Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Otra vez pidiendo plazo: la intersección entre desminado y las deudas con el campo

Por: Adriana Rudling

Colombia firmó la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, conocida como el Tratado de Ottawa, en diciembre 1997 y esta entró en vigor en 2001. Desde ese momento, empezó a correr un plazo de 10 años (prorrogado una vez hasta este año) en el que Colombia debía erradicar este tipo de artefactos de sus territorios.

El Acuerdo de Paz también menciona el desminado humanitario. Por un lado, este es parte de las acciones concretas que tienen que llevar a cabo los excombatientes de las FARC para contribuir a la reparación de las víctimas (y la reincorporación a la vida civil) establecido en el punto 5 -Acuerdo sobre las víctimas del conflicto-. Por otro lado, el desminado es parte de las obligaciones del gobierno nacional bajo el punto 4 -Solución al problema de las drogas ilícitas- donde se le insta crear un programa para consolidar la seguridad del campo. En los dos casos, el tema del desminado se cruza con la problemática de los cultivos ilícitos y la restitución de tierras, pasando por la protección de las comunidades y el bienestar de la población rural, tal como lo reconoce el Plan Estratégico 2020-2025 del Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA).

Algo se avanzó en estos dos puntos, pero cojeando. Mientras que algunxs de lxs excombatientes se articularon con organizaciones que llevaban tiempo realizando actividades de desminado en el país, otrxs fundaron Humanicemos en 2018. Fornidxs en los proyectos piloto de desminado humanitario de las veredas de El Orejón (Briceño, Antioquia) y Santa Helena (Mesetas, Meta) el año anterior a que se cerrara el Acuerdo Final, los excombatientes colaboraron en ese entonces con el Ejército y la ONG Ayuda Popular Noruega. Sin embargo, dado que la acreditación de Humanicemos se demoró casi dos años a causa de varias dilataciones por parte del gobierno nacional, esta organización finalmente empezó a desminar este mes gracias al apoyo del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas. Por su lado, para el siguiente periodo de 5 años, el gobierno, por medio del PAICMA, planea acciones en más de la mitad los 46 municipios priorizados dentro del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y casi 81% del total de los 1007 municipios priorizados para restitución de tierras.

Si lo fundamental del desminado humanitario es regenerar el campo y renovar la esperanza en una vida digna para lxs campesinxs, aquí caben varias preguntas. Primero, en la medida en la que el PNIS apenas sobrevive, es preocupante que se insista en la estrategia de la aspersión con glifosato y que para la erradicación forzada se sigan contratando civiles ya que estas últimas dos medidas no hacen más que deteriorar la situación del campo. Desde 2006 hasta principios de 2020, 417 de lxs 457 eradicadorxs que fueron víctimas de minas durante sus acciones en el campo, eran civiles.

Segundo, la resiembra de coca es evidente tal como lo es la resiembra de minas por parte de disidencias y del ELN, entonces quedan dos preguntas ¿cuál es el afán de declarar apuradamente estos territorios libres de minas? y, una vez que se despeje un territorio ¿qué planea hacer el Estado colombiano para que se evite la resiembra?

El Orejón, uno de aquellos proyectos pilotos de desminado humanitario del 2015, nos sirve para ilustrar estas dos problemáticas. Parece que el afán de ‘mostrar resultados’ llevó a que este sector fuera declarado libre de minas en 2016 cuando realmente la amenaza no estaba controlada del todo. Más alarmantes aún son los reportes donde se evidencia que las cifras de erradicación forzada de cultivos, el enfoque principal del gobierno Duque para esta problemática, se vienen inflando al menos desde 2018. Además, un informe reciente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) muestra que la reconfiguración del conflicto en esa zona ha llevado, entre otras cosas, a resiembra de minas y amenazas a quienes lideran el PNIS o se rechazan a sembrar o comercializar coca.

Dentro de este panorama, tal vez no sea tan sorprendente que el gobierno colombiano pidiera otra prórroga de sus compromisos con el Tratado de Ottawa al principio de este mes. Mientras que los compromisos del Acuerdo de Paz en cuanto reforma rural integral y PNIS no se implementen con solidez, manteniendo los plazos pactados en La Habana, no queda otra opción que suplicar que los mecanismos internacionales nos tengan paciencia mientras que, a su vez, lxs campesinxs están perdiendo la (ya poca) esperanza de un mejor mañana. De los 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral a implementar, solo se han aprobado 5 hasta la fecha. Proyectados con un tiempo total de ejecución de 2 años, los PNIS van en su tercer año y recién se está cumpliendo con los pagos que deberían haberles llegado a lxs campesinxs durante el primer año. Con estos datos en la mano, además de la evidente resiembra de minas, parece incluso algo iluso que el nuevo plazo solicitado para la descontaminación del territorio del país sea de sólo 4 años y 10 meses más.

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