“Todos los estamentos sociales del país tienen algún muerto que llorar”. Fabio Castillo, reportero colombiano. (1956 – 2025)

“Ningún periodista puede tolerar que existan en el país temas tabú, y el de la mafia pretende ser el primero”. Fabio Castillo, reportero colombiano.

Estas palabras, escritas y publicadas en 1987, en pleno boom del narcotráfico y la danza de los millones mal habidos, eran una lápida encima.

El valiente que las dijo se llama, se llamaba, Fabio Castillo, extraordinario reportero colombiano, pluma y sabueso judicial del diario El Espectador.

Porque hubo un tiempo en que ser periodista de investigación en Colombia significaba jugarse la vida, hacerles fieros a la muerte, meterse en la boca del lobo, como le dijo don Guillermo Cano a su joven reportero Fabio Castillo en los años 80, cuando ambos, el director y su pupilo, decidieron enfrentar a los capos de la mafia colombiana, desde las páginas de El Espectador, diario valiente que lloró con sangre su coraje. Aquel día, Castillo tomó el siguiente vuelo a Cali y regresó varios días después con una primicia: La historia secreta del mafioso Gilberto Rodríguez Orejuela sale a lo ancho de la primera página: “La jugada del ajedrecista”, alias del jefe del Cartel de Cali. El periodismo se hacia entonces en la calle -en el lugar de los hechos, como toca- y arriesgando el pellejo. La obra de Fabio es una clase magistral de periodismo para los noveles reporteros.

“Recuerdo su humor negro, que mostraba la persona inteligente que fue.  Sabíamos que la mafia había puesto un precio por su cabeza. Nos vimos varias veces mientras estuvo escondido en Bogotá y mantuvimos correspondencia por carta mientras estuvo en el exilio. Yo era el enlace entre las editoriales y El Espectador cuando el libro se publicó. Hasta hoy caigo en cuenta del delicado trabajo que estaba haciendo. El libro de vendía como pan caliente y muy pronto, pirateado, se conseguía en cualquier semáforo.

Fabio sale del país tras la publicación de “Los jinetes de la cocaína”. Él amaba este oficio, lo ejerció de manera limpia y transparente, nunca dejó de ser periodista, Estudió derecho y fotografía. Fue un maestro de vida. Una de las cosas que yo hice fue estudiar derecho y en parte lo hice por él. Era una persona muy inteligente, muy crítica, muy informada;   casi que lo obligaba a esforzarse para estar a su altura. Una conversación con Fabio era una conversación muy intelectual”: Gilda Sarmiento, periodista.

Un día del año de la pandemia, le escribí a Fabio Castillo por Messenger:

“Maestro, su vida es de película. Todavía no entiendo porque nadie la ha hecho”, le dije —Porque yo la estoy escribiendo, me respondió, y con eso me despachó; me fui de la conversación sin pelear por la historia, consciente de que varias veces tuve el privilegio de conversar con un ser despojado de vanidades.

Caminando por el centro de Bogotá, calle 15, abajo de la Séptima, donde venden los libros de segunda mano (ediciones originales y en buen estado, que conviven con las ediciones piratas), encontré esa joya del periodismo colombiano que es el libro “Los jinetes de la cocaína”.

Debajo del título, en minúsculas aparece el nombre de un hombre en mayúsculas: fabio castillo. Valiente también la editorial que lo publicó en 1987: “Documentos Periodísticos”. Después vendría un segundo libro: “La coca nostra” (editorial Oveja Negra, 1991)

“… los narcotraficantes colombianos empezaron a ser llamados ´los jinetes de la cocaína´ en referencia a los tiempos del Far West, cuando toda diferencia personal se resolvía a plomo. (…) Los narcotraficantes colombianos (…) empiezan casi siempre por asesinar a los familiares de su rival, y solo si no logran amedrentarlo, concluyen asesinándolo a él”, escribe Castillo.

Doscientas setenta páginas de pura adrenalina escritas en clave de buen periodismo y por ratos convertido en un obituario en homenaje a todas aquellas víctimas de los carteles del narcotráfico, empezando por don  Guillermo Cano, asesinado el 17 de diciembre de 1986 por orden de Pablo Escobar.

En el libro aparece esta fotografía de don Guillermo Cano con la siguiente leyenda: “La lucha contra la mafia del narcotráfico se llevó a cabo desde varios frentes. Don Guillermo Cano la asumió desde la página de su periódico, El Espectador. La libró solitario y con una ardentía que contrastaba con su timidez personal. Su sacrificio estremeció la conciencia de la Patria”. Columnas valientes como esta (página 219) le costaron la vida a don Guillermo Cano. 

En la lista también figuran ministros, magistrados, policías y más periodistas. Fabio Castillo se salvó de puro milagro, pero pagó su hazaña con el exilio. Nadie en Colombia sabía que estaba en España y se llamaba Manuel Carreras; siguió trabajando desde la clandestinidad para el periódico.

Ligia Riveros, otra reportera exiliada, lo recuerda así: “Volví a encontrar a Fabio Castillo en Madrid, cuando llamaba a Fernando Cano de El Espectador desde una cabina telefónica. A pesar de la lejanía, continuaba con sus denuncias pero a través de llamadas desde Europa. Jamás perdió su contacto con El Espectador, periódico que lo respaldó en todo momento, como lo hizo Cromos conmigo cuando tuve que salir de Colombia hacia España por las amenazas que recibí”.

Hubo intentos de silenciar el libro y sacarlo de circulación. Es un placer casi morboso volver a leerlo para comprobar con cierta rabia que en los males de esta nación está la mano de políticos, narcos, militares y guerrilleros.

Atravesar sus páginas es recuperar la memoria. La investigación está soportada con fotografías de los capos y de sus lujosas propiedades, fotos de los verdugos y sus víctimas, descripciones de sus métodos despiadados, las estrategias usadas para lavar dólares, sus tentáculos en la política y en el fútbol pero también en el boxeo, el automovilismo, la hípica y los toros.

“Habían decidido comprar el país”, escribe Castillo en la página 122.

“Hay tantas cosas anecdóticas que viví con Fabio, desde nuestras parrandas de fin de semana cuando ambos trabajamos en El Espectador. Pero quizás una significativa fue tiempo después de que Fabio llegó obligado del exilio y tuvo que cambiar de residencia en varias oportunidades porque las amenazas contra su vida persistían.  Yo era muy amigo de la gerente del Hotel Tundama, un edificio de once pisos, localizado en la calle 21 con novena, un sector que por esas épocas era considerado zona roja, pero más que por razones de seguridad, porque allí merodeaba la prostitución callejera. Fabio me pidió hablar con ella para saber sí era posible que le permitiera hospedarse mientras disminuían las tensiones sobre su seguridad. La gerente, una mujer querida y generosa, lo aceptó de inmediato y Fabio se fue a vivir allá por cerca de un año, llevando como equipaje un gran morral cargado de documentos y de algunas prendas personales. Ella le dio albergue totalmente gratis. Fabio se sentía muy seguro en el sector, el que, según decía, era el peor sitio de Bogotá, donde nadie se imaginaría encontrarlo. Desde allí siguió escribiendo sus investigaciones para El Espectador y para sus libros. Yo lo visitaba ocasionalmente y él no perdió la rutina de recorrer el centro de la ciudad, intentando llevar una vida normal, con las precauciones del caso y siempre confiado en que había encontrado su mejor escondite. Por fortuna nunca me pasó nada, borrachito o en sano juicio, comentaba jocosamente algún tiempo después”: Gonzalo Silva Rivas, periodista.

En el libro “Los jinetes de la cocaína” pueden leerse también aspectos relacionados con la toma del Palacio de Justicia, hecho del que se cumplen 40 años este 2025, la extradición de narcos y hasta el asesinograma con la estructura de la organización liderada por Escobar para asesinar al ministro Rodrigo Lara.

“…antes de que el libro saliera a las librerías yo ya tenía amenazas de muerte concretas. “¿Pero cómo es posible?”, me preguntaba, y no había sino una explicación: el editor trabajaba para la mafia”, contó Castillo en una entrevista que apareció en el periódico Universo Centro.

Hechos claves de nuestra historia, así como personajes que siguen vigentes en la vida pública aparecen mencionados en “Los jinetes de la cocaína”. ¡Pero qué frágil es la memoria…!

LA BONANZA MARIMBERA

“En la Costa Atlántica también hubo explosión de dinero. En 1972 empezó a trascender a la prensa la historia de unos señores costeños, medio exóticos, que hacían pública ostentación de grandes capitales que, según explicaban ellos mismos, provenían de la venta de una yerba que, para la idiosincrasia colombiana, solo se fumaba en el Festival de Woodstock: la marihuana”.

(…)

 “De esta época es la famosa colección de Ferraris del clan Lafaurie González (Eduardo, Iván y Fernando) y las casas con sótano blindado y provisión de alimentos para varias semanas, que hoy se pueden visitar como auténticos museos, en Maicao y Riohacha”.

“Un kilo de cocaína llegó a costar casi lo mismo que un buque cargado de marihuana”: Fabio Castillo, en “Los jinetes de la cocaína”.

ÁLVARO LEYVA DURÁN

“Álvaro Leyva Durán, senador conservador por Cundinamarca, se quedó con buena parte de los esmeralderos simpatizantes del grupo político ospinista. Estuvo a punto de ser asesinado durante la campaña para el Congreso en 1986, cuando le hicieron varios disparos en el momento de abordar un helicóptero de uno de ellos, en el marco de una nueva guerra que sostienen dos facciones rivales de ´gemólogos´ desde 1985”.

“Los recuerdos que tengo de Fabio, son los de un hombre reservado, alegre, cálido y con una sonrisa, que hablaba más que sus palabras.  Se le tenía respeto, en general a su equipo, pero él se acercaba a hacer amistad con nosotros. Me da tristeza su muerte. Un buen colega, respetuoso, serio y sencillo”: Claudia Forero, escritora y ex reportera.

EXPRESIDENTE ALFONSO LÓPEZ

“En el gobierno de Alfonso López (1974-1978) se creó la ´Ventanilla Siniestra´ en el Banco de la República por la que ingresaron los millones de dólares de la bonanza marimbera, confundidos con los de la bonanza cafetera, que por lo demás en buena parte correspondieron a contrabando del grano”.

(…)

“Años más tarde, a raíz de la reunión de López Michelsen con los narcotraficantes en Panamá en 1984, se supo que la DEA le había entregado, siendo presidente de la República, el Libro Blanco de la Marihuana. López explicó entonces que no lo había tomado en serio ´porque era una lista de nombres casi sin pruebas´”.

