Bernardo Congote

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La Lucha Anticorrupción*

Ventana Universitaria

El autor, académico Camilo Mendoza Laverde, es Arquitecto – Magíster en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana así como Profesor de Cátedra de la misma universidad. Igualmente acredita dos especializaciones en Restauración y ambientación de Monumentos y Conjuntos monumentales, Madrid, España. El blog no se hace responsable de estos contenidos.

SÍNTESIS: Esta ley contempla brindar dos oportunidades a quienes se hayan apropiado de bienes de la nación, los corruptos: si antes de que se les inicie cualquier proceso o apenas en inicio, confiesan, piden perdón, devuelven lo robado, delatan a sus testaferros y cómplices y aseguran la no repetición, se les permitirá conservar lo que poseían antes de la comisión de esos delitos y serán reducidas las penas carcelarias y multas, aunque se extinguirá el dominio de lo robado y lo obtenido por sobornos. A quien no se acoja, o haya omitido u ocultado información, (corrupto, corruptor y testaferros causantes de detrimento a los bienes de la nación), se les sancionará con expropiación o extinción de dominio de todos sus bienes y a pena de cárcel.

Sobraría repetir la interminable y conocida lista de gravísimos daños que los corruptos causan al Estado y al conjunto de la Nación. Me refiero a los corruptos y corruptores, pues son quienes producen el abominable fenómeno de la «corrupción», que saquea los bienes de toda la ciudadanía.

No es inadecuado considerar como laxitud y doble moral de los sectores contaminados de la sociedad (y en particular de aquellos políticos de todos los pelambres, corruptos o cohonestadores), el referirse al fenómeno en abstracto, el cual es imposible detectar, combatir y exterminar, si no se lucha contra los corruptos y corruptores: personas, sujetos y grupos concretos e identificables.

 

Como, a pesar de las variadas propuestas anteriores no se han visto evidentes resultados de la lucha, con la manera y contundencia que requiere y exige Colombia para eliminar la corrupción, de nuevo* me permito proponer lo siguiente con un par de modificaciones, solicitando que se legisle con carácter de suma urgencia debido a los inmensos daños financieros, sociales, culturales y ambientales que a diario producen los corruptos. Y no parece atrevido ni aventurado afirmar que los únicos que tal vez la rechazarían son, precisamente, los corruptos y corruptores y aquellos a quienes estos favorecen.

 

La propuesta consiste en sancionar a los corruptos y corruptores con una medida más contundente y persuasiva que con solo la usual cárcel: privarlos de su herramienta predilecta, los bienes y el dinero con que, además, para obstruir la justicia, suelen comprar las conciencias de policías, fiscales, jueces, magistrados, congresistas, carceleros y toda clase de funcionarios de todos los niveles, contagiando a todos con el apetito de riqueza fácil y rápida, en maligna y contagiosa epidemia.

 

Como a los corruptos los motiva y subyuga el dinero mal habido, fácil y sin límite, y a los corruptores lo mismo para lograr contratos (o que les aprueben los resultados inexistentes o inconclusos) mediante sobornos y coimas evadiendo requisitos, lo más eficaz y contundente para escarmentar a quienes no confiesen ni devuelvan oportunamente los bienes de la Nación que se sustrajeron, o incitaron a sustraer, es la expropiación, incautación (o extinción de dominio o lo que sea) de todos, insistamos, TODOS sus bienes y los de quienes les sirvan de testaferros; además, serán condenados a pena carcelaria de no menos de 10 años. Así se les embargan los recursos que tanto utilizan para sobornar autoridades, para impedir u obstruir la justicia y para obtener tratamientos especiales en prisión y reducir condenas; o para que después del tiempo en la cárcel salgan a disfrutar de lo que nos robaron a todos los ciudadanos.

 

¿Por qué tan severas condenas? Puesto que los corruptos —sean de la corriente política o ideológica o religión o clase social que sean— son más dañinos que guerrilleros o paramilitares y demás delincuentes (que al menos son identificados y repudiados unánimemente como malhechores), pues la corrupción arrasa con los bienes y servicios de toda la sociedad, y, más grave, son peores, porque destruyen la fe ciudadana en el Estado y todas las instituciones.

