Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Coca regulada: un camino alternativo para Colombia

Por: Nusmem Alfredo Acosta Aguilar

Hace un mes surgió un nuevo debate en torno al tema de las drogas de uso ilícito y su consumo. Tras la propuesta presentada como proyecto de ley ante el Congreso de la República por el senador Iván Marulanda que busca regular la venta de la hoja de coca en Colombia y sus derivados.

Como referente a este nuevo viraje en torno a la política de drogas y aplicación del desarrollo alternativo se encuentran países como Uruguay y Canadá, en el uso de cannabis, y Bolivia con la ley general de la coca emitida en 2017 que regula la compra y venta de la hoja de coca dado su connotación ancestral para los pueblos indígenas de la región, dejando de lado la criminalización en los territorios.

El senador Marulanda planteó un cambio de política de drogas donde no se trate a los campesinos como delincuentes, sino como productores agrarios. Se presentó además en un contexto en el cual han ocurrido masacres de jóvenes en Nariño y Cauca, departamentos donde existe presencia de grupos al margen de la ley como carteles de narcotráfico y disidencias de las Farc -EP y en donde se controla la producción y el comercio de cocaína.

Dentro del proyecto de ley se planteó permitir la transformación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de la hoja de coca o de sus derivados no psicoactivos, o poco psicoactivos, en territorios indígenas y en donde, gracias al monitoreo realizado por parte del Gobierno Nacional y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), se establezca que haya cultivos de hoja de coca. Así mismo, se propuso que el Estado fomente y ayude a la creación de Asociaciones y Cooperativas de cultivadores de hoja de coca.

De acuerdo a lo anterior, el gobierno sería el encargado de regular la distribución y comercio de la producción de los cultivos de hoja de coca y sus derivados no psicoactivos como harina, galletas, té, gaseosas, usos medicinales y ancestrales etc., y también de sus derivados psicoactivos como la misma cocaína. El Estado será el encargado de comprar la hoja de coca a los cultivadores que sean necesarios para suplir la demanda nacional e internacional de sus derivados psicoactivos y no psicoactivos.

A través del Ministerio de Salud, el Estado podrá contratar laboratorios y farmacéuticas para la producción de los derivados psicoactivos de la hoja de coca, y se podrán distribuir y contratar como un problema de salud pública con otros Gobiernos y con médicos que traten enfermedades de adicción.

Esta es la primera vez que en Colombia se da un paso adelante en la legalización de la hoja de coca, base de la cocaína. En el año 2019 el senador Gustavo Bolívar presentó la propuesta de regulación de la marihuana para uso recreativo.

Esta propuesta, afecta, en gran medida, la política pública liderada por países como Estados Unidos contra la lucha de las drogas, de la cual, Colombia ha sido partícipe impulsando e implementando la misma estrategia desde hace varios años. Según el senador Marulanda, la propuesta es plenamente viable a la luz de la soberanía nacional, en la cual se tienen que buscar soluciones de formas distintas a las ya implementadas en el país y que no han logrado solucionar el problema de las drogas. Debe centrarse en buscar una solución que involucre el problema real: la falta de control estatal en el cultivo, comercialización y distribución de la hoja de coca.

Lo anterior se tendría que hacer explicando a la comunidad internacional la voluntad de lucha contra las drogas en garantía de los tratados sobre los derechos humanos y protección a la vida de la población colombiana, específicamente las personas adictas, como por ejemplo la Convención Americana de los Derechos Humanos, en cuyo articulado el Estado Colombiano se comprometió a proteger la vida y salud de su población. La propuesta implicaría una política de salud pública con seguimiento médico de aquellas personas que se consideran adictas o que hacen uso recreativo de sustancias como la cocaína.

Es claro que en la lucha contra las drogas los métodos que se han utilizado para solucionar el problema han sido insuficientes. En Colombia para el año 2019 la producción de cocaína en cifras de EEUU era de 951 toneladas. Adicionalmente, la producción de los cultivos de la hoja de coca siguió en aumento hasta alcanzar 212.000 hectáreas. La solución, según el gobierno actual, es retomar la aspersión con glifosato, alternativa que ya fue utilizada en Colombia y que demostró que a largo plazo no soluciona el problema de cultivos de uso ilícito, sin tener en cuenta los daños de salud que podría llegar a causar a las personas y  a la fauna y flora del territorio colombiano, como lo dicen estudios en 2019 realizados por la Universidad de Columbia.

Colombia, como se encuentra establecido en la Constitución de 1991 se reconoce como un país con diversidad étnica y multicultural en la que están incluidos los pueblos indígenas que guardan una relación especial con la hoja de coca y por eso el enfoque diferencial étnico en este proyecto de ley. Es el momento de pensar que esta planta es una realidad en Colombia desde hace muchos siglos y que el camino para contrarrestar derivados como la cocaína y los factores que desencadena (la violencia y las muertes) es arrebatarle a la delincuencia y carteles de la droga, a nivel internacional, este negocio, haciendo que el Estado se haga responsable de su regulación y posible distribución.

El camino de la legalización y regulación de las drogas de uso ilícito es nuevo en Colombia, pero muchos países ya lo han tomado. Además, teniendo la experiencia de los resultados fallidos y de las políticas que no han funcionado, se puede siempre analizar y pensar soluciones distintas. Tal vez, aunque en el congreso no se logre la mayoría necesaria para que surja esta ley, y por lo tanto que no sea este el momento en el cual se decida seguir las ideas planteadas y cambiar las políticas de lucha contra las drogas, sí es necesario debatirlo y dejar los pasos listos para que en el futuro se vuelva una realidad.

Finalmente, se tienen que seguir fortaleciendo los programas de desarrollo alternativo en búsqueda de soluciones mancomunadas y distintas al uso de la fuerza como son los mecanismos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, apoyados y direccionados por parte del Gobierno, tales como los PDET y el PNIS.

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