PABLO ESCOBAR

Escobar todavía estaba vivo cuando Fabio Castillo se refirió a él en su libro. “Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien para entonces era un ´gatillero´, como denominan a los sicarios de la mafia, dio muestras de ser implacable en la lucha por el poder. La vida de Pablo Escobar, anterior a su ingreso a los círculos de la mafia, había estado vinculada con los bajos fondos delincuenciales antioqueños”.

El equipo de investigación de El Espectador reveló esos antecedentes en 1983, y esa fue la génesis de la persecución de la mafia contra el diario más antiguo de Colombia y sus periodistas. Don Guillermo Cano publicó la foto de un joven Escobar reseñado por el DAS tras ser capturado en Itagüí con otros compinches. “En su poder –escribe Fabio- se encontraron 18 bolsas de polietileno que contenían 39 kilos de cocaína de alta pureza…”.

“Escobar Gaviria era todo un personaje en Medellín. Sus campañas cívicas habían generado que se le calificara en la revista Semana como el ´Robin Hood paisa´ desconociendo su tenebroso prontuario”.

“A su amiga pública, una animadora de televisión, Vallejo, le regaló un estudio de televisión para que filmara sus programas sin necesidad de salir de casa, y una fábrica de medias femeninas”.

“Recuerdo que cada hora salía una camionetica azul, de platón, marca Kiamaster, de la sede de El Espectador de la Avenida 68 a la oficina del centro, que quedaba en la Avenida Jiménez con carrera 4a, generalmente llevando correo entre sede y sede. Y Fabio, a eso de las 10:00 de la mañana cogía esa camioneta en el edificio de la 68 y nos decía: ´Me voy para Bogotá´, lo que generaba risas entre los compañeros de redacción”: Orlando Henríquez, periodista.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

“También es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez —cuyo padre, Álvaro Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante—, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil”.

 “Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el alcalde Álvaro Uribe Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financias por Pablo Escobar”.

CARLOS LEDHER

Tras la separación de sus padres Carlos Enrique Ledher Rivas “entonces de 11 años, vivió poco tiempo con su padre (el alemán Guillermo Ledher casado con la ex reina caldense Helena Rivas Gutiérrez), a quien mortificaba con un santuario personal —bajo el descanso de una escalera— con una veintena de fotos de Adolfo Hitler, a quien alumbraba con la misma veneración que tendría luego por los dólares y la marihuana”.

“Callado. Meticuloso. Gozado de la vida. Y ruidoso al reír. Él se relacionaba con su grupo: Osuna, Vladdo, Ignacio Gómez, Juan Guillermo Cano, Aura Rosa Triana… y supongo que con sus fuentes nacionales y extranjeras. Se interesó mucho en el Proceso 8000”: Juan Pablo Ferro, ex jefe de redacción de El Espectador.

DON GUILLERMO CANO ISAZA

Cuenta Fabio Castillo que si bien “son pocos los pormenores que se conocen acerca de la forma como se planeó el asesinato del director de El Espectador”, al día siguiente del crimen, exguerrilleros que trabajaban al servicio de la mafia “fueron acribillados frente a las instalaciones del complejo habitacional Metrópolis, a pocas cuadras de la sede del diario… una espectacular balacera que se prolongó por más de tres cuadras”.

También revela que por la muerte de don Guillermo pagaron $10 millones de pesos de la época.

Fabio Castillo. Foto Archivo El Espectador.

¿Y por qué se fue de El Espectador en 1982?
Me fui de secretario privado del procurador Carlos Jiménez Gómez.

¿Y por qué regresó El Espectador apenas un año después?
Pues porque terminó aliado con Pablo Escobar (se ríe). Mi oficina quedaba justo al lado de la del procurador. Sobre el escritorio de la oficina tenía una lamparita de esas chiquitas y como un viejito me quedaba a veces hasta las once de la noche pegado de los papeles, leyendo todas las investigaciones, seleccionando lo que servía y lo que no. Cuando pum, pum, pum, se prendieron todas las luces y entraron como cuarenta tipos, y como en esa época el M19 nos tomó de rehenes dos veces me dije “mierda, otra vez”. Cuando entró el señor Pablo Escobar Gaviria directamente al despacho del procurador. Yo apagué la luz y me quedé calladito, escondido.

¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?
Lo peor, y me dije que no había sino una forma de saberlo. Al otro día llegué a las 6:30 de la mañana, el procurador llegaba a las siete. Tan pronto lo vi pasar me fui para su oficina y le dije: “quiubo procurador, ¿cómo le fue anoche?”; “bien hombre, estuvo tranquilo”; “¿y dónde estuvo?”; “por allá en una comida”; “¿aquí?”; “no, no, yo de aquí me fui a las seis y no volví”; “mire”; “¿qué es esto?”; “mi renuncia”, y me fui. Salí, llamé a don Guillermo: “don Guillermo, me tocó renunciar”; “¡¿qué pasó?!”; “no, yo no le puedo contar, pero es gravísimo”. Y así fue que regresé. (Fragmento de la entrevista a Fabio Castillo en Universo Centro)

La periodista María Isabel Naranjo recoge varias anécdotas increíbles en un trabajo de grado, del cual se publicó un fragmento en Universo Centro (2013).

¿Y sobre qué está escribiendo ahora?
No se puede saber.

¿Por qué?
Porque me matan.

¿Alguna vez se ha dejado tomar una fotografía?
No.

¿Por qué?
Porque ese es mi seguro de vida. 

Pocos reporteros en Colombia pueden contar una vida que parece sacada de una novela. Hoy pienso que Fabio Castillo, además del extraordinario reportero que fue, debió ser un extraordinario novelista, el hombre que debió haber escrito la gran novela sobre la mafia colombiana. A lo mejor, mañana me levanto con la noticia de que él, Fabio Castillo, el maestro, dejó escrito ese libro que me dijo que estaba escribiendo y que después la historia de su vida aparecerá en Netflix o en la gran pantalla. Creo que sería un homenaje justo para alguien que hizo del periodismo el motivo de su existencia.

No sé si será mucho pedir, pero me gustaría escuchar una sola propuesta inteligente de alguno de los más de 50 candidatos a la Presidencia de la República.

No entiendo en que momento llegó la idea de que el primer cargo del país de la función pública en Colombia se gana grabando videos haciendo tonterías; asistiendo a procesiones católicas; bailando como pilanderas; o lo que es peor, valiéndose del dolor de toda una familia para buscar cámaras y micrófonos, primero en una clínica y luego en un sepelio.

Es tanto el nivel de ridiculez al que han llegado los candidatos a la presidencia que poco les importa decir frases vacías en los debates, llenas de generalidades que nada aportan al debate, y que los hacen ver como unos pobres tontos que no tienen la menor idea de lo que significa manejar un país con las complejidades que tiene Colombia.

Lo que es peor, parecen estar no en una competencia por la Presidencia de la República, sino en medio de un concurso del que más insultos y agravios e improperios lance.

Es cierto e innegable que el país está en malas condiciones por la mala gestión de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pero el tema no es ese porque ya todos lo sabemos, entre otras porque los hemos padecido, y lo que necesitamos son propuestas que nos permitan corregir el rumbo de dos pésimos gobiernos.

No sé si los culpables de tan vergonzosa campaña presidencial somos los votantes, que hemos preferido los gritos y los insultos en lugar de la argumentación, los análisis y las propuestas inteligentes. Quizás por eso es que en los últimos dos gobiernos hemos elegidos buenos candidatos, sin pensar que lo que se debe escoger es un buen gobernante.

Lo que hemos visto hasta el momento es un grupo de políticos que pretenden hacerse ver con una moral pura y limpia, tratando de que nada que les haga ver con la más pequeña mancha. Que descalifican al otro, y olvidan que detrás de sus impecables túnicas puede estar escondiéndose una mancha más grande que la tanto le indilgan a su contendor.

Prometen la transparencia, el mérito y la no burocracia y juran que no harán  entrega de ministerios,  direcciones descentralizadas y embajadas a la clase política, y olvidan que hoy por hoy esta frase no se la cree nadie y da risa escucharla, porque las alianzas politiqueras que no hacen en campaña, las aplazan para cuando llegan a la Casa de Nariño armando coalición con senadores y representantes a la cámara de los partidos políticos que miraron con desprecio mientras buscaban simpatías para ganar la presidencia.

Niegan que al llegar a la presidencia de la república propondrán más reformas tributarias, cuando eso es justamente lo que necesita la función pública para invertir en proyectos, y si no es así, ¿Qué me digan entonces de donde van a sacar la plata?

Aseguran que devolverán la seguridad y la tranquilidad a los colombianos,¿devolver la seguridad?, Por favor  si algo ha reinado en Colombia en toda su historia es la inseguridad y la intranquilidad. Este país jamás ha sido seguro.

Todos los candidatos de la derecha ponen de ejemplo de transparencia y buen gobierno a Álvaro Uribe Vélez, ¿transparencia? ¿se les olvidó la Yidispolítica, notarías, chuzadas del Das, falsos positivos, zonas francas y Agroingreso Seguros?

La izquierda por su parte, no acepta que tiraron a la caneca de la basura la oportunidad de oro para demostrar que podían generar un cambio en las políticas de Estado que han fracasado durante décadas, y se han dedicado a generar un discurso contestatario y a veces incendiario.

De los del centro ni hablemos, porque si algo los caracteriza es su enorme incapacidad para abandonar su inmenso ego y soberbia. Ellos no entienden, ni entenderán jamás que la única manera que tienen para ganar es uniéndose en una candidatura que genere un discurso diferente y alternativo, porque su vanidad y egolatría es más grande que la de París Hilton, Madonna y Lady Gaga.

En serio que es tan pobre y tan vergonzosa esta campaña política por la presidencia, que no dan ganas ni de escuchar las tonterías que suelen decir en sus redes sociales los que aspiran a la presidencia.

“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”: John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos.  

La política bien puede equipararse con un partido de fútbol, un juego de naipes o una partida de ajedrez. El presidente Gustavo Petro movió sus fichas correctamente, sacó el as bajo la manga y le ganó por w al Congreso de la República.

Mediante una jugada maestra (consulta popular), lo obligó a desarchivar la reforma laboral (hundida con el voto de ocho senadores).  Y cuando el Senado negó también la consulta popular, con otra jugada maestra (consulta popular por decreto), el presidente consiguió por fin la aprobación de su resucitada reforma.

