios esenciales. Organizado por la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, en el marco de la iniciativa Compromiso Territorio, el evento se propuso como un laboratorio vivo de participación ciudadana y construcción colectiva. No solo es llamativa esta metodología sino sobre todo una respuesta a las comunidades, a pocas semanas de terminada la Cop16, que trae un impulso a esta región.

Desde la apertura, liderada por Ana Milena Lemos, directora de la fundación Caicedo González Riopaila Castilla, quedó claro el carácter transformador de este espacio. “El desarrollo que queremos para este territorio es lo que nos convoca, solo así lograremos las convergencias que requerimos para poder avanzar conjuntamente. Este diálogo que iniciamos es lo que nos va a dar las herramientas que nos permiten mirar a futuro de manera diferente.” enfatizó Lemos, subrayando la necesidad de convergencias que trasciendan diferencias históricas. Con esta premisa, la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, presentó la alianza Compromiso Territorio, la cual busca ser un vehículo de impacto colectivo entre diferentes actores de la región, entre ellos, fundaciones empresariales y familiares, empresas, institucionalidad pública y comunidades, para contribuir a la transformación sustentable del Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca.

Este espacio lo cerró la conferencia de apertura a cargo de Ángela Penagos, directora de la CEPAL en Colombia, quien abordó las apuestas de la organización en la promoción de la participación ciudadana y la gobernanza para el desarrollo, en su conferencia hizo un balance de las últimas décadas en el desarrollo del país.

Uno de los paneles del día, moderado por Carlos Chacón, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Figuras como Liza Rodríguez, secretaria general de la Gobernación del Valle; Juan Ramón Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Bivien; Aura Lucía Lloreda, directora de la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares (AFE); Jairo Hinestroza, enlace para el Valle del Cauca en la Dirección de Participación Ciudadana en el Ministerio del Interior y Esneyder Gómez, líder indígena, trazaron un mapa de desafíos y oportunidades para la participación ciudadana. Los panelistas no solo describieron las problemáticas, sino que también delinearon propuestas concretas para un desarrollo inclusivo y sustentable.

Sin embargo, este optimismo se enfrenta a un reto complejo. En el Valle del Cauca y el Cauca, la desigualdad es profunda, con indicadores de pobreza multidimensional que superan el promedio nacional. Las brechas en acceso a educación, salud y oportunidades económicas han alimentado ciclos de exclusión y violencia.

Las voces de los alcaldes de los municipios de Florida, Corinto, Miranda y Bugalagrande también resonaron con fuerza. En un conversatorio moderado por Alexander de la Vega, consultor Especialista en Políticas para el Desarrollo;los mandatarios locales compartieron experiencias de gestión pública con enfoque participativo, reforzando la idea de que las soluciones nacen de los propios territorios.  “La participación ciudadana es esencial, solo a partir del conocimiento del ciudadano es que podremos crear municipios con mayor bienestar, que es definitivamente el reto para el cual nos hicimos elegir”, afirmó Dimas Antonio Martínez, alcalde de Florida.

En el contexto territorial, la participación ciudadana no solo aparece como un ideal democrático, sino como una respuesta pragmática para reconstruir el tejido social y fortalecer la confianza en las instituciones, finalmente en eso consiste la paz. En el Valle del Cauca y el Cauca, la desigualdad es profunda, con indicadores de pobreza multidimensional que superan el promedio nacional. Las brechas en acceso a educación, salud y oportunidades económicas han alimentado ciclos de exclusión y violencia.

A medida que la jornada avanzaba, se abrieron espacios para discutir el papel del sector privado y social en la dinamización del desarrollo.  Un conversatorio que reunió a representantes del sector social como Juliana Ciro, gerente de Alianza para el Desarrollo; Paola Silva Cortés, directora de Educación y Cultura de la Fundación Grupo Social; Katherine Lasso, líder de la Red Juvenil de Miranda; y Cristian Montoya, líder de la Red de Sembradores de Agua de Caloto; moderado por Mariana Caicedo Pérez, subdirectora ejecutiva de ProPacífico, se centró en las apuestas del sector social para la transformación y participación ciudadana, donde convergieron en una misma conclusión: el desarrollo no es sostenible si no es inclusivo y participativo.

La vinculación de empresas privadas en iniciativas como Compromiso Territorio cobra especial relevancia tras las crisis sociales que sacudieron a Cali y al Valle del Cauca en 2021. Durante esos meses de protesta, las desigualdades históricas y el descontento acumulado llevaron a bloqueos, enfrentamientos y crisis económica.

 Las empresas vieron la necesidad de reconfigurar su relación con las comunidades. Quizás su participación responde a una lógica de sostenibilidad social y empresarial: sin cohesión social, no hay estabilidad económica, pero sin estabilidad económica no hay país. En ese escenario se debe resaltar el trabajo de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, que por más de 60 años ha tejido una relación de colaboración con las comunidades.

El foro cerró con un ejercicio liderado por María Isabel Alvarado, directora de la Unidad de Acción Vallecaucana, que buscaba identificar prioridades para garantizar derechos fundamentales en las comunidades. Las propuestas emergieron con fuerza, iluminadas por el entusiasmo de los participantes: educación, acceso a la salud, sostenibilidad ambiental y equidad fueron algunos de los temas más recurrentes.

