Por: Andrés Javier Garzón Sánchez
Según el Índice de Desarrollo Regional de América Latina, Colombia es el país más desigual en la región y en el que se presenta un fenómeno particular: las amplias diferencias entre el modo de vida de un ciudadano en las regiones ricas, con uno en la periferia. Así, en este país existe un abismal contraste entre los lugares donde tiene presencia el Estado (ciudades capitales) y donde nunca llega, es decir, las zonas rurales olvidadas en las que ha tenido lugar el conflicto armado y donde progresar económicamente es casi imposible. De este modo, la brecha económica que existe en el país no solo se expresa entre los ricos y los pobres, sino también se manifiesta entre regiones, especialmente si se compara el Valle, Antioquia o Bogotá con el Cauca, Vaupés, Guainía o en general con todo el sur oriente del territorio nacional.
Ante este panorama, y como respuesta al déficit fiscal que se ha ampliado a causa de la pandemia, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, está impulsando una reforma tributaria a la que ha decidido llamar “Ley de Solidaridad Sostenible”. A través de esta, se busca aumentar el recaudo fiscal en 25 billones de pesos o el 2,2% del PIB, de los cuales 16,8 billones se obtendrán de personas naturales y el resto a través del sector empresarial.
Si bien las perspectivas económicas son preocupantes y como ciudadanos tenemos el deber de pagar nuestros impuestos para impulsar el desarrollo, gravar algunos bienes y servicios con IVA del 19% y ampliar la base gravable del impuesto de renta, no parece ser una medida del todo “solidaria”. Y si a esto le sumamos los eufemismos y estrategias de vieja data, al afirmar que no se trata de una reforma sino de una “financiación” y al proponer políticas desmesuradas que luego serán debatidas y ajustadas por unas “menos agresivas”, en últimas, sólo el gobierno y su núcleo cercano salen victoriosos al perpetuar y posiblemente aumentar el nivel de desigualdad existente.
No obstante, arreglar las cosas en el papel y manipular el lenguaje para enmascarar acciones perjudiciales, es decir, apelar a valores superiores como la “solidaridad” para hacer creer que una determinada decisión, en realidad perjudicial, sirve al bien público, genera en los contribuyentes el sentimiento de un trato tributario desigual e inequitativo que golpea con más fuerza a la clase media y baja.
Ante esto, no debe sorprendernos que las desigualdades incentiven a algunas personas a optar por el conflicto y la violencia, especialmente en los territorios más pobres, las denominadas periferias. Sin embargo, no pretendo señalar que la pobreza está intrínsecamente vinculada con la violencia, sino que las condiciones de miseria y la escala de las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son algunos determinantes para se genere violencia.
La pobreza extrema por sí misma no conduce necesariamente a la violencia, sino que para que esta se produzca deben entrar en juego otros factores como lo es la desigualdad. De esta manera, la marginación o la desventaja socioeconómica solo se relacionan con patrones de conflicto violento cuando son percibidas desigualdades materiales subjetivamente y cuando prevalece un sentimiento de injusticia. Y es así como un grupo percibe que otro es quien tiene la tierra, los trabajos bien pagados, el mejor acceso a los servicios y una aparente falta de políticas y leyes que corrijan estas desigualdades, hechos que se utilizan para legitimar y entrelazar la violencia estructural con la violencia física, amenazando así la paz sostenible en Colombia.
Ante este panorama, la “Ley de Solidaridad Sostenible”, en el fondo, resulta ser un programa que mantendrá las condiciones de violencia e inseguridad económica en la población rural empobrecida, afectando la capacidad de crear una paz significativa y sostenible, legitimando la distribución desigual de la riqueza y disfrazándolo a través de la narrativa de los pobres desatendidos y la promoción del desarrollo, un llamado a la “solidaridad”.
Ahora bien, si lo que se busca realmente es apoyar a los menos favorecidos y reducir la desigualdad, la primera tarea del gobierno nacional es reconocer que la desigualdad existe y que debe haber una comprensión común y compartida del problema, sin eufemismos. La segunda, desde el punto de vista de las políticas públicas, es entender que lo que importa es el grado en que la desigualdad está profundamente arraigada a lo largo del tiempo y puede ser abordada mediante la ampliación de las estructuras de oportunidades y no de la ampliar la base gravable del impuesto de renta. Y la tercera, es admitir que el interés público y la verdadera solidaridad, en términos generales, consiste en reprimir las prácticas discriminatorias y excluyentes con el fin de obtener beneficios para todos los grupos y no para unos pocos.
Por el momento, solo nos queda esperar a que el gobierno presente oficialmente ante el congreso su tercera reforma tributaria “social, solidaria y sostenible” y así lograr evidenciar con nuestros propios ojos la magnificencia de este proyecto, porque como dicen, el diablo o el santo está en los detalles.