Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El territorio, la sangre y el olvido

Por: Nataly Triana Guerrero

Esta columna es un llamado hacia el presidente Iván Duque frente a las masacres que se han producido en las últimas semanas a lo largo del país y que han cobrado la vida principalmente de jóvenes. No basta con lamentar la muerte de estos colombianos, su accionar como mandatario violenta la memoria de los familiares y comunidades en las cuales sucedieron estos hechos al desconocerlos bajo el nombre de masacres y minimizarlos tras la categoría de “Homicidio Colectivo”. Es a través de estos argumentos que trata de aislar la sistematicidad e individualizar estos hechos y a pesar de que insista en que estos hechos no sean usados con fines políticos, lo cierto es que responden a una realidad política de la cuál usted es responsable tras la firma del acuerdo con las FARC-EP.

A lo largo del 2020, en Colombia, la ONU ha documentado 33 masacres, a las cuales deben sumarse ocho que faltan por documentar, entre estas se encuentran las últimas que sucedieron en Nariño, Cauca, Arauca y Antioquia. Esta violencia es resultado de una disputa entre diferentes actores ilegales en los territorios del país, en especial luego de la firma del acuerdo de paz donde quedaron vacíos de poder en territorios que eran controlados por la antigua guerrilla de las FARC-EP. Tras la continua ausencia del Estado, la población que vive en estos territorios, se encuentra en medio de la confrontación entre distintos grupos armados por el control no solo de los negocios ilícitos, sino de todo lo que implica el territorio.

Esta realidad fue prevista durante las negociaciones de la Habana y fue asumida por las partes pactantes tras el compromiso de que el mismo Estado debería llegar a estos territorios no solo para obtener el monopolio legítimo de la fuerza, sino también para proveer infraestructura y servicios. No obstante, es en pleno confinamiento que se vuelve a demostrar con claridad que el Estado no posee el monopolio legítimo de la fuerza y que tras el gobierno de Iván Duque se han generado serias agresiones al acuerdo de paz que ha generado este detrimento tan severo en la seguridad de los territorios. Lo anterior se evidencia en la serie de masacres perpetradas por diferentes actores en las últimas semanas; San José de Uré (Córdoba), Llano Verde (Cali), Samaniego (Nariño), Ricaurte (Nariño),Tumaco (Nariño), El Caracol (Arauca), El Tambo (Cauca) y Venecia (Antioquia).

Estas masacres señalan que la violencia no se encuentra exclusivamente en las zonas rurales, también habita en los cascos urbanos como lo fue Llano Verde en Cali. Así mismo, indica que las comunidades en estos territorios hacen parte de las rutas del conflicto, por lo tanto, son poblaciones vulnerables que han sido víctimas del conflicto armado durante años. La comunidad de San José de Uré se asienta en un territorio envuelto en una disputa por el control de la minería ilegal y la hoja de coca, donde una de las principales víctimas ha sido la población afrodescendiente. Llano Verde está compuesta mayoritariamente por afrocolombianos desplazados en donde los grupos armados se disputan el control del microtráfico y otros negocios ilegales. Samaniego y Tumaco son poblaciones que ya habían sufrido masacres en 2001 y 2009, respectivamente; en estas zonas existe una alta presencia del ELN y otros grupos armados que pretenden controlar la salida por el Pacífico y por la frontera con Ecuador. Así puede realizarse una radiografía del conflicto en todos los territorios afectados por la violencia.

La respuesta del gobierno nacional ha sido un autorreconocimiento falso en la disminución de lo que ahora consideran “Homicidios Colectivos” comparado al gobierno anterior en sus ocho años de mandato. Aunque las masacres no han cesado, Saavedra en Colombia Check y la misma Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señalaron que durante el gobierno de Duque han aumentado el número de masacres.

Por otro lado, el gobierno ha desarrollado consejos de seguridad extraordinarios en los territorios afectados en donde la única respuesta ha sido la militarización a través de una institución desprestigiada, obviando propuestas de construcción territorial de paz y los compromisos adquiridos entorno al acuerdo de paz: el cumplimiento del Programa Integral de Sustitución de cultivos Ilícitos (PNIS) y la celeridad, además de la participación de los territorios en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En este momento los territorios afectados por las masacres no necesitan aumentar la presencia de actores armados y tampoco de un gobierno centralista que desconoce su responsabilidad y el tipo de violencia que se ha estado presentando. Todo lo contrario, lo necesario es una presencia eficaz del Estado que cree estrategias junto a los gobiernos regionales, territoriales y la misma población afectada para la creación de programas sociales y económicos que creen las condiciones para la disminución de la violencia y el fomento de la paz en los territorios.

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