Seguridad territorial: un informe de seguimiento

Por: Luis David Durán Pico

Con tres cuartas partes del 2023 ya recorridas y el primer año del gobierno Petro como escenario, la seguridad territorial continúa siendo un tema tanto controvertido como prioritario. En un sentido amplio, el balance sobre la seguridad territorial resulta ser bastante ambiguo por múltiples motivos. Por un lado, las dinámicas de la violencia no se manifiestan de la misma manera y con la misma intensidad a lo largo y ancho del territorio, ni de la misma forma en las zonas rurales como en cascos urbanos; motivo por el cual, una lectura macro de tasas de homicidios, confinamiento o desplazamiento poblacional podría resultar imprecisa. De esta manera, mientras en algunos departamentos parece haber una ligera mejoría, en otros se evidencia el efecto opuesto. Por otro lado, este fenómeno parece hacer caso tanto a la histórica falta de sinergia entre los planes y las directrices del gobierno nacional y los gobiernos locales en materia de seguridad, así como a la baja gobernabilidad territorial.

Según el Informe de Retos Humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia hay vigentes seis conflictos armados internos que vienen arrastrando consigo a un alto porcentaje de la población civil a estado de vulnerabilidad, entre otros factores, por la paulatina expansión de distintos grupos armados no estatales, al menos en los últimos siete años. La cifra de personas con necesidades humanitarias asciende a los 7.7 millones, distribuida en 806 municipios, de los cuales 7.2 millones viven bajo la influencia de grupos armados en al menos 462 municipios, según la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Entendiendo la fuerte proliferación y fragmentación de estos grupos armados no estatales en múltiples zonas del país, así como el hecho de que su objetivo operacional no es la toma del poder, se logra evidenciar una diversificación en las conductas delictivas en búsqueda de mayor financiación, en las que predominan la extorsión, los retenes ilegales terrestres y fluviales, la extracción ilícita de minerales, e incluso la tala de árboles y el contrabando. Como consecuencia, se han visto exacerbadas tanto las disputas por dichas fuentes de financiación, como por el control territorial; hallándose la población civil en el ojo del huracán.

En este sentido, según el Panorama de Necesidades Humanitarias 2023 de la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios, las zonas más afectadas por la violencia, al menos en materia de desplazamientos y confinamientos, continúan siendo el Pacífico y el noroccidente colombiano, así como los departamentos que colindan con Venezuela. Sin embargo, la región Caribe hace parte del enclave de dichas economías ilícitas, mientras que en el centro-sur predominan los asesinatos selectivos y desplazamientos individuales.

A pesar de ello, no todo parece estar perdido. Esto lo constatan algunos datos de seguimiento condensados por la Fundación Ideas para la Paz (2023), al comparar las cifras relacionadas con la violencia entre el primer año de mandato de Iván Duque y el de Gustavo Petro, evidenciando múltiples reducciones generales. Por un lado, hay una disminución de los homicidios del 1.5%, y de un 14% en las regiones focalizadas para los PDET; asimismo, sucedió con ataques a la infraestructura y bienes en un 45%, contra la Fuerza Pública en un 47%, así como con los homicidios de líderes y lideresas sociales en un 13%; mientras que los desplazamientos forzados y masacres, tan solo en un 3% y 2% correspondientemente.

La ambivalencia de estos resultados radica en que mientras ciertas cifras decrecen, otras aumentan significativamente. Por ejemplo, la extorsión creció en un 15%, el confinamiento en un 24%, mientras que el secuestro y los enfrentamientos entre Grupos Armados aumentaron en un 77% y 85%, principalmente en zonas rurales del país. Esto no solo logra evidenciar la incidencia de los grupos armados en tales territorios, sino también nuevas dinámicas en la distribución de conocidos repertorios de violencia, a las que el Estado también deberá encontrar respuestas más eficientes.

Si bien aún es pronto para dar un veredicto final acerca del abordaje de este gobierno en materia de seguridad enmarcada tanto en la Paz Total, como en la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz, y la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, el contexto nacional podría hacer repensar el contenido estratégico de las mismas. Finalmente, mientras los centro administrativos, económicos y políticos se mantienen en relativa calma, hay 462 municipios que requieren de atención focalizada. En este sentido, parte de la esperanza también se resguarda en las nuevas perspectivas que pueden suponer las elecciones gubernamentales y locales de octubre del presente año, y la forma en que el gobierno nacional decida articularse con los mismos, en la búsqueda de un ejercicio eficaz de gobernanza y seguridad territorial, para brindarle al pueblo colombiano una paz sostenible y duradera.