Por Luis Enrique Ruiz G.*
El 7 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional suprimió e inició el proceso de liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER. Solo dos días después se radicó un derecho de petición solicitando información sobre los bienes de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes destinados para la dotación de tierras de campesinos como uno de los fines misionales del Incoder.
Sin embargo, en un oficio suscrito por el subgerente de tierras rurales, la información fue denegada y en su lugar se ofreció la posibilidad de realizar un “Convenio Interinstitucional” entre el Incoder y el Observatorio de Tierras para compartir esa información. Cabe anotar que este convenio no podría llevarse a cabo debido a que, de acuerdo al decreto de liquidación (Decreto 2365 de 2015), el Incoder en este momento solo puede realizar los actos necesarios para su liquidación (artículo 3°).
Preocupa esta denegación de información sobre bienes administrados por el Incoder, incluso a través de mecanismos contrarios a la ley, teniendo en cuenta los antecedentes que tuvo el manejo de los archivos y expedientes en el proceso de transición del extinto Incora al Incoder. Recordemos que, en un informe preventivo de la Procuraduría de abril del año pasado se señalaba cómo en la creación del Incoder se heredaron los vicios de ineficacia y corrupción del Incora y “la pérdida de archivos y documentación oficial” facilitó el despojo por vía administrativa (p. 30). Esta falta de gestión documental y la pérdida deliberada de archivos, según la Procuraduría, constituye uno de los factores para que el Incoder haya sido tan ineficiente en el cumplimiento de sus objetivos misionales (p. 47).
El proceso de liquidación del Incoder está previsto que tome un año, aunque se espera que a más tardar el próximo 7 de febrero deban entrar en operación la Autoridad Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. El periodo de liquidación del Incoder será fundamental para advertir si la nueva institucionalidad de tierras deja en el pasado los vicios ya conocidos del Incora o el Incoder o si, al contrario, persisten el secretismo, la corrupción y la ineficacia de las autoridades encargadas de distribuir la tierra en Colombia.
*Investigador del Grupo de Jurisprudencia del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. Twitter: @lurugo