Los corruptos y corruptores contagian a la sociedad con la mentalidad de aspiración ilusoria a la vida fácil de posesiones y lujos, dando lugar a una sociedad envilecida y de doble moral, en que valores y antivalores se cimentan en las conveniencias e intereses de algunos pocos; de los “vivos” (para que prime el “depende” como norma de comportamiento y valoración). Y así, a la autodestrucción de esa sociedad. Entonces, ¿Condena excesiva? ¡No! Porque es difícil compensar la cadena de daños numerosos y profundos que han causado y producen. Además, ¡como adultos, saben muy bien qué arriesgan!

 

Por supuesto, la ejecución de las penas sólo será efectiva una vez surtido el debido proceso judicial y se haya emitido sentencia. Aunque, con el fin de evitar que el presunto corrupto o corruptor tenga la capacidad y poder de sobornar a los funcionarios que lo investigan y procesan, una vez que la Fiscalía haya acopiado suficientes pruebas para la imputación formal conducente a juicio, serán embargados precautelativamente sus bienes y cuentas (retornables en caso de ser declarado inocente); y el juez de garantías resolverá si el sospechoso queda o no bajo arresto.

Los aforados, serán investigados según ordena la Ley por los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para su correspondiente juicio por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con similar tratamiento precautelativo para sus bienes y capital durante el proceso al ser formalizada la acusación por los fiscales delegados.

 

Redacto así el aporte del ingeniero Fernando Cajiao Pabón: Para estos delitos se modifica el vencimiento de términos, así: si por cualquier razón no se puede realizar una diligencia durante el proceso, serán suspendidos los plazos vigentes del vencimiento de términos establecidos, para reanudar el dicho proceso una vez realizada la diligencia omitida, sin afectación del tiempo del proceso. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial velará por evitar la negligencia o eventual venalidad de los funcionarios y abogados defensores para atrasar los trámites.

 

Sin embargo, para agilizar la justicia y  hacer viable la pronta y efectiva recuperación del dinero y bienes, y disminuir costos y esfuerzos al sistema judicial, se brindarán oportunidades al malhechor para resarcir los daños.

La idea es que antes de que la fiscalía le inicie cualquier proceso el corrupto o corruptor o testaferro confiesa públicamente y pide perdón por sus delitos de corrupción, devuelve lo que se ha robado y obtenido por sobornos (o incitado a robar) delata con pruebas a otros participantes y cómplices y actos de otros corruptos, y asegura la no reincidencia, —aunque el juez extinguirá el dominio de todo lo mal habido— le permitirá conservar lo poseído antes de la comisión de esos delitos, reducción a 6 meses del tiempo de prisión, en casa por cárcel, con posibilidad de libertad condicional por buen comportamiento y determinará el monto de una multa proporcional a los daños.

 

En caso de que la confesión, súplica de perdón, devolución y delación de testaferros y cómplices se produzcan cuando la fiscalía ya haya iniciado proceso de indagación, el juez igualmente procederá a la extinción de dominio de todo lo mal habido, permitirá al reo conservar lo poseído antes de la comisión de esos delitos y reducirá la pena a 2 años de prisión domiciliaria, además de pago de multa más cuantiosa.

 

No obstante, en caso de comprobarse en estos dos casos el ocultamiento total o parcial de la verdad o restitución incompleta, se le aplicará la condena completa arriba descrita: expropiación, incautación de todos sus bienes, con incremento de 100% (a 20 años) de encarcelamiento en prisión; con igual tratamiento para sus testaferros que no confiesen su participación.

 

Y, a los corruptos de tráfico de influencias, cohechos, y similares, —cuya motivación es el poder— ahí sí cabe aplicar lo que algunos ya han propuesto y proponen: no podrá ejercer cargos oficiales ni contratar con el Estado de por vida (“muerte política”). Por supuesto que acompañado de las penas ya contempladas por la ley.

 

Agradezco su atención y divulgación de la propuesta, a la cual agregue o modifique con iniciativas; o proponga nuevas maneras diferentes, hasta que, como sociedad, logremos erradicar esta peste tan dañina.

* Propuesta de Proyecto de Ley para contribuir en la búsqueda de mecanismos para la eliminación contundente y definitiva del flagelo de la corrupción. Una versión anterior, fue también publicada en EL ESPECTADOR (10 diciembre 2021).

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