Un barco estatal, una ciudadanía tripulante, y un nuevo camino de movilización

Por: Andrés Felipe Zárate Vera

El pasado 11 de abril de 2023, mediante su cuenta oficial  de Twitter, la Defensoría del Pueblo anunció un incremento del 72,6% de las movilizaciones sociales que se han presentado en los primeros meses de 2023 con respecto al año anterior. A su vez, señaló una alta tendencia del alza de los conflictos sociales que se presentó desde el segundo semestre del año anterior. Frente a esto realizó un llamado a las autoridades gubernamentales a fortalecer el diálogo social “como respuesta a las demandas sociales” y evitar postergar estos espacios.

A través de la forma en la que se han encaminado las movilizaciones sociales en Colombia, es posible afirmar que son reflejo de dos factores que se intersectan entre sí. Por un lado, la crítica desconfianza frente a la institucionalidad política y gubernamental en la que ya no se cree. Hoy nos encontramos en una realidad política agravante en la que ya no solo se vota por el  “menos peor” sino por ir en contra de otra persona, un voto que no es símbolo de apoyo hacia el candidato sino de temor hacia otros, como se vio en las últimas elecciones presidenciales.

Hablamos de partidos políticos, gobiernos e instituciones las cuales no logran atender las demandas de la ciudadanía. Unos agentes políticos sin poder; maniatados, a veces entre ellos mismo, para tomar decisiones. Una institucionalidad que ha perdido mucha credibilidad y capacidad de acción. Una estructura estatal que hace tiempo se agotó, incluso con las modernas estructuras anticorrupción, que no fueron más que una etiqueta para algo igual de corrosivo, la historia del SAE y los gloriosos 2 millones de pesos son un ejemplo, entre otras cosas, de lo barato que es rentar una isla comparado con un arriendo en Bogotá.

En consecuencia, Colombia vive un panorama democrático preocupante un barco que se hunde por haber chocado con el iceberg de la corrupción, cuya estructura, ha sido corroída por un óxido de antaño que advierten los tripulantes descontentos, quienes, desconfiados, temen más por aquellas estructuras que se muestran como sus rescatistas y se presentan como el camino a su salvación, el dichoso cambio.

Por otro lado, las manifestaciones sociales han sido vistas como un micrófono foucaultiano hacia la expresión y el debate. Se posicionan como un indicador de la forma en la que la ciudadanía empieza a movilizarse, a encontrarse, y a convertir la calle en un escenario de debate político. Estos espacios se han fortalecido como una forma de resistencia a las normas y prácticas establecidas por las instituciones de poder. Es importante señalar, la intención con la que los manifestantes llevan a cabo las movilizaciones y los mensajes. Mensajes de inconformidad, demanda, presencia y de conmemoración, como se vio el pasado 28 de abril con las expresiones artísticas, plantones y movilizaciones en las ciudades de Bogotá y Medellín por el cumplimiento de los 2 años del Paro Nacional en 2021.

A pesar de todo, es pertinente traer a colación los grandes retos que han traído consigo las movilizaciones. La radicalización de la protesta y las connotaciones violentas que a veces cobra en el marco del disturbio social son temas de debate y controversia entre los manifestantes y, la ciudadanía que es afectada por estos ejercicios. Una percepción conflictiva entre los demandantes, los demandados y aquellos que quedan en medio; que en un futuro podrían seguir de observadores, pasar a ser partidarios o volverse críticos u opositores de estos movimientos. Todo depende de si estos retos se transforman en barreras o buscan un punto medio.

Por último, en cuanto al fortalecimiento, es evidente la gran fuerza que tienen y seguirán tomando las movilizaciones sociales. No obstante, otro gran reto será buscar la forma de canalizar toda esa fuerza de la movilización social hacia lo político. Que no sea solo un llamado a la acción y una demostración de la opinión social, sino un punto de partida hacia una acción política que impacte en todas las dimensiones necesarias de nuestra sociedad. Puede, que las mesas de diálogo que propone la Defensoría y el fortalecimiento de estos espacios sean un punto de partida hacia la articulación entre las dimensiones sociales y políticas. Como alguna vez sugirió la filósofa Hannah Arendt, hay que crear espacios, puntos de partida, donde las personas puedan dialogar y construir un consenso en torno a las demandas y objetivos comunes.

En otras palabras, hay que buscar ese anticorrosivo que nos ayude a estructurar nuevos espacios, construyendo sobre lo que ya se tiene, en los que se pueda no sólo canalizar sino, proyectar toda esa fuerza en acción, una acción que no gane el rechazo por los disturbios que puedan molestar a algunos y agradar a otros. Ese será, el gran reto de Colombia en este nuevo auge del panorama sociopolítico.

¿Se salvará el barco? O la tripulación tomará otro rumbo …