Desafíos de la movilización campesina

Por: Camilo Espitia

El campesinado colombiano enfrenta un panorama desafiante marcado por las tensiones y contradicciones sociales y políticas del país. Su reconocimiento constitucional como sujeto de derechos, la creación de la jurisdicción agraria y el Decreto 1004 de 2024 que reglamenta la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos son victorias importantes en medio de tal panorama. Así mismo, el crecimiento económico del sector agropecuario durante el último año, aportando 1% a la variación del PIB, es una buena noticia. Pese a lo anterior, el campesinado sigue soportando profundas y sensibles problemáticas de orden estructural ligadas a la desigualdad y la pobreza.

Por ejemplo, el gobierno nacional ha presentado cifras relevantes frente a la disposición de tierras con el reporte de 1.316.517 hectáreas. De ese reporte, 353.668 hectáreas corresponden a la provisión del fondo de tierras creado por el Acuerdo de Paz y 719.000 hectáreas corresponden a la entrega a sujetos de reforma agraria. Tales cifras son un avance frente a la precaria gestión del anterior gobierno, sin embargo, son insuficientes respecto a lo mandatado por la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, la cual estableció como meta la formalización de 3 millones de hectáreas y la entrega de otras 7 millones de hectáreas.

Además, el actual gobierno ha realizado esfuerzos frente a la generación creciente de proyectos productivos asociados en torno a las tierras entregadas y la financiación del sector, incluyendo la facilitación del acceso al crédito para los campesinos. No obstante, el desarrollo de la estructura productiva del país demanda transformaciones y mayor protagonismo de la agricultura.

Aún con el reconocimiento de importantes avances, los problemas relacionados con la propiedad de la tierra, las dificultades productivas, los desafíos de la alimentación, los cortos avances del Acuerdo de Paz, la persistencia del conflicto armado, la continua discriminación y vulneraciones a las mujeres campesinas y el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen demarcando el panorama del campesinado colombiano.

Las problemáticas estructurales que padece el campesinado colombiano son el trasfondo de recientes hechos de movilización. Es el caso, por ejemplo, de la protesta de la Agenda Nacional Campesina ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá entre el 8 y 11 de julio. Con tal de empujar la reforma agraria y los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, la movilización campesina logró un acuerdo con las autoridades gubernamentales de 31 puntos clave entre los que destaca el acceso a tierras, medidas económicas, la sustracción de la Ley 2 de 1959 para la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y un piloto de sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar. Al tiempo que se presentaba esta protesta, se desarrollaron movilizaciones por la reforma agraria y garantías para el campesinado lideradas por el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) en Popayán el 8 de julio y por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Riohacha (La Guajira) el 10 de julio.

Entre el 4 y 7 de junio se presentaron importantes movilizaciones en distintos puntos del país, donde destacó la instalación de un refugio humanitario en la Nunciatura Episcopal en Bogotá, en el marco de la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios encabezada por el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos. Estas movilizaciones alertaron la emergencia humanitaria y la avanzada paramilitar en territorios como el Magdalena Medio y el sur del Cesar y lograron un acuerdo con el gobierno nacional con la instalación de una mesa permanente de interlocución alrededor del pliego de exigencias presentado. Posteriormente, del 27 de julio al 23 de agosto se desarrolló la Caravana Humanitaria Por la Vida y la Permanencia en los Territorios en el oriente antioqueño, el sur de Bolívar, Arauca, Chocó y el Valle del Cauca.

El pasado 23 y 24 de agosto la Convención Nacional Campesina se reunió en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá en un seminario interno donde acogieron el Capítulo Campesino surgido de la Convención Campesina de 2022 como plataforma de lucha, resaltando en su declaración la defensa del campesinado, sus territorios y territorialidades, la soberanía alimentaria, participación vinculante, la erradicación de las violencias basadas en género contra mujeres y diversidades sexuales, la garantía de los DDHH y la salida política al conflicto armado, entre otros.

Con todo, además de las problemáticas estructurales mencionadas al inicio, la movilización campesina enfrenta los incumplimientos gubernamentales de acuerdos arribados con las organizaciones, como lo señaló la Agenda Nacional Campesina en sus redes sociales, y los retos y tensiones que abrevan en la búsqueda de la unidad del movimiento y su relación con un gobierno progresista.

A lo anterior se suman dos hechos de un inmenso potencial político. Por una parte, el 12 de agosto en Fortul, Arauca, el gobierno nacional entregó el decreto de reglamentación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios – TECAM, los cuales son una reivindicación de territorialidad campesina, en un acto político con comunidades y organizaciones. Por otra parte, el 10 de agosto se constituyó la ZRC número 14 en Pradera, Valle del Cauca, en un acto donde asistieron la Ministra de Agricultura y el Director de la ANT.

Estos dos hechos son de un gran potencial político porque, en primera medida, la reivindicación de autonomías territoriales para la soberanía alimentaria y la gestión territorial han movilizado al campesinado durante décadas por la defensa de sus derechos, su territorio, su cultura y por la reforma agraria y la paz con justicia social. En segunda medida, el crecimiento y fortalecimiento de las territorialidades campesinas impacta positivamente la gestión territorial, la protección de los ecosistemas, los derechos de las mujeres campesinas, la asociatividad y, de paso, al movimiento campesino, puntos esenciales sobre los cuales debe respaldarse la reforma agraria.

La conformación de Asambleas Populares y Comités de Reforma Agraria, encuadradas en el Sistema Nacional de Reforma Agraria, son iniciativas que van en línea con el crecimiento y fortalecimiento de las territorialidades campesinas, ya que sus funciones cobija dinamizar los procesos de divulgación y formación comunitaria, contribuir al plan de implementación de la reforma agraria y recomendar tierras a la ANT para la provisión de campesinos. Además, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, reactivado gracias al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, impulsa a la mujer rural como sujeto especial de reforma agraria dadas las vulneraciones y discriminaciones históricamente padecidas e invisibilizadas. De modo tal que las mujeres campesinas cuentan con mayores garantías para la participación y el liderazgo en el proceso de reforma agraria.

En tal sentido, los esfuerzos de las Asambleas Populares y los Comités de Reforma Agraria pueden encaminarse a fortalecer, desde un ánimo unitario, las territorialidades campesinas a través de las ZRC y los TECAM garantizando tierras y asociatividad campesina para la soberanía alimentaria, la gestión y cuidado del territorio, la construcción de paz y la garantía de los derechos de las mujeres campesinas. La participación de las mujeres campesinas en la dirección de las Asambleas Populares y los Comités de Reforma Agraria puede aprovecharse y potenciarse para seguir impulsando su protagonismo fundamental en la reforma agraria.

Así pues, la movilización por la reforma agraria tiene su mayor potencial en la asociatividad y unidad del campesinado, la cual puede viabilizarse en buena medida con las ZRC y los TECAM. La materialización de este proceso significaría un gran avance para superar las problemáticas estructurales que padece el campesinado colombiano y producir transformaciones sustantivas en el campo.