Laura Peña T.
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) surgen para fomentar la conservación y protección del medio ambiente, de los recursos naturales y, principalmente como una reivindicación a la lucha campesina. Su origen reside en la Ley 160 de 1994 y son zonas destinadas a los campesinos, donde el Estado asume una responsabilidad en materia económica y social para que el campesino pueda ser participante activo en la economía nacional. De acuerdo con el Decreto 1777, estas zonas tienen por objeto estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales para lograr la justicia social. Adicionalmente, buscan controlar la frontera agropecuaria, corregir la concentración de la tierra y crear condiciones óptimas para el desarrollo sostenible del campo.
Ahora bien, pese a la pertinencia y las oportunidades que representan las ZRC, estas y las comunidades campesinas han enfrentado distintos obstáculos interpuestos por el uribismo. Desde la lucha antiterrorista que inició en el gobierno de Álvaro Uribe que afectó especialmente a los campesinos, la poca asistencia en planes de desarrollo, las amenazas provenientes de grupos paramilitares, las violaciones a los derechos humanos, el aumento desproporcionado de la violencia, la represión y el desplazamiento, hasta los ataques que presentaron a la reforma rural integral del Acuerdo de Paz son sólo unos ejemplos que se deben resaltar.
Inicialmente, bajo el mandato de Álvaro Uribe no se constituyó ninguna ZRC pese a que existían varias solicitudes estancadas en el INCODER; por el contrario, se suspendió y se quitó el reconocimiento legal a la ZRC del Valle del Río Cimitarra. Otro punto que ayudó al estancamiento fue la Ley 1152 del 2007, el Estatuto de Desarrollo Rural presentado por Andrés Felipe Arias, en el cual se destinaban sólo baldíos para la creación de las ZRC; no obstante, en el 2009 la Corte declaró inconstitucional el Estatuto porque no se consultó previamente con las comunidades indígenas. De forma simultánea, mientras Uribe desacreditaba a las ZRC, este promovía Agro Ingreso Seguro, programa también diseñado por Andrés Felipe Arias, el cual entregaba préstamos a los campesinos con bajo interés que terminó en un escándalo de corrupción debido a irregularidades en la contratación, beneficios a terratenientes y falta de supervisión.
La campaña de desprestigio continuó cuando Álvaro Uribe se refirió a las ZRC como “emporios del terrorismo que frustran las posibilidades de desarrollo de los campesinos” en su declaración también enfatizó que, gracias a las ZRC, las FARC se iba a salir con la suya. Esta estigmatización es a causa de la presencia histórica que han tenido las FARC en algunos de los territorios donde están las ZRC. De igual forma, cuando Gustavo Petro propuso zonas de reserva en Usme y Sumapaz con el fin de proteger el páramo, Uribe twitteó que “cambian esperanza de desarrollo por convulsión y control de terroristas”.
En el 2017 el entonces concejal uribista y actualmente ministro de defensa Diego Molano, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra las ZRC. Sin embargo, la Corte declaró que la demanda no tenía peso suficiente ni suscitó una duda mínima. En la demanda, Molano alegaba que las ZRC no tenían en cuenta la aprobación de los concejos municipales en su proceso de creación. Es decir, quería demostrar que las ZRC excluía a los entes territoriales. Ante esto, diferentes campesinos argumentaron ante la Corte que el proceso para constituir una ZRC es bastante incluyente y participativo y, que la inclusión de un nuevo requisito sólo resultaría en más demoras e incumplimientos del Estado.
De manera puntual, este tipo de afirmaciones y ataques son imprudentes, en especial si provienen de personalidades políticas con poder y capacidad de influir en las decisiones. La estigmatización alrededor de las ZRC ha generado un sinfín de retrasos y peligros para todas las personas involucradas, especialmente para sus líderes y lideresas los cuales han sido perseguidos y asesinados por defender el territorio.
Para ilustrar mejor el resultado de la estigmatización alrededor de las ZRC, se debe señalar que al 2019 existían 23 solicitudes para constituir ZRC, de las cuales 15 no contaban con una resolución de inicio de trámite, 8 estaban en proceso y dentro de esas ocho, había 3 solicitudes que hace varios años completaron todas las obligaciones que exige la ley y ninguna entidad ha expedido una resolución para su implementación, incluso han intentado poner más requerimientos no contemplados en la Ley. Por esto, a finales del 2020 las organizaciones campesinas, acompañadas por Dejusticia y la Procuraduría General de la Nación presentaron una acción de tutela exigiendo el reconocimiento del territorio al campesino. Ya se cumplieron todas las exigencias requeridas por la ley para la constitución de las tres ZRC y, sin justificación alguna, no hay progresos.
En enero del 2021 el juez encargado del proceso concedió la solicitud presentada por las comunidades, reconociendo dilataciones en el proceso y vulneraciones a los derechos. De igual forma, el juez ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tomar una decisión en los próximos seis meses. Sin embargo, esta decisión fue impugnada y el 26 de abril el Tribunal Superior confirmó en segunda instancia el fallo de la primera por lo cual, la ANT debe dar cumplimiento de forma coordinada y oportuna en los próximos seis meses.
En definitiva, el reconocimiento legal de las ZRC se originó a causa de los conflictos agrarios y desde entonces han tenido que seguir enfrentando numerosos retos para acceder a un espacio y a una propiedad digna. Las ZRC no pueden seguir siendo blanco de estigmatizaciones y retrasos, en especial cuando creación promueve el desarrollo, la economía y el bienestar campesino.