Los asistentes no solo llevaban consigo el recuerdo de un encuentro diverso, humano y dialogador, sino también un compromiso y una esperanza renovada. Desde la base del reconocimiento y la diversidad del territorio, Compromiso Territorio demostró ser más que una iniciativa; fue una demostración de cómo el trabajo articulado entre comunidades, empresas y gobierno puede convertirse en la semilla de una transformación real. Así como lo afirma Ana Milena Lemos Paredes, este espacio “permitió llegar a acuerdos sobre los asuntos en los que se debe focalizar la incidencia y participación para avanzar de manera contundente y convergente en la realización de las oportunidades que van a permitir el acceso a los derechos de los ciudadanos.”

En esta región, donde las cicatrices y los fantasmas del pasado todavía son visibles, el foro dejó una lección: la participación ciudadana no solo es un derecho, sino una herramienta única y poderosa para escribir un futuro distinto.

En este lugar del suroccidente colombiano, quedó sembrada una semilla: la de una ciudadanía que, lejos de resignarse, apuesta por hacerse oír, por construir desde la diferencia, y sobre todo por reescribir su historia.

Pensé que la congresista Katherine Miranda era economista, pero no: Es politóloga, aunque, eso sí, pertenece a la Comisión Tercera que trata los asuntos económicos.

Las Kathy están de moda en el Congreso de la República en este cierre de año. Ambas del Partido Alianza Verde: la una (Catherine Juvinao) por fumar (vapear) en recinto cerrado contraviniendo una ley que esa misma Corporación aprobó hace 15 años, y sin que hasta ahora la hayan sancionado o multado por violarla. Y la otra (Katherine Miranda) por faltarle al respeto al presidente de la Cámara de Representantes, su copartidario. “Usted no puede venir a la sesión a decirme marica”, le dijo Jaime Raúl Salamanca. El video lo publicó El Espectador.  

La Ley Antitabaco (Ley 1335 de 2009) es clara: “Se prohíbe el consumo de tabaco en las áreas cerradas tanto de los lugares de trabajo, como en los lugares públicos”. Las multas van desde un salario mínimo hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para no quedarse atrás de ciertos “padres de la Patria”, las “madres de la Patria” también dan mal ejemplo, sin que pase nada, como si las leyes hechas por ellos y ellas fueran para los de ruana.

El día de Navidad, mientras nos atiborramos de natilla y buñuelos, la misma doctora Katherine Miranda ponía el grito en el cielo por el aumento del salario mínimo que fijó por decreto el gobierno nacional, quedando en $1.423.500 a partir del 1º de enero de 2025. Esto dijo la congresista:

Si fuera un personaje de la tira cómica Mafalda, por su cabellera rubia –con o sin bucles- vendría siendo la insufrible Susanita, cuyo nombre completo es Susana Clotilde Chirusi.

Según Wikipedia, Susanita es “parlanchina, pendenciera, chismosa —nada de lo que pasa en su vecindario ocurre sin que ella se entere— y en ocasiones altanera”.

“Susanita puede llegar a ser agobiante para el resto del grupo, aunque ella no lo percibe”.

También se le describe –estoy hablando de Susanita, para que luego no me vengan con reclamos- como “despectiva de los pobres”, “admiradora de la oligarquía”. Solo alguien clasista como ella pudo insinuar que los pobres aman su pobreza.

“Parece ser de clase alta y no duda en presumirlo cuando dice que su padre gana más que los padres de sus amigos, a pesar de no saber cuánto ganan”.

Aunque la que gana más que cualquiera de nosotros es ella, me refiero ahora sí a la doctora Katherine Miranda, no ya a Susanita.

A nuestra Susanita criolla —y a tanto Zutanito quejoso por el “escandaloso” aumento del 9.54% decretado por el gobierno de Gustavo Petro para los asalariados de este país—, hay que recordarle esta perla de la ley 5a de 1992: “El salario de los congresistas no puede ser mayor a 23 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Para no alargar el cuento, mientras a un ciudadano del común le aumentarán $123.500 el próximo año (tomen nota: ciento veinte tres mil devaluados pesos), a senadores y a representantes a la Cámara les aumentarán 23 veces esa misma cantidad cada mes.

Calculen: Mal multiplicados vendrían siendo $2.800.000. ¡Dos millones ochocientos mil pesos!  Es decir, el solo aumento mensual para los a veces no tan honorables legisladores es el equivalente a dos salarios mínimos del colombiano raso. Y todavía tienen el descaro de salir en las redes sociales quejándose del “exagerado” aumento para los demás, sumándose a las voces de los gremios y el empresariado que advirtieron ya, cual Nostradamus, que el país se irá a la debacle, como si no estuviéramos en esas desde hace 200 años.

No se nos olvida que el aumento decretado por Iván Duque para 2022 fue mayor (11%) y en ese momento nadie chistó. “Eso permitiría, no solamente tener más ingresos, sino estimular la demanda agregada del país”, dijo en su momento el expresidente.