Es decir, lo que desde el principio debió discutirse y aprobarse por consenso y de buena gana, terminó aprobado casi que a las malas, dejando claro que el Legislativo pecó de soberbia una vez más y pagó el precio de su incompetencia. Sería interesante adelantar una encuesta que mida si la imagen del Congreso de la República empeoró o quedó igual de maltrecha luego de este episodio.

Días antes a la aprobación y posterior conciliación de la reforma, los medios divulgaron una encuesta de la firma Invamer, según la cual la desaprobación del presidente Petro pasó del 54 al 64%. Habría que pedirle a la misma encuestadora medir su popularidad luego de estampar su rúbrica en la ley.

Esta historia nos remite dos décadas atrás cuando despuntaba el nuevo siglo. Hace veintitrés años, Colombia estaba tan dopada con la elección de Álvaro Uribe Vélez que nadie se percató de la primera de muchas jugaditas que marcarían sus ocho años de gobierno: la Ley 789 de 2002, que precarizó el empleo al despojar a la clase trabajadora de derechos adquiridos.

En beneficio de la clase empresarial, Uribe usó el cuentico de que “a Colombia la está matando la pereza” para desquitarse con los trabajadores cuando apenas llevaba cuatro meses en el poder. Aquel sablazo iba dirigido, creo yo, a un Congreso que trabaja poco y gana mucho, y no a una clase trabajadora que se levanta antes de que aclare el día para sobrevivir de chichiguas y aun así se las quitaron bajo el primer mandato del presidente antioqueño.  

Uribe extendió el horario ordinario de trabajo de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche; es decir, eliminó de un tajo cuatro horas de recargos nocturnos, y no contento con ello, quitó el cien por ciento del pago de los recargos dominicales y festivos, y les arrebató las prestaciones sociales a los aprendices.

Uribe usó el cuentico de que “a Colombia la está matando la pereza” para desquitarse con los trabajadores.

En una página web que ensalza el legado de Uribe, informan que siendo senador “en 2017 logró que se aprobara la modificación a la Ley 789 para que el recargo nocturno se reconociera a partir de las 9:00 de la noche, reforma que ha significado un nuevo, enorme y justo alivio para los trabajadores, sin diluir la competitividad de las empresas”. No, señor ex presidente, la palabra alivio no es ningún calmante cuando se han amputado derechos legítimos.  

Dos décadas y cinco gobiernos después, bajo el mandato de Gustavo Petro esos derechos han sido restituidos a través de 70 artículos y se han incorporado unos nuevos con la nueva reforma laboral. Como lo dije en este blog, esta reforma nace de la Izquierda y desde sus entrañas fue defendida por una mujer comunista, Gloria Inés Ramírez, siendo ministra de Trabajo.

Así, por ejemplo: se amplió en dos horas el recargo nocturno, que empezará a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m. (antes de la ley Uribe, el recargo nocturno iba desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m.); en tanto que domingos y festivos se pagarán al doble, no al 75%. Los estudiantes del Sena tendrán un contrato laboral que les garantiza remuneración (un salario del 75% durante la etapa lectiva y del 100% durante la etapa práctica, más afiliación a salud, pensión y riesgos laborales), y los trabajadores de plataforma digitales (repartidores que laboran mediantes aplicaciones de domicilios) contarán con mejores condiciones laborales.

Más jóvenes trabajando significan más compradores para todo aquello que produzcan las compañías.  

Pero también hay que decir que la reforma dejó por fuera a los trabajadores del campo. Recordemos que en su ponencia la senadora Angélica Lozano eliminó el “contrato agropecuario” propuesto por el gobierno para dignificar al trabajador campesino, asunto del cual no se ha hablado pero del que seguro se hablará en su momento cuando su esposa, la candidata Claudia López, hoy en competencia por la Presidencia de la República, vaya a la ruralidad en busca de votos. De esa Colombia profunda hablan los políticos como si les importara, sabiendo que no les importa, salvo para meterla en sus discursos de manera conveniente.

Gustavo Petro le ganó el pulso político al Senado de la República y a su presidente Efraín Cepeda, a un Congreso que se ha mostrado ajeno y displicente con las reformas sociales que necesita el país. La reforma Petro deja sin efectos una ley regresiva que Álvaro Uribe sigue considerando como uno de sus grandes legados. Seamos justos y digamos que sí: fue su legado a los empresarios colombianos que engordaron sus chequeras en detrimento de la calidad de vida de los empleados.

La Izquierda les devolvió a los colombianos derechos que la Derecha les quitó. 

El exministro José Manuel Restrepo se inventó el término “necrofilia política” para satanizar la nueva reforma laboral. Dice que es “mala para generar empleo formal, mala para reducir la informalidad, mala para elevar la productividad y pobre para dignificar a la gran mayoría de la fuerza de trabajo que es informal o desempleada”. Lo que no dice es que todos esos males, producto de las injusticias sociales, vienen creciendo desde el siglo anterior al amparo de políticas neoliberales como las que él impulsó siendo ministro de Hacienda de Iván Duque.

Es necesario que el gobierno de Gustavo Petro haga la suficiente pedagogía sobre los alcances de la nueva reforma laboral antes de que los detractores sigan generando pánico y desinformación.

Se ha dado un primer paso para que en Colombia se hable de otros asuntos que ya son preocupación en el mundo, como la redistribución de la riqueza, que no es quitarle a los ricos para darles a los pobres, sino pagar salarios justos, aumentar los impuestos a los que más tienen y abrir el debate sobre la llamada Renta Básica, el ingreso que les garantice alimento a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad.

En tiempos de desesperanza, se vale soñar despierto. La Historia política y económica de Colombia tendrá que recordar que veintitrés años después un gobierno de izquierda les devolvió a los colombianos derechos que un gobierno de derecha, en cabeza de Álvaro Uribe, les quitó. 

El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.

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Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.https://albumizr.com/a/ZLlk

Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.

El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo acceso.

Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.

“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.

El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.

Todos los caminos conducen a Carrasco

La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su  nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.

Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero  se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta administrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.

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“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.

A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.

En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.

Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).

Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con acceso al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.

Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.

Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.

Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.

En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.

La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.

La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.

Territorio “no disponible”

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.

Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.

Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.

Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, admite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.

Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.

Historia de un parque “donde siempre llueve”

El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.

Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.

Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.

Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.

Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.

Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.

Un destino incierto

Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.

Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o administración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.

Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.

En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.

Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.

Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.

Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.

El artículo original fue publicado por La Región / Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nuevamente, la ideología de transferir beneficios a la comunidad campesina se transforma en un velo de oscuridad abriendo solo la puerta que la burocracia conoce, estafas, engaños, fraudes que se efectúan internamente por personal de la entidad.

Iniciemos el artículo con un breve reseño histórico de la Caja Agraria, ya difunta, donde se origina la formación del Banco Agrario. Iba a usar vulgaridades porque esta pila de energúmenos me sacan y agotan la paciencia, como por ejemplo,¿a quién carajo se le ocurre juntar mierda con mierda si el olor es igual? La Caja Agraria recuerdo que mi padre fue socio de ella, y sus acciones fueron dizque repartidas cuando falleció de acuerdo a la sentencia de partición. Pero era una entidad como la actual que se enfocan en una población difícil por muchas razones.

Sin educación, sin vida crediticia, sin vida comercial, sin vida bancaria, sin información gravable.

Que a propósito, una declaración de renta extemporánea es tan servible y viable como cualquier documentación.

Es más, es el principio de ingreso a una comunidad fantasma dentro del sistema de la Dian.

Solo a los políticos corruptos se les ocurre emplear analfabetas sociales que se les impide clasificar el nivel educativo de sus clientes, acostumbrados al nepotismo, a las recomendaciones de trabajo para individuos que son el tío de la vecina de la niña Nona, quien vivía en la casa de la esquina del Coronel adjunto a la presidencia de los lagartos. ¿Qué diablos escribí en esta última frase? No tiene significado lógico, ¿cierto?

Pues es precisamente lo que sucede en el Banco Agrario, que para poder establecer una función de préstamos tiene que utilizar cuanta artimaña financiera puedan para aprobar créditos. En realidad, no es solo con ellos, si no todos los bancos en Colombia.

Amplío este criterio. La población campesina – a la cual está supuestamente dirigido el enfoque de trabajo – ante el criterio de análisis de crédito financiero carece de todas las bases fundamentales para el otorgamiento de un préstamo, a menos que se utilicen herramientas disponibles dentro del mismo sistema sin caer en la fabricación documental, aunque puede existir al crearse esa información legalmente. Este paso, visto desde afuera. Internamente, necesita la firma del jefe del jefe que tiene conexiones con el cliente o con el amigo del amigo del amigo.

Común en Colombia, tráfico de influencias. Pero literalmente, se encuentran ante un préstamo que no tiene viabilidad por una de las diferentes razones.

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene varios libros describiendo la vida del campesino en el Atlántico titulados Campesinos de Tierra y Agua y especificados en otras zonas del Caribe. Pero en la fusión con las ciudades cercanas al campo, la imagen campesina rehúsa una identidad como tal, desequilibrando una formación que permita localización dentro de un sistema financiero que permita su desarrollo.

Resumiendo, para que un campesino pueda gozar de estos beneficios ofrecido por el Banco Agrario, hay que trabajar personalmente con los interesados para la creación de una vida crediticia compuesta, por crédito, cuenta bancaria y formación profesional. Suena bien en teoría ¿cierto?

Lean lo que dicen ellos en su sitio virtual: “Somos un Banco de Desarrollo 

Nos dedicamos a cumplir los sueños de millones de colombianos en el campo y contribuimos al desarrollo del agro. A través de nuestros más de 8 mil colaboradores cambiamos vidas y construimos país. Nuestra misión es desarrollar oportunidades de mejora para pequeños, medianos y grandes productores. Nos sentimos sumamente orgullosos de ser la entidad financiera con mayor presencia en el territorio nacional, con 790 oficinas tradicionales, 107 oficinas ligereas y con más de 22 años de experiencia”.

Y lo más irónico, Trabajemos juntos.

En mis treinta y cinco años como Real Estate Broker independiente en California, una de mis responsabilidades era conseguir préstamos para la compra, refinanciar deudas hipotecarias, casas familiares, edificios y de negocios con el SBA (Small Business Administration).

