El bloguero republica este documento celebrando la decisión de Petro al nombrar a Mancuso como gestor de paz.

El 22 de marzo de 2009, Salvatore Mancuso Gómez, notable jefe paramilitar colombiano, envió desde su prisión en Washington una carta dirigida al (entonces) presidente de Colombia[i]. En 26 páginas hizo, “con respeto, transparencia y humildad”, afirmaciones que constituyen testimonio de primera mano sobre asuntos que siguen cubiertos por un manto gris de dudas e impunidades pasados ya varios años[ii].

Podría ocurrir que esa carta fuera clasificable como una de las más genuinas críticas a la llamada política de <<seguridad democrática>> de aquel gobierno; por un lado, porque permite hilar fino sobre aspectos nodales del problema y, por el otro, porque sale de las entrañas mismas de una guerra insurgente y una reacción contrainsurgente que, según El Innombrable <<no existe>>[iii].

Responsabilidades de la guerra. Mancuso presento hechos y formula inferencias que ayudan a definir cuáles han sido las bases reales de la fase paramilitar de la guerra en Colombia. Al respecto, declara que fue <<reclutado y entrenado por el Estado bajo una política nacional madre del paramilitarismo de Estado>>, de modo que el fenómeno contrainsurgente no se pueda seguir presentando más como una reacción legítima de los macro poderes sociales, sabiendo que tuvieron una activa cooperación del gobierno de Estados Unidos[iv].

El paramilitar enfatiza en que su reclutamiento no fue producto de acciones individuales por parte de los organismos del poder público. Advierte que, por ejemplo, en la medida que avancen los procesos judiciales que emanan de la Ley de Justicia y Paz <<va a ser más difícil ocultar la vinculación de las FFMM y la Policía con los diferentes actores del conflicto. Cada vez más la evidencia y… dimensión descomunal de los hechos, mostrará lo inocultable>>. Y añade luego, que <<el Estado tiene responsabilidad en el conflicto por acción u omisión, tiene responsabilidades por haber promovido en el pasado políticas tendientes a instaurar el paramilitarismo de Estado>>[v].

La carta confirma que el reclutamiento de civiles hacia el paramilitarismo no fue un llamado pasivo de las fuerzas gubernamentales a la acción contrainsurgente, vía los grupos de autodefensa campesina, como se ha presentado engañosamente[vi]. Al contrario afirma, que, una vez conformados esos entes al amparo de la legislación de los años 90, las fuerzas armadas del Estado en connivencia con legisladores, empresarios y operantes de diversos micro poderes públicos y privados[vii].

La suma de testimonios que ha producido la propia Ley de Justicia y Paz y ahora con la Justicia Especial para la Paz, se asocian a este planteamiento formal de Mancuso, para impedir que, hacia adelante, determinados agentes del establecimiento continúen apareciendo como testigos mudos o sindicados inocentes, ora del ataque contrainsurgente comprometido con ejecuciones de civiles, ora del desplazamiento forzado de población civil, ora de las masacres contra pobladores civiles, ora del vaciamiento armado de las tierras en zonas de conflicto, componentes todos estos del fenómeno paramilitar colombiano desde los años 80.

Cierta proclividad a la novelesca en Colombia pudiera conducir a que las afirmaciones de Mancuso en su carta fueran descalificadas como un <<chantaje>> contra el gobierno de entonces. Todo porque combina sus varias denuncias con peticiones insistentes casi en tono de súplica, orientadas a que el entonces presidente hiciera con él lo mismo que hizo con algunos cabecillas insurgentes desmovilizados. Esto es, designándolo a él como <<gestor de paz[viii]. Un examen ponderado del texto de Mancuso indica que, más allá de un vulgar chantaje, habría querido hacerle un favor al entonces presidente invitándolo a <<no tapar el sol con las manos y… reconocer genéricamente de manera pública (sic)>> los estropicios del paramilitarismo[ix].

La carta precisa que, a medida en que los fiscales sigan preguntando con insistencia acerca de la vinculación de Ejército y Policía en las actuaciones paramilitares, como lentamente ha venido ocurriendo, los acusados se verán compelidos a declarar que esto no fue objeto de decisiones individuales sino de una política de Estado. Una que Mancuso pretende retrasar hacia el medio siglo XX con la muerte de Gaitán en 1948; lo que aparece más como un ardid en petición de principio histórico, dado que los hechos protuberantes del paramilitarismo obligarían a buscarlo luego de los años 80 cuando él fue uno de los protagonistas[x]/[xi].

No debería ocurrir algo diferente con los otros involucrados, precisamente porque la carta señala que la connivencia de las fuerzas armadas formales del Estado con las paramilitares, se encuentra documentada en <<diferentes manuales de las fuerzas militares aprobados por generales de la república, ministros de defensa y hasta presidentes (sic)…>>[xii].