Por consiguiente, la ecuación es simple: Es bueno viniendo de la Derecha, pero es malo viniendo de la Izquierda. No fue populista Duque, pero sí es populista Petro.

Hasta Dios metió la cucharada en el tema por anticipado. “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3). Pero no confundamos pobreza de espíritu con la pobreza del bolsillo; en este mundo tan terrenal, el capitalismo nos enseñó que sin dinero no somos nada.

A la representante Miranda, tan preocupada por el empleo formal, le vendría bien leer “País posible, un pensamiento diferente sobre la socioeconomía y la política”, escrito por Ernesto Rojas Morales, quien fue director del DANE y consejero presidencial para la erradicación de la pobreza. Él nos refresca la memoria en la página 122: “… los periodos de alto desempleo en Colombia han sido muy prolongados a pesar de que la economía haya atravesado períodos extensos de crecimiento”.  Y controvierte la tesis según la cual “son los empresarios, a su voluntad, quienes crean el empleo” (página 126).

Más adelante, página 127, recoge otra verdad dicha por John Keynes, el famoso economista británico: “… el desempleo no se corrige con una reducción de salarios, sino con una mayor demanda”, esto es “más compradores, la presencia de más personas con capacidad de comprar lo que producen las empresas”.

En su bien sustentado ensayo, el doctor Rojas insiste en lo que otros pensadores han dicho: la necesidad de redistribuir la riqueza para reducir la desigualdad social. El mundo ya está hablando del tema, y aquí ¿para cuándo? Colombia es el país más desigual de América Latina y el tercero más desigual del mundo. Se me ocurre, sin ser empresario, que salarios mínimos más dignos es un camino loable para redistribuir la riqueza en favor de los que menos tienen.

Es mi deseo de año nuevo que en las largas vacaciones remuneradas (¡dos meses!), que tendrán los legisladores colombianos, saquen tiempo para leer antes de opinar a la ligera. Leyendo a expertos, quizás se les ocurra alguna buena idea para ayudar a solucionar otro drama del que poco se habla en el Congreso: el del empleo informal, personas sin prestaciones sociales, ni derecho a vacaciones, que sobreviven de puro milagro y vestidos de ruana para espantar el frío y cumplir la ley. O tal vez sea suficiente con pagarles un salario mínimo a nuestros congresistas a ver si se les despierta un tantico la sensibilidad social.

Después de todo, los pobres no necesariamente son pobres porque quieren, como sugiere Susanita. Son pobres también porque el sistema agranda las brechas sociales en vez de cerrarlas.

Una conversación con el ganador del Nobel de economía 2024, el profesor James Robinson, hablamos de su vida, de Colombia, de su trayectoria y de la desigualdad, su campo de estudio.

Diego:. Mi primera pregunta se refiere a los acontecimientos recientes, en particular a su premio Nobel. ¿Cómo reaccionó a la noticia?

Para mucha gente puede haber sido una gran sorpresa, pero teniendo en cuenta el trabajo que ha realizado a lo largo de los años (en realidad, durante décadas), me pregunto si para usted fue igual de inesperado. Me encantaría escuchar su opinión al respecto.

Robinson: No, no, quiero decir que fue una sorpresa. Realmente no me lo esperaba. Tenía el teléfono apagado y ni siquiera estaba pensando en ello. De hecho, el profesor Acemoglu estaba en una conferencia en Grecia en ese momento y no creo que ninguno de nosotros lo esperáramos.

Por supuesto, somos conscientes de que nuestro trabajo ha tenido un impacto significativo. Pero hay tantos académicos distinguidos en economía. Si me pidieran que nombrara a posibles ganadores del Premio Nobel, fácilmente podría hacer una lista de 50 personas sin ninguna dificultad. Así que sí, estamos encantados, pero honestamente, no estaba en mi mente en absoluto.

Diego: Entiendo. ¿Y cómo crees que tu trabajo se conecta con este logro? ¿Hubo algún aspecto específico de tu investigación que pensaste que podría llevarte al Premio Nobel, o fue más bien un reconocimiento inesperado del alcance más amplio de tu trabajo?

Robinson: Bueno, el Premio Nobel se otorga a menudo por contribuciones específicas, y es cierto que tenemos un artículo que ha sido particularmente impactante. Sin embargo, creo que es importante ver ese artículo en el contexto de una agenda de investigación más amplia.

Por ejemplo, si viste la presentación cuando se anunció el premio, Jacob Svensson y Yantai Aurel dieron una descripción general de nuestro trabajo. No solo se centraron en nuestro artículo empírico más famoso, *The Colonial Origins of Comparative Development*. También destacaron otras contribuciones, como *Reversal of Fortune*, que escribimos en la misma época, y parte de nuestro trabajo teórico. De hecho, incluso discutieron algunas de las teorías matemáticas que hemos desarrollado para entender el cambio institucional y la creación de instituciones inclusivas.

Por lo tanto, presentaron una visión amplia de nuestras contribuciones. Para mí, nuestro trabajo siempre ha estado impulsado por una agenda más amplia: explorar preguntas clave a través de diversos enfoques. A veces abordamos problemas teóricos; otras veces, nos centramos en cuestiones históricas o empíricas.