El primer paso luego de hacer contacto era el de analizar superficialmente los ingresos, el segundo, la vida crediticia, que en cualquier tipo de transacción hipotecaria o préstamos, ES LA MÁS IMPORTANTE. Es lo que determina la viabilidad de la negociación, el puntaje, la tasa de interés, qué porcentaje (hubo ocasiones que se podía conseguir hasta el 125% del avalúo), y qué ARREGLO NECESITA ESTE REPORTE. No es cometer fraude. Se trata de arreglar LEGALMENTE lo negativo que pudiese tener, y lo que se pueda, porque aun así tengas el mejor puntaje, tus ingresos se pueden comprobar con la dirección de impuestos, primero, necesitas quien lo presente ante el banco bajo las guías del préstamo que quieres adquirir, y segundo, NO IMPORTA QUÉ TAN MALO SEA EL PUNTAJE, NI QUÉ DIFÍCIL SEA CORROBORAR INGRESOS, aun así, se puede conseguir préstamos. Más caros, interés más alto, más cuota inicial, PERO SE PUEDE CONSEGUIR. Hay diferentes bancos con criterios diferentes, y cada banco tiene en sus manos métodos de como doblegar un requisito.

Aquí viene mi interacción a la narración con el título de este artículo: ¿Para qué carajo es que sirve el Banco Agrario?

Me les acerqué dos veces: El primer contacto fue con Diana Cantor el 3 de enero de 2022 que concluyó diciendo que (SIC): “como le había explicado, necesitamos un deudor solidario para poder continuar el trámite”. Pero lo que quería era que contratara un intermediario que me cobraba el 10% por la consecución del préstamo. Por supuesto que le dije que no, y no volví.

El segundo encuentro, movido por una recomendación que me mandó donde Diana, le conté mi experiencia, pero me dijo que no le dijera que era ella la que me mandaba, por lo que decidí ir a la oficina de El Prado. Sin cita, esperé mi turno a que me atendieran, e iba con dos posibles compradores.

Un muchacho inexperto que estaba súper nervioso no sabía cómo contestar mis preguntas, y quien se entrometía era una muchacha sentada a su lado, pero estaba atendiendo varias cosas a la vez. Al final, le pido como contactarlo porque iba a investigar sobre varias de mis interrogaciones.

Me dijo todavía nervioso, “que me iba a dar su información del banco porque la personal no la podía compartir”. Le contesté que era esa la que buscaba, salí del banco a hacer otras diligencias, pero ese intercambio quedó en mi mente magullando y tratando de descifrar el intercambio.

Al día siguiente le mandé un correo incluyendo a Yadilud Otero David, Gerente Regional de la Costa, y le pedí que trasladara mi mensaje al gerente de su sucursal.

El 20 de marzo me contactó Germán Acosta, quien se identificó como “Director de Oficina Barranquilla Prado del Banco Agrario. Me llamó, conversamos varias veces, le expuse mi proyecto y la idea de como presentarlo usando los programas que ellos tenían con el respaldo de Finagro, nos citamos a su oficina con los dos prospectos que tenía y me fui con ellos.

Pues me cambió con quien iba a ser la cita, y me la dio con el mismo muchacho que me atendió por primera vez. Tengo un defecto, no de vejez, lo he tenido casi siempre, que me cuesta trabajo recordar nombres y mi memoria no graba facciones de las personas. Si lo hubiese reconocido, me hubiese ido sin hablar con este carajito, porque la verdad es que la impresión que me dio la primera vez fue que le estaba pidiendo su información personal para un tipo de relaciones homosexuales.

Primero, a estas horas de la vida no tengo curiosidades de ese tipo; la única que tengo es de cuantos años más voy a vivir.  Pero esta juventud colombiana como que se dedica al tráfico de sexo virtual además de los trabajos que tienen y es para eso que usan a los posibles o clientes de los banco y andan en la búsqueda constante y creen que todos son como ellos. Se equivocó.

Como también se equivocó el tal “Director” que se le nota que le falta un montón de responsabilidad profesional, y por supuesto, conocimiento. Este tipo, la verdad que me gustaría hacerle una auditoría de sus ingresos, que no la pasaría. Le dije también que la muchacha que iba conmigo, iba a abrir una cuenta de banco, y el “Director” me contesta diciendo que eso no garantizaba el préstamo. Le expliqué que esa no era la intención, y me dijo que “tranquilo” allá lo ayudan.

Como mencioné antes, quien me atendió en mi segunda visita fue el posible homosexual (la verdad es que es su problema), se llama Freddy Carballo, y me dijo y que era abogado, dio explicaciones salidas de un cuento de hadas, que la apertura de cuentas bancarias tenía muchos requisitos porque querían estar seguros de que no se trataba de “blanqueos” o lavado de dinero. Mejor dicho, de ataques sexuales a tipo mafia me imagino que su percepción criminal lo hizo pensar que era eso lo que yo buscaba.

Aclaro, mi vocabulario en ambos idiomas es educado, y no hablo lenguajes reducidos al callejero, que claramente es el que hablan estos dos, con una mezcla de fantasía criminal que buscan como esperanza para salir de la mediocridad en que viven.

No soy criminal, esto incapacitado con afecciones cardíacas desde el 2010 que fue cuando me retiré de trabajar en mis profesiones de Contador y Preparador de Impuestos para el Estado de California desde 1979, Notario Público desde 1980, agente de bienes raíces para California desde 1986, Real Estate Broker para California desde 1990, Real Estate Broker para el Estado de New York desde el 2004, Real Estate Broker para el Estado de Colorado desde 2004, periodista para mi propia publicación desde el 2003, Paralegal (asistente de abogado) desde el 2016 graduado en Los Angeles City College, y Master of Business Administration con énfasis en Justicia Criminal desde el 2019, y colaboro con el Blog de El Espectador desde el 2018 (creo, no estoy seguro).

Pero el mejor título que tengo es el de ser padre de dos hijos y una hija, y abuelo de tres nietos y dos nietas.

Así que, mi experiencia con el Banco Agrario con Diana, Freddy y Germán me conlleva nuevamente al título de este artículo: Banco Agrario, ¿para qué carajo es que sirve esta vaina?

Porque yo lo que intentaba era de formar relaciones económicas trayéndoles clientes a quienes se les pudiese ayudar a establecer crédito, comprando un lote de los que yo les hubiese podido vender. Si no era el primer posible prospecto, hubiese podido ser otro, pero como le dije a Germán, el propósito era de comenzar.

Se me parece tanto a los burócratas de la Agencia Nacional de Tierra, que tienen un montón de gente en la nómina que no saben, ni trabajan porque son cuotas de políticos, o nepotismo, amigos de la tía del vecino que vivía en la esquina de la calle donde mataron al perro que era de la mujer del policía del barrio abajo. Chistoso, ¿cierto? Pero así de incomprensible es la naturaleza humana de los empleados con quien traté en el Banco Agrario. Buenos para nada.

El combate se definirá por puntos en el 2026

A no ser que el púgil presidencial impacte fuertes ganchos de izquierda contra el establecimiento, empiece a sumar adeptos en la arena popular y termine ganando el combate por puntos en este último round. Escenario improbable, pues tiene casi todos los grandes medios de comunicación empresariales en su contra, convertidos en cajas de resonancia de una oposición demoledora. Una oposición experta en manipular prejuicios y odios en las redes sociales, sin descontar muchos legisladores y algunos jueces que todavía desconocen el sentido profundo de la ley: “En la relación entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera”, según Lacordaire.

Por si lo anterior fuera poco, Petro enfrenta ahora a francotiradores de extrema izquierda que disparan con sevicia contra la Paz Total y la dejan herida de muerte. En verdad, el presidente la tiene muy difícil, sobre todo porque en el interior del “gobierno del cambio” hay funcionarios corruptos e incompetentes, en cumplimiento de cuotas clientelistas adquiridas durante su campaña presidencial, como lo demuestra el investigador Alejandro Reyes Posada en su columna “El endoso de la reforma rural para pagar gastos de campaña”[iv]. Por eso son tan demoledores los duros golpes propiciados por Armando Benedetti, Olmedo López y Sneider Pinilla, mucho más contundentes que los de la oposición. Todos ellos han mancillado la bandera más preciada y que más distancia a la izquierda de la derecha: la prevalencia de la ética pública y los intereses generales sobre la ética del becerro de oro y los intereses particulares. Así ha quedado demostrado con la descabellada exoneración en blanco de la exministra de las TIC Karen Abudinen, proferida por la procuraduría de Margarita Cabello Blanco, porque “las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”. Con justa razón editorializa El Espectador ¿Dónde quedaron los 70.000 millones de nuestros impuestos?[v]

Último Round

Cuenta apenas con año y medio el “Gobierno del Cambio” para demostrar que ética, política y socialmente, gracias a su capacidad de gestión pública, es superior a todos los gobiernos anteriores y en particular a esta derecha tan repentinamente demócrata como históricamente corrupta y violenta. Será, pues, un último round electoral del que dependerá la suerte de muchas generaciones. Solo entonces sabremos si hubo un golpe blando contra Petro o contra el establecimiento. Ello dependerá de la ciudadanía y su expresión en las urnas. ¿Despertaremos en el 2026 o continuaremos sumidos en esta interminable pesadilla en nombre de la “democracia, el Estado de derecho y la estabilidad institucional” propias de un régimen político electofáctico?[vi] Si no lo hacemos, seguro que otros gritos y estallidos sociales, más profundos y desgarradores que los de 2019 y 2021 nos despertarán. Pero el precio en vidas humanas y destrucción social será un golpe demasiado duro que todos lamentaremos, desde la primera hasta la última línea, donde mucha gente de bien se siente segura e intocable.

