La paz total y La mata no mata: iniciativas para una verdadera paz en Colombia

Por: Ana María Güiza Gómez

Para muchos la paz ya no es un tema predominante en la agenda pública de Colombia, pero para el gobierno del presidente Gustavo Petro es un tema central. La “Paz Total” es un proyecto de paz del Gobierno – propuesto desde la campaña – que busca establecer una mesa amplia de negociación con los diferentes actores armados del país – insurgencias y demás grupos de crimen organizado – para llegar a un acuerdo que desactive el conflicto armado, basado en los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición. 

Las negociaciones de paz estarán reglamentadas por la prórroga a la Ley 418 de 1997, que permite diseñar y ejecutar todas las acciones pertinentes para entablar y adelantar diálogos con los voceros de los grupos armados; alrededor de temas como el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, el cese de hostilidades, la verdad y reparación y la reincorporación a la vida civil. El plan y la normativa de la “Paz Total” contempla la incorporación de los planes y programas para la paz – como los planes sobre cultivos de uso ilícito – en el Plan nacional de desarrollo y en los Planes de desarrollo locales. 

El 11 de mayo, el Presidente presentó en Olaya Herrera (Nariño) su nueva política de sustitución de cultivos de uso ilícito: La mata no mata. La nueva política de Petro no es la política tradicional que busca crear una cadena de producción y comercialización en el mercado de cultivos “legales”, que categoriza los cultivos como legales o ilegales. La política busca trasladar el uso ilegal de los cultivos y su incursión en las economías ilegales, a un uso legal que les permita integrar los productos derivados de dichos cultivos a las economías legales, para así fortalecer los proyectos asociativos de cada territorio. 

La buena ejecución de “La mata no mata” es necesaria para alcanzar la Paz Total, pues tiene un enfoque territorial transversal. La política debe atender diferentes problemáticas como la presencia de grupos armados organizados y la precaria o inexistente prestación de servicios públicos en los municipios. La transversalidad de la política abre un escenario de paz y de fortalecimiento estatal y social en los territorios con mayor presencia de cultivos de uso ilícito. Los municipios con presencia de grupos armados, en su mayoría, son aquellos que también tienen presencia de cultivos de uso ilícito; situación que causa escaladas de violencia contra la población dada la disputa de control de estos territorios por su importancia en la economía ilegal. En el informe de INDEPAZ de 2022, se identificaron nueve focos territoriales de presencia de grupos armados, de los que al menos tres coinciden con ser los departamentos – según el informe de la UNODC en 2021 – con mayor concentración de hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito (62%): Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

El desarrollo de política transversal concentrada en estos territorios nodales es una apuesta temprana por la paz que no se ejecuta luego de la firma de un acuerdo formal entre los grupos y el gobierno, sino que es paralela a los procesos de negociación. Esta estrategia permite que las iniciativas de paz ganen legitimidad y relevancia entre la sociedad, así como mayor presencia estatal – a través de la prestación de servicios y seguridad –, lo que quita espacio y dominio social y territorial a los actores armados. 

Ahora, la propuesta de Paz Total del Gobierno es más clara. La Paz Total no sólo busca la desmovilización y reinserción social, económica y política de los grupos armados; esta es una apuesta integral de la paz que pretende alcanzar el fin del conflicto y la reconciliación social desde la verdad y la justicia social y económica. Incluir programas de justicia económica que transformen los significados de los cultivos y sus productos son la clave para acabar con una de las tantas divisiones de la sociedad colombiana. 

La estigmatización y discriminación socioeconómica que recibe el campesino que se dedica al cultivo de hoja de coca, marihuana o amapola crea grandes desigualdades y cierres sociales e institucionales que no permiten que el Estado atienda las necesidades y proteja a esas comunidades y que no se vinculen a la economía legal a través de productos derivados de estos cultivos. Dicha situación facilita y fortalece la presencia y control de actores armados en los territorios, lo que obliga a los campesinos a ingresar a la economía ilegal a través de los cultivos. 

La Paz Tota” debe ser una iniciativa que fomente la construcción de paz transversal y que reconozca el liderazgo de los campesinos y sus organizaciones en el territorio. No debe ser solamente una mesa con los voceros de los grupos armados, sino con los campesinos para plantear soluciones a las barreras estructurales, económicas, políticas y culturales que mantienen el conflicto en el país. 

Lograr un cambio de dirección de uso de los cultivos o una sustitución de cultivos es una condición para el éxito de la paz. Brindar opciones de sustitución voluntaria u otros usos de los cultivos a los campesinos y lograr la desmovilización de los grupos armados y organizaciones criminales consolida la paz nacional. El uso ilícito de los cultivos ya no será una obligación – por la arremetida violenta de los grupos hacia los campesinos – ni una necesidad para la subsistencia, pues habrá las garantías de seguridad territorial y de soberanía alimentaria para los campesinos que le apuesten a nuevas formas de economías legales.