En ese sentido, lo veo como un cuerpo de trabajo mucho más grande. Casi todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años encaja en este marco, incluida la investigación que he realizado en Colombia. Se podría decir que el trabajo explora un ejemplo específico de un país con instituciones extractivas, analizando su lógica y política con mucho más detalle.

Diego: ¿Cómo reflexiona ahora sobre sus ideas y observaciones iniciales sobre la sociedad y la economía colombianas desde que comenzó a estudiarlas? Después de 30 años, ¿cómo cree que ha cambiado el país? ¿Ve un progreso significativo o cree que muchos de los problemas y políticas siguen siendo los mismos? ¿Cómo describiría la evolución del país durante este tiempo?

Robinson: Creo que ha habido cambios y mejoras. Por ejemplo, cuando fui por primera vez a Bogotá, nadie salía de noche. La gente tenía mucho miedo. Nadie se detenía en los semáforos. Si conducías hasta Melgar, te preocupaba que te secuestraran, la infame *Pesca Milagrosa*. Así que sí, ha habido avances.

La desmovilización de los paramilitares fue un gran paso adelante, y la desmovilización de las FARC fue otro hito significativo. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece: cuando el presidente Uribe llegó al poder, hubo una notable mejora en la seguridad en todo el país. De la misma manera, cuando Antanas Mockus era alcalde de Bogotá, hubo mejoras sustanciales en los bienes públicos y la calidad de vida en la ciudad.

Pero en términos generales, creo que muchas cosas siguen igual. Colombia es, en muchos sentidos, un país de desmovilización y removilización constantes. Hemos visto ciclos de grupos que se disuelven y otros surgen en su lugar. Por ejemplo, la producción de coca está en niveles récord y el paramilitarismo y el narcotráfico siguen siendo omnipresentes.

Para mí, estos problemas son síntomas de problemas institucionales más profundos. Tomemos como ejemplo el acuerdo de paz del presidente Santos: estaba tan centrado en lograr la desmovilización de las FARC que pasó por alto un punto crítico: las propias FARC son un síntoma de las debilidades institucionales de Colombia. La única persona que pareció comprender esto fue Sergio Jaramillo. Su *Plan Territorial* fue diseñado específicamente para abordar estos problemas estructurales, pero tengo entendido que no se ha implementado por completo.

La clase política colombiana a menudo no parece reconocer este problema fundamental. Santos no lo comprendió, y ese problema –la fragilidad institucional– sigue muy presente. Si no se abordan estas causas fundamentales, el desorden y la inestabilidad volverán. La próxima vez, puede que no parezca que las FARC se han presentado de otra manera, posiblemente incluso peor. Observemos lo que ha sucedido en El Salvador, por ejemplo.

Diego: Has mencionado al presidente Santos y a líderes de hace 20 años, pero tengo curiosidad: ¿has analizado la situación actual en Colombia bajo el presidente Petro? Específicamente, su agenda abierta, a la que se refiere como *Paz Total*.

Petro ha hablado extensamente sobre la desigualdad, que es uno de los temas centrales de tu trabajo. ¿Ves potencial para un cambio significativo en esta dirección, aunque sea solo en el discurso?

Robinson: Bueno, los datos no muestran cambios significativos. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, y eso no ha mejorado mucho. Tomemos como ejemplo *Paz Total*: parece más retórica que un plan concreto.

Por ejemplo, mira al Clan del Golfo. Es una organización criminal. ¿Cómo se negocia con el ELN y el Clan del Golfo en el mismo marco? El ELN, como las FARC, tiene una agenda ideológica y revolucionaria. El Clan del Golfo, por otro lado, es solo una empresa criminal, como el Cártel de Medellín. No hay conexión entre ellos.

En mi opinión, es incoherente agrupar a estos grupos en el mismo saco. Se necesitan estrategias completamente diferentes para abordar al ELN que para abordar al Clan del Golfo. Tratarlos de la misma manera simplemente no tiene sentido.

En cuanto al presidente Petro, hay cosas que elogiar. Obtuvo un mandato democrático para cambiar a Colombia y es uno de los pocos presidentes colombianos, tal vez el único, que reconoce los problemas más profundos del país. Tal vez la última figura comparable fue Carlos Lleras Restrepo a fines de los años 60. Fue un líder serio que reconoció los problemas del país.

Pero la pregunta es: ¿cómo se aborda realmente la desigualdad? Reconocerla como un problema es una cosa, pero crear una agenda práctica para abordarla es otra. No se pueden resolver estos problemas profundamente arraigados aprobando leyes o haciendo discursos únicamente. Es necesario construir instituciones que aborden los desafíos subyacentes, y ahí es donde veo una falta de acción.

El presidente Petro parece tener buenas intenciones, pero cae en la misma trampa que otros políticos colombianos. Existe la creencia de que los decretos y las leyes son suficientes para generar cambios, pero no es así y no lo serán.

Diego: Entonces, lo que estás diciendo es que hay una falta de interés, o quizás de comprensión, entre los líderes cuando se trata de abordar estos problemas más profundos, especialmente en torno al desarrollo. ¿A qué crees que se debe esto?

