Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Lanzamiento de Voces desde el cocal: mujeres que construyen territorio

Por: Sebastián Cristancho, Alexandra Lozano, Luis Castillo

El informe Voces desde el cocal, una investigación realizada por Dejusticia, analiza la experiencia de las mujeres cocaleras en la región Andinoamazónica —su relación con el Estado, los impactos que tuvo la coca en su vida, su participación en la movilización social, entre otros—. Esta publicación aparece en un momento oportuno ya que interviene, de una forma al mismo tiempo novedosa y rigurosa, en distintos debates actuales sobre los desafíos que plantea el posconflicto y la tarea de construir paz territorial en el país. La investigación se concentra en la región del Putumayo, un departamento con  9 municipios priorizados en el posconflicto, debido a ser una de las regiones más afectados por la violencia y a presentar unas condiciones sociales precarias y alarmantes (un índice de Pobreza Multimodal del 76% y uno de Necesidades Básicas Insatisfechas que alcanza casi a la mitad de la población rural).

La publicación aparece, pues, en medio del debate sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país, que de 48.000 hectáreas (has) sembradas en el 2012 pasó a 146.000 en 2016; y en Putumayo, que en ese mismo periodo pasó de 6.000 a 25.000 has, concentrando el 17% del área total sembrada en el país y ubicándose así dentro de los departamentos con mayor número de cultivos de coca. Naturalmente, esto ha puesto una vez más sobre la mesa la pregunta sobre cómo enfrentar este fenómeno, si por medio de la erradicación forzada (manual o vía aspersión), de la sustitución voluntaria, o si por una combinación de estas dos.

El debate no obstante tiene lugar sobre una realidad concreta: la puesta en marcha de la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz a través de los Planes Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). A la fecha, cerca de 123.000 familias han suscrito acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, de las cuales 62.000 se encuentran ya vinculadas al PNIS. Por su parte, del total de familias con acuerdo colectivo, el 32% se ubica en el departamento de Putumayo, donde de hecho ya han sido sustituidas de forma voluntaria alrededor de 139 has en el municipio de Puerto Asís.

Pero en relación con la implementación del punto 4, la investigación de Dejusticia toca al menos dos debates más. Por un lado, la discusión sobre la ley de Tratamiento Penal Diferenciado que consiste en renunciar, bajo ciertas condiciones, a cualquier acción penal contra pequeños cultivadores de plantaciones de uso ilícito. Aunque la versión más reciente de este proyecto de ley fue archivada, las organizaciones de cultivadores se han mostrado inconformes con las intenciones del gobierno y la Fiscalía General de la Nación, entre otras razones, porque estableció como umbral un máximo de 1,7 hectáreas sembradas, cuando la realidad es que en diferentes regiones los cultivadores necesitan al menos 3,8 has para obtener una utilidad mínima básica. Y, por otro lado, el debate sobre el avance y los problemas de la inclusión del enfoque de género en la implementación de los acuerdos, un asunto especialmente problemático en el caso de los programas de sustitución, toda vez que, como señala el informe, es muy poco lo que sabemos sobre la forma específica en que las mujeres se involucran en el “cultivo, recolección y transformación de la hoja de coca”. En las palabras de las mujeres que participan en la investigación, el lector podrá encontrar una visión “desde el territorio” y de las personas directamente involucradas sobre estas cuestiones.

Este estudio brinda además valiosos aportes al incluir un enfoque de género interseccional que busca entender, en toda su complejidad, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes pertenecen simultáneamente a grupos históricamente discriminados y/o subordinados: “Las mujeres rurales sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por ser rurales y porque el conflicto se ensaña de manera aguda con ellas por su condición de madres y jefes de hogar”.

Por su parte, la metodología responde a ciertos vacíos que las herramientas y técnicas de investigación cuantitativa no alcanzan a cubrir. A partir de la recopilación de historias de vida, el texto busca visibilizar los complejos entramados sociales que se esconden detrás de las cifras y estadísticas. Como señala el informe, “detrás de todo número […] hay personas intentando sobrevivir a unas condiciones hostiles y a la débil presencia estatal en regiones rurales periféricas”. Las historias de Martha, Gloria, Oliva, María Fernanda, Violeta, Sandra, Viviana y Rosaura, nos revelan la forma en que se configuran las relaciones laborales, domésticas y políticas dentro de un territorio tan complejo. Asimismo, los relatos contados en su propio lenguaje permiten al lector contemplar la forma en que las sucesivas políticas públicas contra las drogas moldearon y delimitaron las oportunidades de estas mujeres.

Finalmente, en la medida en que narra experiencias de violencia y de exclusión, pero también de resistencia, Voces desde el cocal hace también un llamado a comprender la violencia contra líderes y lideresas sociales en el país. El documento ofrece una visión de las violencias que enfrentan a diario y de sus formas de resistir a éstas. Además, al reconstruir sus trayectorias de vida, nos saca del terreno frío de las cifras y las estadísticas para transportarnos a la experiencia radicalmente distinta del testimonio, un terreno en el que la historia de vida se resiste a ser atrapada por los números

Comentarios