Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

¿Será que podemos retornar?

Por: Ana Valentina Nieto Cruz

En el marco de la situación actual del país, donde a diario nos encontramos con noticias de masacres y recrudecimiento de la violencia (como si ni siquiera una pandemia fuera capaz de detener el asesinato sistemático de líderes sociales, excombatientes, militares y población civil), no podemos olvidar cómo las víctimas del conflicto han tenido que soportar estos flagelos a lo largo de los años.

Hoy es importante hablar de uno de los temas más conflictivos que tiene la restitución de tierras y es el retorno: cuando las victimas retornan a los predios que les fueron obligados a abandonar por múltiples causas que recaen en el conflicto armado colombiano.

Para hablar del retorno de las víctimas de hechos punibles como el desplazamiento forzado o despojo, tenemos que referirnos a la ley 1448 de 2011, en donde se establece el retorno como un derecho que tienen las personas víctimas de los delitos previamente mencionados. La finalidad de esta ley es permitirles a las víctimas recuperar la tenencia material y jurídica de los terrenos que se vieron obligados a abandonar.

El Articulo 66 de la mencionada ley establece unas características mínimas para poder retornar a los territorios abandonados, entre estas, el diseño de esquemas especiales de acompañamiento por parte de las diferentes instituciones involucradas en el proceso de restitución, como son la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales deben propender por unas condiciones mínimas de seguridad, goce efectivo de los derechos básicos como la salud, educación, participación, asociación, vivienda y garantías de no repetición de los hechos victimizantes, entre otros múltiples derechos que aparecen en el articulado legal.

Pero realmente ¿todos los retornos se llevan a cabo bajo las condiciones mencionadas por la ley? La respuesta es no. Como ejemplo tenemos el caso del departamento del Tolima entre los años 2016 al 2020, donde el estudio de 60 sentencias sobre restitución de tierras emitidas entre estos años nos demuestra que muchas de las victimas tuvieron que retornar a sus predios no de forma voluntaria sino por la insostenibilidad del desplazamiento. Situaciones precámbricas tanto económicas como sociales que les obligan a volver a sus terruños antes de un proceso de restitución.

Entre las consecuencias de estos retornos inseguros, en muchos casos ocurre un nuevo desplazamiento por la ausencia de seguridad o mitigación de la violencia en la zona, nuevas amenazas o toma de sus predios con fines diferentes a su explotación original. Seguido a esto, aquellos que decidieron quedarse en sus tierras enfrentando a los grupos armados, quienes se quedaron con el fin de organizar y proteger a su comunidad conocidos como líderes sociales, fueron asesinados sistemáticamente y aún no sabemos por quién, aunque existen fuertes indicios que adjudican estos hechos a las  Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Disidencias de las FARC, ELN, entre otros. Los nombres de líderes sociales a diario aparecen en las noticias como números más de un homicidio selectivo por sus labores de liderazgo, como el de Robinson Mendieta Sánchez, un campesino que labraba sus tierras en esta zona, quien en 2019 fue asesinado en el municipio de Anzoátegui – Tolima y hace poco fue nombrado por el gobernador del Tolima.

Unido a esto, hace dos semanas la UNP retiró el esquema de protección brindado a dos integrantes la Mesa Departamental de Victimas del Tolima, lo cual derivó en la amenaza de muerte y zozobras a 34 líderes sociales pertenecientes a esta mesa por parte de un grupo de disidencias de las FARC autodenominadas «La Nueva Marquetalia», sin que el Estado se hubiera pronunciado sobre esto. Así es como se mantienen los esquemas de violencia sistemática en esta zona, donde múltiples líderes son amenazados y posteriormente asesinados por sus actividades, ya sean sociales, ambientales o de participación.

En conclusión, realmente un gran número de los retornos de los cuales se habla en los informes institucionales no se hace en el marco de la seguridad y los mínimos establecidos por la ley 1448 de 2011, generando posibles nuevos hechos de desplazamiento y afectaciones a los derechos de una población repetidamente azotada por la violencia.

 

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