Robinson: Creo que es una combinación de factores. La política juega un papel importante. El clientelismo es un problema significativo, ya que socava la funcionalidad del Estado. Los políticos utilizan las instituciones para distribuir favores, conseguir empleos y ganar contratos. Esto debilita la capacidad del sistema para abordar problemas reales.

Luego está el estilo de liderazgo de Petro. Es muy personalizado y eso choca con la creación de instituciones. Si quieres crear instituciones, tienes que descentralizar la autoridad y aceptar decisiones que pueden no gustarte. El enfoque de Petro, en el que parece querer controlar todo él mismo, no fomenta la creación de instituciones.

También hay un problema cultural más amplio en Colombia -y en América Latina en general- que obstaculiza el progreso. Es la falta de comprensión o apreciación de las estructuras institucionales. En cambio, hay una tendencia hacia el utopismo.

América Latina tiene una historia de grandes planes y visiones ambiciosas que están desvinculadas de la implementación práctica. Pensemos en El Dorado, en la forma en que se diseñaron las ciudades coloniales, o incluso en Brasilia. Este pensamiento utópico está profundamente arraigado en las élites políticas de la región. Petro sigue este patrón, esbozando diseños audaces sin abordar realidades prácticas.

Mientras tanto, los problemas básicos siguen siendo los mismos. La Guajira aún carece de agua corriente y persisten los mismos problemas de larga data.

Diego: A principios del siglo XX, países como el Reino Unido y los Estados Unidos también eran muy desiguales. Pensemos en las historias de Dickens sobre los niños que trabajaban en Londres. Sin embargo, con el tiempo esos países lograron reducir la desigualdad.

Usted ha estudiado la desigualdad en muchos países. ¿Qué lecciones se pueden sacar de aquellos que la abordaron con éxito?

Robinson: Construyeron instituciones. Tienes razón. A principios del siglo XIX, Inglaterra no era un país muy democrático. La democracia surgió gradualmente a través de una serie de leyes de reforma. Incluso entonces, había corrupción política, lo que llamaban *tratamientos*, que era esencialmente la compra de votos mediante la distribución de cosas como aguardiente para influir en los votantes.

Con el tiempo, esas prácticas se eliminaron y se construyeron instituciones estatales para proporcionar bienes y servicios públicos. Esto fue parte de un proceso de construcción institucional que coevolucionó con la democracia y la inclusión política. En nuestro libro *El corredor angosto*, hablamos de cómo países como Colombia están estancados en esta dinámica en la que esa coevolución no ha cobrado impulso.

Usamos el término “Leviatán de papel” para describir este fenómeno. El presidente Mao se refirió célebremente a los EE. UU. como un “tigre de papel”, algo que parece poderoso pero es ineficaz. En América Latina, y particularmente en Colombia, vemos un “Leviatán de papel”, un Estado que parece existir pero que carece de fuerza institucional real.

Una de las razones de esto es la prevalencia del clientelismo. Mecanismos políticos como este socavan la funcionalidad del Estado y fragmentan la sociedad. Recuerdo haber estado en Bogotá durante las protestas (paros), y estaba el paro cebollero, el paro papero, etc. Todos los grupos se centraban en intereses parroquiales sin una visión compartida para Colombia.

Desde esta perspectiva, el presidente Petro es una figura interesante. Sin embargo, no veo una visión coherente en sus políticas. Tomemos como ejemplo a Paz Total. La idea de tratar al Clan del Golfo como si fuera lo mismo que el ELN es absurda. El ELN tiene una agenda ideológica y revolucionaria, mientras que el Clan del Golfo es puramente una organización criminal. Mezclar los dos muestra una falta de comprensión de los desafíos del país.

El presidente Petro a menudo critica a los oligarcas, y estoy de acuerdo con muchos de sus puntos. Pero la pregunta real es: ¿cómo se resuelven estos problemas? Por ejemplo, aprobó una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los ricos, grandes en teoría. Pero ¿qué pasó? Los ingresos fiscales cayeron. ¿Por qué? Porque la DIAN (la autoridad tributaria de Colombia) no tiene la capacidad institucional para hacer cumplir la reforma. Ese es el problema central: aprobar leyes no es suficiente si no se tienen las instituciones para implementarlas de manera efectiva.

Diego: Tengo una pregunta sobre la democracia liberal y el desarrollo. En este momento, vemos a China como una de las principales potencias económicas del mundo. India, aunque muy desigual, también es una fuerza global en ascenso. Corea del Sur, durante sus primeras décadas de crecimiento, fue una dictadura pero experimentó un desarrollo económico notable.

¿Cómo ve la relación entre la democracia liberal y el desarrollo hoy? ¿Cree que el éxito de los países no democráticos plantea una amenaza a la idea misma de la democracia?

Robinson: He investigado mucho sobre este tema y la evidencia es clara: la democracia está fuertemente asociada con un mejor crecimiento económico, mejores bienes públicos e infraestructura más sólida. Eso es lo que muestran los datos.

