Esta frase la dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella después de pronunciar Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se nota, a leguas, que no es consciente de la lista tan larga de eventos violentos que nos ahorraríamos en el país si la gente supiera para qué sirve y aún más que los actores armados respetaran estas normas.  

En resumidas cuentas, el DIH se creó para ponerle límites a la guerra. Guerra como la que tenemos en Colombia hace más de 60 años. Estas normas deberían ser cumplidas por todos los actores armados, incluida la fuerza pública, pero muy pocas veces se tiene en cuenta. Es más, aunque en Colombia llevemos más de medio siglo en guerra, solo hace 32 años se aprobó el protocolo II de los Convenios de Ginebra en el Gobierno del expresidente Ernesto Samper  y  son los que obligan al país a cumplir las normas de conflicto armado interno.

Aunque aprobado, muy pocas veces se cumple. Por ejemplo según el último Reporte Humanitario de la ONG Vivamos Humanos, especializada en trabajar por la aplicación DIH dice que solo en 2026 han ocurrido 402 eventos violentos asociados al conflicto armado. Entre las principales afectaciones 179 hechos contra la vida 67 por uso de minas antipersonal, 47 restricciones a la movilidad. A estos hechos se le suman los nuevos desafíos del conflicto armado con los ataques con drones, ( que ya van 60  solo entre mayo y julio. según el mismo reporte) el reclutamiento forzado de menores por redes sociales y la prohibición del ingreso de la ayuda humanitaria por parte de los actores armados. 

Estas cifras parecen pocas cuando se vive en un país en guerra que mide la vida en números y el éxito de las políticas de seguridad en bajas. Pero pocas veces se piensa que detrás de cada número hay familias que se rompen, jóvenes que no alcanzan a cumplir sus sueños, colegios que son ocupados por actores armados en lugar de estudiantes, carreteras que solo pueden ser transitadas con el permiso de quienes no tienen autoridad para otorgarlo y, sobre todo, en el daño emocional de las infancias que crecen atravesadas por el miedo, porque nunca han podido sentirse seguras en el lugar que debería protegerlas y que, en cambio, les ha dado más guerra que vida: su casa.

Por eso, después de escuchar al nuevo presidente, me pregunto: ¿qué es realmente lo largo? ¿El nombre de la norma que podría ayudar a mitigar estos daños, o la lista interminable de horrores que produce ignorarla?

No podemos olvidar que más de 10 millones de personas viven en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Basta una sola infracción al Derecho Internacional Humanitario para que comunidades enteras paguen las consecuencias: minas antipersonal sembradas cerca de escuelas; drones cargados con explosivos que detonan en cascos urbanos; personas heridas por artefactos explosivos que llevan meses sin recibir atención porque los actores armados impiden el ingreso de la ayuda humanitaria; familias que padecen escasez de alimentos porque también se controla qué pueden comprar, cómo pueden hacerlo e incluso qué moneda o método de pago pueden utilizar.

Y, en medio de todo ello, queda una pregunta que rara vez se hace: ¿dónde queda la salud mental de quienes viven confinados en sus casas por el miedo permanente a que la violencia vuelva a arrebatarles lo poco que han logrado construir o, peor aún, les quite la vida?

Podría seguir escribiendo más daños, pero eso sí es una vaina larga y dura de narrar,  que además no le alcanzaría al nuevo presidente para contar en sus lives y videos de inteligencia artificial. Entonces, larga va a ser la vaina cuando otra vez tengamos que contar centenas de muertos (actores armados o civiles) que caen por estar en la guerra o sólo por vivir cerca a ella. Y, esto pasa cuando solo le quiere gobernar con política militar y sin tener un enfoque de humanización del conflicto – respeto del DIH-, derechos humanos, o políticas sociales. Y eso es lo que nos avisan que va a pasar. Ojalá me equivoque, pero con el anuncio del Plan Patriota 2.0 lo dudo.

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