[i]  https://es.wikipedia.org/wiki/Agro_Ingreso_Seguro

[ii] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[iii]https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/presentacion-informe-tutelas-salud-2022.pdf

[iv] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/alejandro-reyes-posada/el-endoso-de-la-reforma-rural-para-pagar-gastos-de-campana/

[v] https://www.elespectador.com/opinion/editorial/y-donde-quedaron-los-70000-millones/

[vi] https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=223842

Toda la razón tiene Plamenatz, pues las instituciones perduran y los hombres desaparecen. Sin desconocer que las instituciones también son históricamente contingentes y susceptibles de desaparecer. Al fin y al cabo, son obras de hombres y mujeres comprometidos con su transformación, como nos acontece en la lucha inconclusa contra el racismo, el clasismo, el machismo y la impunidad, para solo mencionar las instituciones informales más resistentes y reaccionarias que aún subsisten en nuestra sociedad y perpetúan desigualdades inadmisibles y violencias injustificables. Justamente por lo anterior tiene sentido intentar comprender y descifrar esa especie de esfinge política que son nuestras instituciones y sus principales protagonistas, haciendo el paralelo entre líderes históricos que intentaron cambiarlas, como Alfonso Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán a mediados del siglo pasado y hoy lo hace denodadamente el presidente Gustavo Petro. Son protagonistas de una larga e infructuosa gesta reformista que continuaron con mediano éxito presidentes como Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria al final del milenio pasado. Sus reformas modificaron el cascarón formal de las instituciones, pero no afectaron sustancialmente el almendrón de las desigualdades, las exclusiones y las violencias, instituciones informales auspiciadas por poderes de facto y líderes de extrema derecha e izquierda al parecer intocables e insustituibles. Contra ellas y esos feroces defensores del Statu Quo lucharon con coraje y coherencia otros líderes como Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez, que pagaron con sus vidas la osadía de desafiar sin temor esa simbiosis de la política con el crimen y la ilegalidad, quinta esencia de la esfinge del actual régimen político electofáctico (1). Un régimen que ha logrado simular con cinismo credenciales democráticas bajo el ritual de elecciones periódicas e ininterrumpidas desde 1957. Elecciones que nada tuvieron de competitivas durante los 16 años del Frente Nacional. Tanto que cuando en 1970 fue derrotado el sucesor institucional de esa fórmula espuria y antidemocrática del “miti-miti” estatal, el candidato conservador Misael Pastrana Borrero, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo (2) burló la voluntad popular que votó mayoritariamente por el general Gustavo Rojas Pinilla. ¡Cuánto desearía Maduro contar hoy con la habilidad de Lleras Restrepo y el respaldo que entonces recibió!  Por eso no deja de ser una ironía casi incomprensible que hoy el presidente Petro, hijo legítimo del fraude que originó al M-19, le proponga a Maduro la fórmula del Frente Nacional para compartir el poder estatal con la oposición y superar así la actual crisis venezolana. Una crisis originada precisamente por el latrocinio electoral del que es responsable el mismo Maduro y su actual régimen cacocrático. Semejante argucia política jamás se le hubieran ocurrido a Jorge Eliecer Gaitán, pues con su bandera de la “Restauración Moral de la República” combatió implacablemente la corrupción de las oligarquías liberales y conservadoras, enquistadas en el País Político contra el País Nacional, como está hoy Maduro en Venezuela.

El “País Político” Vs el “País Nacional”

Esa distinción y antagonismo conserva todavía plena validez, tanto en Venezuela como en Colombia, pues el “País Político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder” se encuentra completamente divorciado del “País Nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendido por el país político. El País Político tiene rutas distintas a las del País Nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!… Para el país político la política es mecánica, es juego, es ganancia de elecciones, es saber a quién se nombra ministro y no qué va a hacer el ministro. Es plutocracia, contratos, burocracia, papeleo lento, tranquilo, usufructo de curules y el puesto público concebido como una granjería y no como un lugar de trabajo para contribuir a la grandeza nacional”. Por intentar superar tan tremendo drama Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948. En su célebre “Oración por la Paz”, dos meses antes de su magnicidio, le había exigido e implorado al presidente conservador Mariano Ospina Pérez, “una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad”, la clave de la democraciaque todavía no hemos podido descifrar y encontrar,pues el País Político optó por la violencia y el asesinato de quien pretendía resolver semejante drama. Un drama convertido desde entonces en tragedia histórica ya que dicha contradicción existencial entre los dos países no ha sido superada y es uno de los rasgos identitarios de la esfinge política nacional. De alguna forma, guardando las diferencias del contexto político y la impronta insuperable del liderazgo de Gaitán, Petro retoma en su discurso de posesión presidencial el mismo desafío institucional, al decir: “Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida”.

Petro, rehén del “País Político”

Sin embargo, los compromisos adquiridos por Petro durante su campaña electoral en la costa caribe y otras regiones del país con personajes tan representativos del País Político como Armando Benedetti y Roy Barreras –para solo nombrar dos de los más destacados— han afectado gravemente su independencia política y ética para avanzar por la senda de “una Colombia fuerte, justa y unida”. Ni hablar del lastre que hoy carga por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), convertida en una Unidad de Gestión de Robos Desastrosos, que involucra presuntamente desde los ministros de Hacienda y del Interior hasta los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Prácticas corruptas que Gaitán fustigaba con su verbo restaurador de la ética pública y su llamado a la “revolución de las costumbres políticas”.Entonces denunciaba como esa “pequeña minoría oligárquica” que “no por el trabajo, sino por las influencias, no por la lucha, sino por la especulación, no por la ardentía en las virtudes, sino al contrario, por la pequeñez sinuosa en los procedimientos, les corresponden ganancias fabulosas y acumuladas, mientras a la gran masa solo le corresponde sufrir la carestía de la vida y de la especulación”, maniobras propias de “la oligarquía conjunta llamada liberal o conservadora, que hace su agosto sobre la miseria y la desgracia de un gran pueblo abandonado”. Dichasprácticas son totalmente inadmisibles en un gobierno de izquierda, que pregona el cambio y cuya enseña diferenciadora de la derecha debería ser precisamente la prevalencia de la ética pública sobre los intereses particulares. Pero tales instituciones informales, propias de la práctica política y la codicia privada, persisten desde entonces porque en la mentalidad de los políticos profesionales, de los ciudadanos que los eligen y sus cómplices privados, la dimensión de lo público no existe y hacen del Estado y el presupuesto nacional un botín para enriquecerse la mayoría de las veces impunemente. Convierten lo público en su empresa particular y el Estado en un mercado para otorgar contratos y concesiones a los financiadores de sus campañas electorales, como en el caso de ODEBRECHT.  Los ejemplos más escandalosos, que ahora olvida la oposición maniqueísta del Centro Democrático, son Agro Ingreso Seguro y Reficar, cuyo desfalco “generó pérdidas por corrupción por más de $8.000 millones de dólares, convirtiéndolo en un escándalo de corrupción peor que otros como el Carrusel de la contratación y Agro Ingreso Seguro. El detrimento patrimonial equivalente fue de un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora” (3). En contraste, Gaitán siempre reivindicó la dimensión social y pública del Estado y propuso su “intervención en la economía a través de un Consejo Económico Nacional, representativo de todas las fuerzas de producción con énfasis en las pequeñas industrias para incrementar la producción industrial, agrícola y ganadera”. Es similar la propuesta del presidente Petro en el punto noveno de su decálogo gubernamental: “Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Priorizaremos a la mujer campesina, a la mujer de la economía popular, indudablemente; al microempresario y al pequeño y mediano empresario de Colombia. Pero nuestra invitación es a producir, es a trabajar, es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos. Y que el trabajo, cada vez más, en el siglo XXI, es una propiedad del conocimiento, del cerebro, de la inteligencia humana. Vamos a acompañar y a apoyar a todo aquel que se esfuerce por Colombia. El campesino, la campesina, que se levanta al alba. El artesano, la artesana, que mantiene viva nuestra cultura. El empresario, la empresaria, que crea trabajo. El trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad humana. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible del siglo XXI. Vamos a desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología”. Pero todo parece indicar que del dicho al hecho hay un trecho insalvable, no solo por la cerril oposición de los gremios y sus testaferros en el Congreso a las reformas del gobierno con profundo contenido social, sino también por su incapacidad para una gestión eficiente y transformadora, no lastrada y desprestigiada por la incompetencia de numerosos funcionarios y la codicia ilimitada de corruptos como Olmedo López y Sneider Pinilla en la UNGRD (4). Le quedan al “gobierno del cambio” y “Colombia, potencia mundial de la vida”, dos años para enmendar la plana y mejorar su capacidad de gestión, pero también para sacar y arrojar de la nave del Estado a los piratas que amenazan con hacerla encallar en el mar de sargazos de la corrupción y la cacocracia (5). Si no lo hace, entonces una derecha recalcitrante cobrara implacablemente en el 2026 por la ventanilla de las elecciones su revancha ante la inmensa frustración popular que votó por el cambio. Una oposición cínica que hoy posa de incorruptible y demócrata integral, incapaz de reconocer sus responsabilidades históricas en la descomposición del Estado y la existencia de 9.758.045 víctimas registradas formalmente en la Unidad Nacional de Víctimas (6) de las cuales son sujeto de atención de reparación 7.661.300, números similares y hasta superiores a la población desplazada por la dictadura de Maduro. Por su parte, el presidente Petro debería atender con urgencia este consejo de Gaitán y contener su adicción enfermiza a la cuenta X:

 “Pero una nación no se salva con simple verbalismo, con jugadas habilidosas, ni con silencios calculados, sino con obras, con realidades, con el otro aspecto de nuestro criterio, que es el de tener como objetivo máximo de la actividad del Estado al hombre colombiano, cómo va su salud, cómo su educación, cómo su agricultura, cómo su comercio, cómo van su industria, sus transportes y su sanidad” (7).

(1)https://www.academia.edu/120489371/Aproximaciones_al_r%C3%A9gimen_Electof%C3%A1ctico

(2)https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

(3)https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_Reficar_de_2016

(4)https://www.elcolombiano.com/colombia/ungrd-escandalo-de-corrupcion-quienes-estan-involucrados-DA24423880

(5) https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

(6) https://www.unidadvictimas.gov.co/

(7) Villaveces, Jorge. “Los mejores discursos de Gaitán”, editorial Jorvi, Bogotá, 1958.

Las preguntas sobre los valores (…) 

son realmente preguntas sobre el bienestar …

SAM HARRIS (neurocientífico y filósofo)

Cada día aparece un nuevo escándalo de corrupción en este gobierno. Los carrostanques para llevar agua a la Guajira, las ollas comunitarias, los contratos irregulares otorgados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los supuestos sobornos entregados por la consejera para las Regiones a los presidentes del Senado y Cámara para que movieran las reformas del gobierno; y la lista sigue.

El presidente ha sacado el cuerpo hasta donde la cintura le da: que se trata de una conspiración para expulsarlo del poder; que son esquemas de corrupción heredados de periodos anteriores; que lo han traicionado. Pero no pudo más: por fin aceptó su responsabilidad política y administrativa, porque los funcionarios involucrados fueron nombrados por él mismo. 

Aún así, es necesario un sinceramiento porque de lo contrario jamás se pondrá remedio a esta epidemia de corrupción que carcome el país. Hay que sobreponerse al odio a Petro y al temor a la izquierda. Debe reconocerse que la corrupción ni se la inventó este gobierno ni se incrementó en su periodo

Colombia ocupa desde hace varios años una posición muy abajo en el escalafón internacional que mide el Índice de percepción de corrupción, según la ONG Transparencia Internacional. De 100 posibles puntos que la miden, escasamente llegamos a 40. O sea, seamos realistas y razonables. La corrupción en Colombia se ha convertido en un modo de vida para muchas personas; en un propósito casi general de quienes se dedican al ejercicio profesional de la política.  