Por supuesto, hay ejemplos, como los que usted mencionó, de países no democráticos que lograron un crecimiento significativo. En *Por qué fracasan los países* nos referimos a esto como “crecimiento extractivo”. En ciertas circunstancias, especialmente cuando existen instituciones estatales fuertes (como en China o en los primeros tiempos de Corea del Sur), el desarrollo económico puede ocurrir sin instituciones democráticas.

Pero aquí está la clave: ese tipo de crecimiento siempre es transitorio. El verdadero florecimiento de Corea del Sur, por ejemplo, llegó después de la transición a la democracia. Una vez que los militares se fueron y se establecieron sistemas políticos más inclusivos, la innovación y la creatividad del país explotaron.

También vale la pena destacar el papel de los líderes individuales. Corea del Sur tuvo la suerte de tener a alguien como Park Chung Hee, que estaba profundamente comprometido con el desarrollo de su país. Pero por cada Park Chung Hee, hay 50 líderes más interesados ​​en enriquecerse a sí mismos que en ayudar a sus naciones. Por eso, confiar en esas cifras no es un modelo sostenible.

En el caso de China, sigo siendo escéptico. La historia demuestra que una economía moderna e innovadora no puede prosperar bajo una dictadura totalitaria a largo plazo. No hay precedentes históricos de que esto se haya mantenido indefinidamente. En *Por qué fracasan los países*, destacamos ejemplos de crecimiento transitorio: economías que prosperaron durante décadas pero que finalmente colapsaron o se estancaron.

Tomemos como ejemplo a Argentina. En la década de 1920, era uno de los diez países más ricos del mundo. O la Unión Soviética, que fue considerada un milagro económico durante 50 años. Tengo la edad suficiente para recordar cuando la gente pensaba que el modelo soviético era el futuro. Pero mire dónde están ahora.

China es impresionante debido a su tamaño y escala, pero no se puede basar una teoría de las ciencias sociales en un solo país. Es poco probable que su crecimiento actual sea sostenible sin grandes cambios políticos.

Diego: En estos días estamos en Cali y quiero preguntarte sobre la economía verde y el llamado “dinero verde” que se espera que fluya a Colombia. Los ministros están hablando de 500.000 nuevos empleos en el sector verde, y también está esta idea de lo que Malcolm llama la *riqueza colombiana*: los ríos, las selvas y la biodiversidad de Colombia. Mi pregunta es: ¿cómo ves que esos recursos encajan en la nueva realidad global moldeada por el cambio climático? ¿Cómo crees que esto afectará a economías como la de Colombia? ¿Y cómo está esto transformando nuestra comprensión de la economía en medio de una crisis climática, algo que ni siquiera era una cuestión importante hace 50 años? Como uno de los principales economistas del mundo, me encantaría escuchar tus puntos de vista al respecto.

Robinson: Creo que todavía estamos tratando de entender esto, para ser honesto. Hay muy poca investigación sobre el tema y todos están lidiando con sus posibles consecuencias. Para Colombia, lo veo como una oportunidad increíble. El país tiene una biodiversidad asombrosa, una amplia variedad de ecosistemas y zonas climáticas y abundantes recursos hídricos.

Pero el gran desafío es institucional. Sin instituciones fuertes, nada de este potencial se materializará. La mitad de Colombia no tiene gobierno y lo que se ve allí es una deforestación y contaminación masivas: ríos contaminados por la minería ilegal de oro en lugares como la región del Pacífico. Así que, aunque estas ideas suenan muy bien en un seminario en Bogotá, ¿qué significan para lugares como Casanare, Putumayo o Chocó? Son áreas plagadas de una gobernanza débil y una falta de orden institucional.

Para mí, el enfoque debería estar en abordar primero esos problemas subyacentes. La riqueza ecológica a menudo se concentra en la periferia; irónicamente, las partes menos gobernadas del país. Si no se aborda esta brecha, la economía verde seguirá siendo solo una aspiración.

Diego: Desde la perspectiva del Norte global, vemos que instituciones como el Premio Nobel, las cumbres de la COP y otros mecanismos globales están dando forma a los debates en torno a la economía verde. Recientemente, Colombia fue sede de la COP16, que atrajo una importante atención internacional, con 11.000 asistentes en Cali, una ciudad que se vio profundamente afectada por las protestas de 2021 y la posterior recesión económica. Pero Cali sigue estando cerca de zonas controladas por la guerrilla, donde las carreteras principales suelen estar bloqueadas.

¿Cómo ve el lugar de Colombia en esta nueva agenda global? ¿Cómo puede un país como Colombia afrontar sus desafíos y al mismo tiempo posicionarse dentro de este contexto global redefinido?

Robinson: Creo que términos como *Norte global* y *Sur global* representan un esfuerzo por ir más allá de las etiquetas tradicionales de naciones *desarrolladas* y *subdesarrolladas*. Desde esa perspectiva, considero que la terminología es útil: indica un reequilibrio del orden global. Si este reequilibrio amplifica las voces de los países del Sur, sería un resultado positivo.

La mayor parte de mi trabajo actual se centra en empoderar a los académicos en África, dándoles la confianza intelectual para llevar las perspectivas africanas a los debates académicos y de políticas. Ese es un área en la que veo un potencial real para el cambio: dar forma a las narrativas globales con voces nuevas y diversas.