Algunos errores y soluciones. Reconociendo el compromiso de diversos gobiernos con este fenómeno, Mancuso precisa errores cometidos por Uribe en el proceso con los paramilitares, afirmando que todavía no entiende por qué cayó en el fracaso el experimento de la llamada <<Mesa de Ralito>>. La carta le señala al destinatario que <<ha habido fallas del Gobierno que han minimizado los acuerdos, reemplazándolos por imposiciones>> y, más adelante, que ha habido una <<baja disposición del Estado a darle solución política y humanitaria al conflicto lo que no hace otra cosa que perpetuarlo>>aserto éste que, en sana ley, compromete las directivas centrales emitidas por aquel presidente a partir de su llamada <<seguridad democrática>>[xiii].

Mancuso también confirma que fueron ciertos los reagrupamientos paramilitares posteriores a Ralito (Águilas Negras, Don Mario, Rastrojos)[xiv], luego de atribuir como su causa principal el <incumplimiento del Gobierno en cuanto a la reinstitucionalización del Estado en esas zonas>>, que antes ocupaban los ahora desmovilizados del paramilitarismo; a lo que se le debería sumar <<la poca claridad del Gobierno en la aplicación de las políticas de paz… (junto con el) temor de muchos de (sus) miembros ante los incumplimientos del Gobierno, como sucedió en negociaciones anteriores…>>[xv].

No extraña que Mancuso le hubiera formulado esta pregunta a su destinatario: <<¿Decir verdades para ser encerrados en las cárceles y perder los derechos?… Como está diseñada la Ley (de Justicia y Paz) ni permite ni promueve contar la verdad>>[xvi]. La pregunta de Mancuso replantea que el juego Gobierno-Paramilitares pareció convertirse en uno donde exigió mucho el primero a cambio de que recibieron poco los segundos. Y no sorprende, por tanto, que el citado se pregunte también <<cómo pudo haber sucedido que la mesa de Ralito no diera los frutos que soñaba entonces… (un compromiso) que debe ser reiniciado de inmediato, porque darle largas al asunto no podrá ser entendido por el mundo sino como complicidad con el crimen>>[xvii].

En una salida harto comprometedora Mancuso le solicita al destinatario, casi como súplica, que <<por favor señor presidente… abra las puertas a una paz verdadera, la reconciliación y la inclusión política… Que esto abarque también por única vez… a aquellos militares, políticos y civiles que se vincularon al conflicto… especialmente aquellos que conocen de primera mano… las falencias y debilidades del Estado…>>[xviii].

La cuestionable narcotización de la guerra. Otro elemento develaría lo fácil que se ha diagnosticado la guerra colombiana sólo como dependiente de la interacción entre las variables narcotráfico, insurgencia y militarización del Estado; táctica que podría llamarse narcotización de la guerra y que el gobierno de marras distrajo bajo el eufemismo de narcoterrorismo[xix].

Mancuso contribuye al enredo al explicar el problema atado a la apropiación de cultivos ilícitos tomados a la guerrilla que los paramilitares iban desplazando; mecanismo que fue <<sugerido por quienes nos metieron en esta guerra pretendiendo salvar su responsabilidad… diciéndonos que allí estaban disponibles los cultivos ilícitos que les quitáramos a las guerrillas… para reinvertir esos fondos en la compra de armas y la logística que supone equilibrar la guerra que el Estado iba perdiendo con las guerrillas>>[xx].

Al paramilitar le pueden caber razones cuando menciona su insistencia en que el Gobierno adoptara, a la par con Ralito y la desmovilización, acciones precisas de reinstitucionalización de las zonas cocaleras. Se trataba de impedir que, una vez reinsertados los paramilitares, aquellas quedaran expósitas para ser retomadas por los que no aceptaron la reinserción o por reductos guerrilleros que se fortalecieron de nuevo con la coca o por delincuentes comunes narcotraficantes; en suma, evitar que ocurriera lo que años después se ha consolidado producto de los errores de aquel gobierno.

Ahora, si se lograra desnarcotizar el diagnóstico, se podría afirmar sin problemas con Mancuso que le quedaba <<la sensación de que en Colombia los actores armados y también el Estado y los sucesivos gobiernos (sic)… han estado más interesados en perpetuar el conflicto que en dar pasos… decididos en procura de acabar con el mismo en una mesa de negociación>>[xxi] .

Mancuso identificó la importancia del problema de la no reinstitucionalización de las zonas cocaleras para explicar el rearme, la resiembra y la retoma guerrillera. Pero ello no le quita peso a su sensación acerca de los intereses comunes que habría entre establecimiento e insurgencia para preservar el carácter permanente de una guerra política en la que el paramilitarismo resultaba ser sólo uno de sus capítulos.

En efecto, en el ejercicio político colombiano, excluyente-autoritario desde la construcción misma de la República en el siglo XIX, la guerra ha sido un perverso instrumento del ejercicio político; por lo que el argumento de que detrás de la insurgencia o del paramilitarismo o de la propia política de seguridad democrática hubiera un propósito episódico, el narcoterrorismo, caería por lo menos en petición de principio histórico.

