Un justo fallo para el médico cirujano Carlos Ramos y una contundente orden para la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica

El reciente fallo del Tribunal Superior de Medellín, que revocó la condena contra el médico Carlos Alberto Ramos Corena popularizado mediáticamente como el “Cirujano de las Barbies”, no solo representa una victoria jurídica para el profesional, sino también una reivindicación ética y humana frente a años de ataques infundados, y una contundente lección sobre los peligros de la desinformación y el juicio anticipado que muchas veces se construye desde los medios de comunicación y se instala, con violencia, en la opinión pública.

En 2021, una sentencia en primera instancia fue motivada por una publicación titulada “No se convierta en el cuerpo del delito”, expuesta en la página web oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. En dicho contenido se afirmaba, sin pruebas ni verificación previa, que el Dr. Carlos Ramos carecía de título como médico y cirujano, que falsificaba firmas, y que acumulaba múltiples denuncias de pacientes. Estas afirmaciones se difundieron ampliamente y fueron tomadas por algunos medios como si se tratara de hechos comprobados, lo cual generó consecuencias devastadoras a nivel personal, profesional y reputacional.

Sin embargo, el fallo reciente del Tribunal Superior de Medellín no solo desestimó por completo dichas acusaciones, sino que también estableció con claridad que la información publicada por la Sociedad era falsa. El alto tribunal reconoció que el Dr. Ramos ha estado legalmente titulado desde el año 2002 y que no existe sustento jurídico ni probatorio para los señalamientos que le fueron atribuidos. Por ello, la sentencia ordena a la Sociedad emitir una rectificación pública, visible durante cuatro meses, como acto de reparación por el daño causado mediante la difusión irresponsable de contenido engañoso.

Este caso obliga a una reflexión profunda sobre el rol de los medios y el manejo de la información. La libertad de prensa debe ir de la mano con la responsabilidad ética de verificar fuentes y proteger la dignidad humana. No se puede permitir que una narrativa mediática, carente de sustento, destruya el trabajo y la vida de un profesional honesto. Carlos Ramos, durante años, fue injustamente señalado, reducido a un apodo que banalizaba su labor médica y lo convertía en blanco de prejuicios, sin que existiera una condena firme, ni siquiera una mínima verificación de sus credenciales.

Más allá del caso puntual, lo que está en juego aquí es la credibilidad de las instituciones, tanto judiciales como gremiales y comunicativas. El fallo del Tribunal devuelve, en parte, la confianza en un sistema de justicia que supo corregir una profunda injusticia. Pero también deja una lección: el daño reputacional causado por una acusación falsa no desaparece automáticamente, aunque se gane en los estrados.

Ramos no necesita “restituir” su nombre. Su nombre ha sido reivindicado por la justicia y por los hechos. Lo que necesita ahora Colombia es asegurar que ningún otro profesional pase por una persecución similar.

Rectificar es indispensable. Pero prevenir es aún más urgente. Que este caso sea una advertencia para todos: periodistas, líderes gremiales, usuarios de redes sociales y medios de comunicación. Porque una mentira amplificada puede arruinar vidas. Y la verdad, aunque tarde, siempre llega… pero no siempre sin cicatrices.

Desde aquí, más que desearle suerte al Dr. Carlos Ramos, reconocemos su valentía, su resiliencia y su dignidad frente a una prueba tan dura. Y celebramos que la justicia por fin haya hablado.

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