Sin embargo, lograr un cambio significativo requiere un compromiso serio, consistencia y una visión coherente. Una razón por la que Estados Unidos es tan influyente es que los países de América Latina, por ejemplo, no han desarrollado instituciones democráticas fuertes o una visión unificada para contrarrestar las influencias externas. Sin fortaleza institucional, las naciones del Sur global a menudo son manipuladas por potencias globales como Estados Unidos, la UE o incluso China.

En Oriente Medio, por ejemplo, muchos gobiernos carecen de legitimidad (la dictadura de Egipto o varias monarquías son ejemplos). En cambio, el sistema democrático de Israel le otorga una clara ventaja en la región. Esto pone de relieve cómo la legitimidad y la fortaleza institucional son fundamentales para los países que aspiran a dar forma a las políticas globales.

Así pues, si bien existe la posibilidad de un reequilibrio en el mundo, éste se está produciendo en medio de una gran confusión. Tomemos como ejemplo a los BRICS. ¿Debe un país como Rusia –una dictadura personalista– influir realmente en las instituciones globales? Eso es como sugerir el régimen de Rafael Trujillo como modelo.

Esto refleja el desafío: el Sur global todavía lucha con la ilegitimidad política y la debilidad institucional, lo que lo hace vulnerable a la manipulación. China puede parecer diferente –es más coherente y centrada–, pero no creo que su modelo actual sea sostenible en el largo plazo.

En resumen, para que países como Colombia aprovechen verdaderamente las oportunidades de este nuevo momento global, necesitan fortalecer sus instituciones y desarrollar una visión clara y unificada de su papel en el escenario mundial.

Diego: Una de las cosas que muchos economistas y científicos sociales están discutiendo hoy es el concepto de desarrollo. ¿Cómo entiendes este concepto ahora? Mencionaste antes que no te gusta categorizar a los países como desarrollados y subdesarrollados. ¿Cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre el desarrollo, especialmente en el contexto del cambio climático y las diversas formas en que las sociedades ven la vida y la naturaleza?

Robinson: Creo que la historia del estudio del desarrollo en el ámbito académico ha sido muy distorsionada. Los economistas a menudo ven el mundo como si hubiera países “desarrollados” como Estados Unidos y el resto del mundo fuera solo una versión fallida de eso. Esto es un concepto completamente erróneo.

Históricamente, diferentes sociedades han perseguido diferentes objetivos. No todas intentaban replicar lo que hacían Estados Unidos o Europa. Por ejemplo, en África, las sociedades estaban estructuradas de maneras que eran mucho más colectivistas, menos individualistas y a menudo políticamente descentralizadas. Sus objetivos eran fundamentalmente diferentes de los de las sociedades occidentales como Inglaterra o Francia.

Cuando hablamos de desarrollo hoy en día, todavía se hace demasiado hincapié en el crecimiento económico (cómo lograr que el crecimiento sea sostenible frente al cambio climático, la transición a la energía verde, etc.), pero ese enfoque perpetúa la misma mentalidad. Creo que su pregunta apunta a algo más profundo: ¿qué constituye una buena vida?

Para mí, el desarrollo es algo más que simplemente empoderar a las personas. En muchas culturas, particularmente en África, no se hace el mismo énfasis en el individualismo que vemos en Occidente. Por ejemplo, existe el concepto de *Ubuntu*, un sentido de comunidad e interconexión. Existen ideas similares en partes de Asia y otros lugares.

Por lo tanto, el desarrollo debería implicar la creación de condiciones en las que las personas puedan construir las sociedades que imaginan para sí mismas. Sin embargo, en Colombia hay enormes desafíos: exclusión social, pobreza, falta de servicios básicos como educación, agua, atención médica y seguridad. Con estos problemas urgentes, puede parecer un lujo hablar de lo que da sentido a la vida.

Diego: En Colombia, muchas personas, incluidos periodistas, han celebrado su premio Nobel como si fuera una victoria para el propio país. ¡Incluso he oído hablar de un pequeño pueblo que está planeando construir una estatua en tu honor! Es un gesto hermoso que demuestra cuánto resuena tu trabajo aquí.

Pero, a nivel personal, ¿cómo ha cambiado tu vida el hecho de ganar el Nobel? No se trata de una pregunta académica, se trata de ti como persona. ¿Este reconocimiento ha cambiado tu perspectiva o cómo ves tu trabajo y tu futuro?

Robinson: ¿Estás preguntando específicamente sobre Colombia o de manera más amplia?

Diego: De manera más amplia, pero especialmente cómo te ha afectado *a ti*.

Robinson: Lo bueno de esta experiencia, especialmente en la última semana, es que me ha dado un momento para dar un paso atrás y reflexionar. En el mundo académico, rara vez tienes tiempo para hacer eso. Aunque he trabajado en este campo durante mucho tiempo, mi agenda siempre está repleta: hago malabarismos con múltiples proyectos de investigación, escribo libros y artículos, hago presentaciones, doy clases, soy mentor de estudiantes y reviso su trabajo. Es implacable.

