Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El saco roto de la política antidroga que sigue dejando en el olvido a los cultivadores

Por: Paula Melissa Bocanegra

De acuerdo con el último reporte anual de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para el año 2020 los cultivos de hoja de coca en el país han disminuido en un 7%, pasando de tener 154.000 a 143.000 hectáreas de siembra.

Al recibir el informe, en el mes de junio del presente año, el presidente Iván Duque resaltó que estos resultados eran muy importantes porque mostraban el “valioso esfuerzo institucional y la labor heroica y titánica de los miembros de la Fuerza Pública, de los erradicadores y de otros programas”, atribuyendo estas cifras a la implementación de la política de su gobierno “Ruta Futuro”, sin tener presente que todo esto no era más que un saco roto.

Sí, así tal cual, porque los datos que se muestran en el reporte evidencian que, a pesar de haberse logrado una reducción significativa en el área de siembra, la capacidad para obtener la cocaína, en términos de hectáreas, se ha incrementado en un 8%.

Sumado a esto, días después de haberse publicado el informe de la UNODC, se dio a conocer el último reporte presentado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) que muestra un resultado un poco más decepcionante: pasamos de tener 212.000 hectáreas de cultivos a 245.000, lo que muestra un incremento del 15%.

Sí, a pesar de que las cifras son distintas, ambos informes concuerdan es en que ha habido un incremento en la producción de cocaína, y lo peor de todo es que el cultivador, el campesino colombiano, obtiene más provecho de esto que de otras actividades lícitas debido a la falta de apoyo por parte del Estado colombiano.

Con estos resultados no se desmerita la labor del presidente Duque, por el contrario, es claro que las cifras no mienten respecto a la cantidad de hectáreas que han sido erradicadas, pero también es claro que la implementación de su política no ha sido efectiva frente a los fines con los que fue planteada y que la industria de la cocaína es un mercado que se consolida cada día más y que le da factibilidad al campesino para conseguir el sustento diario para su familia.

Volvemos a lo mismo: el Estado colombiano no le está cumpliendo al recolector ni al cultivador, pues según el Informe No.23 de la UNODC sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que es el que compila los datos del año 2020, las familias campesinas sí se han comprometido con la erradicación voluntaria que se plantea, lo que pasa es que el gobierno colombiano aún no les ha brindado otras alternativas de producción.

Con todo esto no quiero decir que el campesino sea el responsable del incremento de la producción de cocaína, pues es claro que no son ellos quienes más se benefician en este negocio. Si bien no se conoce con exactitud a qué se debe este aumento, son varios los factores que se le atribuyen, por ejemplo, la caída del precio internacional del oro le mostró a los mineros otro tipo de ocupación ilegal que es rentable, así mismo sucede con los campesinos.

Según algunas de las investigaciones que se han adelantado sobre el tema, este negocio se muestra atractivo porque ahora, sin las FARC en el proceso productivo, se tiene la posibilidad de añadir un valor agregado al cultivo, lo que le brinda al campesino una oportunidad para vender a un precio un poco más alto y obtener un mayor margen de ganancia.

Claro, sí, es ilegal, pero lo que debe tenerse en cuenta es que Colombia tiene uno de los índices de producción agrícola más bajos de la región: vivir en el campo es poco rentable, y de hecho, dicen las investigaciones que la coca es un producto que fácilmente se puede transportar en aquellas zonas alejadas del país (esto en comparación con otros productos agrícolas).

¿Qué saca el campesino con erradicar el cultivo de coca si no puede generar un sustento con la cosecha de otra clase de productos? En Nariño, por ejemplo, que fue por mucho tiempo el departamento con mayor producción de coca, se pide inversión social. Los pobladores de la zona rural de Tumaco, que por años fue considerada como la región más cocalera del mundo, están comprometidos con la sustitución de cultivos de uso ilícito pero piden la presencia del Gobierno Nacional, pues hay lugares a los que no llega el agua potable, no hay educación ni vías de acceso.

Si bien los cultivadores no se dedican exclusivamente a la hoja de coca, les es extremadamente difícil comercializar otro tipo de productos, pues también cosechan frutas, plátanos y cacao, pero para poder venderlos deben caminar largos trayectos y transportarlos por ríos o carretera que demoran mucho el proceso y dañan la producción. Todo esto concluye en una baja utilidad, si no, es en pérdidas, y es lo que lleva al campesino a seguir trabajando en cultivos ilícitos.

El Informe Ejecutivo No. 23 de la UNODC muestra que el gobierno cumplió en un 90,9% con la “Asistencia Alimentaria Inmediata”, que es uno de los componentes de los planes integrales de sustitución consistente en entregar directamente a las familias mercados o bonos para garantizar su sustento o seguridad alimentaria, sin embargo, aún queda pendiente un 10% de la población y el cumplimiento de los otros componentes del programa.

Dentro de estos, encontramos el componente de la ejecución de obras de infraestructura social, que busca responder de manera oportuna a las necesidades de la comunidad a través del mejoramiento de escuelas, centros de salud, casetas comunales, vías terciarias, entre otros; o el componente de sostenibilidad y recuperación ambiental, que tiene el propósito de propiciar la sostenibilidad ambiental a través de acciones de adecuación de los suelos para la siembra de cultivos lícitos y proyectos productivos ambientalmente sostenibles.

Es entonces a esto a lo que me refiero cuando afirmo que el Estado no le está cumpliendo a los campesinos, pues no ha habido, por ejemplo, una eficaz implementación del PNIS del acuerdo de paz, y uno de los efectos colaterales de esto es el incremento en la producción de cocaína, porque “no habiendo más” los campesinos recurren a estos cultivos en el rebusque del sustento familiar, sin dejar a un lado, claro, a todos los otros sujetos que forman parte del proceso de industrialización de la cocaína , y que por supuesto, se quedan con todo el dinero que se obtiene en este negocio ilícito.

Así las cosas, el Gobierno, además de reorganizar su política antidroga, que claramente no está funcionando, debería empezar a cumplirle al campesino, al que aún no saca del olvido y parece estar subestimando porque, ya para terminar, por si no fue notorio, el presidente Duque agradeció más a la fuerza pública y a los erradicadores, que son los encargados de llevar a cabo la erradicación manual, sin tener en cuenta a los cultivadores que se habían comprometido con la sustitución de cultivos y aún se encuentran a la espera del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional. Esto es una muestra de que el enfoque de la política antidroga aún se inclina más hacia la erradicación forzada que a la sustitución voluntaria de cultivos, que claramente beneficiaría más a la población colombiana.

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