Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

De buenxs y malxs: ¿Es el sector de seguridad más que la suma de sus manzanas podridas?

Por Alejandra Ortiz-Ayala y Adriana Rudling

La reciente muerte de al menos 13 personas en las manifestaciones de Bogotá a manos de policías ha vuelto a poner sobre el tapete la narrativa de los buenos y malos miembros de los órganos de seguridad. Desempolvando un discurso conocido, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hablaba de ‘excesos’ por parte de ‘manzanas podridas’ dentro de una institución honrada enfrentada a ‘vándalos.’ Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, Claudia López, jefe de la Policía en el distrito, llamó a una reforma estructural, a documentar los abusos, y a una jornada de reconocimiento de responsabilidades por parte de las autoridades para la reconciliación y (re)construcción de la confianza entre la comunidad y la Policía.

La ausencia de la Policía y del Presidente en estos eventos deja en evidencia no solo la ruptura entre el gobierno nacional y local, sino también sus posturas frente a los abusos. El Presidente aseguró que nadie dio la orden de que se disparara hacia lxs civiles, mientras que la Alcaldesa avalaba que estos actos desacataron instrucciones “expresas” y “públicas”. Esto sugiere que lxs funcionarios del Estado, entrenadxs en el uso de las armas, están tomando decisiones individuales sobre cuándo, cómo y contra quiénes es legítimo disparar. Por esto no podemos seguir postergando una reforma del sector seguridad.

La Corte Suprema dejó claro que, frente a la sistematicidad de los abusos, el discurso de buenos y malos se está quedando corto. Si aceptamos el argumento de que ‘los malos’ policías pecaron al disparar hacía la multitud en las protestas en Bogotá y ‘los malos’ militares fueron involucrados en casi 40 incidentes violentos durante jornadas de erradicación forzada desde el inicio de la pandemia ¿dónde estaban ‘los buenos’?

¿Y si hay solo buenos y malos a quién le encargamos el negacionismo de estos hechos? ¿y el hostigamiento y las amenazas que sufrieron lxs que sí lo denunciaron? Y, más importante aún, si algunxs miembrxs de los órganos de seguridad salen en los videos como autores materiales, siendo claramente ‘los malos,’ los que dieron la orden, justificaron los hechos o condecoraron a ‘los malos’ sin salir en el video, ¿dónde están? ¿estos últimos son buenos o malos?

Una reflexión sobre el campo y la erradicación forzada puede parecer inesperada en este contexto, pero tal como en Bogotá, este es otro escenario donde miembros de las fuerzas publicas se enfrentan a civiles. Según datos de la FIP, la tensión y los choques entre campesinos y las fuerzas armadas han aumentado, pero, en comparación con los hechos de Bogotá, el manto de la legalidad nos detiene en seco al evaluar estas operaciones críticamente.

El Ministro Trujillo habla en una página del Comando Sur sobre la Política de Paz con Legalidad que, entre otras cosas, comprende la reforma rural y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilicititos (PNIS) como ejes centrales de hacer llegar un Estado de calidad al campo y cumplir deudas históricas con lxs campesinxs. Sin embargo, el gobierno insiste en las operaciones de erradicación forzada, sin inquietarse por el empobrecimiento extremo que ha impuesto la pandemia en el país o por el costo humano que soldados, policías y civiles pagan durante las jornadas de erradicación manual.

El Ministro Trujillo no menciona ninguno de estos aspectos en el artículo, presentando solo los ‘logros’ de la erradicación. Sin inversión seria en el campo, lo que se acaba haciendo es militarizarlo, profundizando la violencia y las desconfianzas entre ciudadanxs y los organismos de seguridad. Así es que ‘lxs buenxs’ que no salen en el video mandan jóvenes que sí salen en el video como ‘lxs malxs’ para arrancar coca en contra de toda promesa que se le ha hecho al campesinado. Lo más triste es que estxs jóvenes de uniforme que vemos en los videos enfrentándose con otrxs jóvenes, pero de civil, se han ido de sus comunidades porque no encontraban sustento allí por la misma falta de implementación de la reforma rural.

Las disculpas ofrecidas a regañadientes por el Ministro Trujillo luego de lo ocurrido en Bogotá por “cualquier violación…en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución” y la ausencia de liderazgo ante los desmanes que se presentan en las jornadas de erradicación reflejan la falta de auto-evaluación critica de las instituciones de seguridad. Si ‘los buenos somos más,’ como hemos escuchado decir a varixs defensores del sector, estos ‘buenos’ deberían estar en primera línea rechazando la noción de que la violencia del Estado es justificable y legitima por el solo hecho de provenir de sus miembros. Lxs integrantes del sector de seguridad no están siempre dentro y nunca por encima de ley, ni su violencia es menos reprochable que la de aquellxs que no portan el uniforme. La fortaleza de las instituciones de seguridad no son sus armas, es la legitimidad que viene de la población civil. El negacionismo es como un harakiri.

Ya que la ciudadanía no tiene la obligación de confiar en el Estado porque sí, para (re)construir este lazo necesitamos que lxs ‘buenxs’ del Estado, nos protejan de ‘lxs malxs’ en la ciudad y en el campo por medio de una reforma del sector de seguridad y la seria implementación del Acuerdo de Paz.

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