Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

La disputa territorial: una masacre sin fin

Por: Valeria Parra González

Lo que está sucediendo en materia de seguridad en el sector rural del país no es un hecho aislado, por el contrario, representa un grave problema de violaciones a los derechos humanos que debe ser enfrentado rápido y certeramente. En diferentes zonas del país hemos visto, de forma cada vez más frecuente, la manera en que los combates por el control territorial entre grupos residuales, organizaciones criminales y fuerzas militares se acrecientan; mientras que la respuesta gubernamental es aumentar el pie de fuerza demostrando que esta solución es irrisoria, si no letal, para los habitantes de las zonas rurales.

Lamentablemente, esta mortífera disputa territorial está dejando una huella triste e imborrable. Según Indepaz, entre enero y marzo de 2022 se cuentan 48 líderes y lideresas asesinados, cifra que contrasta con los 42 asesinatos cometidos contra esta población en el mismo periodo del año 2021. Más escalofriante aún es ver que en las 30 masacres cometidas en este año en el primer trimestre se cuentan ya 117 víctimas. El año pasado para este mismo tiempo la cifra ascendía a 84 víctimas en 23 masacres.

Insisto, esto no se trata solo de unas cifras independientes o de casos aislados. Es un hecho sistemático que está amenazando la vida de miles de campesinos y campesinas a lo largo y ancho del país. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta y su piedemonte, pasando por los Montes de María y el noreste Antioqueño, con Arauca y los Santanderes como lamentable paradigma de la violencia; hasta el Cauca, el Valle, Chocó y Nariño; los ataques y amenazas a los productores y agricultores no cesan y ponen cada día más en peligro las vidas de los pobladores rurales.

Es claro que hay zonas con mayor importancia para los grupos armados por su condición geopolítica estratégica que sirven como corredores para el narcotráfico: zonas fronterizas, algunas con corredores marítimos, pero sobre todo abandonadas estatalmente. La región del Catatumbo, con un espacio fronterizo largo, y el extenso Chocó biogeográfico, que cuenta con el amplio Océano Pacífico; son ejemplos de estas condiciones geográficas necesarias para la presencia de grupos armados, pero también representan espacios donde las cifras con claridad muestran que la desidia y negligencia del Estado han dado paso a la coacción de soberanía que desarrollan otros actores armados.

Lo que vemos en estas cifras es solo la punta del iceberg. El campesinado y la población étnica que habita en las zonas rurales del país tiene que enfrentarse constantemente a diferentes amenazas de distintos grupos armados. Extorsión por sus proyectos productivos, hurto de ganado y otras especies, e incluso productos agrícolas ya cosechados son algunos de esos hechos violentos que se viven día a día en las zonas rurales del país*. Más allá de lo absurdo que pueda leerse, lo anterior no es sino la demostración de que la inseguridad en el campo es inmensa y que la estrategia de seguridad nacional está fallando.

La paz medianamente estable que se había alcanzado con los Acuerdos de Paz definitivamente no ha sido duradera. Diversas ONG han denunciado cómo desde 2017 las masacres y los asesinatos selectivos se han incrementado lenta pero firmemente en las zonas rurales del país. También se ha evidenciado que continúa el drama del desplazamiento forzado en Colombia. Hemos visto ya varios desplazamientos masivos recientemente: en Guapi en 2020 cerca de 290 familias tuvieron que abandonar su tierra por el Paro Armado, más de 800 personas en Ituango y Segovia en 2021 entre el fuego cruzado entre grupos armados ilegales; en el mes de marzo de este año ya vimos más de 600 familias en Quibdó desplazarse por culpa del reclutamiento forzado en el campo. En la Semana Mayor que recién pasa, se vio la triste noticia del desplazamiento a Santa Marta de 80 familias en Ciénaga, Magdalena, frente a la necesidad de resguardarse del peligro que se vive en las veredas La Secreta y Siberia.

En definitiva, la estrategia de “ir por los cabecillas” de las organizaciones que tiene el Ministerio de Defensa y que desarrollan las Fuerzas Militares no está funcionando. Lo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo deja muchas dudas sobre el accionar de la fuerza pública y más bien demuestra la inseguridad a la que están expuestos miles de campesinos, campesinas y grupos étnicos en el territorio nacional. El recrudecimiento de la violencia y la inseguridad es manifiesto ya no solo se trata de un problema latente.

*En una última investigación que desarrollé por diversos municipios en el país, pude constatar que en todos los municipios visitados (20 en total en diferentes departamentos) hay problemas de seguridad en las zonas rurales (hurto, extorsión, asesinato).

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