Por: Karen Alejandra Munoz Contreras
El desastre causado por el huracán Iota en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 16 de noviembre de 2020 generó un daño en más del 98% de la infraestructura en Providencia y acabó con casas, techos, y avenidas en San Andrés. Este 16 de noviembre se cumplen 2 años de la tragedia y las comunidades raizales en Providencia todavía no cuentan con agua potable, sistemas de saneamiento básico, colegio, hospital, ni con todos sus hogares reconstruidos; mientras tanto, la nueva tormenta tropical Lisa amenaza con su llegada.
¿Qué hizo el gobierno del expresidente Iván Duque para reconstruir Providencia?
Además de llegar a la isla con tejas para instalar sobre los escombros, con carpas de tela para proteger familias enteras de las constantes tormentas, y de construir casas de 70m² por más de 600 millones de pesos, decidió construir una base de guardacostas de la Armada Nacional en el sector de Pueblo Viejo, donde antes del huracán, se encontraba un asentamiento de pescadores tradicionales. En abril de este año, la comunidad comenzó a realizar plantones y protestas en las avenidas principales en contra de las irregularidades de la reconstrucción.
A escasos meses del paso de Iota, sin techo, ni servicios públicos, ni hospital, cientos de isleños lograron unirse para evitar la construcción de la base guardacostas en la cuenca de Bowden y, a su vez, exigir la reconstrucción de la flota pesquera y de toda Providencia. Nació así el Campamento por la Dignidad Raizal, conformado por pescadores, la Diáspora Raizal, lideresas raizales y miembros de la comunidad que llevan años trabajando por mejorar sus condiciones en el archipiélago. El motivo para conformar el campamento fue la llegada de la Armada Nacional para construir la base de guardacostas, que comenzó a escasos cuatro meses del paso del huracán Iota y cuyo fin no tenía relación alguna con reconstruir las islas. Por el contrario, como el área de pesca quedó totalmente destruida, el gobierno encontró la zona despejada para imponer una base que llegó a ocupar el lugar que por años ha sido la fuente de subsistencia para gran parte de la población en Providencia.
El 20 de octubre de este año, la Corte Constitucional a través de la sentencia T-333 de 2022, confirmó una medida cautelar para suspender la construcción de la base de la Armada, pues los trabajos que se estaban iniciando generaron graves daños en el ecosistema y además no se consultaron con los isleños. La medida de suspensión de la Base fue resultado de la acción de tutela que habitantes de Providencia y la Veeduría Cívica de “Old Providence” presentaron a finales 2020 para, además, amparar sus derechos fundamentales a la vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, ambiente sano, salud, consulta previa e identidad cultural.
La defensa de la identidad cultural raizal es fundamental por su importancia en la arquitectura del archipiélago. El pueblo en providencia había construido sus casas en madera resistente, con una infraestructura ancestral que les garantizaba el flujo de aire, la resistencia a fuertes tormentas y el tamaño adecuado para sus familias, sin embargo, lo que construyó el anterior gobierno no responde a sus necesidades. La Corte Constitucional indica en la sentencia T-333/2022:
“Los materiales de las casas no cumplen con la calidad requerida para soportar los fenómenos climáticos típicos de las islas. Entre otros ejemplos, señala que las puertas exteriores y los balcones son de madera aglomerada, por lo que se pudren con la humedad y con el aire marino; las baldosas del piso están agrietadas; la pintura de las viviendas se está pelando y se cae con la lluvia; las paredes interiores de las viviendas presentan grietas luego de pocos meses de construidas” … “Por lo expuesto, para la Sala Constitucional, es claro que una vivienda con las condiciones antes descritas no tiene la capacidad para proteger la vida de sus habitantes ante el paso de un huracán. Así mismo, el rebosamiento de las aguas negras debido a la inadecuada construcción de los pozos sépticos individuales no solo afecta el derecho individual a la salud de los habitantes de cada vivienda, sino el derecho al ambiente sano de todo el pueblo raizal.”
Por si fuera poco, además de que aún no se ha reconstruido el archipiélago de manera eficaz, los líderes que se han volcado a exigir la reconstrucción con carácter étnico de San Andrés y Providencia, han sido víctimas de amenazas de muerte. Al parecer, la lucha por su persistencia cultural en esa región estratégica no es funcional para los grandes intereses económicos que han desplazado comunidades étnicas a lo largo de la historia en el país. Según un informe de la Fundación Forjando Futuros 33 compañías fueron responsables del desplazamiento forzado en la costa Caribe, la costa pacífica y los llanos orientales. Pese a las amenazas, las comunidades raizales decidieron seguir trabajando por la reconstrucción de la isla y la dignidad de su pueblo, algunos han reconstruido sus casas con la madera que quedó, a pesar de que el gobierno ordenó sacarla de la Isla.
El campamento a través del cual lograron salvar el área pesquera sirvió para que la comunidad dialogara e identificara otros problemas graves que necesitan resolverse. Por un lado, se encuentra el cuidado y la conservación del tejido coralino, el cual se ha afectado por la enfermedad de ‘pérdida de tejido de coral’, por otro lado, buscan evitar la explotación petrolera en el mar Caribe, que empeoraría la alteración climática que los amenaza constantemente y, por último, buscan crear alianzas comerciales con pescadores de los países contiguos, para recuperar las pérdidas ocasionadas por el huracán.
Es evidente que sin la unión y organización del pueblo raizal en providencia habría continuado su desplazamiento con la excusa del desastre. Por el contrario, lograron que algunas entidades públicas deban garantizar por orden judicial la intervención del hospital de campaña, el abastecimiento diario y asequible de agua potable, dar inicio al proceso de consulta sobre la reconstrucción de las islas, entre otras acciones inmediatas. El pueblo raizal ha resistido al olvido estatal, a los daños al ambiente y sus consecuencias. Hasta el momento no es claro cómo el nuevo gobierno va a trabajar con las comunidades para reconstruir la isla de manera eficaz. Lo que sí está claro es que la mayoría de derechos y recursos con los que se cuenta hoy en día son fruto de las reivindicaciones y luchas que forjan las comunidades desde abajo pensando en las generaciones futuras.