En los últimos días en Colombia hemos escuchado que las unidades de cuidado intensivo (UCI) se vienen saturando por el aumento de pacientes infectados con Sars-Cov-2 .
Depende de la región, la ciudad y sus características demográficas la ocupación de camas para enfrentar la pandemia. Lo cierto es que, según las proyecciones, estamos a pocas semanas de llegar al límite de saturación.
El problema de esta enfermedad es que la recuperación es lenta y los días promedio de utilización de camas es alta, lo cual hace que los hospitales lleguen pronto a la saturación, pues cama ocupada, ciclo iniciado y sin fecha precisa de liberación.
Entre las distintas estadísticas de camas de cuidado intensivo en los diferentes países, Colombia ha desarrollado una infraestructura adecuada en los últimos años, pero no es suficiente para soportar una pandemia en crescendo.
Miremos, por ejemplo, las estadísticas públicas: Estados Unidos tiene 34,7 camas por 100,000 habitantes; le sigue Alemania, con 29,2; Italia, con 12,5; Francia dispone de 11,6; Colombia, 11,2; Corea del Sur, 10,6; España, 9,7; Japón, 7,3; Inglaterra, 6,6; China, 3,6 y la India registra 2,3.
De esta lista ya se midieron con fuego todos los países del Oriente y de Europa; allí la pandemia superó su oferta de camas y de toda la infraestructura asociada. Es decir, que los picos de la enfermedad sobrepasaron sus capacidades.
En la última semana vimos que muchos colombianos perdieron el temor por la enfermedad. Se violan las medidas de control y algunos alcaldes están dedicados a la política electoral y a “torcer” el presupuesto de sus municipios, transfiriendo sus responsabilidades de control a otros.
Si las medidas de alejamiento social, los protocolos en el transporte y las aglomeraciones asociadas al comercio, entre otros aspectos, no se controlan, pronto tendremos déficit de camas de cuidado intensivo, como ya está sucediendo en el Atlántico, Cauca o en el Valle del Cauca. Entonces, llegará el día en que dichos recursos serán insuficientes en todo el país.
La otra realidad que los ciudadanos no entienden es que la ventilación mecánica tiene una serie de variables que va más allá del solo dispositivo médico. Veamos: para poder habilitar una cama de cuidado intensivo se requiere una red de gases medicinales certificada por el INVIMA, lo que implica una planta de gases medicinales, tecnología para la eficacia y seguridad de la misma, redes de tubería certificada, más los manómetros y adaptadores que permiten que la conexión de los ventiladores sea segura.
Y sumemos los más importante: el personal médico y paramédico. Médicos intensivistas, terapeutas respiratorios, profesionales de enfermería dedicados las 24 horas a cumplir protocolos y guías de manejo que den lo mejor para que la suma de probabilidades intente enfrentar, con los mejores desenlaces, esta cruel enfermedad.
Todo esto implica grandes inversiones, años de trabajo y recursos especializados. Y para empeorar el panorama, la última semana, el Ministerio de Salud decidió volver más espinosa la situación con un decreto que establece tarifas fijas para el cobro de esas unidades de cuidado intensivo; tarifas que no son proporcionales con los gastos e inversiones asociadas a los esfuerzos que se vienen realizando en los hospitales. La estrategia debería ser proteger la red hospitalaria y así poder reaccionar a lo que viene; pero la adversidad se impone con normas y regulaciones que hacen todo lo contrario.
Cuando llegamos a la consecución de ventiladores encontramos una industria de muchos años en el mercado, que ha desarrollado tecnología basada en la electrónica y los computadores para lograr controles de volúmenes, presiones y combinación de variables que garanticen seguridad.
Hace días un ejecutivo de una de estas grandes empresas comentó que en Europa las fábricas habían colapsado por la alta demanda y que sus metas de fabricación y ventas proyectadas para veinte años se habían cumplido en pocas semanas por la gran y urgente demanda.
Por obvias razones, los países fabricantes cerraron la salida de estos dispositivos a otras latitudes, dadas las necesidades extremas en sus propios hospitales. Además, Estados Unidos desbordó la demanda y los países de América Latina quedaron en una larga lista de espera, ante la ausencia de ventiladores disponibles en el mercado.
El Gobierno Nacional viene haciendo esfuerzos para aumentar el número de ventiladores y, poco a poco, están llegando, especialmente del extremo Oriente, donde ya han sido capaces de contener un poco la demanda.
