Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Autonomía administrativa para las comunidades indígenas y afro

Por: Lina María Ortega y Andrés Javier Garzón

El Proyecto de Ley número 418 de 2021 del senado y 485 de 2021 de la Cámara de representantes  ‘‘Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007’’ fue aprobado en plenaria del senado el mes pasado, trayendo consigo efectos importantes para la autonomía de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Este proyecto modifica las normas de contratación pública, para que los cabildos indígenas y las organizaciones que representan a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), tengan capacidad jurídica para poder contratar directamente con entidades del Estado. 

El proyecto de ley fue impulsado por la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC)  que está integrada por miembros del Gobierno Nacional, por delegados de las organizaciones indígenas y  por tres veedores: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Conferencia Episcopal de Colombia, que han ayudado a gestionar las decisiones favorables para la inclusión de los pueblos indígenas. La MPC y el Ministerio del Interior trabajaron desde el primero de diciembre de 2019, para construir el proyecto que contó con mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional.

Inicialmente se pretendía facultar a los cabildos indígenas únicamente, sin embargo, dentro del trámite legislativo se decidió ampliar el alcance del proyecto para que también los consejos comunitarios, organizaciones base, asociaciones de segundo nivel y “las demás formas y expresiones organizativas” de las comunidades NARP pudieran tener el mismo tratamiento. Esta última expresión, que incluye a otras expresiones organizativas, resulta muy importante si se tiene en cuenta que existen comunidades NARP no reconocidas como consejos, a las cuales no se les ha entregado la titularidad de la tierra para conformar su territorio colectivo, sin embargo, su facultad de contratación directa es descartada debido a que se pone la condición de que “hayan sido reconocidas jurídicamente de manera previa como tales, por las autoridades competentes” es decir, el Ministerio del Interior.

Con esta ley las comunidades tienen la oportunidad de contratar con el Estado y tomar decisiones de manera autónoma. Por ejemplo, desde 2016 los cabildos o autoridades tradicionales indígenas pueden constituir Entidades Promotoras de Salud Indígenas, las cuales ahora podrán contratar directamente con el Estado para brindar este servicio empleando sus saberes y medicinas tradicionales, además de utilizar sus lenguas para atender a los pacientes considerando sus características culturales particulares. La oportunidad que ofrece el proyecto de ley resulta vital para superar las barreras de acceso a la salud,  la alta mortalidad indígena (donde predomina la mortalidad materna y neonatal) y los demás retos que se han agudizado y visibilizado con la pandemia del Covid-19. 

En ese sentido, pueden ser las mismas comunidades quienes suplan sus necesidades adquiriendo bienes y servicios por su cuenta, como la educación, que resulta fundamental para las reivindicaciones de las comunidades étnicas. Frente a esta exigencia ya se habían dado algunos reconocimientos, en directivas del Ministerio de Educación y en normas como el Decreto 2500 de 2010 que da autonomía a las comunidades indígenas para seleccionar a los etnoeducadores que trabajan en sus territorios y para tener unos planes de estudio acordes a los procesos comunitarios. 

Debemos recordar que los resguardos y los consejos comunitarios son figuras a través de las cuales se consolida un territorio para una comunidad, entendiendo el concepto de territorio en un sentido amplio, como una entidad política, acompañada de un gobierno y organización autónomos y con capacidad para tomar decisiones en lo que respecta a sus miembros, y en el caso de los resguardos respaldados por un sistema normativo propio que es la jurisdicción indígena.

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