Una política pública ambiental desde el territorio

Por: Jessica Fernanda Sandoval Jurado

En el Bosque de San Antonio, ubicado en el km 18 sobre la vía Cali-Dagua en el departamento del Valle del Cauca, que abarca 8.795 hectáreas con especies de fauna declaradas en peligro, se está diseñando una política pública para la conservación y usos sostenibles de la biodiversidad del KBA (key biodiversity áreas por sus siglas en inglés), donde se encuentran los municipios de Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua.

Las KBA, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contienen un “número significativo de especies particulares, una porción significativa de un ecosistema, la integridad ecológica o unos sitios irremplazables”. De forma particular, esta área es hábitat de distintas especies de flora y fauna en peligro de extinción como la rana Duende de Ruiz, además de ser una fuente de abastecimiento hídrico para la región.

Acorde con la tesis de Elionor Ostrom son los actores comunitarios que habitan el territorio quienes pueden gestionar de mejor manera los recursos de uso común. Esta iniciativa es financiada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos con el apoyo del Fondo Patrimonio Natural y ejecutada por Biodiversa Colombia. Además, también participan las alcaldías locales y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, entre otros actores institucionales. Sin embargo, vale la pena resaltar que, en conjunto con estas entidades, son los ciudadanos interesados y habitantes del KBA quienes discuten, proponen y definen los elementos que permitirán la construcción de un documento de carácter público y de cumplimiento por medio de un decreto o resolución municipal que permita aportar a la conservación de esta área.

Para el inicio de la  construcción de los principios de la política pública, se dio apertura al espacio con la presentación de cada uno de los actores comunitarios e institucionales que se encontraban ahí, posteriormente se procedió a limpiar energéticamente el lugar con el objetivo de armonizar y estar en la mejor disposición para el diseño y estructuración de estos principios; probablemente una metodología bastante alternativa en comparación a los espacios que deben tener  los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación para la construcción de los Conpes. A pesar de lo alternativo que pueda sonar, esto facilitó el reconocimiento entre cada uno de los actores y permitió crear un espacio de confianza que fortaleció la  participación, parte fundamental para la gobernanza.

Esta no es una política pública con un presupuesto asignado que pueda robustecer la gestión de los actores comunitarios, ya que esto requeriría una mayor coordinación y voluntad por parte de las instituciones y el sector privado; por lo tanto, se hace un llamado a que el resto de los actores se comprometan de forma integral con este tipo de iniciativas ambientales que benefician a la sociedad en su conjunto.

Los recursos de uso común no necesariamente deben ser privatizados para evitar su sobreexplotación y no son las instituciones las únicas entidades capaces de proponer arreglos institucionales o diseñar políticas públicas. Este ejemplo permite demostrar que con la orientación adecuada, las comunidades se encuentran en la capacidad de generar lineamientos frente a la planeación, protección y control de los recursos naturales de su territorio,  y así mismo, este ejercicio garantiza que las acciones propuestas puedan tener mayor éxito.