La decisión de la Corte Suprema de Justicia de tutelar los derechos fundamentales de los participantes en las protestas y de ponerle coto a los abusos de la Policía, muchos de ellos letales, no podía ser más oportuna. Ha sido proferida en un momento en el cual el actual gobierno ha hecho gala de sus peores dotes negacionistas y de artilugios retóricos comparables a aquellos a los cuales recurrió el régimen nazi.
No lo digo por exagerar. No vivimos en un régimen totalitario. La prueba de ello es que, como yo, muchos somos los ciudadanos que publicamos toda clase de críticas al gobierno como ningún alemán ni ningún soviético pudo hacerlo en las épocas de Hitler y de Stalin – o como ningún chino en la República Popular China. Sin embargo, el discurso de este gobierno, de su Ministro de Defensa, su Comisionado de Paz, su Director del Departamento Administrativo de la Presidencia y su Consejero Presidencial de Seguridad, es de tal talante sofístico que hace virtualmente imposible una conversación honesta acerca de lo que está ocurriendo y de los remedios que podríamos encontrar para garantizar al mismo tiempo los derechos de las personas y el orden público. A los interesados en el tema, les sugeriría la lectura del libro de Viktor Klemperer LTI – Lingua Tertii Imperii (La Lengua del Tercer Reich), así como el documental dirigido por Stan Neumann con base en los diarios de Klemperer, que lleva como título La langue non mente pas (La lengua no miente).
Al mismo tiempo, sin negar nada de lo anterior, me parece que la referida decisión de la Corte Suprema de Justicia no podía ser más inoportuna dado su carácter unilateral. Es cierto que los actos vandálicos de una minoría que insiste en radicalizar las protestas nunca podrá servir de justificación del ejercicio ilegal y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía. No obstante, establecer un fuerte sistema de control sobre la acción de los uniformados encargados de velar por el orden público haciendo abstracción de esos actos vandálicos resulta bastante desafortunado. El rompecabezas que las autoridades y la ciudadanía tenemos que resolver consiste precisamente en cómo garantizar los derechos de las personas y mantener el orden público de cara patrones reiterados de uso desproporcionado e ilegal de la fuerza por parte de agentes del estado, así como de la acción deliberada de minorías violentas que desatan continuamente escenarios de confrontación. Ignorar esto último lo único que logra es avivar el autoritarismo de quienes confunden el legítimo reclamo de autoridad con la justificación de la represión brutal. En varias ocasiones he planteado que uno de los problemas de este país es que tiene muy poca autoridad y mucho autoritarismo. Me parece que la decisión de la Corte Suprema, desafortunadamente, contra su propia intención, es más parte del este gravoso problema que de su solución.
Y, en todo esto, ¿qué tiene que ver la Comisión de la Verdad? Mucho, pero tengo que dar una primero una explicación de la misión de esta entidad para que mi proposición sea aceptada. De acuerdo con la definición que da su quehacer la propia Comisión (CV), a esta entidad del estado le corresponde buscar “el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”.
La promoción de la convivencia involucra un componente fundamental: desactivar los discursos que justifican la violencia. Para cumplir este objetivo, la CV ha promovido diálogos acerca de los cuales la gran mayoría de ciudadanos no tiene noticia. Voy a referirme a uno de ellos de singular valor: el encuentro que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019 entre antiguos dirigentes de varios de los grupos guerrilleros del país con un antigo líder paramilitar. Ese encuentro rindió un fruto muy valioso: la firma del “Compromiso con la Vida, la Paz y la Reconciliación”. Para llegar a esta firma, durante ocho meses la CV auspició una conversación franca y difícil entre antiguos enemigos.
