Por: Valeria Parra González
La urgencia de garantizar la protección de los desplazados forzados se hace cada vez más urgente. Bien sea por disputas territoriales, conflictos armados o proyectos de desarrollo sin consenso de las poblaciones; el desplazamiento interno ha convertido a estas poblaciones en actores políticos de (des) poblamiento de los territorios y en ese sentido cobra importancia su papel político en la cuestión demográfica de diferentes territorialidades urbanas o rurales. Frente a esto, es justo decir que las mujeres se han visto altamente afectadas en este contexto de violencia social y económica. Antioquia es, lamentablemente, un ejemplo paradigmático de este hecho y demuestra que no se trata de un problema que sucedió hace décadas. En el período transcurrido entre 2005 y 2018 (años seleccionados debido a que existe información censal nueva) fueron registradas 99.850 mujeres desplazadas en la base de datos del Registro Único de Víctimas (RUV) para la región del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño.
Los datos lo demuestran. Al momento de poner la lupa sobre el desenvolvimiento del conflicto en el tiempo es posible ver que en todo el período hay presencia de desplazamientos forzados de mujeres. No obstante, el año 2012 es un punto de inflexión en este sentido pues el número de desplazamientos de mujeres tendía a aumentar hasta el año anterior (2011). A partir de este momento y en los años subsiguientes inicia un descenso.
Figura 1. Desarrollo en el tiempo del desplazamiento forzado femenino – Subregión Bajo Cauca
Paradójicamente a pesar de que en 2013 se estaban desarrollando ya los diálogos de paz, el proceso de paz tenía muy poco tiempo de haberse consolidado y su inicio contó con demasiados detractores, políticos, económicos y militares; una de las posibles causas del alto repunte de registros de desplazamiento para este año.
Luego de 2014 se observa cómo va descendiendo el número de mujeres desplazadas en la región. Esto es bien relevante porque es necesario poner este hecho en el contexto del desarrollo de los diálogos de paz que culminan en 2016. Evidentemente el descenso de estos casos está enmarcado en el fortalecimiento de una mesa de diálogo y su consecuencia en los acuerdos bilaterales de paz y cese al fuego entre el Estado y las FARC-EP.
Lo más preocupante de todo es lo que ocurre al final del período. El año 2018 presenta la mayor cifra registrada en todo el período: 12.465 mujeres desplazadas. En definitiva, es necesario considerar en este punto el efecto que tuvo el proceso de paz en los territorios con mayores conflictividades y tensiones. Un posible vacío en el control territorial del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño podría causar la agudización del conflicto en la subregión y con esto el aumento vertiginoso de mujeres desplazadas.
A casi seis años de la firma del Acuerdo de Paz; aún quedan muchas preguntas sobre lo que significó este tratado para los territorios más afectados por el conflicto armado y también las poblaciones que los habitan y construyen en el día a día. Ciertamente el carácter de corredor estratégico de ciertos territorios los hace más apetecidos por algunos actores armados, pero esta condición privilegiada no debería ser una condena para sus habitantes.
Estamos viviendo un conflicto por el poder territorial entre la arquitectura institucional y nuevos actores armados que buscan el rearme y militarización de los territorios; pero el reto está en encontrar formas de disuadir esos ánimos de guerra. Mientras tanto, la pregunta continúa: ¿Qué hay que hacer para prevenir que este despoblamiento y desarraigo del territorio se siga prolongando en la vida de las mujeres de estos territorios?