Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

De la justicia rural y otras historias de Racamandaca.

Por: Juan Camilo Sánchez Rodríguez

El sábado 24 de octubre ocurrió una nueva masacre en Colombia. Esta vez en el municipio de San Marcos, en Sucre, fueron asesinadas 5 personas. Los antecedentes del caso según la prensa local corresponden a conflictos asociados a la tenencia de la tierra que rodea el complejo cenagoso de Amanzaguapo.

El fin de semana anterior, Hernando Benítez, miembro de la ANUC en el mismo departamento, fue víctima de un atentado en el que dos hombres armados desde una motocicleta le dispararon en la puerta de su casa dejándolo herido. Hernando es bien conocido por liderar, entre otras, la lucha por el deslinde y recuperación de la ciénaga de Caño Palomo en el municipio sucreño de San Benito Abad.

David Sánchez Juliao contaba, con algo de ficción y mucho de realidad, que en 1973 en San José de Chuchurubí las comunidades campesinas se organizaban para reclamarle al ministro de agricultura su intervención a favor de la recuperación de los playones que ríos y ciénagas forman en el departamento de Córdoba.

Quienes trabajan la tierra en esta región se han enfrentado a las quemas de cultivos y ranchos, la muerte de campesinos y campesinas, la creación de fincas “privadas” a punta de alambre de púas y los desalojos de las inspecciones de policías y juzgados, desde antes de las luchas de Vicente Adamo a principios del siglo XX.

Las cosas no cambian mucho, lo que Catherine LeGrand describió en su imprescindible libro sobre la protesta campesina y la reforma agraria en Colombia sigue vigente en la región. Campesinos y campesinas sin tierra, latifundistas que conscientemente crecen predios a costa de las tierras comunales, una autoridad de tierras lejana, poderes locales que legitiman las ocupaciones ilegales y el uso de armas y ejércitos privados para su consolidación.

La justicia estatal opera de la mano de jueces civiles que desconocen las particularidades de los asuntos agrarios y de inspecciones de policía que, sumado a lo anterior, desconocen (¿o conocen muy bien?) los límites de sus competencias y pretenden resolver de fondo asuntos que no les corresponden queriendo ser autoridad agraria cuando en realidad son autoridad policiva.  Urge una reforma que implemente lo que en materia de justicia agraria local estableció el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Recientemente se radicó por parte del Ministerio de Justicia el proyecto de ley 134 de 2020 que hace curso en la Cámara de Representantes y que tiene como objetivo la creación de una especialidad judicial agraria. Un avance muy importante en el camino para cambiar el estado de cosas de la justicia agraria local y de lograr lo que, desde 1936, ha sido solo un intento fallido: tener jueces especializados en tierras que aporten a la resolución de los arraigados conflictos por su tenencia.

El proyecto crea una especialidad en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contenciosa, define detalladamente los procesos de competencia de la especialidad, establece herramientas jurídicas para afrontar el desbalance procesal entre las partes e incluye un título especifico sobre métodos de resolución de conflictos e incluso medidas para la formación y promoción del derecho agrario.

Aunque seguramente surgirá de nuevo la discusión sobre la diferencia entre contar con una jurisdicción agraria y una especialidad agraria, lo cierto es que si el proyecto prospera, su implementación (que se propone progresiva) aportará a (i) la consolidación efectiva de un modelo de justicia rural al contar con jueces que con el tiempo se vuelvan conocedores de los asuntos de tierras, (ii) que atiendan los casos con los enfoques que la ruralidad y las comunidades campesinas demandan, (iii) que superen el irregular funcionamiento de los juzgados civiles en estos temas y (iv) que en su conjunto aporten a la resolución de tantos debates jurídicos existentes en torno a la tenencia de la tierra.

Sin embargo, la sola existencia de jueces no es garantía de la materialización de justicia en el campo. El proyecto omite el rol de autoridades administrativas locales relevantes, como las inspecciones de policía (usualmente protagonistas en los conflictos por la tierra) y aunque crea un conciliador en derecho adjunto, que resulta novedoso en la tradicional estructura judicial, desconoce la posibilidad de promover un modelo de justicia más cercano a las comunidades que le dé un alcance efectivo a las formas propias de resolución de conflictos y que aporte a la construcción del campo a partir de la materialización de la justicia cognitiva.

Mientras la justicia esté ausente de los conflictos por la tierra, las formas de la violencia seguirán siendo las mismas. Contar con jueces sería un gran avance, pero es insuficiente si la autoridad de tierras sigue ausente de los territorios, más aún si las autoridades locales se atribuyen competencias inexistentes, pretendiendo resolver de fondo disputas por tierras mediante actuaciones policivas irregulares y omitiendo las regulares.

El debate por la justicia local agraria es mucho más grande, inicia con la especialidad, pero debe abordar una comprensión más amplia de justicia que la meramente judicial. De ello depende en gran medida la construcción de paz en el campo.

 

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