Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

UN INFORME TOTALMENTE SESGADO

UN INFORME TOTALMENTE SESGADO

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“Que cada hombre diga lo que considera verdad y la verdad misma encomendémosla a la divinidad”. G. E. Lessing

Hernando Llano Ángel ([email protected])

El Informe Final de la Comisión de la Verdad está totalmente sesgado. No es objetivo. Mucho menos neutral.  Contiene todos los sesgos propios de los gritos y del padecimiento de millones de víctimas. Desde los gritos desesperados de las víctimas desmembradas por las motosierras de los paramilitares y sus miles de asesinatos selectivos y masacres perpetradas, que alcanza la escalofriante cifra de 205.000 homicidios. También contiene la angustia y la humillación de los más de 50.770 secuestrados por las Farc-Ep y otras organizaciones guerrilleras, como el ELN. El estupor y la desesperación agónica de miles de jóvenes, víctimas de los “Falsos positivos”, asesinados por criminales que deshonraron uniformes y armas del Estado, asignadas para la protección de la población civil y no para su aniquilación. Entre los últimos informes divulgados por la Comisión, destaca el título de “Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado”, coordinado por la politóloga Tania Rodríguez, con cerca de 30 equipos territoriales y 28 Casas de la Verdad, que contiene en catorce libros las voces de las víctimas y de los responsables de la devastación de vastos territorios, la victimización y resistencia de sus pobladores. Tal cúmulo de información, análisis y testimonios puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-adentro-1

Una «Democracia» Victimizadora

A dicho universo de sesgos y versiones, hay que agregar los padecimientos de más de 9 millones de víctimas del desplazamiento forzado, que hacen parte de esta ignominiosa realidad política, social y económica que se oculta bajo el pomposo y falso prestigio de “la democracia más antigua y estable de Suramérica”. Entre 1988 y 2016 la Comisión de la Verdad documentó, a través de una rigurosa investigación y cruce de fuentes de datos oficiales, de testimonios de familiares de víctimas, informes académicos e institucionales, como el del Centro Nacional de Memoria Histórica, “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, el asesinato de 405.664 colombianos por causa del conflicto armado, siendo el 85 por ciento civiles inermes. Esta cifra es muy superior a todas las víctimas mortales de las dictaduras del Cono Sur, sumando las cometidas bajo las ordenes de dictadores como Stroessner en Paraguay, entre 1954-1989; Pinochet en Chile desde 1973 a 1989 y Videla en Argentina entre 1976 y 1981. Igual sucede con el número de personas desaparecidas por causa del conflicto armado, que en nuestro caso llega 121.768 entre 1985 y 2016, según el Informe Final. Semejante universo de horror y número de víctimas irredentas, debería avergonzar a quienes en nombre de la defensa de esta tanática “democracia” o de su lucha armada por instaurarla, han sido responsables política, ética y existencialmente de esta realidad infernal en que todavía nos debatimos. Ninguna democracia existe cuando ella se convierte en una máquina mortífera para perpetuar generaciones de víctimas y de victimarios, como nos sucede hasta el presente. Una realidad que se explica, pero jamás se justifica y mucho menos puede ser considerada legítima, cuando sus máximos responsables políticos convierten la democracia y el Estado en una coartada perfecta para la comisión de crímenes y la degradan a un horripilante fetiche institucional que les permite gobernar impunemente en nombre de supuestos valores como la libertad, la justicia, la seguridad, la propiedad y la dignidad humana. Valores tras los cuales solo defienden un injusto, excluyente y autoritario statu quo al servicio de privilegiados soberbios, indolentes e ignorantes. Solo así podemos comprender trinos, como el siguiente, de la senadora Paloma Valencia, el pasado 29 de julio: “Reconocer las atrocidades que cometió el estado legítimo, defendiendo a los colombianos y buscando el bienestar de todos, no implica (ni requeiere, sic) equipararlo a guerrillas y paras».  Quienes no tenemos y menos compartimos ese sesgo atroz de la legitimidad de la senadora Paloma, nos preguntamos: ¿Cómo puede ser legítimo un Estado cuyos agentes cometen atrocidades, supuestamente defendiendo a los colombianos y buscando el bienestar de todos? ¿Será propio de un Estado democrático cometer atrocidades, como los miles de falsos positivos, o crear por Decreto Autodefensas Civiles, dotándolas de armas de uso privativo de la Fuerza Pública, como lo hizo su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia, mediante el Decreto 3398 de 1965 en el parágrafo 3 del artículo 33? ¿Será ese tipo de sesgos, propios de una seguridad nacional inspirada en la lucha contra el “enemigo interno” que, desde el contexto de la guerra fría, se impuso como la doctrina oficial del Ejército colombiano lo que tanto teme la senadora Valencia que conozcan los estudiantes colombianos en colegios y universidades? Parece que la senadora Valencia olvidó el punto 33 del “Manifiesto Democrático”, escrito por su admirado y loado expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde expresa que: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Nada es más ilegítimo que un Estado terrorista y los agentes responsables del mismo deben ser juzgados junto a “la guerrilla y los paras”, en igualdad de condiciones, como lo hace la JEP, sin buscar para ellos una “justicia especial”, similar a la cómplice “justicia penal militar” o la incompetente Fiscalía General, incapaces de investigar y contener en forma inmediata y ejemplar los llamados “falsos positivos”, cuya cifra todavía es incierta.

