Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

¿Cooperación internacional, más efectiva que el apoyo nacional al campo?

Por: Diana Antolinez y Sofía Garcia

El pasado 07 de junio fue el día nacional del campesino, sin embargo, la pandemia no permitió que se realizara adecuadamente la celebración, pero ¿cómo conmemorar un día tan importante habiendo desigualdad rural, asesinatos a líderes campesinos e injusticias contra los más vulnerados en esta crisis?

El gobierno nacional actual ha creado e implementado programas como “El campo emprende” “Agricultura por contrato” o “Alianzas productivas” los cuales tienen como objetivo apoyar a mujeres y jóvenes rurales, el financiamiento de las tierras y su producción, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para suplir las necesidades económicas y comerciales que ha traído la pandemia y aquellas que se han presentado por décadas. Adicionalmente, ha sido poco el respaldo que le da el gobierno colombiano a la comunidad agricultora en organismos internacionales y foros.

En 2018 se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Un hecho importante a resaltar aquí es la abstinencia en la votación por parte del gobierno colombiano (aún no se conoce la razón del gobierno de Iván Duque), mostrando el poco interés del Estado en formar parte de un acuerdo internacional en el que la comunidad campesina fuera respaldada y se garantizaran sus derechos, teniendo en cuenta que esta es numerosa dentro de la población. La Declaración aboga por aquellas comunidades indígenas, afro y campesinas frente al cambio climático, la pobreza extrema en zonas rurales, la calidad de vida y el acceso a derechos básicos como salud y educación.

Ratificar este documento hubiese supuesto un cambio trascendental para el país en materia de participación ciudadana y política. Además de reconocer los derechos de las comunidades más vulnerables, se pretendía impulsar un proyecto de ley que reconociera justamente a los campesinos usando un enfoque de género y que se hiciera efectiva la presencia estatal en dichas zonas marcadas por el desplazamiento forzado, la falta de vivienda digna y de recursos naturales adecuados, para lograr mejorar la calidad de vida, la apropiada resolución de conflictos de propiedad de la tierra de una forma más eficiente y la seguridad social para las minorías, e incluso un tema más actual, la Reforma Rural Integral consagrada en los Acuerdos de Paz.

Ante la pésima gestión del Estado para hacerse cargo de las necesidades campesinas, las diferentes instituciones nacionales se han puesto en contacto con los gobiernos de varios países que envían ayuda especializada para mejorar las condiciones de la población rural. Las agencias de cooperación internacional y ONG han sido más clave que nunca en la época del posconflicto y ahora en el aislamiento provocado por el Covid-19 no solo aportan ayuda en términos económicos sino también en áreas de tecnología, sustentabilidad, educación y paz.

SWISSAID Colombia, procedente de Suiza, ha fortalecido las capacidades de la población en diferentes zonas a través de una alternativa de producción de semillas criollas con un enfoque de agroecología y de agro biodiversidad siendo más viable para mitigar el cambio climático reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero en comparación con la agricultura convencional, también permiten una mayor incidencia política a nivel nacional a favor de la población, haciendo presencia en los departamentos de Chocó, Boyacá y Sucre.

Asimismo, la Agencia de Cooperación de Corea (KOIKA), ha sido un agente clave en la etapa del posconflicto porque ha ayudado a generar políticas de desarrollo rural sostenible, en especial con los cultivos de granos, aportando su experticia técnica y facilitando el trabajo de los campesinos en conjunto con las asociaciones rurales y pequeñas organizaciones indígenas y afrodescendientes que fueron víctimas del conflicto armado y actualmente están recuperando sus tierras a través de la justicia transicional y de la Justicia Especial para la Paz.

Por otro lado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional​ (USAID) y el gobierno de los Estados Unidos son los principales interesados en las políticas agronómicas de Colombia por su viabilidad para lograr el desarrollo rural referente a los cultivos ilícitos y su erradicación. Así mismo, se ha venido adelantando una gestión con países como Brasil, Indonesia, Turquía, Francia, China, Nueva Zelandia y Perú para contribuir a la calidad de vida de estos agricultores y a la sostenibilidad de los Acuerdos de paz, diseñando estrategias que fomenten el desarrollo y la contribución en tema de políticas públicas de extensión agraria, asociatividad y mercados institucionales regionales.

El apoyo al campo por parte del gobierno debería no sólo debe verse reflejado en programas esporádicos, requiere de una mayor inversión y acompañamiento estatal sin preferencias a pequeños o grandes productores. La cooperación internacional es buena en cuanto a los aspectos tecnológicos, sin embargo, Colombia no debería depender de otros países para desarrollarse adecuadamente en el sector agrícola.

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