Tengo la impresión de que la CV parece creer que, con la ceremonia en la cual se firmó el citado compromiso, cumplió con su tarea y que lo que le corresponde hacer ahora es dedicarse a seguir trabajando en el Informe Final que presentará en noviembre del año entrante. Sería deplorable que esta impresión correspondiera a la realidad. Por cuenta de estas líneas, los miembros de la CV tal vez me podrían endilgar mala voluntad. No obstante, después de narrar mi mala experiencia con la CV podrán entender porqué escribo lo que escribo y, sobre todo, porqué creo que la CV tiene con Colombia una tarea pendiente, que no puede dejar de llevar a cabo.
El 24 de febrero de 2020 le formulé a la CV la petición para que los excombatientes que firmaron el “Compromiso con la Vida, la Paz y la Reconciliación” fueran a las universidades públicas, junto con la Policía Nacional, con el propósito de
“poner en contacto a la juventud universitaria con quienes por experiencia saben que el uso de la violencia para realizar transformaciones políticas tiene efectos funestos en la sociedad y también en ellos mismos. Ninguna exposición teórica acerca de las virtudes de la acción colectiva no violenta, ni tampoco ninguna disertación acerca de los graves consecuencias del uso de la violencia tendrá la misma contudencia, la misma profundidad, significado y eficacia que el testimonio personal de aquellos que se involucraron en el uso de las armas y que ahora están comprometidos con la reconciliación entre todos los colombianos.”
Justifiqué mi petición en los siguientes términos:
“En la actualidad, hay un sector minoritario dentro del profesorado de las universidades públicas que se niega a rechazar los símbolos que legitiman la lucha armada. Ese mismo sector minoritario mantiene una postura ambigua y de dobles estándares hacia la violencia: condena las reprochables acciones del Esmad de causar lesiones e incluso la muerte de estudiantes, pero guarda un ominoso silencio hacia la violencia de los encapuchados. Escuda, sin embargo, su posición, en una abstracta condena a la violencia y en la referencia al carácter asimétrico de la violencia ejercida por los encapuchados relativa a la violencia que ejercen las autoridades. Además, recurre al sofisma de que la entrada de la Policía al campus equivaldría a llevar el conflicto a las universidades, como si el conflicto no estuviera ya presente: los numerosos encapuchados que atacan a la Policía desde los campus universitarios son evidencia de ello. Este discurso ha ganado tracción incluso en las autoridades de la Universidad Nacional, que se limitan a realizar exhortaciones para que cese el uso de la violencia sin poner en acción ninguna iniciativa efectiva para hacer realidad este propósito.
“La discusión acerca de la violencia en los campus universitarios está viciada no sólo por las ambigüedades y dobles estándares a las cuales he aludido. También lo está por el profundo resentimiento que ha sido transmitido de generación en generación de forma tal que eventos tales como la entrada de la Policía Nacional al campus de la Universidad Nacional – Sede Bogotá el 16 de mayo de 1984 son recordados en el marco de una demanda de justicia en la que parece no haber espacio para el reconocimiento de que los miembros de la Fuerza Pública también han sido víctimas de la violencia. En esta demanda de justicia parece no haber tampoco mucho espacio para la reconciliación.
“Todo lo anterior pone de relieve la importancia de que los excombatientes de lado y lado participen en eventos colectivos en las universidades públicas en los que su testimonio sirva para deslegitimar la violencia. Convendría que ese testimonio incluyera el reconocimiento de la forma en la cual las diferentes organizaciones armadas usaron las universidades para reclutar combatientes y también para evadir la acción de las autoridades, así como el reconocimiento de la forma en la cual convirtieron a académicos en su objetivo militar. Un reconocimiento de este tipo auspiciaría que un reconocimiento correspondiente de parte de la Fuerza Pública de la forma en la cual criminalizó la protesta de los estudiantes y justificó el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza en su contra, dando lugar a graves violaciones a los derechos humanos.
