Por: María Paula Giraldo
¿Quiénes son las mujeres rurales? Son aquellas féminas campesinas, negras e indígenas que participan y transforman las dinámicas sociales, políticas y económicas en el ámbito rural. A lo largo de la historia colombiana, han sido puestas en posiciones injustas y desiguales por procesos que solo han beneficiado al hombre, generando problemáticas como la dependencia económica, la escasez del poder de titulación y administración de la tierra, el antagonismo político en la formulación de reformas, leyes, programas y proyectos en el sector rural; reafirmando su papel antagónico en la ruralidad.
Con el pasar de los años, las mujeres han hecho un esfuerzo por dejar a un lado esas condiciones de dependencia económica, de antagonismo y de víctimas, generando proyectos agroindustriales, microempresas y actividades turísticas como cocaleras, cafeteras, cacaocultoras, pescadoras y artesanas. Sin embargo, con el contexto actual de la pandemia por el Covid-19, estas iniciativas se han visto perjudicadas, agudizando nuevamente las problemáticas que ya existían.
En palabras de ONU mujeres en el informe Dimensiones de género en la crisis del COVID-19 en Colombia: Impactos e implicaciones son diferentes para mujeres y hombres, la violencia física y psicológica se ha profundizado en situaciones de emergencia sanitaria. Además, a esto se le suma que las labores para las mujeres rurales se han triplicado por el aumento de responsabilidades que recaen sobre ellas, como el cuidado de los hijos, las labores productivas y domésticas, estos siendo trabajos que finalmente no son remunerados. Por un lado, como se mencionó en el foro Región Andina: Mujer rural y equidad ante la pandemia del covid-19, el ámbito rural no cuenta con infraestructura pública de salud de calidad, no existen condiciones mínimas de salubridad para poder llevar a cabo los protocolos que corresponden a mitigar y prevenir el Covid-19, dejando nuevamente a la mujer sin condiciones básicas para su supervivencia ante esta crisis. Igualmente, las mujeres que trabajan en la producción, pesca, artesanía y otras labores rurales, las cuales han sido sus principales medios de adquisición de dinero, no han contado con los implementos de bioseguridad necesarios para combatir la crisis sanitaria. A esto se le suman las restricciones de movilización y las medidas de restringir la apertura a negocios productores, agropecuarios y turísticos que no cuentan con las condiciones de salubridad, dejando a la mujer rural en una participación económica limitada. Por otro lado, la escasez del internet coloca a la mujer en una condición donde no puede capacitarse o adquirir herramientas para instruirse en los nuevos protocolos higiénicos correspondientes a la pandemia en la producción y transporte de alimentos. Sumado a lo anterior hay poca flexibilización por parte de los bancos para obtener créditos en estos tiempos de crisis económica.
Como se puede constatar, la pandemia del Covid-19 ha agravado las desigualdades de clase y género para la mujer rural, permitiendo una revictimización por parte del Estado.
Ahora bien, estas problemáticas, no se han visto reflejadas en los más de 54 decretos que ha expedido el presidente Iván Duque para mitigar y prevenir la pandemia. Todo lo contrario, se han visto soluciones rápidas y eficientes para los problemas de los grandes empresarios y banqueros del país dejando a un lado los problemas como la brecha tecnológica, la falta de insumos de protección frente al Covid-19 en la ruralidad, las problemáticas económicas y la cosmovisión de las estructuras comunitarias y familiares rurales. Como bien lo menciona Liliana Jiménez, caficultora, en el foro Región Andina: Mujer rural y equidad ante la pandemia del Covid-19, el pedir el aislamiento y distanciamiento social en la ruralidad, es no comprender las dinámicas sociales y familiares rurales, las cuales no aplican de igual forma al ámbito urbano.
Esta situación refleja una vez más ese centralismo, androcentrismo y patriarcalismo del gobierno colombiano, quien solo da respuesta a un escenario del panorama nacional, dejando a un lado las necesidades sociales, económicas y de salud que corresponden a la subjetividad de la mujer rural, negándole derechos que de por sí ya estaban limitados, generando una revictimización durante la pandemia. Entonces Presidente, ¿cómo se teletrabaja con el azadón y el machete?