“A los supervivientes de la bobería los fusilaría pocos años más tarde la Reconquista española, sin distingos de matiz, ni de ideología, ni de origen geográfico o posición de clase; y todos pasarían sin distingos a ser considerados próceres de la República”.
(Fragmento sobre la Patria Boba. Biblioteca Nacional)
Estos días la tendencia en redes sociales y “tema de comidilla social” es la posición jurídica de seis magistrados de la Corte Constitucional sobre los artículos 33 y 140 del Código de Policía, que prohibían el consumo de alcohol y de drogas alucinógenas en lugares públicos.
Para los magistrados, la prohibición no es razonable, a pesar de que busca relaciones respetuosas entre las personas; lo contrario impedir el goce de un derecho fundamental, intervenir el principio de libertad. Y “existen otros medios de Policía para lograr la misma finalidad sin que se sacrifique una libertad”, enfatizó la magistrada ponente del caso, Diana Fajardo.
Cuando estaba decidiendo mi profesión en el colegio fui testigo de la iniciativa de la séptima papeleta, de la Constituyente y del nuevo país que se abrió al siglo XXI por cuenta de nueva Carta Política.
Siempre pensé que, si hubiera sido abogado, el sitio ideal para mi desarrollo profesional habría sido la Corte Constitucional. Sin embargo, hoy me siento bien y satisfecho con mi vocación de ortopedista.
Amigos me han explicado que los magistrados interpretan las leyes de cara a la Constitución, que su función es lograr que las leyes demandas y normas demandadas tengan coherencia jurídica y no contraríen la Carta vayan en contravía Magna. También, me han explicado que eso depende de la lente con que se miren los textos, de la ideología de cada magistrado, de las pugnas o tensiones que existan al interior de la Corte y de los intereses políticos y económicos de sus círculos más cercanos. En fin, en fin… Ahí quede perdido…
En estos días, al igual que muchos colombianos, estoy frente a una realidad normativa propia de la Patria Boba; como en los tiempos de la soñada Independencia de 1810.
Antes de analizar el tema de libertades individuales, veamos lo que dice un dato no muy reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS): para el 2016 las muertes por consumo de drogas psicoactivas superó las 450 000 víctimas anuales.
Hoy el sistema de salud colombiano afronta graves problemas, como la epidemia emergente derivada del consumo de sustancias psicoactivas nuevas. Es urgente buscar el equilibrio entre la disponibilidad de medicamentos objeto de fiscalización en virtud de tratados internacionales y la prevención de su desvío, uso ilícito y abuso.
Por un lado, estamos diciendo que hay un déficit en el sistema de salud, mientras que por el otro suben los costos por tratamientos para adictos y enfermos asociados a la liberalización del consumo de substancias psicoactivas.
Entiendo claramente que el control no debe ser policivo, que se debe promover la libertad, el respeto y el autocontrol, pero cuando vivimos en un país como el nuestro, en donde a diario vemos francas expresiones de libertinaje, sentencias judiciales como las que hoy nos ocupa nos dejan en plena Patria Boba… Cada corporación e institución del Estado aplica y defiende con soberbia su independencia, debilitando cada vez más la impotente, noble e idealista Constitución Política colombiana, que promulga el bienestar de los colombianos.
Cuando la OMS dice que “Se prestará particular atención al fortalecimiento de la capacidad de los servicios e instituciones de atención sanitaria y social para interactuar y, cuando proceda, cooperar con los sectores de la justicia y la educación
en el cumplimiento de la ley, con miras al logro de los objetivos de salud pública, partiendo de la premisa de que los trastornos por consumo de drogas son problemas de salud y la drogodependencia es una enfermedad”, se me presentan grandes interrogantes sobre ciertas decisiones judiciales.
Los jueces de la República no son médicos ni hacen parte del personal sanitario para entender elementos de carácter científico y de impacto en salud pública; pero parecería que su sentido común frente a los ciudadanos y la ponderación de libertades no está teniendo en cuenta derechos fundamentales como son la salud, la vida y los derechos de la infancia.
Hemos caído en un tecnicismo interpretativo sin tener en cuenta valoraciones superiores. Pareciera que en ejercicios académicos de jurisprudencia se estuviera imprimiendo el lema de “la Corte más liberal del planeta”, como si se estuviera compitiendo por un puesto en la historia de la humanidad más socializada, liberal, justa y equilibrada…
Quizás estamos ad portas de ver en este escenario de experimentos jurídicos las mayores cifras de drogadicción, violencia por narcotráfico y adicciones, con los consabidos costos en salud, a causa de la “normalización” del consumo de substancias psicoactivas. Colombia no está preparada para estos “adelantos”.
La realidad es otra. Colombia ya es un país consumidor y la decisión de la Corte lo que están haciendo es alterando directamente el perfil epidemiológico al pasar al grupo de la normalidad el consumo de drogas.
También se le está permitiendo a los ciudadanos la oportunidad de enfermarse libremente. No será que, a la larga, la Corte está contradiciendo aquello del derecho a la salud.
Parece que ahora somos más bobos que aquellos que vivieron las vicisitudes de la Patria Boba de 1810… ¿Qué pasará cuando se evalúen y cuantifiquen los daños colaterales de estas medidas? ¿Declararemos próceres de la Republica a esta generación de constitucionalistas?