Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El problema de las cifras en el campo ¿A quién legitiman y que desdibujan?

Por: María Alejandra Vergara Guerrero

Se habla mucho de las condiciones de pobreza e inequidad de las que son sujeto las comunidades rurales y el campo colombiano en general. Las herramientas básicas que tiene el país para conocer, plasmar y analizar de manera integral tales condiciones, se materializan en una serie de cifras agrupadas en indicadores sociales que son el insumo principal para las instituciones estatales, las ONG, los sectores académicos y la cooperación internacional para la toma de decisiones, la construcción de política pública, y la focalización del gasto.

En el caso particular de Colombia, los indicadores más importantes que han permitido evidenciar en cierta medida las condiciones y la calidad de vida de las comunidades rurales, tienen que ver con las cifras de Pobreza Monetaria y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Como lo explica el DANE, en el caso de la Pobreza Monetaria se evalúa el costo de adquisición de la canasta familiar y los bienes y servicios para los hogares; no obstante, bajo la acertada crítica de que la pobreza no puede ser vista solo desde la perspectiva del ingreso, el IPM, evalúa la pobreza de las familias en cuanto a la privación de 5 dimensiones: condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos, salud, educación, trabajo y condiciones de la niñez.

El problema de las cifras no radica únicamente en que son un asunto tecnicista en donde se desdibuja a las comunidades y se reducen sus necesidades y carencias, a datos, gráficas y números; el problema más profundo tiene que ver con las directrices, parámetros y el enfoque sobre el cual se obtiene esa información, pues no sugiere solo la deshumanización de la población, sino que además pretende legitimar, y en ocasiones ocultar, las formas en las que se ha construido la institucionalidad, el desarrollo y la supervivencia en los territorios.

Particularmente para el departamento de Putumayo, zona en la que observé tal fenómeno en campo, su población se constituye como mayoritariamente rural (163.271 ha). Allí, según las cifras oficiales, la cobertura del acueducto es del 51,7% y del alcantarillado es de 54,5%. Sin embargo, mediante los diferentes recorridos y las conversaciones con sus habitantes, lo que se pudo observar durante mi trabajo de campo allí realizado  es demasiado alarmante, pues, para las veredas de municipios como Puerto Asís o Leguizamo, existen sistemas de acueducto contabilizados como parte de la cifra de cobertura, pero que en la realidad son infructuosos porque llevan sin funcionar 8 u 10 años, o sencillamente su población no ha tenido acceso a los químicos necesarios para tratar el agua.

En cuanto al alcantarillado tal “cifra oficial”, no señala que en la realidad las veredas, las comunidades campesinas e indígenas del Putumayo no cuentan siquiera con un sistema sanitario, y que hoy en día deben recurrir al monte para suplir esa necesidad. Este tipo de aspectos son los que las “cifras oficiales” no desagregan, y por el contrario crean una percepción de cobertura y disminución de la pobreza que no es cierta en términos reales.

Pude comprobar que para el departamento, aspectos como la electrificación rural también son objeto de crítica ya que si bien la zona reporta una cobertura del 48,4%, este dato no da cuenta de que mucha de la cobertura eléctrica que hay en las zonas rurales se debe a la dotación de paneles solares, que no son precisamente acción de la institucionalidad, sino que por el contario obedecen  a la “reparación” o contraprestación que deben hacer las industrias extractivas para poder trabajar en el departamento. Uno de los aspectos críticos aquí es que tales disposiciones no son soluciones reales a largo plazo, pues, en un territorio en donde las precipitaciones e inundaciones son cotidianas, no resulta ni de cerca adecuado un sistema de energía solar.

En cuanto a la fuerza de trabajo, que es otro aspecto que mide el IPM, es claro que existe un vacío gigante en  información puesto que como se constató que  los cultivos de coca son uno de los motores principales de crecimiento y supervivencia económica para las comunidades, ninguna cifra oficial va a mencionar jamás que los llamados raspachines[1] o limpia chupas[2], constituyen toda una fuerza laboral en la cadena de producción de  la coca, y que es precisamente esa fuerza laboral la que permite que diariamente miles de familias campesinas tengan recursos para subsistir. Si se analiza desde la línea estatal, las únicas cifras que son visibles para la coca se reducen a los reportes que tienen que ver con el número de hectáreas cultivadas por departamento, ya que, bajo el enfoque y parámetros institucionales jamás va a ser correcto legitimar que un negocio ilícito sea el motor de desarrollo de varias regiones y que en el caso de las vivencias comprobadas en el territorio, es en parte gracias a esta actividades que existen vías de acceso y un mercado en movimiento para estas zonas históricamente olvidadas.

Esta reflexión cerca de la coherencia y pertinencia de dichos datos nace de una rutina de trabajo diaria en la que el quehacer investigativo exige la caracterización de comunidades rurales para la formulación de cierto tipo de soluciones o planes de mitigación a sus difíciles condiciones. Lo irónico del asunto es que tal ejercicio se realiza desde la comodidad de un computador y un escritorio en donde, a partir de datos vagos y vacíos, se pretende entender hasta remediar una cantidad de realidades de pobreza y miseria desde posiciones de privilegio, en donde inevitablemente se pierde el enfoque, la empatía, la humanidad y la sensibilidad con la que merecen ser tratados tales situaciones.

[1] El termino Raspachin se utiliza coloquialmente para denotar a las personas encargadas de extraer de la planta de coca, las hojas de manera adecuada para su posterior procesamiento.

[2] Hace referencia al trabajo que realizan ciertas personas en cuanto a la extracción de los residuos o sobrantes que quedan del procesamiento de pasta de coca, y que son vendidos por un precio más bajo dada la poca calidad de la sustancia.

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