Es un fenómeno tan extendido que sus autores carecen de mínimos estándares de consideración. No ven problema en robarse los dineros destinados a alimentar niños desnutridos; ni en hacer puentes y diques defectuosos —sin importar si eso pone en peligro la vida de millones de personas— con tal de quedarse con parte de los recursos destinados para esas obras. Donde hay dinero público caen como aves de rapiña ante un cadáver. Y en la esfera privada el descaro es igual. Hace pocos años se descubrió en Barranquilla que muchachos de un colegio de élite pagaban a otros jóvenes para que los suplantaran en los exámenes del ICFES. Pretendían asegurar su ingreso a universidades y convertirse en los futuros médicos, abogados e ingenieros que necesita el país. 

Hay macro corrupción: tipo Odebrecht y Centros Poblados, que conforman verdaderas conspiraciones de muy alto tumerqué; hay micro corrupción: la del agente de tránsito que cada noche llega a su casa con dinero extra en sus bolsillos, producto de las coimas que recogió entre infractores. 

Cabe, entonces, hacerse la pregunta del millón. ¿Qué explica esta predisposición tan poderosa del colombiano hacia la mala conducta? Porque no es un fenómeno aislado, ni se trata de ovejas descarriadas. Hay corruptos de todos los estratos, todas las universidades, todos los partidos, todas las etnias y géneros; todos los días cae uno más. 

Por desgracia no hay investigaciones empíricas que permitan estudiar la mentalidad del individuo corrupto. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo indujo a hacerlo? ¿Qué le dice a sus padres, hijos y amigos sobre el dinero adicional que gasta? ¿Qué se dice a sí mismo cuando piensa en el origen de su riqueza? ¿Cuál es la tipología del corrupto?

Por esta ausencia de investigaciones, los análisis y las soluciones se quedan cortas. Solo cabe especular sobre el problema. 

Hay una fractura moral. El mundo ofrece muchas oportunidades de comportarse mal, de violar normas, de desear los bienes ajenos. Los muros éticos que protegen a los individuos de faltar a las reglas son bajos y débiles, mal construidos Los estamos saltando en masa. Producto sin duda de la deficiente educación recibida en la casa (dígase padres) y en la escuela (dígase maestros), de los malos ejemplos que modelan el comportamiento social (dígase dirigentes e ídolos). 

Tampoco los muros éticos de las instituciones (públicas y privadas) son altos y bien levantados. Procesos administrativos tan engorrosos que promueven los atajos irregulares. Ausencia de códigos de conducta para los funcionarios que incentiven el buen comportamiento. Y liderazgos débiles, ejercidos sin un lineamiento claro para sus subordinados acerca del imperativo de lograr resultados con buenas prácticas. 

La codicia propia de esta era del enriquecimiento rápido y el consumo desaforado exige de la gente y las organizaciones vigorosas murallas éticas. Aquí no las tenemos. La idea de Mockus de que los dineros públicos son sagrados no pegó en el país. 

Pero hay más. Dudo mucho que en Finlandia, Nueva Zelandia y Suecia —los países que ocupan los primeros lugares en la percepción de corrupción— todos los ciudadanos sean un dechado de virtudes. Allá también debe haber codiciosos y personas moralmente despreciables. Pero se abstienen de cometer actos que vayan contra las reglas porque es alta la probabilidad de ser capturados y sancionados, y es seguro el repudio social. Por eso el mal ciudadano colombiano apenas pone un pie en Miami se transforma en una persona ejemplar. Ocurre el milagro de la conversión. ¿Por qué? Porque sabe que sería denunciado por otros ciudadanos, apresado por las autoridades y sancionado por los jueces sin dilación. No ocurre lo mismo aquí. Ni cultura ciudadana de la legalidad, ni Policía efectiva ni una justicia presta. 

El presidente tiene razón cuando habla de la herencia que recibió. No obstante, como jefe del Estado no le queda más remedio que ponerse al frente del problema. De víctima a protagonista. Posesionarse como líder del equipo. Con juicio y disciplina. Asistir a las reuniones de sus colaboradores, observar cómo trabajan, hacer seguimiento a la ejecución de las políticas públicas cuyos presupuestos puedan correr el riesgo de desaguarse por las grietas de las coimas. Ser más profesional en el nombramiento de colaboradores. 

El andamiaje de corrupción que se ha tomado muchas entidades deslegitima al Estado ante los ojos de la gente y estimula el incumplimiento de normas. El mal ejemplo de un padre y de un maestro, la desidia de las autoridades, ídolos populares indignos, la insuficiente gestión de los líderes son la génesis de una cultura de corrupción.

R

(Segunda parte)

Hernando Llano Ángel.

Las vidas de Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso discurren paralelas en la política y convergen judicialmente en su cruzada contrainsurgente. Sin embargo, carece de sentido buscar una prueba reina de su encuentro personal: una fotografía, un estrechón de manos, una conversación telefónica, la firma de un documento, correspondencia o cualquier otra evidencia física o virtual que comprometa penalmente al expresidente Uribe. Seguramente nada de ello existe. Menos testigos que lo demuestren. Son vidas paralelas que no se encuentran personalmente en ningún momento, más allá del saludo ocasional de finqueros vecinos en Córdoba, como lo ha reconocido el mismo Uribe. Pero sus vidas tienen un punto de confluencia histórica y política que es de carácter público innegable, pues hace parte de sus convicciones e identidades personales. Toda Colombia lo sabe y no tiene que probarse penalmente, está políticamente demostrado y salta a la vista de todos, es un hecho público, aunque el expresidente Uribe rehúse reconocerlo y asumir políticamente su parte de responsabilidad. Ese punto es la lucha implacable de ambos contra las guerrillas y la secuela de crímenes que dejó esa cruzada. Comienza con su acuerdo y apoyo entusiasta a las CONVIVIR, legalmente creadas por Cesar Gaviria Trujillo, muchas de las cuales terminaron siendo el embrión de las AUC y los grupos paramilitares. La parábola vital de ambos es paradójica. Mancuso termina siendo un criminal politizado y Uribe un político judicializado. Ambos son, pues, política y judicialmente polivalentes en su lucha contra las guerrillas a través de las CONVIVIR. Mancuso desde las AUC y Uribe desde la gobernación de Antioquia y luego en la presidencia de la República. Por eso, se apresuró Uribe a transmitir este   mensaje https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1764605403445223443.

Uribe y Mancuso con las CONVIVIR

Desde ese momento sus vidas políticas y criminales dejan de ser paralelas y convergen en la guerra sin cuartel contra las guerrillas. Mancuso desde la AUC y Uribe con la “Seguridad democrática” y su letal consecuencia los “Falsos Positivos”. Vidas paralelas que desafían la geometría euclidiana, pues tendrán un punto de encuentro crucial en la ley 975 de 2005, denominada de “Justicia y Paz”, elaborada a múltiples manos entre el gobierno de Uribe y las AUC de Mancuso. Esa confluencia empieza con el   discurso de Mancuso en el Congreso el 28 de julio de 2004, cuya comparecencia fue posible con el visto bueno de Uribe, según testimonio de las representantes a la Cámara, Eleonora Pineda y Rocío Arias, quienes le contaron al periodista Juan Carlos Giraldo lo sucedido. Así aparece en su libro “Las Comadres de la Parapolítica”, en la página 179:

Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso”.

Por ello, Mancuso comienza así su histórica y épica intervención en el Congreso: “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde, con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del Pueblo Colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz”. Luego contaría a RCN la importancia de las CONVIVIR en la expansión del paramilitarismo y las AUC: “A través de las Convivir y comisarios políticos nos permiten crear las autodefensas a nivel nacional, hacemos un engranaje entre una autodefensa ilegal amparada por el Estado con fusiles para servir de bisagra con la institucionalidad”. De otra parte, durante su gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe fue un entusiasta promotor y defensor de la importancia de las CONVIVIR: “Como gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley. No obstante advertir Uribe que la CONVIVIR convocaría a ciudadanos para evitar salidas contrarias a la ley, lo que realmente sucedió fue lo contrario. De las CONVIVIR hicieron parte numerosas personas afectadas por la acción delictiva de las guerrillas para cobrar venganza de sus extorsiones, secuestros y asesinatos, en coordinación con la Fuerza Pública. Así lo revelan innumerables testimonios de miembros de las AUC, entre ellos el de Mancuso:

“Yo me doy a la tarea y voy cómo Civil , yo era en ese momento comisario político encargado de crear estas estructuras, me adjuntan a la Convivir que está conformada por 15 hombres y me adjuntan dos miembros de la Dijin y acompañado por miembros de la policía nacional inició el recorrido para crear estas autodefensas, estuve en reuniones en clubes sociales, voy a Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar  y Magdalena,  voy al despacho de gobernadores, políticos, congresistas, empresarios, alcaldes”, puntualizó Mancuso.

Situación que luego desbordaría todos los marcos de la legalidad por las relaciones y coordinaciones clandestinas que sostuvo Mancuso con el fallecido Pedro Juan Moreno, cuando se desempeñó como Secretario de Gobierno bajo la administración y responsabilidad política del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Al respecto, por teleconferencia desde Estados Unidos en el 2011 en versión libre ante la Fiscalía, señaló Mancuso: “Pedro Juan Moreno se reunió conmigo y con Carlos Castaño para que creáramos las Convivir en Urabá. Fueron 12 que se crearon allá”. Obviamente es imposible demostrar penalmente lo anterior, pues ambos están muertos. Carlos Castaño asesinado por orden de su hermano Vicente y Pedro Juan Moreno muerto en un extraño accidente aéreo. Sin embargo, lo que sí está plenamente probado fue la existencia de esas Convivir, como lo revela Verdad Abierta, con su secuela de crímenes y despojo de tierras a campesinos en el Urabá.