El narcotráfico está circunscrito a la segunda mitad del siglo XX y no podría explicar por qué Colombia se sumió en una violencia política partidista desde el comienzo de su vida republicana en el siglo XIX. Es por ello por lo que las afirmaciones de Mancuso aparecen fuertes cuando intuye cierta proclividad del establecimiento a perpetuar la guerra, confirmando lo que varios estudiosos han llamado tendencia política hacia la guerra permanente o guerra teológica, según la cual combatir en armas al contrincante político ha sido el patrón del imaginario de las élites criollas[xxii].

Con la única diferencia de que, después de la segunda mitad del siglo XIX, conservadores y liberales hacían la guerra destruyéndose entre ellos y, desde el bajo siglo XX, la guerra varió formalmente porque los antiguos guerrilleros se impusieron destruir a sus jefes bipartidistas de modo que, en esencia, no habría cambiado el fondo del asunto: hacer la guerra como camino político.

Mancuso arriesga ser ingenuo, como buena parte de otros colombianos, al pensar que los ejes políticos bipartidistas ancestralmente guerreristas puedan transarse por la paz sin antes darse el gustico de destruir al contrincante[xxiii]. Por ello, testimonios como éste junto con los de algunos secuestrados liberados, todos desde la entraña de la guerra, serían coherentes afirmando que el conflicto armado puede estar alimentado or intereses de terratenientes, ganaderos, empresarios o demagogos que han prosperado en medio de la guerra[xxiv].

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Estos argumentos confirmarían que la propuesta de Mancuso a Uribe, antes que chantaje alguno, fueron un intento romántico por arar en el mar. Por ejemplo, al escribirle: <<sólo (sic) pedía y sigo pidiendo que se nos reconozcan nuestros derechos humanos al ciento por ciento… y también pido lo mismo para quienes fueron mis enemigos en la guerra, para los cuales (sic) no guardo absoluto rencor y a quienes les deseo de corazón que el Estado, la sociedad y el mundo los provean de… garantías para iniciar cuanto antes el principio del final de la guerra que no será por la fuerza de las armas ni por el exterminio del bando contrario, sino a través del diálogo y la solución política en el marco de la justicia transicional>>[xxv]. A lo que valdría sumar también la posible inocuidad de su petición final, que rezaba: <<Muy respetuosamente sí le pido que no perpetúe el mandato de la guerra que usted recibió en 2002… privilegie a partir de aquí el mandato por la paz y la reconciliación… que ponga punto final a cualquier resurgimiento de las guerras frías (sic)>>[xxvi].

Mancuso y la seguridad democrática. Las cartas que puso Mancuso sobre la mesa de Uribe confirmarían, diez años después, cuán radicales y guerreristas siguen siendo los elementos de la actual política duribista, degenerando como está hacia una seguridad fascista[xxvii]. Permiten determinar que el paramilitarismo habría sido una política de Estado involucrando a diversos gobiernos. Fenómeno susceptible de probarse consultando en manuales operativos de la milicia aprobados durante años también por todos los estamentos del poder civil[xxviii].

Así mismo, precisa el alto grado de responsabilidad que la cabría al gobierno de su destinatario calificado sin ambages por Mancuso como fracasado debido a las negociaciones en Ralito. Y deja entrever, además, que habiendo hecho caso omiso de las recomendaciones de los reinsertados sobre la necesidad de reinstitucionalizar las zonas dejadas expósitas por los desmovilizados, ese gobierno, por acción u omisión, les abrió las puertas tanto al rearme de paramilitares, como a la retoma de territorios por parte de la guerrilla y a la resiembra de cultivos ilícitos por todos los agentes del narcotráfico, sin dejar de lado mencionar su cuota de responsabilidad en el desplazamiento y abandono en que se halla la población civil[xxix]/[xxx].

Determinado el alto grado de compromiso de las fuerzas militares y policiales en el paramilitarismo, no chantajeaba Mancuso invitando a su destinatario a reconocer <<genéricamente de manera pública (sic)>> estos hechos. Buscando fortalecer la Ley de Justicia y Paz para involucrar estamentos que, por ahora, se encuentran libres de responsabilidad mientras avanzan procesos que, más tarde que temprano, destaparán sus responsabilidades[xxxi].

Mancuso, al tiempo que manifiesta haber sido maltratado desde el comienzo del proceso de Ralito, afirma que todos estos estropicios bien pueden estar llevando a los Cano y los Jojoy a preguntarse <<si este es el trato que les dan a las autodefensas, que supuestamente son las amigas y aliadas suyas y de su Gobierno, y ese es el trato que le han dado a un hombre como Mancuso, que supuestamente es su amigo y aliado ¿cómo será el trato que les darán a ellos?>>[xxxii].

*Documento originalmente publicado bajo el título: Carta de Mancuso a Uribe. Paramilitarismo y <<seguridad democrática>> en Colombia. Le Monde diplomatique, Edición Colombia, No. 81, agosto 2009. Disponible en www.eldiplo.info **Apartes del original han sido adaptados a algunas nuevas circunstancias presentes, en ocasiones mediante notas entre paréntesis.

*** Reproducido en EE http://blogs.elespectador.com/politica/bernardo-congote/carta-mancuso-uribe mayo 19 2019 (Aquí se pueden consultar los pies de página).