Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El problema de las «soluciones» aisladas

Por: Belisario Vela

La garantía de los derechos de las comunidades rurales es un tema del cual se ha venido hablando bastante; en efecto, no son pocas las noticias, artículos y opiniones que circulan sobre este concepto. Y no es para menos. La historia reciente de Colombia nos ha hecho ver la urgencia de cambiar o reforzar la forma en la que el Estado ha venido manejando los derechos de los campesinos, las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas. Pero a pesar de lo anterior, ha resultado muy difícil conseguir avances satisfactorios para asegurar una vida digna a la población rural del el país.

Un ejemplo de lo anterior puede ser el boletín de la defensoría del pueblo en donde se reportan 8.902 personas desplazadas en lo que lleva corrido del año 2021; o el índice de informalidad de la propiedad de la tierra calculado en 2019 por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en el que se estima que el 52,7% de los predios están en situación de informalidad, que no dista mucho del 54,31% calculado en 2014. Esto sin contar la poca accesibilidad a los servicios públicos en los hogares rurales que, a falta de una fuente más reciente, me permito referenciar mediante la Encuesta Nacional de Demografía y Salud llevada a cabo por Profamilia en el 2015, en la cual se establece que a diferencia del 88,9% de los hogares urbanos que tiene acceso a acueducto, solo el 15,7% de los hogares rurales cuentan con este servicio.

Sin embargo, pese a que cada una de las problemáticas que menciono en el párrafo anterior (y las que quedaron por mencionar) tenga su propia estadística, estas están relacionadas entre sí y muchas veces guardan una relación de causa y efecto. Es por esto que la política del Estado asociada con el campo colombiano no debe consistir en medidas aisladas, sino que las actuaciones encaminadas a resolver un problema puntual deben ser armónicas con las demás.

En este orden de ideas, por ejemplo, la formalización de tierras no basta para mejorar las condiciones de vida en el campo, sino que debe ir acompañada de otras medidas como la seguridad, la alimentación, el acceso a servicios públicos, entre otros, para que realmente genere el cambio deseado.

Pero, tal como lo reflejan los porcentajes mencionados anteriormente, no es fácil la correcta implementación de las políticas públicas  en el contexto colombiano en donde hay una alta presencia de grupos armados al margen de la ley en el campo y la actuación estatal resulta inadecuada en relación a la creación e implementación de medidas dirigidas a la mejora de la calidad de vida en el territorio rural del país. Las autoridades y entidades públicas, la mayoría de ellas, han actuado de forma omisiva, insuficiente y desarticulada.

Omisiva, en el sentido de que las entidades no cumplen con lo que de ellas se espera, así por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha negado varias solicitudes para formalizar Zonas de Reserva Campesina sin argumentos válidos, cuando es la formalización de estas zonas una función que puede hacerse incluso de forma oficiosa y que se ve como un fin deseado.

Insuficiente, debido a que, en ocasiones, las medidas adoptadas por estas entidades no tienen un impacto suficiente para generar un verdadero cambio, como pueden ser varias de las políticas públicas de formalización de tierras que se han llevado a cabo y que requieren que el interesado en formalizar su predio se movilice grandes distancias para llegar a la oficina de registro correspondiente e incurra en grandes gastos para poder costear el proceso.

Desarticuladas, en la medida que las entidades no trabajan correctamente entre sí para la correcta implementación de las políticas públicas. Esto se puede evidenciar a través de la falta de un código en las oficinas de registros públicos para identificar los predios que hacen parte de las Zonas de Reserva Campesina o la interrumpida publicación de índices de informalidad por parte de la UPRA por falta de información proveniente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, publicación que debería ser anual.

En suma, todo lo dicho anteriormente entorpece los esfuerzos del Estado para garantizar los derechos de la comunidad rural, deber establecido en el artículo 62 de la Constitución Nacional. Por lo tanto es recomendable y exigible, por un lado, que las medidas implementadas en el contexto rural colombiano sean realizadas por personas que sepan la situación del campo en su integridad y, así mismo, que los proyectos que estas personas desarrollen estén articulados o puedan estarlo con los demás; y por otro lado, que las instituciones realmente actúen de forma conjunta  y armónica para solucionar las problemáticas rurales que han subsistido por tanto tiempo en el país.

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