Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El derecho campesino a conservar

Por: Jessica Fernanda Sandoval

Desalambrar, como diría la canción de Víctor Jara; acceder y redistribuir, como dice en los libros; o aflojar la tierra, frase de Darío Fajardo; y todo el ritmo o la poesía que quiera ponerle a una de las demandas históricas del campesinado en Colombia, que si nos ponemos a pensar no es más que una cuestión por la defensa de los derechos humanos. Pero ahora el tema no es solo de tierras, la agenda se ha ampliado, ahora también se cuestiona cuál es el rol del campesinado en la conservación de la biodiversidad, siendo el mejor ejemplo las Zonas de Reserva Campesina que colindan o se encuentran en las áreas protegidas.

En torno a la Conservación, se han establecido distintas visiones sobre el rol de las comunidades que habitan o colindan con estas áreas. Por un lado, están quienes quieren reservas, parques y otras áreas protegidas “aisladas” sin tener en cuenta a las comunidades, las condiciones socioeconómicas y políticas. Y luego, quienes enuncian que la conservación engloba diferentes escalas de los procesos sociales y naturales, además de contemplar el reconocimiento de los derechos de los campesinos o grupos étnicos como parte fundamental en la planificación ambiental de estas áreas.

Para un extremo los campesinos son los grandes enemigos de la naturaleza, para otros en su conocimiento tradicional estaría la llave para cambiar los modos de producción que hacen daño al medio ambiente. Y los terceros, quienes no los satanizan, pero tampoco los idealizan, reconocen que hay impactos positivos en la conservación cuando participan las comunidades.

Entonces vale la pena preguntarse ¿Quién es campesino y qué tiene que ver con la conservación? El desarrollo de los derechos campesinos en el ámbito internacional es reciente, hasta el año 2018 (bastante tardío por cierto…) la Asamblea General de la ONU adoptó formalmente la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, y allí se definió quién es un campesino. Es aquella persona que se dedique o pretenda dedicarse individualmente o en comunidad a la producción agrícola en pequeña escala, además tiene un vínculo especial de dependencia o apego a la tierra, se dice que tienen “derecho a la conservación y protección del medio ambiente”, adicionalmente, “el derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos”.

En el ámbito nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) también definió quién es campesino en Colombia a partir de cuatro dimensiones: territorial, cultural, productiva y organizativa (resulta que el campesino no es solo un trabajador agrario como se enuncia en la Constitución). En la dimensión territorial se reconoce la relación que los campesinos establecen con el medio ambiente y los recursos naturales. Y en la cultural, la conservación, recuperación y cuidado de las semillas tradicionales. Los campesinos no sólo tienen “algo que ver con la conservación” sino que hace parte de sus derechos, siendo su vida configurada a partir de la relación que tienen con la tierra. Pero hay algunos que todavía se preguntan ¿qué tienen que ver los campesinos con la conservación y por qué están en las áreas protegidas?

Bueno, si los anteriores planteamientos no son suficientes, hablemos de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una figura de ordenamiento territorial que puede comprender las zonas de amortiguación del área de Parques Nacionales Naturales de Colombia, claramente con planes ambientales establecidos, por lo que el sector agropecuario y ambiental deberían tener una comunicación más fluida (pero al parecer no la tienen).

Como en este país siempre es necesario hacer el contraste entre la teoría y la práctica, en realidad las ZRC enfrentan muchos retos: el conflicto armado, la estigmatización, la falta de partidas presupuestales directas, la expansión de la agroindustria, los colonos con prácticas que afectan negativamente al medio ambiente, el personalismo político al interior de las organizaciones (porque tampoco se trata de idealizar a las comunidades) e incluso las regulaciones ambientales y de conservación se han convertido en un desafío.

Es importante que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fortalezca el rol del campesinado y sus formas organizativas (gremios, asociaciones y cooperativas) en la conservación; las organizaciones sociales en las Zonas  han desarrollado acuerdos comunitarios de conservación que favorecen prácticas y figuras de ordenamiento para la protección de ecosistemas y recursos naturales, han estructurado propuestas basadas en la agroecología y le han planteado a Parques Nacionales en varias oportunidades la constitución de mesas de concertación, que permitirían articular los acuerdos comunitarios  con el marco legal ambiental vigente y con las entidades gubernamentales.

La cuestión ahora es profundizar la investigación y el dialogo sobre la utilidad de los servicios ecosistémicos y la gestión ambiental para proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades, lo curioso es que este llamado aparece desde las políticas públicas ambientales de 1999 y construcciones más recientes, pero aún no se hace realidad…al parecer en Colombia lo público seguirá en disputa con la hegemonía de modelos de desarrollo insostenibles y disposiciones legales que lo obstaculizan. Los campesinos son quienes habitan los territorios, garantizan la seguridad alimentaria del país, han sido los más afectados por el conflicto armado y por el cambio climático, desconocer todo este contexto es ignorar sus derechos y nuestra realidad a una escala nacional e internacional.

Y como el Paro no para, no olvidemos cuales son las exigencias del pliego ambiental; 1) Proteger la vida e integridad de los defensores ambientales, por lo que es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú; 2) Prohibir la aspersión con glifosato, garantizando la implementación de la Reforma Rural Integral (además de reconocer la Declaración de los derechos de los campesinos); 3) Detener la deforestación y frenar su avance en la Amazonía; 4) Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en Colombia; 5) Prohibir el fracking, explotación de yacimientos no convencionales y costa afuera; 6) Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares; 7) Garantizar la protección integral del agua como bien común; 8) Desacelerar el avance de megaproyectos que pueden impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades.

 

 

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