“No sobra ponderar los beneficios que tendría el éxito de una iniciativa de este tipo: además de deslegitimar la violencia, serviría para establecer un vínculo de confianza entre la comunidad universitaria y la Policía Nacional. Este vínculo podría servir como modelo para que la Policía Nacional, de manera general, pueda establecer una mejor relación con los jóvenes, especialmente aquellos de extracción popular, fundada en el reconocimiento y el respeto recíprocos. Dado el crónico déficit de confianza ciudadana en la Policía, registrado en diversas mediciones como el Latinobarómetro o la Encuesta Mundial de Valores, esta iniciativa haría un aporte fundamental a “la aclimatación de la violencia y la reconciliación”. Incluso si la Policía fuera reticente a ser parte de este esfuerzo, la contribución de los excombatientes a deslegitimar la violencia generaría un nuevo clima en los campus universitarios y serviría para que, desde abajo, la política de paz pueda recuperar algo de su perdido ímpetu.”
La respuesta que obtuve de la CV a esta petición no pudo ser más decepcionante. Aquí la transcribo:
“Agradecemos su interés de acudir a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. En relación a su derecho de petición, quisiéramos hacerle algunas precisiones con respecto a la competencia de la Comisión.
“El mandato conferido a la Comisión por el Decreto 588 de 2017, si bien establece el esclarecimiento de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, no confiere el mandato de establecer la verdad de casos individuales sino en la identificación de patrones y dinámicas que permitan comprender lo sucedido en el conflicto.
“Por otra parte, es importante que tenga en cuenta la naturaleza extrajudicial de la Comisión de la Verdad, según lo establecido en el Decreto Ley 588 de 2017. En virtud de dicha naturaleza, la Comisión no administra justicia y por ende no tiene facultades judiciales.
“Además, no puede trasladar los testimonios y declaraciones recibidas a ninguna autoridad judicial, ni siquiera a la Jurisdicción Especial para la Paz. En este sentido, el Decreto Ley 588 de 2017 en su artículo 4 señala:
“‘La información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.‘
“Así mismo, la ley establece que la información que se allegue y que haga parte de un proceso judicial o administrativo no perderá su valor probatorio.
“La Comisión no gestiona temas relacionados con reparación administrativa, investigaciones penales, o gestión de ayudas humanitarias.
“Además, la Comisión en uso de sus facultades legales de libre organización metodológica[1], determinará a quien convocar para que den inicio a sus aportes a la verdad. Si la Comisión decide convocarlos, se comunicará de forma individual con cada uno de ellos, con el fin de organizar conjuntamente las sesiones de trabajo para recibir sus testimonios.”
La desconexión entre la petición que hice y la respuesta que obtuve de la CV es evidente. Me figuro que no necesito hacer ningún comentario.
Después de lo ocurrido el 10 de septiembre, quisiera insistir en mi petición original. El extraordinario fruto del trabajo de la CV de propiciar una reunión entre excombatientes y de animarlos a rechazar públicamente la violencia debe salir de los confines de una ceremonia y difundirse en todo el territorio nacional. Un buen lugar para empezar son las universidades públicas pues en ellas hay colectivos que justifican las acciones violentas como las que protagonizaron numerosos ciudadanos el 10 de septiembre. Si la CV quisiera ser fiel a su mandato de buscar “la convivencia en los territorios (…) mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”, entonces haría bien en llevar a las universidades públicas la luz del “Compromiso con la Vida, la Paz y la Reconciliación.” Haría bien en esforzarse aún más y propiciar un diálogo reparador que cierre las heridas abiertas en la comunidad universitaria y en la Policía. Para Colombia sería más útil que la CV propiciara este diálogo, en lugar de perseverar en la escritura de un Informe Final con la expectativa de dejar una huella para la posteridad. Como muy bien lo dijo Eduardo Pizarro en una columna publicada recientemente, “creo que [el director de la CV] Francisco de Roux debería ser más un Desmond Tutu que un Ernesto Sábato.”