AUV PROMUEVE FAVORABILIDAD POLÍTICA Y LEGAL PARA LAS AUC  

También está plenamente probada la política de favorecimiento que Álvaro Uribe Vélez (AUV), como presidente de la República, promovió para las AUC través de sus iniciativas legales, especialmente del fracasado Referéndum constitucional de 2003, pues en el punto 6 sobre “Reducción del Congreso”, aparecía el siguiente parágrafo, sobre “circunscripciones especiales de paz”: “Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al presidente de la Republica. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal”.  Dicho parágrafo tenía como único destinario a las AUC, pues las FARC acababan de cometer el letal atentado terrorista contra el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 y las autodefensas eran la única organización armada interesada en un proceso de paz bajo la dirección del gobierno. Sorprende la laxitud y generosidad de Uribe, pues los representantes de esos grupos alzados en armas no deberían rendir cuenta ante millares de víctimas por su accionar y además tendrían una representación política plural que definiría el presidente Uribe en todas las corporaciones públicas, desde Congreso, Asambleas hasta Concejos, sin mención alguna a penas privativas de la libertad. Incluso, el gobierno podrá no tener en cuenta inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal. Todo lo contrario de las objeciones insuperables presentadas por Uribe y el Centro Democrático al Acuerdo de Paz de 2016, cuando vetaron radicalmente la representación política de 10 excomandantes de las FARC-EP en el actual Congreso, quienes hoy están sometidos a la JEP y deberán cumplir a las víctimas con la verdad y las penas de reparación que fije dicha jurisdicción, so pena de ser condenados por la justicia ordinaria a penas de por lo menos 20 años de prisión. Semejante favorabilidad política para las AUC fue frustrada por la Corte Constitucional al declarar inexequible dicho parágrafo del punto 6, pues consideró que las circunscripciones especiales de paz no guardaban relación alguna con la reducción del Congreso y los cambios en las fórmulas de la representación política. Lo anterior demuestra claramente como esas vidas paralelas de la política de Uribe y del crimen de Mancuso confluyeron y formaron una tangente de amplia y plena favorabilidad política para los comandantes de las AUC. Tangente que volvería a intentarse y de nuevo a frustrarse con la ley 975 del 2005, donde el gobierno confirió a los miembros de las AUC el carácter de sediciosos, es decir, de delincuentes políticos, por tanto, no sujetos a extradición y con derecho a participación y eventual representación política. Pero otra vez sería la Corte Constitucional la que lo impediría. En esa ocasión la actuación del alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, fue brillante en defensa de la justicia restaurativa para los miembros de las autodefensas y en contra de la punitiva, todo en aras de alcanzar la paz y la reconciliación entre los colombianos. Justicia restaurativa y transicional que hoy encarna la JEP, pero que desconoce y desprestigia todos los días Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, por temor a la verdad y a tener que reconocer las responsabilidades políticas correspondientes.

La  Amnistia Política de Uribe

Quizá por eso hoy propone la Amnistía Política: “De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados…Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, en alusión velada a las condenas de Sabas Pretelt y Diego Palacio por la Yidispolítica, que permitió su espuria reelección presidencial de 2006-2010. Curioso que el expresidente olvide Agro Ingreso Seguro de Andrés Felipe Arias, donde se asignaron miles de millones de pesos a cercanos agro empresarios que financiaron su campaña de reelección e Invercolsa de Fernando Londoño Hoyos, condenado a devolver 145 millones de acciones que adquirió ilegalmente a Ecopetrol, quienes fueron sus ministros de Agricultura y del Interior respectivamente. ¿Serán problemas de senilidad e impunidad los que aquejan al expresidente? Al fin de cuentas, amnistía viene de “amnēstía; propiamente ‘olvido’, según la RAE.  Así como hay que reconocerle el éxito logrado con la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares gracias a tener como gestor de paz a Mancuso, haría bien el expresidente Uribe, en aras de la verdad histórica y el respeto a la memoria de miles de víctimas de las AUC y de la “seguridad democrática”, que reconociera su inmensa responsabilidad política en dicha catástrofe humanitaria. Pero sobre todo que reflexionará sobre su concepción maniquea de una violencia buena, la del establecimiento y miembros de la Fuerza Pública, que debe ser tratada con benevolencia y hasta admiración, por su combate sin límites contra la otra violencia mala y criminal de la insurgencia. Solo cuando se deslegitimen ambas violencias, más allá de subterfugios como la defensa de la “democracia” o la lucha por el pueblo y la “justicia social”, banderas respectivas de la ultraderecha disfrazada de “centro” y de la ultraizquierda camuflada de “revolucionaria”, tendremos un horizonte cierto de Paz Política y superaremos el espejismo de la actual “Paz Total”. Una paz exaltada en discursos oficiales pero desprestigiada todos los días por la inseguridad y la criminalidad exacerbada de quienes dicen ser sus interlocutores, pero en la realidad son sus nefastos detractores y enterradores por su violencia extorsiva, secuestros, confinamientos contra comunidades rurales y asesinatos de sus líderes y defensores de derechos humanos, cuyo número hasta el 20 de febrero de este año se eleva a 25,  incluyendo cinco reincorporados asesinados, según reporte de Indepaz.

PD: Para mayor información y comprensión, abrir y leer enlaces en rojo.

En Venezuela, el año 2024 es electoral. Aunque no hay fecha definida ni condiciones electorales claras, oficialismo y oposición deben medirse durante el tercer trimestre del año, tal como acordaron durante las negociaciones de ambos bandos en Barbados. El evento es la oportunidad que tiene la sociedad civil organizada para exigir que los candidatos dediquen una parte de su programa electoral a las preocupaciones ambientales cruciales del país.

En una nación donde, de acuerdo con Mapbiomas Venezuela, se han perdido más de 7 millones de hectáreas de cobertura natural en los últimos 40 años, donde el nulo acceso a la información para las investigaciones de cualquier índole es una barrera, y los esfuerzos para hacer frente a las amenazas ambientales no se cristalizan en políticas claras de conservación, la agenda del futuro presidente debería incluir cómo atacar estos problemas. Pero esto no ha ocurrido hasta el momento, de allí que el desafío sea mayor.

Para 2024, hay temas que no deberían escapar del interés de la población ni de los candidatos a la silla de Miraflores, por ejemplo, la necesidad de recuperar los espacios deforestados de la Amazonía y la firma de Venezuela del Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de los defensores ambientales. También están los retos de protección de la biodiversidad que incluyen el necesario combate al coral invasor unomia y su continua expansión, así como la conservación de especies en peligro de extinción como el oso andino.

Biólogos, antropólogos, activistas, ingenieros y otros expertos hablaron con Mongabay Latam sobre los desafíos ambientales de Venezuela durante el 2024.

1. Amazonía: controlar las amenazas de la minería ilegal y el crimen organizado

A través de las operaciones Roraima y Autana, el gobierno venezolano incrementó la cantidad de incursiones militares en el sur del país para combatir a los grupos armados que controlan la minería ilegal, incluso la que se desarrolla dentro del Arco Minero del Orinoco, el área de casi 112 000 kilómetros cuadrados decretada por el Estado para la explotación de minerales. Sin embargo, el crimen organizado continúa al mando de los yacimientos y de la exportación del oro a través de trochas, rutas fluviales y pistas clandestinas. Cualquier esfuerzo parece insuficiente.

Para el indígena baré y abogado Olnar Ortiz, operativos como el “Autana” han sido hasta ahora “falsos positivos” porque, en lugar de detener la minería ilegal han tenido como impacto indirecto que esta se expanda hacia otros municipios del estado Amazonas, como Autana, Río Negro, Maroa y Manapiare. Además, existen zonas en donde la actividad continúa al mando de militares, según señalan defensores ambientales. “Aunque no puedo asegurarlo, pareciera que sí hubiera un acuerdo entre estos grupos y el gobierno”, agrega Ortiz.

Durante años, medios de comunicación venezolanos y latinoamericanos también han denunciado que la mayor parte de las minas de los estados Bolívar y Amazonas, que hacen frontera con Colombia, están bajo el control de bandas criminales y grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2023, la investigación periodística “Amazon Underworld, crimen y corrupción a la sombra de la selva tropical más grande del mundo”, destacó que ambas agrupaciones criminales amenazan e invaden tierras indígenas e inclusive llegan a reclutarlos en sus filas al valerse de ofertas de trabajo precarias que les representan un ingreso significativo en medio de la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde hace más de un lustro.

A estos grupos se han sumado también los garimpeiros (mineros brasileños) e incluso guyaneses que buscan explotar el oro con mercurio, maquinarias y herramientas que contaminan el ambiente y dejan en la tierra heridas que tardarán mucho tiempo en recuperarse. Todo esto pasa bajo la mirada de los militares que custodian tanto las minas, por su importancia estratégica, como las fronteras de la nación.

Pese a ser escéptico de las incursiones de los cuerpos de seguridad del Estado, Ortiz apunta que una estrategia militar enfocada en sacar a los líderes guerrilleros y a los uniformados que los encubren y se lucran con el extractivismo es clave.

“Así como movilizaron a miles de personas hacia la Guayana Esequiba, creo que eso sería fundamental para sacar a estos grupos armados, cuya actuación ha sido muy bien definida geoespacialmente por organizaciones como SOS Orinoco”, apuntó el también coordinador de Pueblos Indígenas de la organización civil Foro Penal.

Para Ortiz, se precisa que los mandatarios de Venezuela, Colombia y Brasil acuerden acciones conjuntas que eviten que tanto los guerrilleros como los traficantes de drogas que usan a Venezuela como lugar de paso para trasladar la cocaína acaben con territorios indígenas y zonas protegidas.

Por otro lado, controlar el avance de la minería ilegal en las áreas protegidas también es un enorme desafío este año. El Cerro Yapacana, dentro del parque nacional del mismo nombre en el estado Amazonas, era una muestra del manejo de los yacimientos bajo la égida de la guerrilla colombiana y la Guardia Nacional Bolivariana. En sus 320 000 hectáreas de extensión trabajaban unos 7000 mineros, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso Mongabay Latam. Mientras el ELN y las FARC controlaban la actividad minera, cada semana los uniformados acudían a cobrar sobornos en oro o dinero. En 2023, las incursiones del Ejército en la zona parecen haber ahuyentado a los líderes guerrilleros. Sin embargo, según denuncias de líderes indígenas, la explotación de oro continuó con los militares al frente.

El sociólogo, investigador y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño-León refiere que en los espacios donde se desarrolla la minería ilegal, el Estado siempre debe estar presente y expulsar a los grupos armados ilegales. También habló de la necesidad de proteger las áreas protegidas del país, que enfrentan múltiples desafíos, entre estos la minería ilegal. “Podría decir que una acción para frenar la minería ilegal en los parques nacionales es apostar al control (militar), pero hay ver los resultados que esto puede tener”, sostiene Briceño-León, quien sugiere que tendría que ejercerse una operación armada muy grande para enfrentar el problema.

Sin embargo, y al igual que en zonas no protegidas, la presencia y control continuo del Estado es clave para que la actividad extractiva pueda frenarse. Refiere que los radares, vuelos y herramientas tecnológicas se pueden utilizar para la vigilancia de estos territorios. Todo, claro está, acompañado de “la honestidad de quienes representen al Estado en estas operaciones”, porque muchas veces son los mismos agentes quienes se involucran y facilitan el tráfico del oro, según dicen los expertos.

