Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El peligro de otro Cargill en el Fondo de Tierras para la Paz

Por: María Camila Jiménez Nicholls y Natalia Abril Bonilla
Investigadoras del Observatario

En manos de la Corte Constitucional está la decisión de aprobar o no el decreto-ley 902 de 2017, por el cual “se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”. Una tarea nada fácil, no solo por el hecho de decidir sobre una de las apuestas más grandes del proceso de paz, sino porque de no hacerse adecuadamente podría prestarse para ponerla al servicio de los intereses de los poderosos de siempre.

En Colombia los casos de “colados” en políticas de tierras abundan, y ante un vacío o una definición vaga de las normas jurídicas, el intérprete puede sacar provecho de ello si tiene el conocimiento y los recursos para hacerlo. La consecuencia, en el caso del decreto-ley 902 de 2017, es que los beneficiarios puedan quedar desamparados y, en el peor de los casos, se pueda repetir la historia de ilegalidad y corrupción.

Basta mencionar el caso de Cargill* para darnos cuenta de lo importante que es definir y aclarar los conceptos, mecanismos y beneficiarios de las políticas de tierras. En 2013, los senadores Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias denunciaron que a través de la constitución legal de 36 sociedades anónimas, Cargill adquirió 39 predios en los municipios de Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera en el departamento del Vichada. La multinacional logró acumular una extensión de 52.576 hectáreas, de predios que habían sido baldíos de la nación adjudicados a campesinos.

Los 36 predios del caso de Cargill, a pesar de las limitaciones legales, excedieron 30 veces el límite de las UAF en el Vichada, que son 1.725 hectáreas. La Corte Constitucional en la sentencia C-536 de 1997 afirmó que las disposiciones de la ley 160 de 1994, la cual regula los límites de la UAF y la adjudicación de baldíos, están encaminadas a “(…) lograr la justicia distributiva en el área rural, con el fin de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y desarrollar la función social de la propiedad y el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios”.

Asimismo, la entidad agregó que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la junta directiva, para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región”.

A través de Sociedades Anónimas Simplificadas, Cargill logró apropiarse de tierras que tenían como destinatarios campesinos sujetos de reforma agraria. Un panorama nada alentador si miramos la iniciativa de distribuir tierra gratuitamente a través del Fondo de Tierras para la Paz.

La última decisión la tiene la corte. De ella depende que las definiciones sobre acceso a la tierra, formalización y tierra insuficiente, queden lo suficientemente claras y precisas para garantizar su progresivo acceso. Es imprescindible, entonces, que se aclare quiénes pueden ser beneficiarios del fondo, a quiénes y en qué forma se les debe formalizar y cuáles serán los mecanismos previstos para dicho fin. Si se quieren superar las causas del conflicto, Colombia no puede darse el lujo de tener otro Cargill.

 

*Cargill es una multinacional de origen norteamericano, fundada hace 150 años, que hoy emplea a 150.000 personas en 70 países diferentes. La empresa inició operaciones en Colombia en el año 1996, y hoy en día cuenta con 100 empleados en las dos locaciones donde comercia granos y mezclas de productos de nutrición para animales.

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