La inclusión de todos los sesgos

Sin duda, nadie está libre de tener sesgos en la vida. Lo grave es cuando no somos conscientes de ellos o, peor aún, pretendemos estar totalmente exentos y ser los únicos poseedores de la verdad absoluta y de la auténtica justicia. Porque entonces con dichos sesgos de personas omnisapientes y plenamente justas se cometen las mayores atrocidades con la mejor buena conciencia. Así lo hicieron las AUC, supuestamente defendiendo a Colombia del “flagelo guerrillero”, según lo expresó Mancuso en su discurso ante el Congreso el 28 de julio de 2002;  o las mismas Farc-Ep en nombre de la paz con justicia social e incluso el “Presidente eterno” con la promoción de sus tres huevitos: “Seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social”. Dichos sesgos llevan a muchos a considerar que hay una violencia buena y legítima en sí misma, la del Estado, porque los protege y todas las demás son malas e ilegítimas. Entonces incurren en los errores conceptuales y los horrores políticos del trino de la senadora Paloma Valencia. Pero también lleva a muchos otros a tener un sesgo contrario y pensar equivocadamente que la violencia puede en sí misma generar legitimidad, como le sucedió a las Farc-Ep y le acontece todavía al ELN. Pero en la realidad pasa todo lo contrario, la violencia política tiende a generar desprestigio, repudio e ilegitimidad por sus efectos letales y destructivos. Quizá por ello en el plebiscito por el Acuerdo de Paz ganó el NO, pues para muchos colombianos resultaba inadmisible que algunos de los comandantes de las Farc-Ep llegaran al Congreso y estén hasta el 2026. Lo que no comprenden todavía muchos de estos colombianos es que la única forma de alcanzar la paz política, presupuesto existencial de toda democracia, es rompiendo esa relación mortífera entre la política y las armas, cuyo mejor ejemplo es el M-19 y el hoy presidente electo Gustavo Petro. Ruptura que se logró con el Acuerdo de Paz de 2016, la desmovilización y desarme de más de 13 mil hombres y mujeres de las Farc-Ep que se reincorporaron a la vida civil y política. De allí, que la paz sea el primer objetivo planteado por Petro en su programa y campaña, por el cual deberá empezar a trabajar desde mañana 7 de agosto. Una paz que para ser grande y total tiene que incluir todos los sesgos, desde los más políticos hasta los más criminales, atacando las causas generadoras de la guerra y no solos sus efectos, como lúcida y valientemente lo plantea el Informe Final de la Comisión al recomendar que es imprescindible “reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y la forma como la guerra contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia del conflicto”, proponiendo para salir de este laberinto de violencias “un enfoque de derechos humanos y de salud pública para emprender el diálogo a fondo hacia soluciones éticas, educativas, jurídicas, políticas y económicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo”(Página 55).  Sin duda, el mayor mérito del Informe Final es que contiene todos los sesgos, voces y sufrimientos de las víctimas y de sus victimarios, como la de los máximos responsables de la conducción del Estado, pues ante ella presentaron sus versiones todos los expresidentes: César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El Informe Final es, pues, una especie de caleidoscopio del conflicto armado interno y de nuestra realidad. Gracias a él, podemos apreciar todos los matices y sesgos de la verdad, girándolo desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, incluso pasando por el centro para quienes aún creen posible una visión neutral de nuestra realidad, aunque la crudeza y ubicuidad del conflicto armado nos demuestre que es imposible. Ya lo decía sabiamente el arzobispo anglicano Desmond Tutu: “Si permaneces neutral ante situaciones de injusticia, te has puesto del lado del opresor”. Por eso es un informe lleno de sesgos y no excluye ninguno. Allí están las voces y los sesgos de miles de víctimas, de los principales victimarios, de numerosos vengadores y de los máximos responsables institucionales e ilegales del conflicto armado interno. De haber excluido alguno de dichos sesgos y voces, correría el riesgo de no contribuir al esclarecimiento de la verdad, la promoción de la convivencia y la no repetición. Bien lo decía Pascal: “En la exclusión está el error”, refiriéndose a la búsqueda de la verdad. Algo más grave sucede cuando la exclusión se da en el mundo de la vida política, social, cultural, étnica o económica, pues surge el horror de la violencia y la guerra para lograr la inclusión y el reconocimiento de la propia identidad y dignidad, sin las cuales no existe democracia alguna. Esa es la mayor y más vital verdad que nos corresponde reconocer y aprender a todos los colombianos para dejar de ser “esa federación de enemigos y archipiélago de odios”, que nos impide reconciliarnos políticamente y convivir como ciudadanos.

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