Los poetas trágicos de la antigua Grecia meditaron sobre muchos temas que nos son actuales, como los que he puesto de presente en este escrito. Lo hicieron echando mano de figuras desbordadas por la hamartia, el error trágico que las lleva al desastre. Una de esas figuras es Hécuba, la esposa de Príamo, el rey de Ilión.
Luego de que los troyanos sucumbieran ante los aqueos, sus mujeres fueron esclavizadas y sus hijos muertos por la espada. Hécuba fue entregada a Odiseo y una de sus hijas, Políxena, fue condenada a muerte. Los aqueos acordaron sacrificarla para satisfacer a la sombra de Aquiles, quien demandaba desde la otra orilla de la muerte esa horrible compensación por haber perdido su vida en la guerra contra Troya. De nada valieron los ruegos de Hécuba. Odiseo, el maestro de la persuasión, no quiso enfrentarse a la turba de guerreros que demandaba la expiación de la muerte de Aquiles, el más grande de sus héroes. Políxena, aceptó su suerte y prefirió morir como una mujer libre, en lugar de rogar por una vida como esclava.
Aquí no terminaron las desgracias de Hécuba. Temiendo la derrota de los troyanos, la reina de Ilión quiso salvar al menos uno de sus hijos, Polidoro. Con tal propósito, lo había enviado a la corte de Poliméstor, el rey de Tracia. Éste, al enterarse de la caída de Ilión, movido por la codicia, violó el sagrado deber de la hospitalidad y mató a Polidoro. Al enterarse de la pérdida de su hijo, Hécuba apeló a Agamenón, el líder de los aqueos. Éste procuró convencerla de que desistiera de su deseo de venganza ofreciéndole su libertad. Hécuba, sin embargo, insistió en hacer justicia por sus propios medios. Poliméstor tendría que pagar por su crimen. Agamenón permitió que Hécuba excitara la codicia de Poliméstor hablándole de tesoros ocultos en las ruinas de Ilión y que fingiera que no sabía de la muerte de Polidoro. Poliméstor acudió entonces a una cita con Hécuba quien, con ayuda de otras mujeres troyanas, le sacó los ojos y lo mató, y mató luego a sus dos hijos pequeños. Antes de morir, Poliméstor profetizó que Hécuba sería transformada en perra y que tanto su hija Casandra como Agamenón morirían asesinados por la esposa de éste, Clitemnestra.
En un agudo análisis de los conceptos de libertad y esclavitud en la tragedia Hécuba de Eurípides, Stephen Daitz subraya el contraste entre la actitud de Políxena, por un lado, y la de Hécuba, Odiseo y Poliméstor, por el otro: la primera escoge la muerte, pero con ella la libertad; en cambio, Odiseo es esclavo de la aprobación de la multitud; Poliméstor, de su codicia: y Hécuba de su deseo de venganza. De ahí que su destino haya sido haber quedado convertida en una perra.
La reacción desproporcionada de los ciudadanos que atacaron a los miembros de la Policía, después de que conocieron la noticia del asesinato de Javier Ordóñez, el asalto e incendio de los CAIs, la quema de numerosos vehículos de transporte público y los graves destrozos a las estaciones de Transmilenio, son todas expresiones de un primitivo y oscuro deseo de venganza. Sin la intervención de una fuerza moralizadora y regeneradora, la hamartia de estos ciudadanos bien puede convertirlos, metafóricamente hablando, en perros.
En mi más considerada opinión, le incumbe a la CV ser esa fuerza moralizadora y regeneradora. Su pedagogía cívica, la que irradie en múltiples audiencias el “Compromiso por la Vida, la Paz y la Reconciliación”, vale tanto, o quizá más, que todas las páginas que pueda publicar en su Informe Final. Ojalá la humildad de servir a esa pedagogía y a la tarea de convocar a múltiples diálogos reparadores prevalezca sobre la vanidad de entregarle al país un recuento único de lo sufrido bajo este cielo.