Ganar este premio me ha dado la oportunidad única de hacer una pausa y pensar en lo que he logrado, en lo que he trabajado y en lo que viene después. También me ha permitido conversar con estudiantes, exalumnos, colaboradores y amigos. Hemos estado hablando de lo que hemos logrado juntos y de lo que podemos aspirar a hacer en el futuro.

Ha sido increíblemente gratificante. No es algo que hubiera sucedido de otra manera. Este reconocimiento me dio una razón para conectarme con la gente de una manera más profunda, para reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho juntos y para pensar en el impacto que hemos tenido. Esa ha sido la parte más significativa de esta experiencia hasta ahora.

Diego: ¿En este momento? ¿Dónde está tu mente en este momento? ¿Qué pasa por tu mente mientras piensas en los próximos años? ¿Cuáles son las preguntas que aún persisten, las que aún quieres explorar y reflexionar?

Robinson: Sabes, cuando cumplí 60 años, comencé a pensar en lo que podía lograr. Se convirtió más en una cuestión de priorizar: lo que es realmente importante para mí y lo que quiero lograr en los años que me quedan. Eres un chico joven, así que probablemente aún no pienses en esto. También fue una sorpresa para mí. A los 50, nunca pensé en eso. Simplemente sigues adelante. Pero a los 60, comencé a reevaluar.

Una cosa que quedó clara fue la importancia de escribir. Estoy trabajando en un libro sobre África en este momento. Sentí urgencia, como algo que necesitaba publicar. Si muriera, sentiría que estaría incompleto si no lo escribiera. Entonces, me he centrado en eso y debería estar terminado el año que viene.

Otra cosa fue la docencia. He enseñado en Bogotá durante 28 años, y ese ha sido uno de los aspectos más gratificantes de mi trabajo.

Robinson (continúa): Antes estaba hablando del libro sobre África, pero hay otra área que sigue desconcertándome: América Latina, en particular esta desconexión que he observado. ¿Qué es lo que, en un nivel más profundo, impide el tipo de implementación que puede hacer realidad los ideales utópicos?

Por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui a Colombia. Visité Fedesarrollo, es un instituto, por si no lo conocen. Los economistas colombianos allí me estaban dando conferencias sobre cómo Colombia era una historia de éxito: no habían reprogramado su deuda, evitado la inflación, todo eso. Sonaba convincente hasta que fui a Melgar ese mismo fin de semana.

En 1992, viajar a Melgar significaba que tenías que pegar pesos con cinta adhesiva debajo del paso de rueda de tu auto en caso de que te detuvieran y te robaran. Esa experiencia fue muy dura, fue como vivir en dos Colombias diferentes. Y no es solo Colombia. Se ve en gran parte de América Latina, aunque tal vez no en Chile o Costa Rica. Es esta pregunta fundamental: ¿cómo conciliar esa desconexión? ¿De dónde surge esta mentalidad que acepta contrastes tan marcados?

He estado investigando sobre esto y me gustaría profundizar más. Es un desafío persistente, como con la misión de desarrollo rural de Colombia liderada por José Antonio Ocampo. Fui a un seminario sobre eso en la Universidad Tadeo Lozano. Estaba lleno de sueños utópicos: diapositivas de PowerPoint con cientos de puntos clave sobre políticas que todos sabían que no se implementarían.

Es desconcertante. ¿Cómo puede alguien como Ocampo presentar estas ideas cuando él sabe, yo sé y todos saben que no se harán realidad? Ese es un rompecabezas que me gustaría resolver.

Diego: Y solo para preguntar algo más personal, ¿cómo es tu relación con Colombia en estos días? Quiero decir, estás casado con una colombiana. ¿Cómo es tu vida en Colombia?

Robinson: Sí, no, Colombia es maravillosa. Para mí, lo importante son las conexiones que tenemos allí: muchos amigos, muchos ex alumnos. Los padres de mi esposa viven en Bogotá. Pero lo que más me llama la atención, y lo que encuentro trágico, es el potencial no realizado de Colombia. He trabajado en muchos lugares, pero Colombia es única en ese sentido.

Tenemos muchos vínculos allí. Tengo muchos colaboradores en la Universidad de los Andes y estoy haciendo mucha investigación con ellos. Pero lo que me frustra es que Colombia parece estar estancada. Hay tanto potencial, pero sigue sin explotarse.

No hay ninguna razón por la que Colombia no pueda tener niveles de vida comparables a los de Estados Unidos. El país podría estar creciendo a un 10% anual. Solo necesita algunas inversiones básicas y una sociedad más inclusiva para liberar todo el talento que ya existe.

El problema radica en superar los sistemas arraigados: el mundo de los oligarcas y el clientelismo generalizado. Todo el mundo sabe quiénes son los oligarcas, pero el verdadero desafío es romper con esa idea. ¿Cómo se logra esa transición?

Hubo una pequeña ventana de oportunidad con el proceso de paz, pero creo que el presidente Santos la desaprovechó. Y, francamente, no creo que el presidente Petro la comprenda del todo tampoco.

Diego: Es una nota fuerte y que invita a la reflexión para terminar. Profesor Robinson, muchas gracias por su tiempo.