Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Implementación del acuerdo de paz, ¿un sueño a largo plazo?

Por: Juan Camilo Peñaranda M

El 30 de noviembre de 2021, la fiscalía colombiana confirmó el embargo de 430 hectáreas de tierra ubicadas en los sectores de la Montañita y Cartagena del Cahirá, utilizada por las disidencias de las FARC “Miller Perdomo” para la Ganadería extensiva, y valoradas en más de 1500 millones de pesos. El grupo armado lograba parte de su financiación a través de estas tierras.

La importancia de esta operación radica en que tras la expropiación del terreno, la propiedad quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales(SAE), la cual administra los bienes expropiados que se encuentren en proceso de extinción de dominio y  se encarga de velar por el buen uso de los bienes por parte de los destinatarios y colaborar jurídicamente en los procesos de devolución o destinación de los mismos, buscando que sean siempre utilizados de forma rentable y productiva.

En un país con un panorama tan desigual en temas de tenencia,  ocupación y financiación de la tierra como Colombia, este tipo de acciones podrían ser oportunidades para  avanzar en la restitución de tierras en el territorio nacional. Además, el uso de las tierras designadas a la ganadería extensiva podría modificarse y usarse para el sostenimiento y trabajo personal de personas campesinas afectadas por el conflicto armado, lo anterior con el objetivo de avanzar un poco más en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, que, hasta el momento, se siente como si estuviera estancado en muchos aspectos. Por ejemplo, hasta la fecha solo se ha avanzado un 4% en el ámbito de la reforma rural integral tras un periodo de 5 años. Incluso, estas tierras podrían servir como un pequeño avance para el objetivo de lograr la entrega de 3 millones de hectáreas y la restitución de 7 millones estipuladas en el Acuerdo Final.

Adicionalmente, surgen otras problemáticas. Por un lado, el gobierno afirma su posición de compromiso con el Acuerdo en materia de titulaciones, adjudicaciones, restituciones y la financiación del Banco Nacional de Tierras, a pesar de que los resultados muestran que la implementación del Acuerdo en este aspecto sigue siendo demasiado limitado y mínimo. Irónicamente demuestra el poco compromiso del gobierno de turno con este punto.

Por otro lado, organizaciones como Indepaz, han señalado que la poca implementación del Acuerdo ha provocado que otras problemáticas como el asesinato de, hasta el momento, 300 excombatientes, más de 1250 líderes sociales desde el 2016, y perpetración de 179 masacres solo desde enero de 2020 a noviembre de 2021, sigan sin atenderse propiamente ni se ha formulado una solución efectiva.

Las dos situaciones mencionadas previamente muestran el poco compromiso por parte del gobierno colombiano para hacer una implementación efectiva de los Acuerdos de Paz, teniendo en cuenta que estos asuntos fomentan  la violencia contra los derechos humanos de las personas  y excombatientes, y son vistos desde un lente que los estigmatiza, donde no  se les ofrece  soluciones, y donde el gobierno afirma que son asesinadas por tener nexos con el narcotráfico o redes criminales, o, en caso de no tenerlas,  el asesinato de estas personas se soluciona atacando y desmantelando estas redes, pero nunca promoviendo la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.

Colombia todavía está muy atrás en la implementación del Acuerdo y de muchos otros aspectos claves estipulados en este, relacionados con la restitución de tierras, la protección y reintegración a la vida civil de los excombatientes, en el que solo 7.000 han logrado acceder a dichos requerimientos, y especialmente en la implementación de una Reforma Rural Integral, la cual sigue sin materializarse. El problema de lo anterior es que la efectividad del acuerdo y su capacidad para solucionar varias problemáticas del país se ha puesto en duda por el poco avance logrado en la implementación de este, al punto en el que se considera que una implementación amplia  de sus metas principales solo sería posible en un largo plazo y no en un mediano o corto plazo.

Frente a esto, para lograr una eventual solución de los problemas estructurales del país no solo es importante garantizar la seguridad y reintegración de los excombatientes, sino realizar avances significativos en la titulación de tierras y restitución de tierras, mantener niveles de apoyo y financiación de las instituciones relacionadas con el avance del principio de verdad, reparación y no repetición, y, por último, ofrecer garantías y protecciones que permitan la reincorporación efectiva de los excombatientes reinsertados a la vida civil y la protección de sus derechos y buscar formas que puedan amenizar el tiempo de implementación efectiva del acuerdo final.

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