Por: Ana Valentina Nieto Cruz
Las políticas públicas en Colombia intentan soslayar algunos problemas estructurales que afectan a la comunidad a la cual están dirigidas. Muchas de estas comunidades, como, por ejemplo, las comunidades campesinas, se encuentran en situación de desprotección o debilidad manifiesta y eso hace que se agraven los problemas que ya puedan presentar por la ausencia de necesidades básicas como: acceso a derechos, justicia, entre otros.
Bajo los principios de la lógica, las políticas públicas deben cubrir un enfoque diferencial que permita que las mismas sean caracterizadas de forma adecuada. Estas deberían ser realizadas por un personal capacitado que realmente tenga conocimiento de primera mano sobre las necesidades de la población que se va a ver afectada directamente y que analice cuál es la mejor forma de implementarla en la realidad, atendiendo cada una de las particularidades básicas del territorio y la cultura.
Según esta perspectiva, es menester de todos nosotros como ciudadanos verificar que el creador de políticas públicas se encuentre mínimamente enterado de cuáles son las necesidades específicas de la comunidad a la cual piensa legislar, teniendo en cuenta el tipo de afectación, con el fin de impactar de la mejor manera posible.
En el caso concreto de las políticas agrarias, estas son emitidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: la cabeza de la rama ejecutiva con respecto al campo y al agro colombiano. Pero si miramos detenidamente el perfil profesional del creador o representante de la creación de estas políticas, observamos que en ninguno de sus estudios existe un enfoque o un énfasis de carácter rural o agrario.
Y no es que plantee que para conocer de la ruralidad colombiana se deban tener grandes carreras universitarias y posdoctorados, sino que mínimamente sí debió estudiarse en la academia lo referente al desarrollo del campo colombiano. Actualmente el ministro de agricultura es Rodolfo Enrique Zea Navarro: economista de la Universidad de los Andes con una especialización en finanzas internacionales, mercado bursátil, presupuesto y administración de cartera de la Universidad de la Sabana y Magíster en administración de empresas. No podemos negar que es una brillante carrera académica, pero, cómo mencioné anteriormente, no tiene mucho que ver con el campo colombiano.
Con base a lo anterior nos damos cuenta de que el creador de políticas públicas para el sector agrario no se encuentra capacitado, de la forma intrínseca en la que debería estarlo, a los problemas reales del campo. Sumado a esto, el desarrollo en estas zonas del país se encuentra tan afectado que no es posible ejecutar de forma adecuada ninguna política pública que beneficie al campesinado. Mientras el gobierno vea al campo colombiano como una simple empresa, sin entender las vicisitudes que se presentan en la realidad, no se puede hacer mucho al respecto.
Hasta aquí he realizado un esbozo del problema, por lo tanto, quisiera ofrecer algunas alternativas de solución. Una de las soluciones que se pueden plantear, y que por obvias razones ya debería estar implementada, es la integración de representantes reales de las comunidades a las cuales se les pretende implementar la política pública. Esto con el fin de conocer de primera mano cuáles son las necesidades que se pretenden solucionar al legislar sobre el tema agrario.
Otra solución es tener en cuenta realmente qué dice la academia, en este caso específico los observatorios agrarios, sobre la aplicación de las políticas públicas en ciertos territorios puesto que estos grupos hacen una investigación profesional y analítica sobre cómo debería ser la estructura organizacional del campo colombiano y su desarrollo. No se puede olvidar que, hasta el momento, aunque sí se realizan consultas sobre proyectos de ley de carácter agrario a estos grupos académicos, se hacen con el fin de cumplir con los requisitos de participación ciudadana, pero en realidad no se toman en cuenta las recomendaciones que son dadas.
Para finalizar, el compromiso del Estado frente a todas las comunidades es realizar y ejecutar políticas públicas que realmente sean pensadas para y en pro del territorio y las mismas comunidades. También debe garantizar que sirvan de forma adecuada para reparar las lesiones de la desigualdad constante en las que se encuentran sumidas las comunidades rurales y que no son escuchadas al momento de crear políticas públicas que las van a afectar de manera directa.