Por: Sebastián Martínez Durán

A pesar de que se firmó el Acuerdo de paz con las Farc y se logró su desmovilización, y aún con su lento proceso de implementación, la realidad es que Colombia sigue teniendo problemas de seguridad. El Estado no logró ocupar y recuperar las zonas donde tenía presencia las Farc, dejando que los grupos armados ilegales, que todavía no se han desmovilizado, crecieran en su poderío y presencia.

Actualmente en Colombia, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen 6 conflictos armados no internacionales. De los cuales se identifican 6 actores: el Estado colombiano; las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN), las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz, la Segunda Marquetalia y Comando de la Frontera EB; y grupos de delincuencia organizada denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La ambición del presidente Gustavo Petro es lograr la desmovilización de todos los grupos armados en lo que llama la Paz Total y el Congreso ya aprobó el marco jurídico para realizarlo. A través de la Ley 2272 del 2022, se establece la paz como una política de Estado y se autoriza al Gobierno llevar a cabo dos tipos de procesos: i) negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con diálogos de carácter político que terminen en acuerdos de paz y ii) acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas de crimen de alto impacto, para lograr su sometimiento y desmantelamiento.

Lo anterior significa que se cataloga en dos grupos a los actores armados, diferenciándolos principalmente por su carácter político. Se entiende que las guerrillas, intrínsecamente políticas, podrán tener diálogos que permitan discutir temas políticos. Mientras que los grupos de delincuencia organizada, como lo son las Autodefensas, solo acordarán lo referente a su sometimiento a la justicia.

El Gobierno sorprendió el inicio del 2023 con la noticia de que decretaba el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN) con los grupos armados el Estado Mayor Central, grupo de “Iván Mordisco” que no se acogió al Acuerdo con la Farc (decreto 2656 de 2022); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC (decreto 2658 de 2022), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ACSN (decreto 2659 de 2022); y  la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera -EB, Coordinadora Guerrillera del Pacífico.SM (decreto 2660 de 2022).

Desde ese momento empezaron los tropiezos, inicialmente también se realizaba con el ELN, sin embargo, este grupo negó que se haya acordado eso y el cese al fuego quedó suspendido mientras se realiza una segunda fase de negociación. A su vez, los demás grupos ya han presentado situaciones que incumplen el cese al fuego. No obstante, desde la academia se puede argumentar que esas situaciones son normales en un proceso de negociación y, a menos que sean de mayor gravedad, no necesariamente detienen los acercamientos. Un ejemplo cercano es que lo mismo ocurrió durante el proceso con las Farc. Esto, principalmente, sirve como indicador para evaluar el control interno y voluntad que tiene cada grupo.

Por otro lado, ha surgido la duda sobre la ruta que enfrentará la Segunda Marquetalia, ya que este grupo firmó el Acuerdo de paz y, posteriormente, argumentando una traición del Estado, decidió retornar a las armas. Existe un inconveniente jurídico sobre quién podrá juzgar sus crímenes, al ser desertores del Acuerdo. Además, muchos políticos han salido a criticar su verdadero carácter político, argumentando que deberían seguir la ruta del sometimiento.

En contraste, la Fiscalía ya se negó a levantar las órdenes de captura de los grupos armados de crimen de alto impacto (estos son las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada) argumentando que estos grupos deben someterse a la justicia ordinaria y que, a pesar de la Ley de Paz Total, no existe un marco jurídico que permita a la Fiscalía otorgarle esos beneficios jurídicos.

Adicionalmente, también ha surgido la duda sobre qué ocurrirá con el negocio del narcotráfico, si -llegado el caso- el Gobierno logra el sometimiento de los grupos armados. Como vimos, después de la desmovilización de las Farc los grupos armados aumentaron su poder, por tanto, se teme que por la alta rentabilidad que otorgan las drogas, surjan nuevos grupos armados que ocupen los territorios desmovilizados y continúen con el negocio. Esto debido a que a nivel internacional no se ha contemplado quitar la prohibición de las drogas, lo que sigue haciéndolo un negocio atractivo y, sobre todo, teniendo en cuenta que el cultivo de coca aumentó en el país en los últimos años.

Lo anterior lleva a entender que Colombia todavía enfrenta problemas de inseguridad por la presencia de distintos grupos armados. El Gobierno ha logrado el cese al fuego multilateral -con varios actores- y la promulgación de la Ley de Paz Total que contempla dos caminos para acercarse a los grupos, dependiendo de su carácter político. Sin embargo, ya se han presentado tropiezos, normales en un proceso de paz pero que requieren atención. Aunque el futuro aún es incierto, lo importante es seguir construyendo paz.

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