2. Entre la deforestación y la reforestación

El informe Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021, divulgado en septiembre de 2022 por la organización Clima21, dio a conocer que dos de los estados más afectados por la deforestación durante ese período son, a su vez, los que albergan la mayor cantidad de focos de minería ilegal en el país: Bolívar y Amazonas.

De acuerdo con el documento, esta situación contrasta con el pasado de la región. Hasta finales del siglo XX, la zona tenía “niveles relativamente moderados de deforestación, en relación al resto del país”. Pero esto cambió en la primera década del siglo XXI con la expansión de la minería ilegal de oro y el decreto presidencial que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016.

“Estas circunstancias generaron un incremento acelerado de la deforestación en toda la región. En tal sentido, según el portal MapBiomas, en el período 1985-2020 la Amazonía venezolana perdió 1,1 millones de hectáreas de cobertura vegetal nativa. Debido a esto la Guayana venezolana —en el sur del país— es considerada como uno de los puntos críticos (hot spots) de deforestación a nivel global”, apunta el informe.

Ese mismo documento recomendaba que, para detener la deforestación, el gobierno nacional debería implementar “acciones efectivas para eliminar progresivamente el extractivismo minero como medio de financiamiento del Estado”. Sin embargo, advertía de la inexistente voluntad de la administración de Nicolás Maduro para llevar esto a cabo.

“La velocidad en la que se destruyen los bosques naturales en Venezuela es la más alta la región y no hay ninguna señal de que se va a parar”, señala Alejandro Álvarez, biólogo y coordinador general de la organización Clima21.

Pese a esta violencia y destrucción del medio ambiente bajo impunidad, Venezuela posa como un país protector del medio ambiente.

“Venezuela va a cumbres internacionales, como la reciente de la Amazonía en Belém de Para, pero a nivel interno no facilita el desarrollo sostenible ni proyectos compatibles con el cambio climático. En la práctica, lo que Venezuela dice en esos escenarios, es mentira”, afirmó el abogado Olnar Ortiz en una entrevista con Mongabay Latam.

De acuerdo con un investigador de SOS Orinoco, cuya identidad queda resguardada por su seguridad, la principal meta ambiental de Venezuela es detener la deforestación con fines de apertura de yacimientos auríferos, así como la asociada con los cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Entre las posibles soluciones, plantea, está la optimización del uso de las tierras ya deforestadas y una política que impida la apertura de más carreteras o picas de acceso (trochas) “ya que detrás de ellas inmediatamente van todos los agentes que deforestan”.

Además, descarta que la recuperación de los bosques perdidos deba ser la meta principal sin que se haya detenido el avance de la deforestación, junto con que sería una tarea difícil. Señala que esta labor es compleja en zonas abandonadas por la minería como la parte occidental del Parque Nacional Canaima, la Gran Sabana, o en puntos del eje minero de El Callao-Las Claritas, todos en el estado Bolívar, al sur del país— “por la diversidad de especies que componen estos bosques, la pobreza y acidez del suelo”.

El investigador expone que la reforestación requiere ser planificada e implementada por expertos. Pero ninguna organización se va a arriesgar a hacerlo a merced de las bandas criminales que están en el área. “Es muy difícil que una iniciativa de este tipo se le pueda exigir a la sociedad civil. No hay condiciones de seguridad ni políticas para eso. Reforestar cuesta mucho dinero”, insiste. Por eso, la recuperación recae directamente sobre el gobierno de turno.

3. La deuda del acuerdo de Escazú

Cinco años han pasado desde que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elaboró el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, pero el Estado venezolano no se ha adherido a este instrumento.

Aunque se puso en marcha en 2021, las organizaciones ambientalistas locales han exigido que Venezuela sea parte del acuerdo. En 2023, el Observatorio de Derechos Humanos Ambientales de la organización Clima21, presentó el resultado de una consulta a la comunidad de activistas ambientales del país en el que 93% de los encuestados consideró que este tratado incluye temas fundamentales para la nación. El tratado tiene como una de sus metas principales la protección de la integridad de las y los defensores ambientales. Las cifras confirman la necesidad de que Venezuela dé prioridad al tema. Para el 60% de las organizaciones, la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela no es una actividad segura y 26% ha sufrido algún tipo de agresión, según el informe publicado por el Observatorio.

El estudio, además, puso en evidencia que 68% de los entrevistados afirmó tener vacíos y carencias en cuanto al acceso a la información en su área, mientras que 26% respondió que no tenía acceso alguno.

“Ninguno de los temas ambientales puede avanzar realmente sin acceso a la información, a la participación efectiva, a una justicia en temas ambientales y a la defensa de los defensores ambientales, y esos son los cuatro pilares de Escazú”, afirma Alejandro Álvarez.

Pese a estos resultados, el biólogo considera que ni el gobierno ni la oposición introducirán la discusión del acuerdo dentro de sus campañas electorales porque no es un tema prioritario en sus apuestas.

“A veces hay algún pronunciamiento, pero no de manera ni sistemática ni continuada, ni mucho menos con el financiamiento adecuado para que se pueda ver. Venezuela entró en el agujero negro y lo digo porque ya muchas organizaciones en Latinoamérica no toman en cuenta al país porque nunca hay respuesta oficial sobre este tema”, dice.

Para Álvarez, la sociedad civil organizada debe abogar por la firma de Escazú, pero para ello es indispensable la creación de una plataforma de promoción que cuente con voluntarios en un mundo donde, según su opinión, el trabajo voluntario está en etapa de “agotamiento”.

El artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obliga al Estado a garantizar “un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”, un compromiso que deben asumir quienes pretendan gobernar el país a partir de 2025.

4. El reto de la conservación en Venezuela

La sociedad civil venezolana ha emprendido iniciativas enfocadas tanto en la preservación de especies en peligro de extinción, como en el combate de organismos invasores que amenazan la vida de la fauna y flora local. Pero sus esfuerzos requieren acciones urgentes que les ayuden a continuar y cumplir las metas de 2024. La dificultad para obtener financiación y apoyo del Estado obstaculiza sus tareas de conservación.

El Proyecto Unomía, el equipo de la Fundación La Tortuga que desde 2021 estudia la existencia del coral unomia (Unomia stolonifera) paralizó sus actividades en el tercer trimestre de 2023 por falta de financiamiento. La organización visibilizó los enormes riesgos asociados a esta especie invasora que ha colonizado al menos 700 hectáreas de fondo marino de las costas venezolanas, de oriente a occidente.

De acuerdo con palabras de uno de los líderes de la investigación, el biólogo marino Juan Pedro Ruiz-Allais, el unomia “forma una especie de alfombra continua sobre los arrecifes de coral, que crece y lo asfixia todo”. Las especies que hacen vida en el coral, como los peces, se ven afectados porque les arrebatan su hogar y alimento. La pesca se ha visto afectada porque las redes que se lanzan al mar rompen el coral invasor y este, en defensa, libera un hedor que impregna a los peces y hace imposible su venta en el mercado.

Aunque el Estado detectó la presencia del unomia en el año 2011 en el estado Anzoátegui, todavía no se ha hecho ningún esfuerzo desde el gobierno por eliminarlo. Ruiz-Allais sostiene que se debe desarrollar una herramienta tecnológica que actúe de forma “masiva y eficiente”, pero esta todavía no existe.  La fundación La Tortuga espera la apertura de concursos de apoyo a investigaciones para subvencionar y profundizar el monitoreo del organismo, pero por ahora no hay ningún avance.

Otra iniciativa que enfrenta desafíos similares  es el  Proyecto Oso Andino Guaramacal, que depende de una acción gubernamental para lograr su mayor meta de 2024: la conexión protegida entre los parques nacionales Guaramacal-José Gregorio Hernández (en Trujillo, al occidente del país) y Terepaima-Yacambú (en Lara, en el centro occidente).

Así se concretaría el corredor verde  —ideado y estudiado hace tres décadas por el biólogo venezolano Édgar Yerena— que pretende asegurar la supervivencia en los Andes venezolanos del oso frontino (Tremarctos ornatus), en Peligro de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, y en estado de población “Vulnerable”de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Eso sería un gran paso adicional para la conservación de los osos (…) Ya no está en nuestras manos porque es una decisión del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nosotros introdujimos la información base. Está pendiente por decretarse ya”, sentencia Marcos Hidalgo, quien lleva adelante el Proyecto que ejecuta actividades que van desde charlas educativas en comunidades y capacitaciones a guardaparques hasta el impulso de la agroforestación y el monitoreo de la fauna local con 30 estaciones de cámaras trampa.

Junto con estas iniciativas, el país también debe abordar la discusión de la disputa limítrofe con Guyana sobre el Territorio Esequibo, una región de más de 15 millones de hectáreas habitada por al menos nueve pueblos indígenas. A la par de la controversia sobre la soberanía en la zona, hay aspectos ambientales que no deben ser olvidados. La mayor amenaza es la minería legal e ilegal que amenaza la biodiversidad del Esequibo, pues ha arrasado con 31 000 hectáreas de bosque entre el 2000 y junio de 2022, según un informe de la organización ambiental venezolana SOS Orinoco.

En la búsqueda de una solución a la problemática territorial, pero también a la ambiental , la organización venezolana SOS Orinoco promueve la adopción de una alternativa ambientalista para zanjar la disputa de la zona amazónica conocida como Territorio Esequibo entre Guyana y Venezuela: la creación de un espacio de conservación transfronterizo, una idea que ha tenido éxito en otras partes del continente, incluso en África.

Para Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, la iniciativa pondría el foco en el ambiente pero también en los pueblos indígenas de la zona, que son los “primeros dolientes” de un conflicto histórico y hoy son asediados por prácticas extractivistas como la minería de oro que ya en 2022, había impactado casi 110 000 hectáreas de bosques y formaciones naturales como cabeceras de ríos, de acuerdo con el informe “El impacto de la minería de oro en el Esequibo y su relación con la minería en el estado Bolívar (Venezuela).

Tanto la promoción como la ejecución de este espacio de biodiversidad en Guyana llevan un costo que, hasta ahora, nadie está dispuesto a asumir. Y lo mismo sucede con el combate al unomia, o con la protección del corredor verde imprescindible para preservar al oro frontino, pero también con la reforestación e, incluso, con la campaña para la aprobación del Acuerdo de Escazú en Venezuela.

*Imagen principal: El oso andino tiene su hogar en territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Foto de Rob Wallace/WCS.

El artículo original fue publicado por Lorena Meléndez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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