Por: Lina María Ortega Van Arcken y Lina María Zárate Acosta
En los años 1600, como dice la canción. Mentiras, pero no estamos lejos. La historia agraria de Colombia es una tragicomedia, de las más intensas por comprender. En primer lugar, existe un conflicto agrario alrededor del acceso y la propiedad de la tierra y esto no es nuevo, ni siquiera del siglo pasado. Es un hecho que se han visto disputas, luchas, y resistencias entre diferentes actores. Por ejemplo, cuando se comienzan a formar las haciendas de tabaco y cacao en el siglo XVIII, se puede ver cómo diferentes grupos poblacionales sin tierra (mestizos, indígenas, mulatos) comienzan a ser partícipes de las dinámicas económicas del país (como jornaleros), pero también comienzan a escribir una historia de colonizadores, pequeños propietarios, y defensa frente a la expansión del latifundio.
Entre los diferentes personajes de la novelesca historia agraria colombiana se encuentra el campesinado, quien todavía hoy parece que se quiere invisibilizar o condenar al anonimato. El cuento es largo, pero se debe iniciar evocando la “resistencia”. Es más que una palabra, incluso podría ser una consigna de las y los campesinos.
Una prueba de ello es la figura de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) que corresponde a una expresión de autonomía e identidad campesina. Si bien esta figura aparece en la normatividad colombiana desde la Ley 160 de 1994, es importante mencionar que las ZRC son anteriores a la legislación ya que se trata de una práctica reivindicativa que surge del relacionamiento y consolidación de comunidades campesinas y su lucha para detener la expansión de los latifundios de grandes propietarios.
Con la formalización jurídica de las ZRC se esperaba disminuir la concentración de tierras y acelerar la adjudicación de baldíos (entendidos como propiedad del Estado. No se le estaba quitando nada a nadie, ni más faltaba). De esta manera se fortalecería la economía campesina y, si bien en la Ley 160 no es explícito, este proceso también significaba un avance en el reconocimiento del campesinado y su resistencia.
Parecía entonces que había un avance contundente en la reestructuración de la propiedad agraria. Y una condición material, como acceder a la tierra, iba a ser el principio de algo más grande, como dice el maestro Velosa, es mi cetro el cabo de mi azadón y es mi trono una piedra de amolar: siendo innegable todas las enseñanzas de las prácticas campesinas alrededor de la conservación del territorio y del medio ambiente (cuestiones más vigentes que nunca teniendo en cuenta los retos del cambio climático).
Pero como dicen, del dicho al hecho hay un trecho. Escribir y concertar una ley no es suficiente, después llega lo difícil: mover la rueca institucional (articular entidades y disponer instrumentos para hacer tangibles los objetivos de la política pública). Aquí es donde se puede preguntar, ¿cómo vamos con el asunto?
En este momento nos encontramos con una larga y pantanosa espera, con la desilusión y el desgaste. Al día de hoy solamente se han reconocido seis ZRC y las comunidades campesinas siguen enfrentando la discriminación proveniente del Estado. A pesar de sortear la engorrosa tramitación que tanto caracteriza a nuestras instituciones, las y los campesinos se han encontrado con el letargo intencional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tanto que parece una Escalera de Penrose (un camino sin fin).
Tres fueron las comunidades campesinas que pensaron que lo habían logrado, que por fin se reconocerían las ZRC del Río Gúejar, del Sumapaz y de Lozada – Guayabero, pero sin ninguna justificación válida la ANT dio su negativa. Este tema aún se debate jurídicamente (los puntos discutidos se refieren a temas ya definidos y no deberían ser un impedimento: la presencia de cultivos de uso ilícito y el ordenamiento ambiental del territorio), pero ya se le ha dado una primera victoria a los campesinos.
La ANT no sólo está obstaculizando procesos como el de la creación de las ZRC, sino que el Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz de la Procuraduría evidencia su desinterés e inefectividad al momento de implementar lo pactado en el Punto 1 del Acuerdo Final para la Paz. Por eso nos preguntamos ¿qué se puede esperar cuando una de las entidades más importantes para la reforma rural se encuentra distanciada del campesinado y de la paz?
Sale a la luz la odiosa realidad, las instituciones no son diferentes a las personas que las conforman, no son cosas con voluntad propia. Existen intereses económicos respaldados por sectores políticos que no son amigos de la redistribución de la tierra y que en estos momentos tienen su máxima representación en el gobierno nacional y en instituciones estatales como la ANT. Ante esto ¿qué queda? Seguir labrando y resistiendo porque el camino es culebrero.