Por otro lado, un grupo importante de universidades y centros de emprendimiento han acelerado sus procesos de fabricación de prototipos que cumplan con los requisitos necesarios; sin embargo, por las exigencias del ente regulatorio, aún no se ha logrado cumplir con términos adecuados de seguridad y eficacia.
Esperemos que pronto se logre ese visto bueno por parte de las autoridades y que los ventiladores lleguen justo cuando se necesiten y no quede un amargo recuerdo de un esfuerzo que buscaba salvar vidas y no logró su cometido.
Las preguntas clave en este momento son: ¿cómo se comportará el pico de pacientes en nuestro país? ¿Tendremos suficientes ventiladores para ese momento? Teniendo los ventiladores, ¿se podrán utilizar responsablemente?, ¿Contamos con la infraestructura necesaria para adaptarlos? ¿Tenemos el recurso humano en salud suficiente para esa operación?
Y una vez que lleguemos a los niveles de sobre ocupación, lo más complejo en los hospitales será cómo enfrentar la alta demanda y cómo manejar esa difícil realidad.
Alrededor del mundo se plantean las premisas que, desde lo ético, generan cuestionamientos y dudas. Llegamos, entonces, al punto en el que debemos decidir qué hacer con los pacientes, cuando los servicios de urgencias estén abarrotados y con poca o ninguna capacidad de ventilación mecánica disponible.
Algunos han manifestado que se debe priorizar el valor social de las personas, otros discuten sobre la discapacidad remanente que puede quedar y, por eso, se debe evitar que esos pacientes se beneficien de la ventilación mecánica. Y la postura más extrema es aquella de propone dejar a los pacientes ancianos en segundo lugar y priorizar a los jóvenes, ya que ellos tendrán más años de vida útil a la sociedad.
Si logramos redes de atención, se maximizan los cuidados intensivos y se da primacía a las medidas de protección de los infectados en asilamientos, evitaremos esos raciocinios y la geométrica ola de crecimiento de enfermos.
No debemos abandonar a ningún paciente y esto implica desechar la teoría de la edad. La valía de un niño o de un anciano merece y exigen la lucha del cuerpo médico por salvar sus vidas.
En ocasiones los médicos en los servicios de urgencias quedan abandonados y en sus hombros pesan decisiones que, matizadas por el cansancio, la ansiedad y el drama de cada momento de verdad pueden favorecer equívocos; razón por la cual es fundamental que se definan equipos, al menos de dos profesionales, que ayuden a la toma de decisiones y qué mejor si los hospitales tienen o disponen de un comité de Bioética que, de manera permanente, apoye estas difíciles decisiones.
Los criterios de valor social, utilidad social y representatividad política, entre otros, no pueden tomarse en cuento a la hora de estas decisiones. Es un error generar diferencia entre pacientes covid y no covid para una decisión clínica. Allí no radica el punto de la toma de decisión.
El orden cronológico de los pacientes en el hospital no pueden ser la razón para la asignación de recursos o la toma de decisiones de unos pacientes sobre otros. Prima el consenso clínico, la condición del paciente y la historia natural de la enfermedad.
Aunque en momentos de verdad el acceso a la historia clínica puede ser demorado, es importante que se documenten todas las decisiones, todas las conductas y ese registro, a futuro, sea el recuerdo de la realidad biográfica del paciente. De esa manera, se puede evaluar lo decidido, sin temor a confusiones o interpretaciones que favorezcan la subjetividad.
Tampoco la discapacidad puede tomarse como sinónimo de descarte. Un paciente con discapacidad que presente infección por Covid-19 no se puede dejar a un lado; todo lo contrario, debe recibir la misma atención y tener las mismas posibilidades que otros pacientes.
El error en el podemos caer es el de asignarle a las personas un valor intercambiable y tasar su vida con base en proyecciones materiales o sociales; eso es perder el horizonte antropológico.
Lo deseable para que no lleguemos a extremos en la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos y a eventuales decisiones médicas, que se alejen de criterios antropológicos, es que los ciudadanos no pierdan la cordura y el autocuidado racional evite el crecimiento de casos; que logremos enfrentar con nuestro sistema sanitario la demanda de la enfermedad y que la discusión de la ventilación mecánica no termine por generar una entropía que arriesgue más vidas.
Y recordar que el valor trascendente de la persona humana está por encima de cualquier discusión o instrumentalización. Todas las vidas son sagradas y, en consecuencia, todos los mecanismos, decisiones y políticas deben procurar su defensa y salvaguarda.