Política

Publicado el Maria MesaR

Hablemos de privilegios; hablemos de salud mental

Confieso que este tema no me atraía hasta que hace un mes debí hospitalizarme en un centro de salud mental. Desde que ingresé entendí que era un privilegio: mi seguro cubría todo, y en la primera clínica que consulté.

El 25 de octubre no fue un buen día para mí ni para las 20 personas que ingresamos a la clínica Montserrat. Sin embargo, fuimos más las que tuvimos una mejor estadía: entramos al pabellón B y logramos, esa misma noche, tener un cuarto en el lugar más adecuado para cada una, según el diagnóstico inicial.

Unas cinco personas de las que estaban conmigo en el pabellón B entraron en la penumbra de la remisión: buscar una clínica que cubriera su seguro. A una de ellas la llamaré Ana*. Ana lloró muchísimo porque le indicaron que iba a la Clínica la Paz; según ella, la peor clínica psiquiátrica en Bogotá. Sin saber mucho del tema pero tan inquieta como siempre, salí 20 días después a investigar sobre clínicas y aún sigo sin saber nada de la aterradora Clínica la Paz que le robó la calma a Ana. Su página web no funciona, y en estos tiempos digitales todos sabemos que eso no es una buena señal. 

Regresemos en el tiempo, ya que las palabras siempre lo permiten. El día de mi hospitalización entré a las 12 del mediodía. A las 10 pm ya tenía un cuarto, una psiquiatra asignada y enfermeros que estaban a mi disposición. Sinceramente, aún estando en un psiquiátrico pensaba que soy una privilegiada y lo sigo confirmando al ver las cifras. Es 2022 y en Colombia solo hay un psiquiatra por cada 38.000 habitantes. Me detengo de nuevo ante esa cifra absurda, y agradezco que uno de ellos me atendió cuando lo necesité. 

Mi diagnóstico es trastorno mixto de ansiedad y depresión. Aunque cuesta hablar de salud mental, hoy sé que no soy la única a la que esas dos palabras acompañan: a nivel mundial, el 5% de adultos padecemos depresión. Estuve a punto de hacerme daño y no poder escribir esta columna. No sabía qué estaba pasando. Por eso estuve durante 20 días, sin interrupción, en un  tratamiento en la Clínica Montserrat. 

Incluir ese detalle -sin interrupción- no es un adorno ni un capricho; es un dato relevante en un país como el mío. De mis compañeras de hospitalización, al menos tres fueron remitidas cada día hacia otro centro. Su seguro no les cubría más la clínica. 

¿Qué significa esto? Retraso en el tratamiento, tener que adaptarse a otro sitio, a un psiquiatra nuevo y, en ocasiones, hasta a una marca diferente de medicamentos. Esos cambios entorpecen el tratamiento y alejan cada vez más la tan anhelada recuperación. Además, son situaciones que contradicen lo que estipula la ley 1616 de 2013, que contiene disposiciones para garantizar el derecho a la salud mental, la prevención y atención integral en consonancia con el artículo 49 de la Constitución Política.

Muchos dirán “esto es Colombia” y seguirán con sus vidas, pero quienes recibimos un diagnóstico que compromete nuestra salud mental respondemos “eso no es vida”. En Colombia no contamos con una política pública seria que se encargue de la prevención y atención en salud mental. 

Según la OMS, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Mientras escribo este párrafo, pienso en las personas que no reciben atención, que no tienen el privilegio de que alguien les dé la mano que necesitan y que tantas veces no encuentran. Pienso en los que mueren por esta causa en el mundo porque en Colombia tampoco tenemos cifras claras y actualizadas. 

El 10 de octubre, único día del año en que se habla del asunto, el Ministerio de Salud dijo que el 44,7% de los niños tienen indicios de algún problema de salud mental. Lo aterrador no es solo la cifra, sino que no existe un plan de  prevención en nuestro país. O si existe, fallan las comunicaciones y fallan las instituciones porque no encuentro información. Seguramente, tampoco la encuentran las familias y cuidadores de esos niños. Si alguien sabe, por favor, cuénteme.

Ya estoy fuera del psiquiátrico y en tratamiento, y sigo insistiendo en que soy una privilegiada y que esto no debería ser así. TODOS TENEMOS DERECHO A ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. Cuidar la salud es costoso, todos lo sabemos. Para poder tener un buen seguimiento a mi salud mental estoy pagando los medicamentos y las citas de psiquiatría y psicología particular, porque por el seguro se demora una eternidad y necesito mi atención de forma permanente y continua. Cada mes invierto la mitad de mi salario en estos gastos. Para lo demás, me ayudan mis papás. Pero, ¿y los demás?

Qué es de mis compañeros del psiquiátrico que ya completaban un recorrido por tres clínicas seguidas. Qué ha sido de ellos y los paseos obligados porque el seguro es un asunto de trámites sin fin. Cómo siguen, cómo pueden seguir, cuando tienen que esperar hasta dos meses para una cita con su psiquiatra y otro más para ver a su psicóloga. 

O, para pensar ahora en los más cercanos, qué será de mis amigos del pueblo que aún no saben que tienen un problema de salud mental y simplemente emborrachan la situación. Porque en este país sigue siendo bien visto ser alcohólico, pero es cuestionable buscar ayuda mental. No solo falta política pública en atención sino también en prevención: el desconocimiento puede llevarnos a la muerte.

Las cifras son altas y preocupantes. ¿Cuántos 10 de octubre deben pasar, cuántos suicidios hay que sumar para que esta realidad llame la atención de quienes deberían estar involucrados activamente? Quiero ser optimista, pero no creo que tengamos calendarios suficientes para seguir siendo indiferentes. 

Maria Mesa Rivera

Comentarios