Por: María Paula Giraldo
La ampliación de la ley 1448 del 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras, permite entre muchas medidas garantizar el acceso a la tierra a las mujeres víctimas, que históricamente han hecho parte del déficit de la propiedad, no solo urbana, sino también rural, y a las cuales el conflicto armado ha ubicado en una situación desventajosa como víctimas de varios delitos.
La ley 1448 del 2011 fue promulgada en el gobierno de Juan Manuel Santos, con miras a un posible escenario de pos conflicto y con el objetivo de reconocer los derechos de los colombianos afectados por los diferentes actores del conflicto armado colombiano y de los derechos que tienen a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esta ley fue promulgada con una vigencia de 10 años que se cumplen en el 2021. Desde el año 2019 se vienen ejerciendo presiones para que la ley sea prorrogada hasta el 2031, es por esto que, para el 16 de noviembre, finalmente se prorrogó por 10 años por Cámara y Senado, dejando la decisión final a la sanción presidencial.
Esta ley corresponde a la experiencia de casi diez años en la formulación e implementación de mecanismos de justicia transicional que, como lo menciona la doctora en ciencias sociales Donny Meertens en su articulo del 2017 (Restitución de tierras, justicia de género y paz), han constituido un proceso permanente de interacción entre el pasado y el presente, y en ese proceso la permanente búsqueda de sus cuatro elementos ( verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición).
El mecanismo de reparación dentro de la ley 1448, atribuido a los parámetros de la justicia transicional, ha sido definido desde su vocación transformadora, como una forma de reparación en sociedades con grandes desigualdades sociales que ya existían antes del conflicto. Como lo señala Rodrigo Uprimmy y Maria Paula Saffón especialistas del Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad, en el libro del 2009 Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflcito, pobreza y exclusión, no solo se ve como justicia correctiva, sino como oportunidad de impulsar una transformación democrática de la sociedad, yendo más allá de la restauración de los derechos violados durante el conflicto, pues también se busca visibilizar, reconocer y actuar sobre desigualdades, discriminaciones y violencias estructurales.
Ahora bien, cuando se habla de la mujer en mecanismos de reparación, se agrega la dimensión del efecto simbólico de doble reconocimiento. Diana Guzman doctora en derecho, establece también en el libro Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, que este doble reconocimiento permite verlas como víctimas de afectaciones específicas y como ciudadanas a las que debe garantizárseles el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones. Así se contribuye al empoderamiento de las mujeres como ciudadanas activas y a la transformación de relaciones sociales desiguales, permitiendo una noción de justicia de género.
La reparación y el efecto simbólico de doble reconocimiento, enfocado a la restitución de tierras con enfoque de género, se convierte en la búsqueda de la superación de obstáculos históricos de acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones, haciendo explícito el derecho a la propiedad de la tierra. Durante los diez años que lleva la ley, la medida de reparación ha sido uno de los obstáculos institucionales y sociales más grandes que ha tenido la justicia transicional para las mujeres.
Es por esto que la ampliación de la ley permitirá, en primer lugar, seguir construyendo un estado donde la legislación agraria patriarcal no esté supeditada a una visión tradicional de familia; en segundo lugar, seguir promoviendo el conocimiento de los derechos que tienen las mujeres como víctimas y como propietarias; en tercer lugar, y en relación con el programa de restitución de tierras, se seguirán fortaleciendo los mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo a las tierras que han sido restituidas donde las titulares, en su mayoría, son mujeres cabezas de familia que pueden estar nuevamente involucradas en contextos de inseguridad física y económica a pesar de los beneficios posfallo; y, por último, la ampliación de la ley, permitiría fortalecer el conocimiento y control sobre las mujeres beneficiarias del programa en cuanto a: cuántas son, dónde están y cuál es su situación.
Esta ampliación permitirá un proceso más completo en términos de reparación con la medida de restitución de tierras, dejando a futuro una idea de justicia de género, teniendo en cuenta su propósito de eliminar las desigualdades que se producen en la familia entre las mujeres y los hombres, la comunidad, el mercado y el estado. Ello requiriendo que las instituciones desde las que se administra la justicia, hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas, rindan cuentas sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y la exclusión.